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Sector de Carimagua

Sector de Carimagua

La altillanura colombiana es hoy por hoy una de las regiones más estratégicas para el país. En este territorio ocurren dos prioridades económicas planteadas desde la política del gobierno central: La producción de hidrocarburos y la bonanza agroindustrial.  La apertura del pozo de caño limón en Arauca en el año 1986 inició en el país la verdadera locomotora petrolera, que luego pasó a Casanare con el hallazgo de Cusiana – Cupiagua y ahora en el Meta en la zona de Puerto Gaitán. De otra parte, el boom agroindustrial tiene su avance más decidido en el gobierno Uribe con el macroproyecto del “Renacimiento de la Alta Orinoquia” continuando en el gobierno Santos a través de las políticas públicas con una serie de incentivos que ratifican el potencial productivo de la región y promueven a la altillanura como la nueva frontera económica.

 

Lo cierto es que esta zona oriental de Colombia de aproximadamente seis millones de hectáreas se ha convertido en un corto tiempo en el territorio de dinámicas económicas jalonadas por la demanda mundial de energía y alimentos. Tal potencial económico agroindustrial ha sido advertido por grupos económicos nacionales y extranjeros, los cuales están dispuestos a invertir cerca de mil millones de dólares en una primera etapa. Igualmente, la producción de petróleo en la altillanura ha convertido al Meta en primer productor de petróleo desde el año 2006 llegando hoy a más de medio millón de barriles diarios.

 

Lo que pasa desapercibido es que tal “boom” arrasador tiene sus efectos nocivos y lamentablemente nuestra sociedad tiende a minimizarlos. La producción petrolera y el “boom” agroindustrial están generando impactos negativos en el territorio y aunque en el corto plazo parecen mínimos, a largo plazo pueden significar el mayor fracaso ambiental de la historia colombiana. Esta afirmación no nace de un posición opositora a la inversión nacional o extranjera o a una declaración ideológicamente opuesta al capital, sino de una cierta y ponderada hipótesis que hoy expresan muchos académicos y científicos del país.

 

Analizando estos impactos existen cinco asuntos claves que deben tener espacio urgente en la agenda del gobierno:

 

  • La necesidad de generar incentivos a la producción limpia y también sanciones cuando los impactos sean seriamente significativos.
  • La intervención inmediata a la veloz dinámica migratoria y el control al establecimiento de campamentos temporales donde actualmente pueden convivir más de 15.000 personas.
  • La necesidad de promover una política del buen uso y manejo sostenible del recurso hídrico.
  • Proteger a las comunidades indígenas garantizando su pervivencia y seguridad jurídica de sus territorios.
  • Promover la inclusión de la población local en los beneficios generados

 

La agricultura comercial de grandes superficies, responsables de la producción de arroz, maíz, soya, caña de azúcar entre otros cultivos de la altillanura causa un impacto nunca antes medido en ecosistemas frágiles que no tienen la capacidad de recuperarse de manera rápida, pues se han mantenido intactos por milenios.  La cantidad de agroquímicos, plaguicidas y la modificación del suelo traen serios problemas que afectan la bioquímica del suelo y además provoca la contaminación de las fuentes de agua. Los moradores de la región reportan muertes de peces y cambios en las condiciones del agua que la hacen imposible de consumir.

 

Igualmente, no se advierte un compromiso ambiental de las empresas responsables de la exploración y explotación de petróleo. Las tecnologías utilizadas tienen reparos por diversos círculos ambientalistas, solo por mencionar el “fracking” y la tecnología “Star” que privilegian la extracción en masa sin tener un estudio detallado de los impactos negativos en el ciclo hídrico y la estructura geológica general. Lo ideal sería que esta importante posibilidad de recursos de inversión no se convierta en una mala experiencia para el país. Hay que revisar con detalle experiencias internacionales en minería sostenible y controlar los impactos generados.

 

De otra parte, la dinámica migratoria es arrasadora. La migración nace en una oportunidad y genera otras oportunidades, pero el impacto ambiental no se ha dimensionado a futuro. En menos de cinco años la región ha tenido que soportar un aumento de más de 20.000 habitantes que en su mayoría se instalan en campamentos temporales que no tienen un planeamiento adecuado sobre la utilización de agua, energía y otros recursos. Igualmente, su presencia es una presión notable para los ecosistemas por la búsqueda de agua potable, la disposición de residuos sólidos y aguas servidas.

 

Como se puede apreciar el recurso hídrico es el más afectado, aunque los estudios mencionan las  hectáreas susceptibles de ser intervenidas, no existe una política directa que atienda los impactos sobre este recurso. La simple propuesta de más estudios y aplicación de mecanismos de ordenamiento y planeación ambiental que traza el Conpes de la Altillanura no es suficiente. Es necesario tomar medidas urgentes que además promuevan acciones directas y una campaña pública de prevención de impactos, uso y manejo adecuado del recurso hídrico.

 

Aunque el país puede pasar de manera desapercibida afirmaciones donde vehementemente se afirma que los resguardos indígenas son un obstáculo a la inversión, es claro que estos territorios tienen una función especial que debe ser reconocida y garantizada. Los pueblos indígenas son originarios de estos territorios. En tiempo memoriales, se trasladaban libremente por las tierras de la Orinoquia, antes de ser diezmados y culturizados por la dinámica conquistadora y colonizadora. Hoy han sido confinados en estos territorios, lo mínimo que puede hacer la nación es garantizar el estado jurídico de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como lo contempla nuestro ordenamiento legal.  Además de su lengua y cultura tienen un conocimiento ancestral que empieza a ser importante para el mundo actual. 

 

Las organizaciones indígenas ven como una grave amenaza para su pervivencia lo ocurrencia de estas intervenciones económicas a un ritmo acelerado. Existe mucha inquietud por la simplicidad y ligereza como se asumen los proyectos sociales, contemplando solo soluciones parciales y cortoplacistas sin asumir el compromiso de atacar las raíces de la problemática.  El problema no está relacionado muchas veces por la escasez de recursos sino por la descontextualización y aplicación inadecuada de las propuestas que obedecen a modelos de atención poco pertinentes con relación a su cultura y cosmovisión.

 

Otro asunto y que es sumamente preocupante es la condición de enclave que está demostrando esta intervención económica. La economía de enclave se caracteriza por sacar y extraer los beneficios del territorio sin impactar positivamente a sus habitantes. La queja de los habitantes es continua y persistente como para no ser escuchada.  El tema no tiene que ver solamente con las regalías las cuales fueron redireccionadas para el resto del país sin considerar los impactos sociales, económicos y ambientales que esta actividad petrolera origina, sino que también apunta a la problemática en la selección de trabajadores y la disminución de mano de obra para actividades tradicionales como la ganadería y los cultivos de pancoger, actividades de gran tradición y muy importantes para la supervivencia de la población local. No se trata de una situación pasajera y manejable como se ha pensado. Requiere de una política nacional de intervención social que propicie los beneficios económicos nacionales que promete, pero que no deje de lado el tema social y la respuesta adecuada a las demandas de los moradores. La altillanura es una gran oportunidad para el país. Se puede decir que hoy es la responsable de la viabilidad de la economía colombiana, pero hay que pensar en los impactos y en la necesidad de escuchar a la población local que se ve excluida y afectada por la velocidad e intensidad de los cambios mencionados.

 

El gobierno nacional tiene la palabra en convertir esta zona en una experiencia replicable en términos de desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, poblamiento planificado y sensibilidad social o en dejar que se generé la gran catástrofe que sería un hecho por el cual nuestro país sería negativamente reconocido en el ámbito mundial.

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Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

DCIM100MEDIA

Luego de participar en la feria agropecuaria y agroindustrial AGROBRASILIA en el Distrito Federal de Brasilia entre el 14 y el 18 de mayo de 2013, la delegación de la Universidad de los Llanos está convencida de la oportunidad de lograr
acuerdos de cooperación con las universidades del área del cerrado brasilero,
una región con condiciones de suelo similares a las encontradas en la
altillanura colombiana.   La razón principal no es copiar el modelo, se trata de tomar elementos tecnológicos, institucionales y organizativos que pueden ser útiles para adaptar en nuestra región.

Conocer la historia del desarrollo del cerrado brasilero es muy importante para Colombia, ya que esta experiencia de desarrollo agrario ha sido tomada como referente principal por el Gobierno y grandes empresarios colombianos. Se trata de un modelo de agricultura comercial a gran escala, con un alto ingrediente tecnológico, alta inversión de capital, grandes extensiones de tierra, con una eficiente maximización de recursos suelo, agua, planta; orientado principalmente a la exportación de materias primas, soya, maíz y sus subproductos.  La validez de contemplar este modelo radica en la probada capacidad de llevar a este país suramericano a ser la una potencia agrícola mundial en pocos años.  No obstante, las magníficas cifras de producción, expertos de este país concluyen que el éxito del modelo ha tenido algunos efectos ambientales y sociales poco deseados, pues en palabras de Eliseo Alves, uno de los arquitectos de este milagro productivo, la sostenibilidad económica es más fácil de lograr, que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Estos dos últimos aspectos son foco de atención científica de Brasil en este momento, para tratar mantener las altas tasas de producción y garantizar en el tiempo, el posicionamiento global alcanzado.

Vale la pena mencionar que este proceso agrario se nutre de una secuencia de antecedentes, principalmente, decisiones de Estado que comenzaron por la misma creación de Brasilia, una capital totalmente planificada y hecha para ser una maravilla mundial, por su concepción urbanística.  Pero lo más importante fue la decisión de fortalecer el capital humano. El secreto de la evolución brasilera en el campo agrícola desde la década de los 60, fue la formación de alto nivel de más de 3.500 científicos de Embrapa, la empresa brasilera de investigación agropecuaria,  los cuales fueron enviados a las mejores universidades del mundo, para luego regresar y enfocarse en solucionar los problemas locales. En ese momento Brasil estaba sufriendo una grave crisis económica debido a la agobiante deuda externa y el desabastecimiento de alimentos. 

Cabe anotar que el modelo de educación superior de Brasil es diferente al colombiano, actualmente, la educación pública en Brasil tiene un papel primordial y un decidido apoyo financiero del Estado. Unido a este desarrollo educativo, Brasil invirtió una gran cantidad de recursos en infraestructura de transporte, infraestructura productiva, riego, desarrollo urbano, crédito de fomento productivo e estímulos financieros para producción, almacenaje,  comercialización y exportación. Además de lograr construir socialmente un modelo cooperativo de producción y comercialización. 

Estas decisiones permitieron la transferencia tecnológica en el sector agropecuario y aumentó considerablemente la producción científica brasilera, especialmente la orientada al manejo del suelo, sistemas de riego, maquinaria agrícola, obtención de variedades, biotecnología y procesos industriales avanzados, lo cual trascendió a  otros sectores sociales y económicos.

Una de las gratas sorpresas con las que se encontró la visita de la delegación de la Universidad de los Llanos fue la importancia que ha cobrado en Brasil, el tema de la agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, los sistemas de trazabilidad, la agricultura ecológica y la organización cooperativa de pequeños y medianos productores.  Sin duda son los asuntos que llaman la atención de la Universidad de los Llanos, pues en nuestro país, por estar en los estados iniciales del boom agroindustrial no se han tomado muy en serio estas líneas de investigación.

Para la delegación de la Universidad de los Llanos resultó muy interesante conocer estos temas y puede decirse que es una razón más para aprender de la experiencia brasilera.  Contrario a lo que pasa en nuestro país, las universidades brasileras, por decisión gubernamental son incluidas dentro del modelo de desarrollo agrario y cuentan con convenios que garantizan la trasferencia interna de los resultados de Empraba y las demás instituciones de investigación.  Por esta razón, establecer convenios de cooperación es un primer paso para desarrollar una agenda conjunta de investigación e intercambio académico.  Un ingrediente necesario radica en mejorar y aumentar  el intercambio de conocimiento entre Embrapa – Corpoica – Unillanos.  Ya que Corpoica cuenta actualmente con un convenio marco de cooperación que incluye recursos importantes de Colombia y Brasil.

El otro proceso simultáneo es que Unillanos adelante convenios con las universidades de Brasil, especialmente las localizadas en el área del cerrado brasilero. En esta oportunidad se logró un contacto especial con las Universidades de Sete Lagoas UNIFEMM y la Universidad de Brasilia.  Estos contactos fueron acompañados por la delegación de la Gobernación del Meta y por la Embajada de Colombia en Brasil. Los temas seleccionados por ahora son:

Con la Universidad de Sete Lagoas (universidad privada):

  • Modelos de Agricultura Familiar y Agricultura ecológica
  • Asociatividad  y cooperativismo en la organización de la producción y la comercialización agropecuaria
  • Estudios para introducción de nuevos programas académicos de áreas sociales, ingenierías y refuerzo de la investigación en economía rural y desarrollo local
  • Modelos de articulación pequeños- medianos – grandes empresarios en la producción de cultivos de gran escala.
  • Transferencia de tecnología en buenas prácticas de producción para un buen manejo ambiental
  • Cooperación en intercambio de estudiantes de pregrado y de profesores para reforzar programas posgrado en la Universidad de los Llanos.

 

Con la Universidad de Brasilia (Universidad Pública):

Profundizar el uso de tecnologías en el campo de la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

  • Mecanismos de extensión y transferencia de tecnología que se pueden implementar con pequeños y medianos productores
  • Funcionamiento mecanismos de trasferencia de resultados de investigación, gestión de centros de desarrollo tecnológico agroindustrial y los parques tecnológicos para la difusión y aplicación de nuevas de tecnologías
  • Cooperación en intercambio de estudiantes y profesores para reforzar programas de pregrado y posgrado.
  • Promover la participación en las convocatorias nacionales y binacionales que permiten la formación de estudiantes colombianos en pregrado, Maestrías y Doctorados.

 

La idea es que se priorice una agenda con metas en el corto, mediano y largo plazo y que esta tenga un acompañamiento y apoyo del gobierno nacional y especialmente de la Gobernación del Meta, que está muy interesada en este proceso. Es importante avanzar en convenios con otras universidades brasileras y establecer un fuerte nexo científico que garantice resultados concretos.  Es importante abordar contactos con las Universidades federales de: LAVRAS, VIÇOSA, MINAS GERAIS, GOIANIA y TOCANTINS que se concentran en el cerrado brasilero y que comparten en parte la misión de Unillanos en sus áreas de influencia.

Antes de avanzar y tomar la iniciativa es necesario resaltar que este proceso requiere de apoyo estatal y que no hay que olvidar que el pilar fundamental del desarrollo agrario brasilero fue el fortalecimiento a gran escala del capital humano nativo.   En este aspecto es importante aunar esfuerzos y que iniciativas gubernamentales como el Fondo de Educación Superior del Meta sean fortalecidos financieramente y garantizar que por lo menos 150 profesionales llaneros sean formados de manera inmediata a nivel de maestría y doctorados en las áreas estratégicas para nuestra región como son: producción agrícola especializada, agroindustria, agricultura orgánica y agricultura familiar, ganadería sostenible, manejo de suelos, sistemas de riego, gestión ambiental sostenible, biotecnología, nanotecnología, automatización agrícola, ingeniería química, ingeniería genética, procesos industriales, economía agraria, desarrollo regional, desarrollo rural y antropología. Es importante la articulación entre la investigación básica e investigación aplicada, la creación de empresas de base tecnológica y la gestión de sistemas de innovación.  La región tiene que aprovechar que el tema de ciencia y tecnología cuenta con posibilidades en la canalización de recursos de regalías y que además se cuenta con un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.   Los departamentos del Meta y Vichada pueden conjugar esfuerzos y desarrollar una estrategia conjunta.

La Universidad de los Llanos en un esfuerzo regional puede concretar acciones en el mediano plazo, pues los procesos de formación y de desarrollo tecnológico no maduran de la noche a la mañana. En este caso, es clave la voluntad gubernamental y la decisión de apostar a una visión de futuro colectiva que se construya bajo la premisa de la articulación de la academia, la empresa y el Estado.

Piedra angular de la visión neocolonialista de la Orinoquia. Ojo descubrieron la Orinoquia. Nuevo Colón.

tierra a la vista

En la actualidad, la Orinoquia despierta manifestaciones halagadoras de toda índole en medios nacionales e internacionales, algunas opiniones de personalidades nacionales, grupos económicos, periodistas y empresarios que hablan sobre su enorme potencial y oportunidades que brinda para el desarrollo del país.

En otros tiempos, la dirigencia local  velaba para que la región apareciera  si quiera en noticia o un comentario espontáneo de algún ministro o político nacional. Éramos una región olvidada que no llenaba una noticia, mucho menos un encabezado.  Pasamos de ser la dama modesta de la fiesta con la que nadie quiere bailar, a ser la princesa codiciada y la joya más admirada por los más encopetados visitantes; y eso se lo debemos en gran medida a la cantidad y diversidad de recursos naturales con que cuenta esta región del país.

De un momento a otro despierta tanta codicia que no se sabe en que va a parar descomunal interés de desarrollo, pero algo si es cierto:  Todo el mundo opina y se siente con suficiente autoridad para hablar sobre la importancia de sus recursos para el desarrollo del país, pero pocos se preguntan: ¿Qué se requiere para el desarrollo de sus gentes?, ¿Qué piensan y que manifiestan sus pobladores? y ¿Qué problemas se derivan de la ejecución de todos los proyectos que principalmente se ubican en mentes foráneas y miradas ajenas a la región?

La Revista Semana acaba de publicar un especial sobre la Orinoquia y la Amazonia, recogiendo opiniones y textos de empresarios, funcionarios públicos, investigadores extranjeros, directores de ONGs ambientales, periodistas, artistas y algunos académicos muy escogidos, configurando  de esta manera, un poco facilista por cierto, una visión muy parcializada, categórica y de poca profundidad sobre lo que se piensa sobre el desarrollo de esta zona del país.  Algunos textos plantean macroproyectos de grupos económicos de mucho bagaje nacional, otros escritos son anecdóticos, otros textos evocan ríos de leche y miel que brotarán de las sabanas, selvas, ríos y humedales de la región, pero pocos mencionan la complejidad que implica intervenir esta región del país sin tener claridad y certeza sobre los impactos en la vida económica, social, ambiental, política e institucional que se ciernen sobre los socio-ecosistemas.

Exceptuando la participación de algunos gobernadores y de la senadora Maritza Martínez, más del 90 por ciento de los colaboradores son personas que no cuentan con un conocimiento cercano y vivible de lo que es la realidad regional.  Algunos aunque son autoridad en su campo, describen con total desconocimiento, demostrando una solvencia falsa, sobrevalorando la experiencia de permanecer uno o dos días en la región, o de haber sobrevolado y observado el paisaje local, con total desfachatez pontifican, lanzando opiniones endebles sobre los problemas y soluciones de la región.

Es bueno que se visibilice la región, y que el país se haga una opinión sobre la dinámica acelerada que se observa en el oriente colombiano. También es claro que es necesario que la sociedad colombiana se entere y conozca de una vez por todas, cuál es la región que actualmente está soportando la economía nacional y en gran parte la viabilidad política de la Nación.  Pero, como ejercicio periodístico es esencial buscar el equilibrio informativo y sobre todo buscar el lado humano, el juicio idóneo de la academia regional, los gestores culturales e historiadores de la región, la expresión autóctona, la visión de la sociedad civil y la gente que vive la cotidianidad y que conoce como nadie la realidad.

La edición desconoce la existencia de una sociedad regional. No se visibiliza a la Universidad de los Llanos como principal ente regional de educación superior, no se consulta la experticia de sus investigadores en temas de recursos ambientales, los recursos hidrobiológicos, la gestión ambiental y el desarrollo agropecuario.  Unillanos oferta actualmente una Maestría en Gestión Ambiental Sostenible que cuenta con tres primeras cohortes,  es la Universidad colombiana con mayor conocimiento en acuicultura  de aguas continentales y lanza en el segundo semestre de 2013 un primer doctorado en Ciencias Agrarias.  En un corto período de vida institucional ha consolidado una masa crítica que se cuantifica con el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias, la mayor cantidad de magister y doctores que cualquier otra entidad pueda tener trabajando en la región, inclusive supera  a Corpoica y otras entidades nacionales que tienen sedes en la región.  Por otro lado, existe en región una creciente presencia de Universidades, Unitrópico en Casanare y la Universidad Nacional en Arauca, además de otras subsedes de universidades nacionales como la Universidad Santo Tomas, Uniminuto, ESAP y Universidad de la Salle principalmente en las ciudades del piedemonte llanero.

La región ha crecido en capital social. Actualmente existen en todos los departamentos, nuevas organizaciones sociales, asociaciones gremiales, movimientos cívicos y actores de la sociedad civil que tienen posiciones claras sobre la problemática actual, el uso sostenible de los recursos y las posibles soluciones. Cada una de estas expresiones y las de la academia han sido desconocidas por la publicación.

La revista Semana excluye de tajo la visión indígena. En los departamentos Amazónicos existen 156 resguardos, cuya superficie total es de 25.614.261 has, y representan el 24% del total de resguardos titulados en Colombia.  En la Orinoquía existen 52 resguardos, cuya superficie total es de 447.208 has.  La publicación no tiene en cuenta esta condición poblacional que data de épocas precolombinas y que más del 30 por ciento del territorio de la región está constituido bajo la figura de resguardo. La revista Semana desconoce que la violencia armada, la dinámica minero-energética y el boom agroindustrial están produciendo graves impactos para la población indígena.  Por esta razón, la Corte Constitucional emitió el auto No. 004 de 2009, donde se evidencia la extinción física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, entre estos el pueblo Sikuani que habita las llanuras de la Orinoquia, obligando a las instituciones nacionales y locales a tomar medidas para su preservación.  Los indígenas han venido analizando con detenimiento esta situación, tanto así que en este momento se está convocando una reunión de la macroorinoquia con la participación de las autoridades indígenas.  También sus líderes han intervenido sin ser escuchados en la construcción del documento Conpes para la Altillanura que adelanta el Departamento Nacional de Planeación.

La publicación de Semana enmarca una visión foránea y ajena a la región, representada en el afán desarrollista sin reparo en los impactos y la problemática que pueda afectar la capacidad y sostenibilidad de los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. Lamentablemente los colaboradores que aparecen en esta publicación se dedican a enunciar sus proyectos de interés,  sin analizar con detalle la crisis actual desde el punto de vista ambiental, social y económico que ha traído la explotación irracional de los recursos naturales.  Este pronunciamiento no intenta satanizar la inversión privada, ni la presencia de las grandes empresas, solamente hace un reclamo justo sobre la abierta exclusión de la opinión local sobre los acontecimientos que ocurren en la región y la necesidad de tener una noción clara sobre los impactos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la población de esta zona.

La región de la Orinoquia merece tener una visión construida desde lo local, con la participación de los actores regionales.  Solo de esta manera será posible garantizar que los esfuerzos nacionales, empresariales y propios sean realmente un factor de desarrollo humano sostenible para el territorio. En nombre de la sociedad regional solicitamos mayor responsabilidad, menos exclusión y mayor participación social.  Conocemos del profesionalismo y capacidad de la revista en desarrollar con mucha calidad y altura periodística otros temas de la realidad nacional, pero en este caso no entendemos cómo se lleva a cabo un proyecto de este tipo sin consultar las verdaderas fuentes directas de la realidad regional.

Vea aqui la publicación y haga su propio juicio

http://www.semana.com/EspecialOrinoquia/flash.html#/1/

Ejercicio de planificación donde participaron durante dos años más de 650 personas representativas del departamento del Meta.  Con técnicas de prospectiva estratégica, asesorada por Francisco Mojica del centro de pensamiento prospectivo, el acompañamiento del DNP y la conformación de un equipo netamente criollo, se plantearon hipótesis de futuro y se asumio una imagen de futuro.

Este documento es una guia fundamental para los gobiernos departamentales del presente y futuro. Ha sido desconocido por asesores y calumniado como ejercicio de planificación. Sin lugar a dudas es el proceso más serio y más técnico de los que se han realizado en el Meta.

Vea el documento.

Documento Vision Meta 2032 ultimo 131211

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Regional y Local

Documento Editado y Diagramado por el DNP

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Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.