Archivos para enero, 2006

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

El tema de la pobreza en Colombia está nuevamente en debate. Además de los estudios conocidos recientemente de diversas fuentes, el Gobierno Nacional lo ha elevado a término de política de largo plazo con la publicación del Documento Conpes “Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015”, publicado en marzo de este año. El enfoque adoptado es el promover el Desarrollo Humano, el cual incluye tres dimensiones que cualquier persona podría considerar como deseables: Un ingreso suficiente para tener acceso y disfrutar tanto de la propiedad como de los bienes básicos, una vida larga y saludable y un nivel educativo que le permita a la persona aumentar la capacidad de dirigir su propio destino. En este sentido el Gobierno Nacional, con el apoyo del PNUD Naciones Unidas, DANE y la CEPAL, identificó unas metas para cumplir al año 2015. Llama la atención que el documento define a la superación de las inequidades como el mayor reto del Estado Colombiano, principalmente se refiere a la inequidad entre lo urbano y lo rural, entre los departamentos y regiones, y cuya principal causa, sabemos que es la poca presencia estatal en todo sentido. No obstante, las estrategias generales que se contemplan son de alcance global y nacional y no llegan al detalle de lo local, lo que multiplica el esquema de política pública generalizada y homogenizante, culpable de la actual inequidad. El gran reto del Estado es regionalizar la política pública, con enfoques adecuados a las características particulares e integrales del territorio y llegar a plantear programas de efecto estructural y no mediático. Las metas planteadas pueden promover la interpretación gubernamental de ofrecer planes diarios de alimentación, comedores escolares, uniformes, morrales y útiles escolares, pan y panela, como la solución más común y capitalizable políticamente; abandonando el verdadero fin, que es brindar oportunidades de autorrealización de las potencialidades colectivas e individuales. Los programas sociales que buscan la atención y asistencia inmediata de la población pobre y vulnerable son muy necesarios, pero deben tener una temporalidad programada, diferenciación regional y un enfoque integral, con la realización simultánea de proyectos que generen propuestas de sostenibilidad y autogestión en misma comunidad.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional.

La región presenta un gran dilema. La consigna mundialmente conocida es incorporar nuevas áreas para la producción de alimentos, aumentar la productividad, ser competitivos y disminuir la pobreza, todo esto sin atentar contra el medio ambiente. Una buena porción de las tierras cultivables de América Latina se encuentra en nuestra región, pero las perspectivas actuales constituyen un gran reto para estas 6 millones de hectáreas llaneras. Ello implica la toma de decisiones importantes que pueden llevarnos a un futuro promisorio o una catástrofe insospechada. Resolver los problemas descritos implica integrar los programas de desarrollo y fomento agroalimentario con las iniciativas locales y regionales para la superación de la pobreza rural y urbana y encontrar los medios tecnológicos necesarios para aumentar la productividad y no afectar los ecosistemas de manera irremediable. Las tendencias actuales y las propuestas externas nos arrastran a contemplar el uso de la biotecnología, proyectos de colonización dirigida en la altillanura, optimización de los sistemas productivos actuales y reforestación comercial a gran escala. Sin embargo, nuestra limitada capacidad endógena frente a estas propuestas no es prenda de garantía para lograr resultados que signifiquen beneficios económicos y sociales para la población de la región. Definitivamente tenemos que producir conocimiento regional. La inteligencia regional debe responder a las preguntas que revelan la posibilidad de un desarrollo endógeno. Por ejemplo, la investigación regional o nacional en biotecnología es precaria. Algunos cultivadores están utilizando soya modificada genéticamente, semilla de la multinacional Monsanto y más temprano que tarde, como ha ocurrido en Brasil, esta empresa empezará ha demandar participación económica de parte de los productores. De otra parte, nuestra universidad de los Llanos requiere de apoyo y recursos adicionales para la investigación en todas las áreas de interés. Los beneficios de la biotecnología solo son pertinentes si se revierten en un impacto social importante. Esfuerzos importantes como la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología solo llegan a ser representativos si cuentan con la financiación asegurada y es aquí en donde el discurso nacional y local debe manifestarse en hechos constantes y sonantes.

El apoyo actual del Gobierno a la universidad pública de la región es lamentable. Permitir que estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a este nivel de educación y por consiguiente mejorar sus ingresos y jalonar la economía regional, produce un impacto que no ha sido merecidamente evaluado. Sorprendentemente, estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la UNESCO, confluyen en valorar a la educación superior como motor de equidad social y crecimiento económico. Áreas como la investigación básica y experimental son priorizadas. Sin embargo, la política de equidad que plantea el gobierno nacional puede ir por la vía equivocada. La idea del Gobierno es mejorar el acceso a través del crédito educativo y el montaje de los Centros Comunitarios de Educación Superior “CCES”, sin tener en cuenta las particularidades y la demanda relativa de las diferentes regiones del país. Los departamentos de nuestra región no cuentan con buena oferta pública en educación superior, solamente el Meta, y a nivel igualmente precario Arauca y Casanare, cuentan con una oferta muy pobre. Los créditos asignados por el ICETEX, además de insuficientes, son de trámite engorroso y tienden a subsidiar la educación privada. Igualmente, los CCES requieren de la financiación de los entes territoriales y de las nuevas tecnologías como soporte para la enseñanza, situación que al compararla con las menguadas finanzas de la mayoría de departamentos y la débil infraestructura de las comunicaciones, parece ser una estrategia poco viable para los departamentos de la región, a excepción de Meta, Casanare y Arauca, que podrían asignar recursos para este propósito. La propuesta adecuada a las condiciones de la Orinoquia debe contemplar definitivamente el apoyo a la universidad pública vía incremento de los presupuestos, con el fin de ampliar la cobertura y calidad con un plan de expansión regional bien evaluado y efectuando el debido seguimiento

Manuel Javier Fierro Patiño.

La idea del Ministro de Trasporte de solicitar un crédito de 3.000 millones de dólares para iniciar las grandes obras de infraestructura que requiere del país, es una noticia que le atañe directamente a nuestra ciudad. Se menciona claramente la necesidad de terminar el corredor vial del piedemonte llanero, ampliar el aeropuerto El Dorado y construir aeropuertos complementarios en los Llanos Orientales y el Magdalena. El sueño del aeropuerto alterno ha sido tocado en varias ocasiones, sin embargo, la propuesta no ha dejado de ser más que una idea matizada con la descripción repetitiva que enfatiza en las ventajas geográficas, topográficas y económicas, que favorece el tránsito y la navegación aérea, descongestiona el centro del país y abre enormes posibilidades de intercambio comercial. Es hora de tomar verdaderamente en serio la propuesta. Tomarla en serio significa profundizar en su viabilidad técnica y construirle un camino político menos tortuoso que el de la “autopista al Llano”. Los estudios del aeropuerto deben evitar casos como el descalabro que significa para el Estado, reconocer los recursos que no llegan a generar los muy “económicos” peajes de la vía a Bogotá. Las obras de infraestructura requeridas por la región son exhaustamente revisadas por el Gobierno de turno, pero finalmente terminan favoreciendo al concesionario y perjudicando a los usuarios. Siendo así, es hora de exigir mayor rigurosidad técnica, más sensibilidad social y menos desparpajo. Nuestro petróleo ha sido garantía de estabilidad económica para el país. Nos merecemos un mejor trato.

Manuel Javier Fierro P.

El apoyo actual del Gobierno a la universidad pública de la región es lamentable. Permitir que estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a este nivel de educación y por consiguiente mejorar sus ingresos y jalonar la economía regional, produce un impacto que no ha sido merecidamente evaluado. Sorprendentemente, estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la UNESCO, confluyen en valorar a la educación superior como motor de equidad social y crecimiento económico. Áreas como la investigación básica y experimental son priorizadas. Sin embargo, la política de equidad que plantea el gobierno nacional puede ir por la vía equivocada. La idea del Gobierno es mejorar el acceso a través del crédito educativo y el montaje de los Centros Comunitarios de Educación Superior “CCES”, sin tener en cuenta las particularidades y la demanda relativa de las diferentes regiones del país. Los departamentos de nuestra región no cuentan con buena oferta pública en educación superior, solamente el Meta, y a nivel igualmente precario Arauca y Casanare, cuentan con una oferta muy pobre. Los créditos asignados por el ICETEX, además de insuficientes, son de trámite engorroso y tienden a subsidiar la educación privada. Igualmente, los CCES requieren de la financiación de los entes territoriales y de las nuevas tecnologías como soporte para la enseñanza, situación que al compararla con las menguadas finanzas de la mayoría de departamentos y la débil infraestructura de las comunicaciones, parece ser una estrategia poco viable para los departamentos de la región, a excepción de Meta, Casanare y Arauca, que podrían asignar recursos para este propósito. La propuesta adecuada a las condiciones de la Orinoquia debe contemplar definitivamente el apoyo a la universidad pública vía incremento de los presupuestos, con el fin de ampliar la cobertura y calidad con un plan de expansión regional bien evaluado y efectuando el debido seguimiento