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Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

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El conocimiento se está convirtiendo en el activo más importante de las empresas y las regiones. En los años sesenta, las maquinarias y equipos industriales significaban el patrimonio de las grandes fábricas. Hoy en día este paradigma viene cambiando. En el año 2006, Google adquirió el sitio de internet de videos caseros YouTube por US$1.650 millones. La idea innovadora fruto del intelecto humano supera la productividad que originan los activos fijos.  Esto marca una pauta en los conceptos de innovación, competitividad y gerencia empresarial; igualmente, señala un nuevo orden en términos de gestión de la ciencia y la tecnología.

El capital intelectual, el cual no escasea en nuestro medio, además de la creatividad, iniciativa y persistencia que muestran los jóvenes de la región, pueden ser el punto de lanza en una estrategia de desarrollo que brinde frutos concretos en el corto y mediano plazo. La capacidad de generar y aplicar conocimiento propio y pertinente es la condición indispensable para promover la innovación y competitividad en los territorios. La diferencia entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas es cada vez más resultado de la capacidad relativa de innovar, de la proyección hacia fuera y la posibilidad de apropiar la ciencia y tecnología.

Nuestra región muestra un desbalance concreto. El conocimiento se encuentra concentrado, estancado y desaprovechado. Las redes que permiten una fluidez e irrigación del conocimiento están bloqueadas. De esta manera, el territorio permanece árido en oportunidades mientras no sea irrigado con conocimiento. Las universidades y centros de investigación deben abrir sus compuertas y transformar sus procesos internos para fertilizar el territorio y permitir el florecimiento de emprendimientos e innovaciones que aumenten la competitividad regional. Pero esta apertura debe ser promocionada a través de los gobiernos seccionales. La inversión en ciencia y tecnología debe profundizar los canales de irrigación de conocimiento, consolidar procesos líderes y propiciar nuevas iniciativas productivas.

Estas condiciones se logran con un cambio de mentalidad respecto a la ciencia y tecnología, la cual es tomada por algunos sectores como un asunto marginal y a veces folklórico o en caso contrario, como algo exclusivo y elitista, solamente destinado para científicos de bata blanca. La ciencia y tecnología es un aspecto estratégico que logra resultados sociales y económicos de alto impacto. La apropiación de la ciencia y la tecnología se logra con apertura y no con propuestas insólitas como la que plantean los estudiantes de Unillanos en paro, al proponer la investigación solamente para profesores de planta, algo que viene siendo revaluado en todas las universidades del mundo.

¿Cuánto cuesta en términos económicos, desaprovechar el potencial que tiene nuestro capital humano? Los gobernantes tienen toda la batuta para poner el conocimiento al servicio del desarrollo social y dinamizar una economía con mayor independencia, más trabajo e ingresos para la población.

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Mag. Desarrollo Regional y Local

Una democracia moderna requiere de una sociedad civil activa y empoderada. Este activismo depende de las condiciones y garantías existentes para participar de las decisiones de gobierno y de las propias características y capacidades del tejido social. El empoderamiento es aquella característica que se logra cuando la sociedad asimila, asume y participa de la esfera de poder. Según este concepto, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en las decisiones locales, nacionales o regionales, gracias a la actitud crítica y la cultura política que adquiere.

Cuando las instituciones y el gobierno pierden credibilidad, en su complemento se fortalece la sociedad civil quien actúa como actor primordial. Se logran cambios en la cultura política que castigan las malas prácticas y premian el mérito y la capacidad de los dirigentes. Aquello que algunos llaman el “voto de opinión” se transforma en una vara de medida colectiva que influye cada vez más en la elección de los gobernantes.

La sociedad se empodera también cuando se cuestionan los patrones de poder existente. Un poder nacional acumulado centralmente, arbitrario e injusto con las localidades y regiones logra despertar procesos de activismo y empoderamiento regional. Décadas de injusticias cometidas por gobiernos de turno deberían generar movimientos regionales de gran envergadura. En el caso de la Orinoquia existen razones de peso para exigir una actitud más consecuente con la región, en razón a su importancia estratégica, aporte a la producción nacional y garantía de estabilidad macroeconómica para el país. Colombia no sería viable sin la Orinoquia.

Alcaldes, gobernadores, como también, miembros de corporaciones públicas deberán representar con honor y dignidad el querer regional y reconocer que ahora están revestidos de una mayor legitimidad, que no admite sectarismos ni protagonismos individuales. Hay que respaldar la actitud cooperativa y conciliadora de los parlamentarios, concejales y diputados, que se han despojado de su lastre partidista y han interpretado los intereses regionales. La sociedad empoderada acompaña con fortaleza a los alcaldes y gobernadores que asumen una posición digna ante el atropello del gobierno central. En estos momentos la unión es garantía de éxito en la búsqueda de un papel preponderante en la economía y la política nacional.

De este proceso deberá originarse la participación burocrática en los ministerios y entidades descentralizadas, donde los orinocenses puedan incidir como lo hacen los funcionarios de otras regiones. Gran parte de las decisiones nacionales se toman en las oficinas y pasillos de los edificios de Bogotá. No es un asunto clientelista o politiquero, es un asunto de equidad regional. Finalmente, deberá concretarse la unidad regional a través de un referendo de ordenamiento territorial que sea fiel a la expresión plasmada en la Constitución Política de 1991. La materialización de los macroproyectos regionales sólo será posible mientras se mantenga una activa incidencia en las decisiones nacionales.

https://javierfierro.wordpress.com

La economía mundial atraviesa por un momento crítico. El incremento de los precios del petróleo, la escasez de los alimentos, la crisis inmobiliaria de EEUU, la irresponsabilidad de las redes financieras mundiales, el excesivo gasto público de las grandes economías, nutrido además por conflictos, y la inoperancia de los mecanismos tradicionales de intervención para subsanar los síntomas que venían presentándose aproximadamente desde hace dos años; son causas directas de la actual situación mundial, que amenaza por sumergir al mundo en una nueva recesión global.

Mucho se habló en el último año de la eminencia de la crisis, pero los yuppies se apresuraban a desmentirla, pues ese castillo de naipes mentiroso, construido con babas y maniobras especulativas, es su principal activo. No obstante, este gran castillo de arena empieza a desmoronarse dejando tras de sí una enseñanza que reivindica tesis de respetables economistas, que a menudo eran tildados de locos apocalípticos. El sistema capitalista aborda su última gran crisis abonada por los fundamentalismos del mercado, la concentración excesiva del poder económico y la competencia desigual entre las empresas, países y regiones, lo que origina y fortalece tremendas desigualdades, causa problemas ambientales y agudiza conflictos étnicos, religiosos y económicos que amenazan con volverse planetarios. Los fundamentalistas del mercado, afrontan una seria hecatombe conceptual, pues sus tesis trasnochadas muy apegadas a la visión de Milton Friedman, no funcionan tal como lo habían pensado. Ahora pagan escondederos a peso y ruegan para que vuelva la desprestigiada intervención del Estado y maldicen la adorada “mano invisible” que por ahora perdió vigencia.

El mundo debe aprender de esta crisis, por lo que definitivamente el capitalismo no volverá a ser el mismo. Renacen las versiones intervencionistas, con el riesgo de caer igualmente en fundamentalismos que se materializan en regímenes autoritarios, seudosocialistas y populistas.

Colombia tiene la posibilidad de repensar la estrategia de desarrollo, lo cual tiene que ser el principal objetivo del siguiente gobierno. Hay que potenciar las estrategias de desarrollo local, propiciar la acumulación de capital humano y abrir un espacio justo a las economías regionales. El país no puede seguir con esta política centralizadora y acaparadora de los beneficios sociales de la inversión nacional. Hay que regionalizar el desarrollo y darle una oportunidad equitativa a las empresas regionales, generando oportunidades, con políticas de emprendimiento y apropiación de la ciencia y la tecnología. Cada región puede hacerse cargo de su desarrollo y la región de la Orinoquia tiene todas las posibilidades. Lo que pasa es que, por una parte, el Gobierno Nacional no ha tenido la voluntad política para ejecutar los macroproyectos reconocidos por todos y de otra parte, hemos tenido que lidiar con una dirigencia corrupta e incapaz, proclive al soborno por puestos y proyectos veredales, manzanillo y pobre en propuestas, débil técnicamente y con un tremendo rabo de paja. Así, la decisión está dada: La sociedad debe reconstruir el poder político regional.