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La noticia sobre la disminución de la inversión en actividades de ciencia y tecnología e innovación “ACTI”, específicamente en la reducción de 125.000 millones de Colciencias, es un síntoma más del creciente desinterés histórico que afecta considerar a la ciencia, tecnología e innovación como pilar de desarrollo nacional.  Las tasas anuales de inversión en este sector han sido históricamente bajas en Colombia, según el informe nacional de competitividad del Consejo Privado de Competitividad la inversión en ACTI pasó de 0,35% en 2003 a 0,45% en 2012, mientras en América Latina creció a una tasa casi tres veces mayor. Entre tanto, la inversión en I+D pasó de 0,14% a 0,17% en el mismo periodo. Si esta cifra se compara con la inversión que hacen países como Corea, EEUU, Suecia, Finlandia, que superan el 2% del PIB en inversión ACTI, pues las conclusiones aparecen a primera vista.

La conclusión más evidente es que la ciencia y tecnología no es una prioridad en un país que privilegia un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas, con mínima transformación de materias primas y con una estructura industrial que lucha por subsistir en medio de un clima poco amigable.  Debería ser lo contrario, puesto que los recursos naturales no son infinitos y la posibilidad de subsistir después de las bonanzas tiene que ver mucho con la capacidad instalada en ciencia tecnología e innovación “CT+i”, el conocimiento científico pertinente y el talento humano que se cuente cuando la época de vacas gordas termine.

La reforma del régimen de regalías trajo una esperanza, cuando se dijo que el 10% de estos recursos se destinaban al sector. Pero la historia ha sido otra, los recursos no se ven y su impacto se diluye en sistemas de ejecución centralizada y burocrática, donde los más indicados y los que tienen el conocimiento sobre las prioridades no participan. Los recursos aparecen orientados por las gobernaciones, con muy poca participación de los centros de investigación y las Universidades.  Para el gobierno poner la locomotora de la innovación se reduce a fortalecer el SENA, reemplazar recursos del nivel central con recursos de regalías y aumentar las trabas para la inversión de los recursos.

Lo que se esperaba es que los recursos de regalías serían adicionales a la inversión ínfima que tradicionalmente realizaba Colciencias, pero ahora se advierte la verdadera intención. Los recursos se le quitan a las regiones para invertir en el centro del país.  La centralización del sistema nacional de ciencia y tecnología es abrumador. Aproximadamente el 90% de las ACTI se realizan en cuatro centros, Bogotá, Medellín, Cali y Eje cafetero-Santander.  El recorte de los recursos de Colciencias se sustenta, según el DNP en la nueva inversión que surge de la reforma de regalías.

En el informe de Políticas de I+D en Asia, realizado por la casa Asia (Japón, India, China y Corea del Sur) concluye que los avances en ACTI de estos países se deben a una estrategia de descentralización, creación de capacidades en las regiones, priorización de áreas estratégicas y la introducción de procedimientos de gestión eficiencia y evaluación de resultados.  Cabe anotar que gran parte del éxito radica también en una cultura de la disciplina y compromiso colectivo. Como podemos ver, la perspectiva que nos queda no es nada halagadora.

Colombia se caracteriza hoy en día por su modelo extractivo, la centralización de las ACTI, la ausencia de prioridades y una torpe y anquilosada red burocrática en la ejecución de los pocos recursos de ciencia tecnología e innovación.

Si la intención fuese poner a funcionar la relegada locomotora de innovación la voluntad política seria evidente. Mientras tanto, las universidades sufren por recursos para investigación, los centros de investigación y desarrollo tecnológico disminuyen, el talento humano emigra donde se ofrecen verdaderas oportunidades y las empresas navegan en un contexto incierto donde tienen que competir con la economía que enfatiza las actividades minero- energéticas que de por si provocan cambios en el mercado laboral y  elevan los precios deprimiendo las demás actividades.

La alternativa sería la implementación de una política de consolidación de capacidades de CT+i en las regiones, la ampliación y creación de nuevas capacidades a partir de la formación avanzada, el mejoramiento de la infraestructura investigativa en las universidades, la vinculación de una estrategia de emprendimiento de base tecnológica que nazca desde los niveles básicos del sistema educativo, se desarrolle en la formación técnica y se profundice y potencie en el sistema de educación superior.  Igualmente, crear instrumentos e incentivos apropiados y operativos para la innovación empresarial, promover actividades de transformación de materias primas e identificar y potenciar decididamente áreas estratégicas de alto valor.

Lamentablemente, estas posibilidades desaparecen si subsiste el andamiaje burocrático que lentifica y entorpece cualquier programa o proyecto. En Colombia, los recursos de CT+i los define el DNP, los ajusta el congreso, lo ejecuta Colciencias y las gobernaciones y los añoran y miran pasar las universidades y los investigadores, que más puede esperarse.

FORO VICHADA A2014 099

El Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia “ICAOC” de la Universidad de los Llanos realizó en los cuatro departamentos llaneros un evento de reflexión colectiva con actores sociales para la construcción de la visión de desarrollo sostenible de la región.  Este ejercicio participativo se realiza en el marco del convenio que suscribió Unillanos con Ecopetrol y en el cual se contempla la formación de 35 profesionales de estos departamentos en el programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible.  Los eventos iniciaron en Villavicencio, el 18 de junio, continuó luego en Yopal el 25 de junio, siguiendo en Puerto Carreño el día 28 junio y terminando en Arauca el 3 de julio del presente año.  Dentro de estos talleres se realizó un análisis de los factores de cambio en el territorio en el pasado – presente y futuro logrando un consenso entre los actores en cuanto a los aspectos más relevantes que afectan la realidad en el territorio.

Este trabajo que realiza Unillanos pretende hacer una lectura y comprensión de las dinámicas regionales, dar a conocer las diferentes visiones que existen sobre la región, visibilizar a los actores locales, que en la mayoría de los casos son excluidos de las decisiones que se toman sobre la Orinoquia y contribuir a la génesis de un nuevo discurso regional mucho más proactivo y que nazca del análisis que los actores locales hagan de la realidad, tanto en sus causas como en los efectos. En estos talleres participaron la academia, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, agremiaciones y líderes de la región.

La dinámica ofreció un panorama algo desalentador respecto al presente. Los actores locales perciben que en el pasado todo era mejor, existían valores, una cultura del respeto y tolerancia que favorecía la vida en paz y armonía, “se vivía y se trabajaba con alegría”.  La historia se parte en dos con la aparición de los fenómenos del narcotráfico, la explotación petrolera y la colonización territorial. De alguna manera la realidad se volvió más compleja y conflictiva, aunque con nuevas oportunidades de crecimiento económico, pero con una tendencia a privilegiar la exclusión social, el acaparamiento, la expoliación de los recursos naturales y la competencia social y empresarial desmedida. Existe una gran preocupación por el deterioro ambiental y la afectación acelerada que ha tenido el recurso hídrico. La sensación es de abandono estatal y una percepción negativa sobre todo lo que aumente el centralismo.

Algo que preocupa en gran medida es la poca participación de la población local en los beneficios que trae la dinámica económica, principalmente en lo relacionado con la explotación petrolera y el boom agroindustrial en la altillanura.   En asuntos delicados como la frontera nacional existe poca presencia y descuido del Estado, la situación de zozobra y tensa calma que se vive en los territorios fronterizos, especialmente en Arauca, que ha sido un territorio especialmente golpeado por el conflicto armado, donde rige la ley del miedo y el terror. Pese a todo esto la región ha crecido demográfica y económicamente, además muestra nuevas perspectivas económicas como el comercio de grandes superficies,  la piscicultura, el turismo, la biotecnología y la agroindustria, un avance importante del capital humano y un proceso de organización social interesante.

El ICAOC de la Universidad de los Llanos continuará con esta serie de ejercicios durante el mes de julio, llegando a las subregiones de cada uno de los departamentos a través de reuniones, encuentros, talleres y conversatorios con actores locales que realizarán los estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible. De esta manera se espera identificar algunas  variables estratégicas que permitan priorizar alternativas de desarrollo sostenible para la región.  Cabe anotar que los actores locales han recibido con gran aceptación y aprecio esta iniciativa de la Universidad de los Llanos, pues consideran que existen muchos actores foráneos y entidades privadas que literalmente como lo mencionan los moradores “llegan con discursos culebreros a hipnotizar con mentiras y propuestas descontextualizadas.

Durante el segundo semestre continuará este proyecto en cada uno de los departamentos, generando conciencia en la perspectiva de consolidar liderazgos regionales que tengan incidencia en las políticas públicas que afectan el territorio.

Sector de Carimagua

Sector de Carimagua

La altillanura colombiana es hoy por hoy una de las regiones más estratégicas para el país. En este territorio ocurren dos prioridades económicas planteadas desde la política del gobierno central: La producción de hidrocarburos y la bonanza agroindustrial.  La apertura del pozo de caño limón en Arauca en el año 1986 inició en el país la verdadera locomotora petrolera, que luego pasó a Casanare con el hallazgo de Cusiana – Cupiagua y ahora en el Meta en la zona de Puerto Gaitán. De otra parte, el boom agroindustrial tiene su avance más decidido en el gobierno Uribe con el macroproyecto del “Renacimiento de la Alta Orinoquia” continuando en el gobierno Santos a través de las políticas públicas con una serie de incentivos que ratifican el potencial productivo de la región y promueven a la altillanura como la nueva frontera económica.

 

Lo cierto es que esta zona oriental de Colombia de aproximadamente seis millones de hectáreas se ha convertido en un corto tiempo en el territorio de dinámicas económicas jalonadas por la demanda mundial de energía y alimentos. Tal potencial económico agroindustrial ha sido advertido por grupos económicos nacionales y extranjeros, los cuales están dispuestos a invertir cerca de mil millones de dólares en una primera etapa. Igualmente, la producción de petróleo en la altillanura ha convertido al Meta en primer productor de petróleo desde el año 2006 llegando hoy a más de medio millón de barriles diarios.

 

Lo que pasa desapercibido es que tal “boom” arrasador tiene sus efectos nocivos y lamentablemente nuestra sociedad tiende a minimizarlos. La producción petrolera y el “boom” agroindustrial están generando impactos negativos en el territorio y aunque en el corto plazo parecen mínimos, a largo plazo pueden significar el mayor fracaso ambiental de la historia colombiana. Esta afirmación no nace de un posición opositora a la inversión nacional o extranjera o a una declaración ideológicamente opuesta al capital, sino de una cierta y ponderada hipótesis que hoy expresan muchos académicos y científicos del país.

 

Analizando estos impactos existen cinco asuntos claves que deben tener espacio urgente en la agenda del gobierno:

 

  • La necesidad de generar incentivos a la producción limpia y también sanciones cuando los impactos sean seriamente significativos.
  • La intervención inmediata a la veloz dinámica migratoria y el control al establecimiento de campamentos temporales donde actualmente pueden convivir más de 15.000 personas.
  • La necesidad de promover una política del buen uso y manejo sostenible del recurso hídrico.
  • Proteger a las comunidades indígenas garantizando su pervivencia y seguridad jurídica de sus territorios.
  • Promover la inclusión de la población local en los beneficios generados

 

La agricultura comercial de grandes superficies, responsables de la producción de arroz, maíz, soya, caña de azúcar entre otros cultivos de la altillanura causa un impacto nunca antes medido en ecosistemas frágiles que no tienen la capacidad de recuperarse de manera rápida, pues se han mantenido intactos por milenios.  La cantidad de agroquímicos, plaguicidas y la modificación del suelo traen serios problemas que afectan la bioquímica del suelo y además provoca la contaminación de las fuentes de agua. Los moradores de la región reportan muertes de peces y cambios en las condiciones del agua que la hacen imposible de consumir.

 

Igualmente, no se advierte un compromiso ambiental de las empresas responsables de la exploración y explotación de petróleo. Las tecnologías utilizadas tienen reparos por diversos círculos ambientalistas, solo por mencionar el “fracking” y la tecnología “Star” que privilegian la extracción en masa sin tener un estudio detallado de los impactos negativos en el ciclo hídrico y la estructura geológica general. Lo ideal sería que esta importante posibilidad de recursos de inversión no se convierta en una mala experiencia para el país. Hay que revisar con detalle experiencias internacionales en minería sostenible y controlar los impactos generados.

 

De otra parte, la dinámica migratoria es arrasadora. La migración nace en una oportunidad y genera otras oportunidades, pero el impacto ambiental no se ha dimensionado a futuro. En menos de cinco años la región ha tenido que soportar un aumento de más de 20.000 habitantes que en su mayoría se instalan en campamentos temporales que no tienen un planeamiento adecuado sobre la utilización de agua, energía y otros recursos. Igualmente, su presencia es una presión notable para los ecosistemas por la búsqueda de agua potable, la disposición de residuos sólidos y aguas servidas.

 

Como se puede apreciar el recurso hídrico es el más afectado, aunque los estudios mencionan las  hectáreas susceptibles de ser intervenidas, no existe una política directa que atienda los impactos sobre este recurso. La simple propuesta de más estudios y aplicación de mecanismos de ordenamiento y planeación ambiental que traza el Conpes de la Altillanura no es suficiente. Es necesario tomar medidas urgentes que además promuevan acciones directas y una campaña pública de prevención de impactos, uso y manejo adecuado del recurso hídrico.

 

Aunque el país puede pasar de manera desapercibida afirmaciones donde vehementemente se afirma que los resguardos indígenas son un obstáculo a la inversión, es claro que estos territorios tienen una función especial que debe ser reconocida y garantizada. Los pueblos indígenas son originarios de estos territorios. En tiempo memoriales, se trasladaban libremente por las tierras de la Orinoquia, antes de ser diezmados y culturizados por la dinámica conquistadora y colonizadora. Hoy han sido confinados en estos territorios, lo mínimo que puede hacer la nación es garantizar el estado jurídico de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como lo contempla nuestro ordenamiento legal.  Además de su lengua y cultura tienen un conocimiento ancestral que empieza a ser importante para el mundo actual. 

 

Las organizaciones indígenas ven como una grave amenaza para su pervivencia lo ocurrencia de estas intervenciones económicas a un ritmo acelerado. Existe mucha inquietud por la simplicidad y ligereza como se asumen los proyectos sociales, contemplando solo soluciones parciales y cortoplacistas sin asumir el compromiso de atacar las raíces de la problemática.  El problema no está relacionado muchas veces por la escasez de recursos sino por la descontextualización y aplicación inadecuada de las propuestas que obedecen a modelos de atención poco pertinentes con relación a su cultura y cosmovisión.

 

Otro asunto y que es sumamente preocupante es la condición de enclave que está demostrando esta intervención económica. La economía de enclave se caracteriza por sacar y extraer los beneficios del territorio sin impactar positivamente a sus habitantes. La queja de los habitantes es continua y persistente como para no ser escuchada.  El tema no tiene que ver solamente con las regalías las cuales fueron redireccionadas para el resto del país sin considerar los impactos sociales, económicos y ambientales que esta actividad petrolera origina, sino que también apunta a la problemática en la selección de trabajadores y la disminución de mano de obra para actividades tradicionales como la ganadería y los cultivos de pancoger, actividades de gran tradición y muy importantes para la supervivencia de la población local. No se trata de una situación pasajera y manejable como se ha pensado. Requiere de una política nacional de intervención social que propicie los beneficios económicos nacionales que promete, pero que no deje de lado el tema social y la respuesta adecuada a las demandas de los moradores. La altillanura es una gran oportunidad para el país. Se puede decir que hoy es la responsable de la viabilidad de la economía colombiana, pero hay que pensar en los impactos y en la necesidad de escuchar a la población local que se ve excluida y afectada por la velocidad e intensidad de los cambios mencionados.

 

El gobierno nacional tiene la palabra en convertir esta zona en una experiencia replicable en términos de desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, poblamiento planificado y sensibilidad social o en dejar que se generé la gran catástrofe que sería un hecho por el cual nuestro país sería negativamente reconocido en el ámbito mundial.

Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

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Hace unos años mencioné en una columna la necesidad de superar el “complejo mesiánico”, el cual consiste en la estúpida condición de algunos nativos de un territorio en considerar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo propio, en atención a la sumisa posición de creer que por su origen en la periferia, todas las cosas son de menor valor, inclusive el conocimiento propio llega a ser desvalorizado frente al foráneo, que por sólo ser externo, tiene la apariencia de ser más moderno y distinguido.  La idea de concebir que siempre vendrá alguien iluminado con las soluciones a nuestros problemas.  Esta condición colonial desdibuja las capacidades locales e inclusive deprime la evolución positiva en la construcción de conocimiento regional que en muchos casos puede llegar a reconceptualizar ciertos términos, innovar y aportar nuevos enfoques y puntos de vista.  Vemos que este maligno complejo renace, pero esta vez se fortalece como mito y con mayor energía.  La malignidad de este complejo radica ahora en que los foráneos aprovechan esta condición con sus acartonados títulos para pontificar y conceptualizar sobre lo propio. Se escudan en certificados y estadísticas creyendo que toda aquella persona que sea de tal cofradía, de tal nobleza, recibe una envestidura y automáticamente el conocimiento pertinente les es transferido y además aseguran enfáticamente que es un conocimiento absoluto, muy superior a todo lo creado. Lo anterior tiene su aplicación en el sistema de la educación superior. La región de la Orinoquia ha tenido históricamente una baja cobertura de educación superior, sin embargo, la historia ha venido cambiando. La Universidad de los Llanos, Unimeta, Unitrópico y otras universidades con subsedes en el territorio, como la Universidad Nacional, la U. Cooperativa, la U. Antonio Nariño, la U. Santo Tomás, la ESAP, la UNAD, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad San Martín, entre otras, han venido aportando con sus programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en un proceso creciente de cualificación del capital humano.  La acumulación creciente de capital humano es hoy por hoy, uno de los principales ingredientes para el desarrollo y la innovación territorial.   La región cuenta con más de 15 programas académicos a nivel de maestría y el próximo año la Universidad de los Llanos lanzará el primer doctorado regional.  Por lo tanto, aunque las cifras son aún bajas frente a lo que necesita la región, por lo menos existe un importante y creciente acervo de conocimiento que tiene como objeto la lectura territorial de las principales dinámicas locales y regionales.

Dada la creciente importancia de la región, en razón al boom agroindustrial y minero energético, sobretodo en el área de la altillanura. Aparecen expertos foráneos en foros locales pontificando y señalando verdades absolutas por doquier. Llegan universidades externas, con ánimo de participar en la búsqueda de soluciones, pues de plano están plenamente seguras que aquí no hay capacidades locales, y lo peor es que lo ratifican con tal desfachatez en revistas como la Revista Semana en su edición “Tierra a la Vista”. Todo deja entrever que aquí existe una agenda oculta, no se sabe cuáles serán las verdaderas intenciones. Pero lo más triste es que hay empresarios, líderes políticos locales y gobiernos seccionales que actúan como patrocinadores de esta desaprobable conducta. Lo que llama la atención es que cuando la nación empieza a ver en esta región el área más estratégica para el desarrollo del país, llegan expertos de universidades externas a conceptuar sobre la realidad local y crean institutos de investigación y centros de estudios que parecería que están más orientados a canalizar recursos de proyectos de regalías, fondos de ciencia y tecnología, presupuestos para consultorías especializadas que supuestamente son obligatorias para diseñar el desarrollo local y regional.  También levanta sospecha que son universidades que nunca han tenido programas académicos en la región y ni siquiera cuentan con una sede local.  Lo que molesta no es la incorporación de nuevos conocimientos o la posibilidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología local con la incursión de nuevas universidades. Lo que molesta es la aptitud socarrona y la absurda suficiencia de creer que se está en un territorio virgen y que aquí no existe nada para construir desde lo propio.  Molesta que crean que el solo nombre de una universidad ranqueada en los estándares de calidad, le enviste automáticamente de un conocimiento pertinente sobre la realidad local; de esta manera desconocen y subvaloran las capacidades creadas en el territorio y desprecian la construcción autóctona de conocimiento. Una universidad que actúa así además de molestia genera gran desconfianza. Y no es una desconfianza nacida en posiciones ideológicas que intentan satanizar a una universidad como centralista, o señalarla como el brazo académico de las élites económicas. El asunto va más allá, tiene que ver con la acumulación de capital humano y la necesidad de construir desde lo local procesos de largo plazo.

Para la muestra vale mencionar, según lo anunciado por el DNP, la ejecución del Conpes de la Altillanura va a requerir estudios de ordenamiento territorial, planeación ambiental y construcción de proyectos en la región, como antesala a nuevas inversiones para apalancar el desarrollo de esta importante zona del país.  Este proceso va a ofertar mayores recursos en el campo de la producción agroindustrial, infraestructura productiva y minero energética y por esto está en la mira de centros de consultoría y universidades foráneas que cuentan con conexiones dentro del gobierno.  La idea muy seguramente puede ser un afán de posicionarse localmente y apoyar la construcción de este territorio estratégico desconociendo la historia y el conocimiento creado en la región, creando soluciones amañadas, con intereses particulares y de paso hacer buenos negocios.  La región cuenta con recurso humano muy capacitado y expertos locales para desarrollar tal tarea con total suficiencia y calidad. La calidad basada exclusivamente en los estándares es relativa, pues este simple hecho no garantiza que se conozcan las dinámicas locales y las particularidades de una región tan compleja como la Orinoquia. Ya en la región hemos tenido experiencias de universidades foráneas que muestran mucha codicia por la contratación estatal, establecen nexos locales que les ayudan a anclarse para succionar recursos de regalías y presupuestos públicos. También hemos sufrido en algunos casos por la mala calidad de los trabajos que realizan estas universidades, pues el interés no es dejar un proceso, es aprovechar un cuarto de hora, por lo tanto terciarizan los trabajos y subcontratan gente poco capacitada. De esta manera, es muy difícil que una actuación así deje algo bueno para la región. Pues los resultados no se comparten con la academia local, se llevan al centro del país y allá engrosan la lista ya numerosa de investigaciones que nunca vuelven a la región.  La vinculación de capital humano local es poca o nula, por lo tanto no existe algún nivel de trasferencia o la posibilidad de establecer un aprendizaje de doble vía. Una universidad foránea que actúa así frena la cualificación del recurso humano local, evita la acumulación de capital humano  y actúa como un enclave de conocimiento que succiona recursos y oportunidades, igual como una empresa petrolera succiona el petróleo y deja muy poco para la región.

La invitación es para la clase política, a los gobiernos seccionales y al gobierno nacional a que crean en las capacidades locales y en la calidad que brinda el conocimiento pertinente y la lectura adecuada del contexto que puede hacer la academia local. Existe un grupo calificado de personas en la región que puede construir soluciones y además liderar procesos con una total idoneidad.  Eso permitirá construir sobre bases sólidas una estrategia de desarrollo regional basada en la identidad y el cocimiento propio.

Como ejemplo se puede mostrar un proceso académico que adelanta la Universidad de los Llanos y que es apoyado por Ecopetrol. Un grupo de 35 estudiantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada están cursando estudios de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible en una cohorte especial que tiene la misión de construir la Visión Regional Sostenible de la Orinoquia para el año 2032.  En este proceso ya adelantaron su primer semestre, con unos productos muy interesantes e inéditos en la lectura local del territorio, pues la maestría se desarrolla de manera itinerante, con talleres en Arauca, Yopal, Puerto Carreño y Villavicencio.  Muy seguramente será un proyecto que dejará un capital humano valioso y con buena capacidad de liderazgo.  Instancias como el Comité Universidad – Empresa – Estado del Meta, la Mesa Rectoral Universitaria, la reciente Red de Bibliotecas, el trabajo conjunto en iniciativas como la Primera Rueda Regional de Innovación del Orinoquia, entre otras propuestas, el Centro de Desarrollo tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos, los aportes de conocimiento a la gestión ambiental y la piscicultura, además de la calidad de los foros que se están desarrollando en Villavicencio y otras capitales, demuestran que la academia local está en un buen momento y tiene la capacidad de ser un actor fundamental del desarrollo de la Orinoquia.

Piedra angular de la visión neocolonialista de la Orinoquia. Ojo descubrieron la Orinoquia. Nuevo Colón.

tierra a la vista

En la actualidad, la Orinoquia despierta manifestaciones halagadoras de toda índole en medios nacionales e internacionales, algunas opiniones de personalidades nacionales, grupos económicos, periodistas y empresarios que hablan sobre su enorme potencial y oportunidades que brinda para el desarrollo del país.

En otros tiempos, la dirigencia local  velaba para que la región apareciera  si quiera en noticia o un comentario espontáneo de algún ministro o político nacional. Éramos una región olvidada que no llenaba una noticia, mucho menos un encabezado.  Pasamos de ser la dama modesta de la fiesta con la que nadie quiere bailar, a ser la princesa codiciada y la joya más admirada por los más encopetados visitantes; y eso se lo debemos en gran medida a la cantidad y diversidad de recursos naturales con que cuenta esta región del país.

De un momento a otro despierta tanta codicia que no se sabe en que va a parar descomunal interés de desarrollo, pero algo si es cierto:  Todo el mundo opina y se siente con suficiente autoridad para hablar sobre la importancia de sus recursos para el desarrollo del país, pero pocos se preguntan: ¿Qué se requiere para el desarrollo de sus gentes?, ¿Qué piensan y que manifiestan sus pobladores? y ¿Qué problemas se derivan de la ejecución de todos los proyectos que principalmente se ubican en mentes foráneas y miradas ajenas a la región?

La Revista Semana acaba de publicar un especial sobre la Orinoquia y la Amazonia, recogiendo opiniones y textos de empresarios, funcionarios públicos, investigadores extranjeros, directores de ONGs ambientales, periodistas, artistas y algunos académicos muy escogidos, configurando  de esta manera, un poco facilista por cierto, una visión muy parcializada, categórica y de poca profundidad sobre lo que se piensa sobre el desarrollo de esta zona del país.  Algunos textos plantean macroproyectos de grupos económicos de mucho bagaje nacional, otros escritos son anecdóticos, otros textos evocan ríos de leche y miel que brotarán de las sabanas, selvas, ríos y humedales de la región, pero pocos mencionan la complejidad que implica intervenir esta región del país sin tener claridad y certeza sobre los impactos en la vida económica, social, ambiental, política e institucional que se ciernen sobre los socio-ecosistemas.

Exceptuando la participación de algunos gobernadores y de la senadora Maritza Martínez, más del 90 por ciento de los colaboradores son personas que no cuentan con un conocimiento cercano y vivible de lo que es la realidad regional.  Algunos aunque son autoridad en su campo, describen con total desconocimiento, demostrando una solvencia falsa, sobrevalorando la experiencia de permanecer uno o dos días en la región, o de haber sobrevolado y observado el paisaje local, con total desfachatez pontifican, lanzando opiniones endebles sobre los problemas y soluciones de la región.

Es bueno que se visibilice la región, y que el país se haga una opinión sobre la dinámica acelerada que se observa en el oriente colombiano. También es claro que es necesario que la sociedad colombiana se entere y conozca de una vez por todas, cuál es la región que actualmente está soportando la economía nacional y en gran parte la viabilidad política de la Nación.  Pero, como ejercicio periodístico es esencial buscar el equilibrio informativo y sobre todo buscar el lado humano, el juicio idóneo de la academia regional, los gestores culturales e historiadores de la región, la expresión autóctona, la visión de la sociedad civil y la gente que vive la cotidianidad y que conoce como nadie la realidad.

La edición desconoce la existencia de una sociedad regional. No se visibiliza a la Universidad de los Llanos como principal ente regional de educación superior, no se consulta la experticia de sus investigadores en temas de recursos ambientales, los recursos hidrobiológicos, la gestión ambiental y el desarrollo agropecuario.  Unillanos oferta actualmente una Maestría en Gestión Ambiental Sostenible que cuenta con tres primeras cohortes,  es la Universidad colombiana con mayor conocimiento en acuicultura  de aguas continentales y lanza en el segundo semestre de 2013 un primer doctorado en Ciencias Agrarias.  En un corto período de vida institucional ha consolidado una masa crítica que se cuantifica con el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias, la mayor cantidad de magister y doctores que cualquier otra entidad pueda tener trabajando en la región, inclusive supera  a Corpoica y otras entidades nacionales que tienen sedes en la región.  Por otro lado, existe en región una creciente presencia de Universidades, Unitrópico en Casanare y la Universidad Nacional en Arauca, además de otras subsedes de universidades nacionales como la Universidad Santo Tomas, Uniminuto, ESAP y Universidad de la Salle principalmente en las ciudades del piedemonte llanero.

La región ha crecido en capital social. Actualmente existen en todos los departamentos, nuevas organizaciones sociales, asociaciones gremiales, movimientos cívicos y actores de la sociedad civil que tienen posiciones claras sobre la problemática actual, el uso sostenible de los recursos y las posibles soluciones. Cada una de estas expresiones y las de la academia han sido desconocidas por la publicación.

La revista Semana excluye de tajo la visión indígena. En los departamentos Amazónicos existen 156 resguardos, cuya superficie total es de 25.614.261 has, y representan el 24% del total de resguardos titulados en Colombia.  En la Orinoquía existen 52 resguardos, cuya superficie total es de 447.208 has.  La publicación no tiene en cuenta esta condición poblacional que data de épocas precolombinas y que más del 30 por ciento del territorio de la región está constituido bajo la figura de resguardo. La revista Semana desconoce que la violencia armada, la dinámica minero-energética y el boom agroindustrial están produciendo graves impactos para la población indígena.  Por esta razón, la Corte Constitucional emitió el auto No. 004 de 2009, donde se evidencia la extinción física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, entre estos el pueblo Sikuani que habita las llanuras de la Orinoquia, obligando a las instituciones nacionales y locales a tomar medidas para su preservación.  Los indígenas han venido analizando con detenimiento esta situación, tanto así que en este momento se está convocando una reunión de la macroorinoquia con la participación de las autoridades indígenas.  También sus líderes han intervenido sin ser escuchados en la construcción del documento Conpes para la Altillanura que adelanta el Departamento Nacional de Planeación.

La publicación de Semana enmarca una visión foránea y ajena a la región, representada en el afán desarrollista sin reparo en los impactos y la problemática que pueda afectar la capacidad y sostenibilidad de los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. Lamentablemente los colaboradores que aparecen en esta publicación se dedican a enunciar sus proyectos de interés,  sin analizar con detalle la crisis actual desde el punto de vista ambiental, social y económico que ha traído la explotación irracional de los recursos naturales.  Este pronunciamiento no intenta satanizar la inversión privada, ni la presencia de las grandes empresas, solamente hace un reclamo justo sobre la abierta exclusión de la opinión local sobre los acontecimientos que ocurren en la región y la necesidad de tener una noción clara sobre los impactos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la población de esta zona.

La región de la Orinoquia merece tener una visión construida desde lo local, con la participación de los actores regionales.  Solo de esta manera será posible garantizar que los esfuerzos nacionales, empresariales y propios sean realmente un factor de desarrollo humano sostenible para el territorio. En nombre de la sociedad regional solicitamos mayor responsabilidad, menos exclusión y mayor participación social.  Conocemos del profesionalismo y capacidad de la revista en desarrollar con mucha calidad y altura periodística otros temas de la realidad nacional, pero en este caso no entendemos cómo se lleva a cabo un proyecto de este tipo sin consultar las verdaderas fuentes directas de la realidad regional.

Vea aqui la publicación y haga su propio juicio

http://www.semana.com/EspecialOrinoquia/flash.html#/1/

Ejercicio de planificación donde participaron durante dos años más de 650 personas representativas del departamento del Meta.  Con técnicas de prospectiva estratégica, asesorada por Francisco Mojica del centro de pensamiento prospectivo, el acompañamiento del DNP y la conformación de un equipo netamente criollo, se plantearon hipótesis de futuro y se asumio una imagen de futuro.

Este documento es una guia fundamental para los gobiernos departamentales del presente y futuro. Ha sido desconocido por asesores y calumniado como ejercicio de planificación. Sin lugar a dudas es el proceso más serio y más técnico de los que se han realizado en el Meta.

Vea el documento.

Documento Vision Meta 2032 ultimo 131211

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Regional y Local

Documento Editado y Diagramado por el DNP