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Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

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Villavicencio se ha convertido en un parqueadero de tractomulas. La producción petrolera y el auge agroindustrial en la altillanura, ha convertido a la capital de la Orinoquia en un caos de movilidad por los frecuentes trancones en las principales vías de acceso. Además de ser el centro integrador de la región frente al gran mercado bogotano y la conexión obligada con el resto del país, la ciudad pasó a sufrir el transito diario de más de 10.000 vehículos de carga pesada, duplicando el transito normal de hace dos años.  Este crecimiento en la frecuencia y además en el número de vehículos  hace imposible poder tener paz y tranquilidad al viajar, especialmente en los trayectos Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán. De otra parte, es notable el déficit de área de parqueo en Villavicencio, por lo tanto, es natural ver inundadas las calles de la ciudad de tractomulas, los andenes y costados de las vías y las algunas estaciones de servicio. Las vías a menudo están congestionadas. Estos gigantescos vehículos, además de ocasionar problemas de contaminación con químicos, producen polvaredas que afectan las viviendas y negocios, suciedad de las vías, riesgos de accidentes y ruido en exceso.

Es evidente que la cultura ciudadana de algunos conductores de esta clase de vehículos no es la mejor.  No respetan normas de tránsito, conducen a altas velocidades, arrollan ciclistas y motociclistas, cierran constantemente a los vehículos que temerosamente se mueven entre sus líneas.  Para transeúntes y conductores no hay oportunidad, sino ceder y dejar que se tomen la vía como quieran, pues son las señoras de la vía. Trayectos que antes se hacían en corto tiempo han pasado a ser eternos.  Viajar del barrio Galán a ciudad Porfía es una dura prueba de paciencia, ni hablar de la Glorieta de la Grama hacia Catama o tratar de llegar a la Universidad de los Llanos.  El anillo vial es cosa aparte, según el Ministerio de Transporte esta destacado como uno de los diez lugares más peligrosos del país, con las mayores tasas de accidentes fatales.

Es de reconocer que se han tomado medidas y existen buenas intenciones para atender esta problemática, pero esta situación desborda las competencias locales.  Es necesario exigir al gobierno nacional y a la empresa privada, que están recibiendo los beneficios de este boom comercial, que se comprometan a cooperar en la solución y atender las normas de tránsito.  Algunas consecuencias  son notables y las sufrimos los llaneros, la pérdida de competitividad regional, la disminución en la ocupación hotelera, los daños en la malla vial y los constantes accidentes de tránsito.  La ciudad está colapsando igual al nombrado eufemismo “Autopista Bogotá-Villavicencio”, una vía de prometió 90 minutos y ahora apenas promete si se tiene suerte, tres horas de trayecto y por lo menos tener la fortuna de llegar ileso.Imagen

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

Las dinámicas territoriales del Meta avanzan a la consolidación de 2 componentes territoriales económicamente definidos. Por una parte los desarrollos agroindustriales de gran escala en la zona de la altillanura, unidos a un creciente auge de exploración y explotación petrolera, avanzan a la preponderancia de una economía con características de enclave.

Las economías de enclave suelen ser más o menos prósperas que la economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o perjudicial. En nuestro caso, es claro el efecto de desplazamiento, especialmente en el mercado laboral. Esto perjudica al resto de la economía, porque los enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima, encareciéndose estos elementos para el resto de la economía.

Los resultados pueden ser positivos en la medida que estas grandes empresas generen espacios para la integración de pequeñas y medianas empresas de la región, permitiendo procesos de transferencia de conocimiento, para romper la brecha tecnológica. La articulación social no ha sido exitosa, debido a la afectación grave de la población indígena, las nuevas demandas empresariales de recurso humano calificado y a la poca oferta regional.  Igualmente, no existe un marco regulatorio efectivo o acuerdo político que garantice mayor equidad y fortalecimiento del capital humano regional.

La zona occidental del Meta, jalonada por la dinámica de la región del Ariari, tiene unas connotaciones diferentes.  Existe una buena diversificación productiva, articulando sectores agropecuario y turístico, no obstante, la incorporación de nuevo conocimiento para la productividad y la transformación productiva ha sido lenta. Actualmente convergen la cooperación internacional, la consolidación territorial y de recuperación territorial por parte del Estado, acciones de desarrollo local y algunos esfuerzos por reconstruir el tejido social.

El potencial es inmenso dada la fuerza productiva y el impacto social que generaría la incorporación productiva de toda la zona. Se requiere un proceso de ordenamiento ambiental – productivo de largo plazo y políticas que permitan una apropiación de la ciencia y tecnología con participación activa de productores, mejoramiento vial y fortalecimiento del espíritu asociativo y emprendedor.

La propuesta de constituir un distrito agroalimentario es pertinente para las condiciones actuales. No obstante, debe darse una política de ordenamiento territorial desde lo departamental que brinde las condiciones institucionales para la sinergia de los diferentes proyectos que se desarrollan en la región.  Lo principal es una estrategia de inclusión que permita el empoderamiento de los actores, la generación de confianza y la superación de las trampas al desarrollo, donde lamentablemente el mismo Estado ha sido responsable. Esas trampas están ancladas en el pasado violento, en las falsas promesas gubernamentales y el aislamiento político de la subregión.

Villavicencio funge como eje articulador de esta dicotomía, centro nervioso comercial y área de moldeamiento y transformación de procesos territoriales.

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria de la Orinoquia, es una iniciativa que promueve un conjunto de universidades de la región, con empresarios y sector gobierno, en una alianza de Universidad – Empresa – Estado. El objetivo es lograr a través de la ciencia, la tecnología e innovación, mediante una red colaborativa de los actores regionales las soluciones requeridas para la transformación de las materias primas que se producen en esta zona del país, generar valor agregado, empleo y oportunidades para los Orinocenses.

El proyecto Comprende la instalación de nodos regionales en Villavicencio, Yopal, San José del Guaviare, Inírida, Puerto Carreño y Mitú, en los cuales se dispondrá de un sistema de información que integra soluciones tecnológicas, la oferta de los grupos de investigación para la transformación de las materias primas de los sistemas ganadería, piscícultura, fruticultura, forestales, silvícola, balanceados, agroenergía y producción de alimentos, articulando una red de laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico que propiciarán en cada departamento un grado de especialización de acuerdo a su potencial.  Es decir, que los departamentos del Guainía y Vaupés podrán tener la infraestructura de investigación, los recursos humanos idóneos y el acceso a los paquetes tecnológicos  para aprovechar sosteniblemente y  transformar con  los productos que genera la selva.  Así cada departamento articulado a una red de trabajo colaborativo entre empresarios, grupos de investigadores y actores del gobierno podrán desarrollar el enorme potencial que tiene esta región.  Los departamentos del Meta, Casanare y Guaviare desarrollaran nuevos productos a partir de la ganadería y la producción agrícola de zonas tan promisorias como la región del Ariari y la Altillanura.  El departamento del Vichada podrá generar todo un proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento forestal.

El trabajo comprende tres etapas, las cuales pueden desarrollarse en un lapso de 6 años. La primera etapa comprende la creación y articulación de la red de actores regionales, laboratorios y centros de investigación de las universidades que participan del proyecto mediante la red de informática y comunicaciones; la construcción de una planta piloto agroindustrial para experimentación y desarrollo de nuevos productos,  la preparación del recurso humano gestor y la conformación de una unidad de gestión tecnológica avanzada, inteligencia de mercados y estructuración de proyectos.

En una segunda etapa se ampliaran las capacidades de los laboratorios en cada departamento, la formación y fortalecimiento del recurso humano regional mediante alianzas nacionales e internacionales con otros centros de desarrollo tecnológico que trabajen el mismo objetivo y el posicionamiento comercial de nuevos productos basados en la transformación de las materias primas de la región.

La última etapa comprende la generación de la infraestructura necesaria para consolidar procesos de desarrollo tecnológico en toda la región, la formación de maestrías y doctorados en áreas estratégicas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y generación de empresas de base tecnológica que  integren diferentes centros de investigación y laboratorios de toda la región, generando empleo y oportunidades para la gente de la región.  Otra preocupación del Centro será el posicionamiento internacional de los nuevos productos, la innovación social y la generación de alternativas de gestión organizacional, transporte y comercialización acordes al potencial regional.

De esta manera la región pretende propiciar que los beneficios de la transformación se queden en la región y permitir a los actores regionales ser protagonistas proactivos de su propio desarrollo.  No es algo descabellado. La región ha venido avanzando en el tema de la educación superior, la formación avanzada y ya cuenta con algunos grupos de investigación que pueden empezar a generar una dinámica productiva que beneficie a los productores y empresarios de la región. El proyecto se desarrolla por fases y se espera que en la medida que se consolide integre una mayor cantidad de empresarios, universidades e instituciones públicas.

Para mayor información se puede establecer comunicación mediante email a los correos: cdtorinoquia@gmail.com o cueemeta@unillanos.edu.co en los cuales se brindará la información necesaria para hacer parte de esta iniciativa. La propuesta está siendo gestionada por el Comité Intergremial del Meta, Asorinoquia, Bionergy, el Comité Universidad – Empresa – Estado, universidades como la Universidad de los Llanos, Unimeta, Uniminuto, la universidad Santo Tomás, la Universidad San Martin, la ESAP, la UNAD, la Universidad Antonio Nariño, CUN, CIDCA y la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otros actores regionales, como la Mesa Rectoral Universitaria que integra a instituciones de Educación Superior de Meta y Casanare.

Manuel Javier Fierro P.  CUEE Meta. Unillanos.

Sábado 14 de marzo de 2008 http://www.eltiempo.com/nacion/llano/2008-03-15/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY-4012385.html 

 Pese a los cambios en las administraciones y entidades involucradas, el departamento tiene muy adelantado el Plan Regional que deberá presentar antes del 30 de junio ante el Gobierno Nacional.  Así quedó claro después de la realización esta semana en Pereira (Risaralda) de un encuentro empresarial para socializar en esa región el estudio Doing Business y entregar pautas para avanzar en los Planes Regionales de Competitividad, y en el cual el Gobierno Nacional precisó que los departamentos tendrán plazo hasta el 30 de junio para entregarlos. Dentro del avance del proceso en el Meta, ya se tiene listo el documento que contiene diez propuestas productivas y de mejoramiento de la competitividad, elaborado por Confecámaras a través del consultor regional, Javier Fierro Patiño, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV).  Este documento se constituye en una propuesta sobre los lineamientos de la política de competitividad regional y plantea una estrategia conjunta para articular a los actores regionales y orientar el apoyo gubernamental hacia iniciativas de alto impacto.

Los diez proyectos productivos están enmarcados en cuatro ejes: económico, capital humano, entorno (infraestructura y medio ambiente) y lo social.   En lo económico se incluyen proyectos de emprendimiento y desarrollo de empresas, y la materialización de los cluster turístico y agroindustrial. Para el capital humano un sistema regional de innovación y otro educativo con pertinencia y calidad. Del entorno, se busca proyectar redes de ciudades en el Meta y de infraestructura física para una conectividad real con el país, un proyecto de gobierno transparente y con responsabilidad social, y otro de competitividad ambiental. En lo social se plantea crear distritos agroalimentarios subregionales.  La propuesta será ahora analizada por la Comisión Regional de Competitividad para concertar y formular políticas, comprometiendo a todos los actores en la ejecución de los planes de acción para materializar los proyectos, que también fueron entregados a los gobiernos entrantes del Meta y Villavicencio, para que fueran considerados en los planes de desarrollo.
Para la CCV, en la ejecución del Plan de Competitividad será clave la voluntad y decisión de los gobiernos y las instituciones para desarrollar acciones en tal sentido.

 Datos de la Comisión

La Comisión Regional de Competitividad fue creada el 22 de junio de 2007, hace parte del Sistema Nacional de Competitividad y será objeto de seguimiento y análisis a través de instrumentos como el Observatorio de Competitividad que se está gestando.  Dicha Comisión no tiene relación con el proceso de la región Amazorinoquia, como por error se publicó en la edición 1298 de Llano 7 días.

 

La Comisión Regional de Competitividad tiene actualmente 23 integrantes, tanto del sector público como del privado y es presidida por el Gobernador del Meta y no tiene relación con el proceso de la región Amazorinoquia.  PUBLICADO POR LLANO 7 DIAS. AUTOR. EL TIEMPO.

Presentación de la propuesta de Plan Regional de Competitividad como resultado de la consultoría realizada con Confecámaras. Apoyo de la secretaría técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Meta, Secretaría de Planeación y Desarrollo del Meta y la Cámara de Comercio de Villavicencio.

 Este documento pretende ser el principal instrumento de la sociedad del departamento del Meta para llevar a cabo un profundo proceso de transformación productiva. Por años hemos escuchado el discurso de nuestras potencialidades y las enormes ventajas que nos brindan nuestra biodiversidad, posición geográfica, nuestra riqueza petrolera, nuestra cultura y capital humano, pero, el discurso se torna vago si no se avanza hacia la realización concreta de nuestras metas.La propuesta nace y se nutre de una rigurosa revisión de los procesos de planificación desarrollados en el departamento en los últimos años, recogiendo los aportes que cada uno de ellos y también los resultados, recomendaciones y datos ofrecidos por estudios relevantes como Doing Business del Banco Mundial, el escalafón de competitividad de la CEPAL, aportes del BID en enfoques para el emprenderismo y el desarrollo empresarial, el estudio de Hausmann, los estudios de Araujo & Ibarra, la apuesta nacional exportadora, el observatorio de agrocadenas, entre otros.  Igualmente, se recopiló información consistente en encuestas a líderes sobre la percepción de competitividad, documentos producidos por las secretarías técnicas de las cadenas productivas, el estudio del tema de informalidad y la caracterización de nuestro tejido empresarial. Se trata de una propuesta soportada en un progresivo proceso de construcción conceptual para materializar la competitividad y en el acuerdo tácito que ha construido la sociedad del Meta en torno a unos proyectos estratégicos. Se adopta el concepto de competitividad sistémica, reconociendo su utilidad en contextos complejos como el nuestro; igualmente, se consultan e incorporan argumentos desarrollados por diferentes experiencias de países y regiones que han avanzado en desarrollo endógeno, activando con éxito sus capacidades locales.  

El principal reto consiste en reconocer que el futuro depende de nosotros y que necesariamente toda estrategia de competitividad debe basarse en nuestra contundente decisión de transitar de las palabras a los hechos y en la autoconfianza para realizar los cambios requeridos. 

Ver propuesta:

Solicitar documento y sugerencias al correo electrónico manueljavier@gmail.com