El complejo Mesiánico nos está agobiando

Hace unos años mencioné en una columna la necesidad de superar el “complejo mesiánico”, el cual consiste en la estúpida condición de algunos nativos de un territorio en considerar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo propio, en atención a la sumisa posición de creer que por su origen en la periferia, todas las cosas son de menor valor, inclusive el conocimiento propio llega a ser desvalorizado frente al foráneo, que por sólo ser externo, tiene la apariencia de ser más moderno y distinguido.  La idea de concebir que siempre vendrá alguien iluminado con las soluciones a nuestros problemas.  Esta condición colonial desdibuja las capacidades locales e inclusive deprime la evolución positiva en la construcción de conocimiento regional que en muchos casos puede llegar a reconceptualizar ciertos términos, innovar y aportar nuevos enfoques y puntos de vista.  Vemos que este maligno complejo renace, pero esta vez se fortalece como mito y con mayor energía.  La malignidad de este complejo radica ahora en que los foráneos aprovechan esta condición con sus acartonados títulos para pontificar y conceptualizar sobre lo propio. Se escudan en certificados y estadísticas creyendo que toda aquella persona que sea de tal cofradía, de tal nobleza, recibe una envestidura y automáticamente el conocimiento pertinente les es transferido y además aseguran enfáticamente que es un conocimiento absoluto, muy superior a todo lo creado. Lo anterior tiene su aplicación en el sistema de la educación superior. La región de la Orinoquia ha tenido históricamente una baja cobertura de educación superior, sin embargo, la historia ha venido cambiando. La Universidad de los Llanos, Unimeta, Unitrópico y otras universidades con subsedes en el territorio, como la Universidad Nacional, la U. Cooperativa, la U. Antonio Nariño, la U. Santo Tomás, la ESAP, la UNAD, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad San Martín, entre otras, han venido aportando con sus programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en un proceso creciente de cualificación del capital humano.  La acumulación creciente de capital humano es hoy por hoy, uno de los principales ingredientes para el desarrollo y la innovación territorial.   La región cuenta con más de 15 programas académicos a nivel de maestría y el próximo año la Universidad de los Llanos lanzará el primer doctorado regional.  Por lo tanto, aunque las cifras son aún bajas frente a lo que necesita la región, por lo menos existe un importante y creciente acervo de conocimiento que tiene como objeto la lectura territorial de las principales dinámicas locales y regionales.

Dada la creciente importancia de la región, en razón al boom agroindustrial y minero energético, sobretodo en el área de la altillanura. Aparecen expertos foráneos en foros locales pontificando y señalando verdades absolutas por doquier. Llegan universidades externas, con ánimo de participar en la búsqueda de soluciones, pues de plano están plenamente seguras que aquí no hay capacidades locales, y lo peor es que lo ratifican con tal desfachatez en revistas como la Revista Semana en su edición “Tierra a la Vista”. Todo deja entrever que aquí existe una agenda oculta, no se sabe cuáles serán las verdaderas intenciones. Pero lo más triste es que hay empresarios, líderes políticos locales y gobiernos seccionales que actúan como patrocinadores de esta desaprobable conducta. Lo que llama la atención es que cuando la nación empieza a ver en esta región el área más estratégica para el desarrollo del país, llegan expertos de universidades externas a conceptuar sobre la realidad local y crean institutos de investigación y centros de estudios que parecería que están más orientados a canalizar recursos de proyectos de regalías, fondos de ciencia y tecnología, presupuestos para consultorías especializadas que supuestamente son obligatorias para diseñar el desarrollo local y regional.  También levanta sospecha que son universidades que nunca han tenido programas académicos en la región y ni siquiera cuentan con una sede local.  Lo que molesta no es la incorporación de nuevos conocimientos o la posibilidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología local con la incursión de nuevas universidades. Lo que molesta es la aptitud socarrona y la absurda suficiencia de creer que se está en un territorio virgen y que aquí no existe nada para construir desde lo propio.  Molesta que crean que el solo nombre de una universidad ranqueada en los estándares de calidad, le enviste automáticamente de un conocimiento pertinente sobre la realidad local; de esta manera desconocen y subvaloran las capacidades creadas en el territorio y desprecian la construcción autóctona de conocimiento. Una universidad que actúa así además de molestia genera gran desconfianza. Y no es una desconfianza nacida en posiciones ideológicas que intentan satanizar a una universidad como centralista, o señalarla como el brazo académico de las élites económicas. El asunto va más allá, tiene que ver con la acumulación de capital humano y la necesidad de construir desde lo local procesos de largo plazo.

Para la muestra vale mencionar, según lo anunciado por el DNP, la ejecución del Conpes de la Altillanura va a requerir estudios de ordenamiento territorial, planeación ambiental y construcción de proyectos en la región, como antesala a nuevas inversiones para apalancar el desarrollo de esta importante zona del país.  Este proceso va a ofertar mayores recursos en el campo de la producción agroindustrial, infraestructura productiva y minero energética y por esto está en la mira de centros de consultoría y universidades foráneas que cuentan con conexiones dentro del gobierno.  La idea muy seguramente puede ser un afán de posicionarse localmente y apoyar la construcción de este territorio estratégico desconociendo la historia y el conocimiento creado en la región, creando soluciones amañadas, con intereses particulares y de paso hacer buenos negocios.  La región cuenta con recurso humano muy capacitado y expertos locales para desarrollar tal tarea con total suficiencia y calidad. La calidad basada exclusivamente en los estándares es relativa, pues este simple hecho no garantiza que se conozcan las dinámicas locales y las particularidades de una región tan compleja como la Orinoquia. Ya en la región hemos tenido experiencias de universidades foráneas que muestran mucha codicia por la contratación estatal, establecen nexos locales que les ayudan a anclarse para succionar recursos de regalías y presupuestos públicos. También hemos sufrido en algunos casos por la mala calidad de los trabajos que realizan estas universidades, pues el interés no es dejar un proceso, es aprovechar un cuarto de hora, por lo tanto terciarizan los trabajos y subcontratan gente poco capacitada. De esta manera, es muy difícil que una actuación así deje algo bueno para la región. Pues los resultados no se comparten con la academia local, se llevan al centro del país y allá engrosan la lista ya numerosa de investigaciones que nunca vuelven a la región.  La vinculación de capital humano local es poca o nula, por lo tanto no existe algún nivel de trasferencia o la posibilidad de establecer un aprendizaje de doble vía. Una universidad foránea que actúa así frena la cualificación del recurso humano local, evita la acumulación de capital humano  y actúa como un enclave de conocimiento que succiona recursos y oportunidades, igual como una empresa petrolera succiona el petróleo y deja muy poco para la región.

La invitación es para la clase política, a los gobiernos seccionales y al gobierno nacional a que crean en las capacidades locales y en la calidad que brinda el conocimiento pertinente y la lectura adecuada del contexto que puede hacer la academia local. Existe un grupo calificado de personas en la región que puede construir soluciones y además liderar procesos con una total idoneidad.  Eso permitirá construir sobre bases sólidas una estrategia de desarrollo regional basada en la identidad y el cocimiento propio.

Como ejemplo se puede mostrar un proceso académico que adelanta la Universidad de los Llanos y que es apoyado por Ecopetrol. Un grupo de 35 estudiantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada están cursando estudios de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible en una cohorte especial que tiene la misión de construir la Visión Regional Sostenible de la Orinoquia para el año 2032.  En este proceso ya adelantaron su primer semestre, con unos productos muy interesantes e inéditos en la lectura local del territorio, pues la maestría se desarrolla de manera itinerante, con talleres en Arauca, Yopal, Puerto Carreño y Villavicencio.  Muy seguramente será un proyecto que dejará un capital humano valioso y con buena capacidad de liderazgo.  Instancias como el Comité Universidad – Empresa – Estado del Meta, la Mesa Rectoral Universitaria, la reciente Red de Bibliotecas, el trabajo conjunto en iniciativas como la Primera Rueda Regional de Innovación del Orinoquia, entre otras propuestas, el Centro de Desarrollo tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos, los aportes de conocimiento a la gestión ambiental y la piscicultura, además de la calidad de los foros que se están desarrollando en Villavicencio y otras capitales, demuestran que la academia local está en un buen momento y tiene la capacidad de ser un actor fundamental del desarrollo de la Orinoquia.

Se veía venir: Franco Alcalde

Se veía venir, pero el optimismo aún era débil. Persistía en algunos ciudadanos mucha prudencia a pronunciarse abiertamente. Fue una manifestación silenciosa, pero con gran ruido retumbaba en todas las mentes. No obstante, la esperanza de cambio permanecía en el grueso de la población. Con dolor se pensaba en el pasado, en el recorrer sucio de los hechos bochornosos que condenaron el nombre de la ciudad.

 

La ciudad mostró su capacidad de reflexión y acción política. Fue un proceso que empezó a sentirse solo dos semanas antes de la elección. Los corrillos callejeros, las cafeterías del centro, los hervideros políticos que taponan las calles en épocas electorales empezaban a advertir los pasos de gigante.  En avalancha de pensamiento y palabras conectadas a nivel de murmullo persona a persona, se escuchó correr la bola: Franco va a ganar.   La ciudad revitalizó sus capilares sanguíneos por donde circulan chismes y coletillas, para dar paso al comentario reflexivo: Puede ganar y hay que actuar.   

 

Inmediatamente las huestes ciudadanas despertaron del sueño profundo que la desilusión y el escepticismo paraliza en el acto. La ciudad movilizó su criterio por encima de la propaganda, el ruido y actitudes pendencieras y groseras de los pregoneros en la antesala de los puestos de votación. Muchos colores, muchas imágenes, que escondían la realidad sumergida en los corazones, amenazaban con desmaterializar las intenciones, pero el sentimiento colectivo fue enfático al mostrar sus preferencias.  Llovía y los villavicenses madrugaron, el ambiente sabía a cuanto candidato existía, pero la decisión se fortalecía con cada paso dado hasta la mesa de votación. Al momento de tomar el lapicero no se vaciló y se marcó sentenciando la historia de Villavicencio: No se puede insultar la inteligencia colectiva.  

 

Después de votar, el comentario disimulado y las miradas cómplices competían con los empujones, las banderas y los gritos de muchachos que a borbotones derramaban publicidad a diestra y siniestra. Después, el momento de la espera eterna para observar con satisfacción como las cifras mostraban voto a voto como se derrotaba la indiferencia y la apatía.

 

Lo más importante es la recuperación del poder de decidir libremente, sin hacer caso a los gastos enormes de las campañas, a los formularios mentirosos, a los mercados, a los conciertos y a las manifestaciones fabricadas a punta de buseta llena a empujones.  También se dio una lección en asuntos programáticos.  Por primera vez se asumen concientemente las propuestas que consiguen votos.  Sin lugar a dudas es un gran avance que merece la mayor atención. Este proceso no puede quedar en esta lección de ciudadanía. Debe consolidarse y fortalecerse para continuar en asuntos de gobierno, control político y seguimiento.  El nuevo alcalde tiene la batuta con independencia. Las relaciones con sus funcionarios y el concejo deben trascender el interés político individual y basarse en el interés colectivo. La ciudad adolece de planificación de altura. Los recursos deberán orientarse estratégicamente, sin improvisación, sin manipulaciones ni conciertos para delinquir. Éxitos señor Alcalde.

Desarrollo equitativo o crecimiento espúreo

 

El Meta se vislumbra como el territorio de mejor perspectiva económica en los próximos años. No solamente por la producción de crudos pesados, sino también por las cuantiosas inversiones en cultivos permanentes (palma, caucho y forestales), biomasa (caña y yuca) para producción de etanol y el crecimiento inusitado del sector turismo en diferentes modalidades. Esto enmarca al Meta en un cambio estructural de su economía, que tendrá amplias repercusiones en el campo social y empresarial.  La noción de ser un territorio ganadero, con amplias sabanas y riquezas naturales, despensa alimentaria del centro del país, empieza a ser cambiada por un territorio con producción agrícola de gran escala, destino turístico y enclave agroindustrial. A simple vista parece ser un cambio deseable para la región, pero es necesario visualizar con mente sobria y reflexiva la posible afectación de algunos sectores de la población.

Las tendencias mundiales empujan a las regiones en buscar sistemas de producción competitiva y a jalonar inversiones mediante la dotación de infraestructura, medios de comunicación y centros de servicios empresariales, que disminuyan costos y mejoren tasa de la eficiencia en las empresas que deciden invertir en la región. No obstante, esta generalizada política de los gobiernos regionales cierra el paso a las empresas locales, genera amplias inversiones espúreas que buscan merecidos ingresos que no siempre se reinvierten en la región.  Propician la llegada de mano de obra calificada y no calificada, en razón a la disminución de costos laborales, sin contemplar el empleo local y el dinamismo de la economía de base local. Esto sin contemplar los cuestionamientos graves que rodean actualmente a la producción de biocombustibles, por sus dudosos resultados ambientales y la presión en el alza de los alimentos.  

El hecho de advertir los posibles efectos nocivos de este cambio estructural, no implica el rechazo a la inversión privada. Lo que realmente llama la atención es la poca proactividad de los gobiernos locales y regionales en el análisis de los posibles efectos y los planteamientos definitivamente pobres en medidas tendientes a fortalecer el tejido empresarial local, mejorar la oferta de empleo calificado o propiciar inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación que garanticen una endogenización de los beneficios de la inversión privada.   En términos coloquiales, es como preparar la cama para que se acueste un extraño y sacar al dueño de la casa para entregársela gratis a un vecino.  Lógicamente, el dueño de la casa, por lo menos debería saber que es lo que está pasando y tener la posibilidad de prepararse y eventualmente negociar y beneficiarse de los recursos invertidos.

La idea es que los empresarios locales tengan oportunidades reales, posibilidades de formación y capitalización. Hay que brindar opciones equitativas para los pequeños y medianos productores, que llevan años pagando sus impuestos aquí, tienen sus hijos estudiando aquí y reinvierten su capital en la región.  Existen planes del gobierno nacional, potencias extranjeras, multinacionales, empresarios y políticos pudientes para la región.  Vale la pena preguntar: ¿Qué piensa la región sobre el futuro de la región? ¿O simplemente asumimos con ignorante beneplácito lo que piensan otros por nosotros?

El fenómeno del clientelismo político

Me han enviado otro aporte de un usuario.  Además de la Nota anterior de Libardo Sarmiento, hoy me ha llegado a mi correo un artículo de Clara Torres Bustamante, el cual considero muy importante para orientar el debate sobre la corrupción y el clientelismo en el Meta y Villavicencio. Esperamos nuevos aportes. Gracias.

Por Clara Torres Bustamante. Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Ha trabajado en proyectos de desarrollo en la región colombiana del Magdalena Medio y los departamentos de Meta y Putumayo. Trabaja actualmente como investigadora del CINEP en el tema de construcción local y cotidiana del Estado en Colombia.

El clientelismo está analizado según tres diferentes enfoques de las ciencias sociales (funcionalista, marxista y socio-antropológico). Ello nos ayudará a identificar las continuidades y las rupturas presentes en los análisis sobre las relaciones entre el subdesarrollo y el clientelismo, la corrupción y el clientelismo, aquél y la burocracia moderna. El texto examinará en un primer momento la revisión hecha por el autor colombiano Néstor Miranda Ontaneda a las tesis formuladas por los funcionalistas. Analizará en otro momento las ideas expuestas a finales de los años setentas por el propio Miranda Ontaneda desde la óptica marxista y, finalmente, presentará los argumentos centrales planteados desde una perspectiva socio-antropológica por José González Alcantud en la década del noventa. Todo este recorrido nos ayudará a matizar los implícitos que subyacen detrás de las recetas de buena gobernabilidad que asimilan el clientelismo a corrupción, atraso y subdesarrollo de un país.

¿Un contrato diádico? 1

Como lo señalamos arriba, nos referiremos en esta primera sección a la obra de Néstor Miranda Ontaneda pues ella presenta las principales tesis de los funcionalistas sobre el clientelismo político.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, numerosos científicos sociales se concentraron en el examen de las estructuras sociales agrarias del mediterráneo (Grecia, Sicilia, Andalucía) y de América Latina, especialmente México, para estudiar el fenómeno del clientelismo. Los conceptos de patronazgo y de clientelismo se nutrieron de la noción de “contrato diádico” acuñada por los funcionalistas. Desde este enfoque, el “contrato diádico” hacía referencia a un tipo específico de vínculo social que se establecía entre individuos con diferente status: entre una persona que tenía poder, dinero y prestigio y otra que no los tenía. El “patrón” era una persona que hacía uso de su influencia para proteger a otra persona, quien así se convertía en su “cliente” y a cambio le prestaba servicios a su “patrón”. Se hacía énfasis en el carácter asimétrico de esta relación establecida entre personas con condiciones sociales desiguales (Miranda, 1977, 11). Al mismo tiempo, se hablaba de la existencia de un contrato informal que imponía a las partes obligaciones recíprocas y que exigía como mínimo protección y favores de una parte y lealtad de la otra (Miranda, 1977, 4).

Los estudios sobre clientelismo de los años cincuenta y sesenta centraban el análisis en localidades típicamente campesinas. Sin embargo, a principios de los setenta los investigadores empezaron a advertir el hecho de que las comunidades rurales no eran “entidades cerradas” y señalaban la necesidad de ampliar la mirada al tejido de relaciones en las cuales estas micro-sociedades estaban insertas (Miranda, 1977, 7). En la medida en que los analistas cambiaron el foco de atención de la organización interna de las comunidades a las formas como éstas se relacionan con la sociedad “más amplia”, se introdujo el concepto de “broker” o “intermediario”. Esta figura permitía caracterizar a aquellos personajes cuya función básica era la de conectar a los individuos de la comunidad que buscaban mejorar sus oportunidades pero que carecían de condiciones económicas y de conexiones políticas, con otros vinculados a instituciones nacionales y cuyo éxito dependía del tamaño y de la fuerza de su séquito personal. Con esta noción de “intermediario” las relaciones clientelistas ya no estaban necesariamente regidas por un contrato “diádico”, podían incluso ser “triádicas (Miranda, 1977, 9).

Asimismo, la introducción de dicha figura en los análisis permitía discutir la tesis sobre la preeminencia de las relaciones “cara a cara” en el clientelismo, subrayando el hecho de que aquél podía también existir entre personas que no se conocían y que vivían en lugares geográficamente distantes como el centro y la periferia de un país.

Hasta aquí teníamos una comprensión del clientelismo como una relación regida por un contrato informal. Sin embargo, el autor colombiano Néstor Miranda Ontaneda rechazó esta idea de “contrato” y advertía que lo característico del vínculo patrón/cliente era precisamente lo indeterminado de la relación y lo difuso de los bienes y servicios intercambiados, que conducían a una continua dependencia por parte del cliente (Miranda, 1977, 14). Examinaremos ahora examinar las tesis desarrolladas en los años setenta por este autor, quien se apartó radicalmente del modelo funcionalista.

¿Un instrumento de clase?

Para Miranda el clientelismo constituía ante todo un instrumento de clase. Este autor escribía en los años setenta que el estudio de las relaciones patrón/cliente era fundamental para comprender el tipo de relaciones de clase que se establecían al interior de los partidos políticos tradicionales colombianos, calificados de policlasistas (Miranda, 1977, 26-24).

Al explicar las razones que llevaban a un individuo a votar a favor de un partido y en contra de sus intereses de clase, Miranda advertía: “del mismo modo que la capacidad para instrumentalizar personas depende del potencial que se tenga, así la disposición o disponibilidades para ser instrumentalizado, depende no solamente de la privación real del poder sino fundamentalmente del grado de conciencia de clase, en el sentido de la capacidad para discernir a favor de qué clase se está entrando en el juego” (Miranda, 1977, 21).

Así, el clientelismo se explicaba por una debilidad en la “conciencia de clase”, pero también por el hecho de que éste constituía la forma a través de la cual “las clases desposeídas” podían acceder a bienes y servicios del Estado. Este autor consideraba que la escasez de bienes que el Estado capitalista de un país “subdesarrollado” podía ofrecer a las “clases sin poder” los convertía “automáticamente” en fuente de poder para los partidos, que los distribuían a cambio de una retribución en apoyo electoral (27). Se advertía en los análisis de Miranda la idea de una masa inerte e indefensa frente a las manipulaciones de una poderosísima clase política que buscaba solamente auto-reproducirse. Se ocultaba también una cierta comprensión del clientelismo como manifestación del subdesarrollo de un pueblo y de la corrupción de la clase dominante.

Desde esa óptica, el clientelismo constituía fundamentalmente una forma de opresión de clase, un instrumento que tenía por efecto la atomización de las solidaridades entre las clases subalternas y la continua dependencia hacia las élites.

En suma, el debate que polarizó los estudios de los años sesenta y setenta sobre el clientelismo giró principalmente en torno a la existencia o no de la lucha de clases al interior de las sociedades rurales. Algunos autores, como Bertrand Hervieu, consideraban que la comunidad municipal no dejó de ser una “ficción política” en la medida en que los conflictos reales se centraban en la lucha de clases (González Alcantud: 1977: 49). En cambio, otros hablaban de la disolución per se de las contradicciones clasistas al interior de las comunidades rurales, las cuales se suponían ligadas por un fuerte sentimiento de solidaridad. (González Alcantud, 1977: 50). A continuación contrastaremos los planteamientos de los marxistas sobre el clientelismo político con los argumentos esgrimidos en la década de los noventa desde la antropología social por González Alcantud.

El clientelismo burocrático: ¿una forma de domesticar el Estado?

Para el antropólogo andaluz José González Alcantud, el gran número de estudios publicados sobre el clientelismo político ha mostrado exiguos avances teóricos en la comprensión de este fenómeno. Una de las razones que impide profundizar en el análisis es el escándalo moral y la simple condena que el clientelismo provoca entre los investigadores. El autor señala que aspectos como la relación entre el clientelismo y la burocracia quedan todavía sin esclarecerse por parte de los investigadores (González Alcantud, 1997, 16).

Si siguiéramos a Max Weber, la burocracia constituye un aporte esencial en la conformación y racionalización que supone la aparición del Estado. La administración burocrática es considerada la forma más racional de dominación, la más precisa, continua, disciplinada y rigurosa. Según la tipología establecida por este autor para distinguir las formas ideales de dominación y legitimidad, a la legitimidad tradicional corresponde una burocracia patriarcal o estamental, a la carismática una dominación clientelística y a la dominación racional la burocracia moderna (Weber, 1993). Este autor sitúa así la relación patrón/cliente fuera de la estructura burocrática.

Sin embargo, estas ideas contrastan con la persistencia de la dimensión clientelar al interior de los Estados burocráticos en países de América Latina, entre otros. Según González Alcantud, la pervivencia del fenómeno del clientelismo en la relación burócrata/ciudadano está motivada por el deseo manifiesto de las poblaciones rurales de “domesticar” el Estado, introduciendo una relación mucho más humana que el sencillo anonimato (54) y el carácter impersonal del Estado legal- burocrático. Se reconoce aquí un vínculo, habitualmente negado, entre burocracia y clientelismo. Esta idea se refuerza con los hallazgos de un estudio realizado en Lucania (Basilicata) por Michael Korovkin, donde muestra que “los patronos en la comunidad del sur de Italia son los canales a través de los cuales el pueblo pretende acceder al control de las fuerzas impersonales del exterior, fundamentalmente el Estado” (Korovkin, 1988: 122. Citado por González Alcantud, 1997: 58). Más aún, en la España decimonónica de la Restauración, escribe González Alcantud, “los historiadores han demostrado que el prestigio social dependía sobremanera de los “favores” que los patronos pudiesen llevar a término satisfactoriamente, y también del liderazgo ejercido entre la población frente al Estado anónimo (53)”. El clientelismo constituiría así una forma de acercar el complejo y enmarañado “universo burocrático” a la vida cotidiana de las personas.

Además, la tesis de González Alcantud desafía aquellas interpretaciones que ven en la relación patrón/cliente un rezago feudal, un elemento anómalo y “no resuelto” de las sociedades modernas. Según este autor, el clientelismo se diferencia del sistema feudal en tanto supone la igualdad jurídica de los individuos en una sociedad. Aquello que caracteriza el fenómeno clientelar es precisamente el contraste entre la igualdad en el plano jurídico y la dependencia en las relaciones de facto. En sus palabras:

“La realidad respecto a la identificación entre feudalidad y clientelismo es muy otra: las relaciones de vasallaje feudales pueden presuponer la existencia de estamentos jurídicamente infranqueables, si bien señor y vasallo como en el caciquismo rural contemporáneo tengan un sistema similar de prestaciones y contraprestaciones, semejante a la economía del don y que se rige por el principio del “regalo” y “contraregalo” no cuantificables en una economía convencional. Por el contrario, el caciquismo hace coexistir la igualdad jurídica formal de los ciudadanos con la negación en la práctica social de esas relaciones clientelísticas”( González Alcantud, 1997: 63)

El mismo autor muestra cómo en la España decimonónica de la Restauración existía una marcada tendencia hacia la creación de múltiples ayuntamientos y diputaciones, práctica que respondía al impulso de los políticos locales para “aspirar a una parcela significativa del Estado”. La lucha por los recursos del territorio municipal y las contraprestaciones del Estado motivaban esas prácticas: “el control del Estado anónimo figura en el fondo” (64). Más aun, la “base municipalista y provincial del patronazgo caciquil lo aleja de la supuesta pervivencia feudal” (64).

Conclusión

Hemos revisado la interpretación que se hace del clientelismo desde tres diferentes enfoques. Por una parte, resaltamos el énfasis que hacen los estudios de los años cincuenta y sesenta en las relaciones asimétricas, desiguales e informales presentes en el clientelismo, así como la introducción del “intermediario”en los análisis, figura que facilita el vínculo entre comunidad y aquello que llamamos Estado nacional. Por otra parte, subrayamos el tímido pero al fin y al cabo reconocimiento del clientelismo como una forma de redistribución de recursos estatales escasos por parte de Miranda Ontaneda, aunque éste atribuye ve en el fenómeno una forma de “atraso” y “debilidad” del pueblo. Finalmente, resulta particularmente grata la interpretación que hace González Alcantud del clientelismo, quien lo considera un problema eminentemente moderno: al constituir un sistema desigual y vertical de redistribución de bienes estatales, el clientelismo supone la existencia de un Estado y de una burocracia con más o menos recursos y capacidades para regular la vida cotidiana. En últimas, el clientelismo constituiría una forma de poner al alcance de la comunidad y de una manera mucho más “personalizada” servicios ofrecidos por el Estado burocrático, generalmente anónimo, lejano e impersonal. La pervivencia de este fenómeno al interior del moderno aparato burocrático nos habla de una forma particular a través de la cual se establece el vínculo entre la comunidad y el Estado en países de América Latina, motivo de escándalo moral, asimilado sin más a “corrupción”, “atraso” y “subdesarrollo” por las recetas de “buena gobernabilidad” de los organismos de cooperación internacional.

Notes :

^{1 -tipo de vínculo que se establece entre individuos con diferentes status.}

Bibliografía

González Alcantud, José (1997). El clientelismo político, Editorial Anthropos, Barcelona.

Miranda Ontaneda, Néstor (1977), Clientelismo y dominio de clase, Editorial Cinep, Bogotá.

Torres Bustamante, Maria Clara, (2005) “Formas de pensar y experimentar la política: la creación del municipio de San Miguel”, policopiado.

Weber, Max (1993), Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 10 edición.

Participación en este Blog

Mi han enviado a mi e-mail un artículo de Libardo Sarmiento Anzola y consideré pertinente publicarlo en este Blog.  A los lectores que quieran publicar, con mucho gusto me pueden enviar los archivos, el nombre y un email para que la nota quede a nombre de la persona que realiza el aporte.   Otra forma de participar es hacer comentarios sobre cada nota publicada. 

Gracias

Manuel Javier Fierro P. 

Corrupción y Clientelismo en Colombia

Por: Libardo Sarmiento Anzola

Históricamente la corrupción es de carácter «consustancial» a la sociedad colombiana1. Este vicio es un mal endémico y sistémico. Ocupamos el séptimo lugar de corrupción en el mundo. El 67% de los contratistas asevera que paga sobornos. Por cuenta de la corrupción los colombianos debemos pagar un promedio de 32% de sobrecostos en el proceso de contrataciones2. De los $29 billones que el Estado Colombiano compra al año en bienes y servicios, por corrupción se pierden más de $9 billones, esto es, una cifra similar al gasto público en educación y salud; en consecuencia, si no fuera por esta patología institucional se podrían duplicar las cifras de cobertura o mejorar la calidad de estos servicios.

De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD- la corrupción constituye un grave problema y una significativa amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, en la medida en que socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete seriamente el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, además de erosionar la moral de las sociedades y distorsionar las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. En el caso colombiano, esta patología3 presenta elementos similares a la situación italiana. Los fenómenos de clientelismo, corrupción, criminalidad organizada y negocios privados, si bien se trata de cuestiones diferentes, se encuentran relacionados y tienen un alcance sistémico, complejo, dinámico y evolutivo. Dinero, poder y violencia fluyen rítmicamente por todos los circuitos   hacia un Estado y una economía mafiosas. El estudio adelantado por Caciagli, sobresaliente representante de la academia politológica italiana, nos aporta elementos para la comprensión de la situación colombiana4. Según Caciagli, la corrupción ha resultado ser otra relación de intercambio como el clientelismo y ambas representan una «privatización» de la política claramente contraria a los principios y a las reglas de la democracia. El politólogo italiano recuerda que mientras el vínculo del clientelismo es vertical (patrono/cliente en posición jerárquica), el de la corrupción es horizontal ya que la relación entre corruptos y corruptores es igualitaria; en el primero predomina el poder y en el segundo el dinero. De otra parte, el crimen organizado tiene una dimensión política por los vínculos entre las mafias y determinados partidos e instituciones públicas.

Las mafias controlan un submundo social semi-periférico apreciable y, por tanto, tienen influencia política (votos, cargos, finanzas). Por tanto, mientras la mafia ofrezca trabajo, distribuya dineros y proporcione carreras será imbatible, a menos que el estado sea más eficaz en esos ámbitos y no tolere ser suplantado. Además, la represión policial y judicial ha revelado ser notoriamente insuficiente, tanto por las «infiltraciones» mafiosas en el aparato del Estado como por la notable base social «cómplice» de cosa nostra dada la persistencia de una cultura popular que desconfía de los poderes públicos. Por tanto, ni una parte del Estado ni otra de la sociedad están a la altura de las circunstancias, de ahí que el combate estrictamente penal contra la criminalidad organizada fracase de modo reiterado. Caciagli señala con acierto que entre la criminalidad, el clientelismo y la corrupción existen intricadas y complejas relaciones, de ahí que acaben confluyendo conjuntamente en el vaciamiento de la democracia. El clientelismo y la criminalidad pertenecen a una cultura política alternativa a la democrática («manera de ser»), mientras que la corrupción es un medio («manera de actuar»); dicho de otro modo, los dos primeros fenómenos son fisiología (afectan al funcionamiento del sistema), mientras que la corrupción es una patología (una «enfermedad»). Concluye el investigador italiano afirmando que sólo profundos cambios estructurales en las bases económico- sociales, culturales, políticas y subjetivas de la sociedad podrían reducir de modo significativo la terrible influencia condicionante y recíproca entre mafias, corruptos y clientelistas.

Para el caso colombiano, Gabriel Misas asimila la corrupción a un triángulo de hierro conformado por la alta administración pública, las empresas electorales y una parte del mundo de los negocios. «Triángulo de hierro en cuyos vértices están los administradores de la cosa pública, políticos y empresarios que se coaligan para llevar a cabo negocios que les permitan a los últimos obtener contratos, eliminar la competencia, reducir costos, tener tratamientos favorables en materia tributaria y recibir subsidios a través de leyes diseñadas para tal efecto; a cambio de lo cual los primeros reciben sobornos y a los segundos se les financia las campañas políticas»5.

En la concentración de tierras y en la acumulación de capital se han utilizado a lo largo de la historia colombiana prácticas fraudolentas y la violencia, concluyendo con el maridaje entre los poderes político y económico, la captura del Estado por parte de las elites y la exclusión de tres cuartas partes de la población de los beneficios del desarrollo. De igual manera, Rensslaer W. Lee y Francisco Thoumi lograron demostrar en detalle el estrecho vínculo entre las organizaciones criminales, el régimen político y la economía legal en Colombia. Afirman que en situaciones de recesión económica, algunos empresarios locales han apelado a la industria de las drogas ilícitas para obtener inyecciones de capital, inclusive algunos de ellos se volvieron narcotraficantes6. Estas relaciones corruptas se ven beneficiadas por el amparo y protección de la clase política y la tecnocracia de alto nivel del Estado. Todo ello ha conducido a definir la actual fase del capitalismo colombiano como mafioso. De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación «Caracterización de la elite intelectual de las reformas estructurales en Colombia»7, al finalizar la década de 1980 las transformaciones capitalistas habían producido un cambio en el balance de poder en Colombia. La formación capitalista se orienta hacia un capitalismo más especulativo que consolida, igualmente, estructuras mafiosas. La prosperidad capitalista tiene como uno de sus soportes la incorporación de capitales del narcotráfico a los circuitos legales de la acumulación; es indiscutible la alianza con el latifundio, sectores del capital industrial, construcción, hotelería, turismo y de los mismos sectores financieros y comercio de importación. Es notorio, agrega Jairo Estrada, director del estudio, el surgimiento de nuevos «polos regionales de acumulación» basados en los capitales del narcotráfico. Las estructuras mafiosas han permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerzas armadas, los partidos políticos y la iglesia. En consecuencia, la producción política de reformas para la desregulación económica y financiera para alentar el mercado de capitales, como base del crecimiento y el desarrollo, según los presupuestos neoclásicos, fue al mismo tiempo un factor decisivo para la consolidación de las estructuras mafiosas del capitalismo colombiano y, en ese sentido, se constituye igualmente en factor explicativo de las configuraciones actuales del régimen político. Reforma del Estado y participación ciudadana El afianzamiento de la democracia y la ineficacia de la estrategia en procura de una buena administración pública (relacionada principalmente con la ley, una supervisión cerrada y una auditoría acertada) vienen conduciendo a los países a encarar nuevos procesos de reforma a la gestión estatal. Los cambios que comienzan a producirse en la década de 1980 se orientan en dirección de la descentralización y la adopción de nuevos mecanismos de responsabilidad como la gestión por objetivos, la competencia administrada y un mayor control social. Para los países latinoamericanos el desafío es doble: la democratización de la burocracia obliga a concebir la reforma administrativa como una reforma política en la cual la ciudadanía actúe como un actor político clave.

En consecuencia, la pregunta ha resolver es la siguiente ¿Cómo lograr el control de la sociedad civil sobre el servicio público?8. La respuesta lleva implícita la necesidad de fortalecer la sociedad y recuperar la noción de lo público, lo que implica la reforma institucional y la democratización de la sociedad política y de la administración pública. La participación ciudadana se constituye en la estrategia fundamental para propender a transmutar las asimetrías en la representación e intermediación política a través de formas de representación social que no impliquen la delegación de mandatos y soberanía y que puedan, a su vez, contribuir a la presión por la democratización de los mecanismos tradicionales a través de los cuales la esfera pública-social puede operar como una instancia de crítica y control sobre el aparato del Estado.

En consecuencia, la representación y la participación social adquieren una importancia central en la reforma administrativa y la superación del patrón corporativo y los enfoques mercantilistas actualmente dominantes9. Pero este fortalecimiento de la esferas pública y la democracia implica vencer las resistencias que oponen las mafias, los clientelistas, los corruptos y los tecnócratas a la participación ciudadana. La oferta participativa en Colombia, además de ser restrictiva y atomizada, tiene un claro perfil: a la población se le asignan principalmente funciones de iniciativa y fiscalización y en menor medida de consulta, concertación, decisión y gestión. Por ello, las instancias oficiales que promueven el control ciudadano contra la corrupción son limitadas y reducidas a la casuística individual de poca monta frente a los alcances, complejidad y sofisticación del problema en Colombia: atención de denuncias sobre malversación de los recursos del Estado, auditorias articuladas con organizaciones de la sociedad civil, organización de comités de vigilancia ciudadana, audiencias públicas y foros deliberativos. La falta de voluntad de las instancias oficiales para impulsar la participación ciudadana y democratizar la esfera pública queda al descubierto al observar que después de diez años de creada la «Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción», en el marco de la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción, ésta no ha sido implementada. Su materialización, por lo menos, sería un inicio del control social más formal a la vez que el gobierno demostraría su interés real en que los ciudadanos participen en el control a la gestión pública. Queda una pregunta, ¿está la sociedad y el Estado a la altura para enfrentar este contubernio entre mafias, clientelistas, corruptos, empresarios y élites que han capturado al Estado?

Libardo Sarmiento Anzola es economista, filósofo y master en teoría económica. Investigador, escritor y consultor independiente.

1 El trabajo de Gabriel Misas, (2004), «La corrupción y la lucha anticorrupción en Colombia» presenta de manera detallada como este «ha sido un componente permanente de nuestra historia»; Proyecto Holanda – CGR-PNUD, Bogotá.  

2 Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, CGR, Foros de Interés Ciudadano: Lucho Contra
la Corrupción. Manual Guía para la deliberación, p. 9.  

3 Corrupción es acción y acto de corromper. Según el diccionario de La Real Academia Española, corromper es «hechar a perder, depravar, dañar, pudrir». En las organizaciones, especialmente en las públicas, la corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.  

4 Caciagli, M, Clientelismo, (1996), corrupción y criminalidad organizada. Evidencias empíricas y propuestas teóricas a partir de casos italianos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,.  

5 Misas, Gabriel, Op. Cit. p. 12  

6 Lee, Rensselaer y Thoumo, Francisco, (1998), «El nexo entra las organizaciones criminales y la política en Colombia», en: Ensayo y Error, Revista de pensamiento crítico contemporáneo, Año 3, Nº 4, abril, Bogotá.  

7 Estudio adelantado por el Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de  la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo financiero de Colciencias (policopiado, 2005).  

8 Bresser, Luis Carlos, et alt. (2004), La reforma de la administración pública, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.  

9 Cunill, Nuria, (1997), Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión pública y representación social, Clad, Venezuela.

Noticias de corrupción y muerte desde Villavicencio

Totalmente horrorizada terminó la comunidad llanera al conocer la edición del martes 10 de abril de 2007 del semanario Llano 7 Dias de la casa editorial El Tiempo.  Las noticias sobre las investigaciones que adelanta la fiscalía respecto al asesinato de Omar López Robayo no terminan de sorprender a la ciudadanía. La presunta participación de German Chaparro y otros políiticos como el extinto, también asesinado, Euser Rondón, el manejo de los recursos de la salud, la participación de los paramilitares, las componendas politiqueras y otras perlas más.. nos ponen en una posición no muy alagadora en el concierto nacional e internacional. 

Noticias en donde la  ambición por el poder de los políticos llega al punto de optar eliminar adversarios, no es más que la demostración del tipo de personas que rondan la politica en el Meta. Acceder al poder no es un fin buscado para servir a la comunidad sino para servirse así mismo y a la rosca corrupta que lo respaldó. Un grupo de personas que solo buscan enriquecerse gracias al volumen de recursos públicos que nos permite el petróleo no tienen derecho de enlodar nuestra tierra.   Los recursos del petróleo en unos años… ya no existiran y en ese momento.. ya sin regalías… lamentariamos más que hoy… ese tipo de personas que hemos elegido.    Miembros de las corporaciones públicas amangualados y en el papel de presión al gobernante, no por el control político… sino por el hambre de contratos…  y burocracia.    Que horror.

El períodico muestra una serie de situaciones e investigaciones que dejan muy mal parados a los grupos pólíticos que compiten en las próximas elecciones.   Algunas de estas investigaciones hasta ahora van en proceso y en eso es necesario hacer aclaración, en defensa del orden jurídico.  Pero la situación en el Meta a llegado a tal punto que los medios deben resaltar todo lo que signifique la posibilidad de caer de nuevo… y seguir mostrando malas noticias, cambios de gobernantes, destituciones, investigaciones, sanciones, asesinatos, capturas etc..  Desde ese punto de vista, vale la pena alabar el papel que cumple Llano 7 Dias, papel que evaden cumplir algunos medios radiales, programas radiales y locutores a menudo.. también complices morales de la actual situación.

Esos complices morales y otros temerosos de que se destape la olla podrida de la corrupción, son los que pretenden desestimar y desaprobar los comentarios y reflexiones de la prensa libre, argumentando que la imagen del departamento se ve perjudicada. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La prensa tienen la responsabilidad social de advertir e informar verazmente. ¿O que quieren los señores corruptos?  Que digamos que todo esta bien y que todos nadamos en rios de leche y miel, mientras ellos se embolsillan los recursos de nuestra tierra, enlodados con sufrimiento, pobreza y muerte de nuestros semejantes.

La ciudadanía tiene la responsabilidad en la elección de personas sin calidades humanas y mucho menos honestidad, capacidades o competencias para la administración pública.  

Infortunadamente en política no tenemos más que mostrar…. eso si esperamos y tenemos sembradas nuestras experanzas en un alcalde y un gobernador que ahora están con el enorme reto de mostrar la diferencia.  Ojala…. la historia sepa valorar o castigar su papel según su desempeño-…   Y los que quieren acceder al poder y tienen buenas intenciones…. Bienvenidos y que la providencia los acompañe….

¡Que viva la libre opinión!

Recientemente mi Blog fue atacado por algún intolerante antidemocrático que se ha sentido seguramente culpable con mis notas. Debido a las dificultades para publicar y tener acceso al servidor de Blogger cuya dirección es: http://javierfierro.blogspot.com , me he mudado a otros sitios para publicar Blogs, con menos prestaciones pero me permiten mayor libertad. Mis artículos ahora aparecerán ahora en http://javierfierro.blogdiario.com y en https://javierfierro.wordpress.com

Manuel Javier Fierro Patiño.Villavicencio, Colombia. manueljavier@gmail.com

Entre lo público y lo privado

Existe un debate actual entre lo que se considera competencia del Estado y lo que se considera competencia del sector privado. Las generalidades de los modelos económicos no permiten establecer niveles de intervención que obedezcan a las características particulares del territorio. Es muy común que los límites entre lo que debe hacer el Estado y lo que debe hacer el sector privado estén más determinados por las escuelas de economía o en el peor de los casos por intereses nocivos.  La discusión se plantea teniendo en cuenta la avalancha de procesos de privatización, especialmente en los sectores, salud, educación, transporte y servicios públicos. Nuevas tendencias señalan la importancia de establecer relaciones diferenciadas entre lo público, lo meramente estatal y lo privado según las necesidades y recursos territoriales.  De esta manera el debate sobre el modelo económico deja de ser relevante, mientras que las necesidades de la población y conformación de alianzas territoriales se convierten en lo esencial.   Debe contarse con unas reglas claras, plasmadas en un acuerdo fundamental, que delimite competencias básicas entre lo estatal, lo público y privado.  Los colombianos contamos un una Constitución maravillosa que hace énfasis en el Estado Social de Derecho, sin embargo, existen algunas contradicciones en el modelo económico asumido por los diferentes gobiernos, por lo que algunos derechos son vulnerados.

 

Las regiones difieren en grado de desarrollo, cultura, cantidad y calidad de recursos territoriales.  Existen regiones en donde el rol del Estado es fundamental. En donde los problemas de corrupción, ineficiencia y clientelismo hacen necesaria la interdependencia entre lo público y lo privado. De plano hay que derrumbar los mitos que consideran al Estado un administrador ineficiente, pues así como existen ejemplos de ineficiencia, también existen buenos ejemplos. También hay que derrumbar el mito que muestra al sector privado como eficiente, organizado y pertinente, pues existen igualmente ejemplos buenos y malos. 

Se puede decir que en nuestra región, especialmente en Villavicencio, el sector privado ha mostrado buenos resultados en algunos sectores como los servicios públicos a excepción de acueducto y  alcantarillado.  En cuanto a la salud y la educación los resultados son nefastos sobretodo en zonas apartadas en donde el capital privado le preocupa más acumular que prestar un buen servicio. El solo hecho de estar afiliado automáticamente no significa que exista el acceso digno a la salud. Existen contradicciones entre el interés de lucro de los privados y las necesidades de los ciudadanos. El caso de la contratación de la educación solo se justifica si la demanda sobrepasa la oferta pública existente. En cuanto a las concesiones viales, estas resultan costosas frente al buen servicio prestado. El Departamento del Meta tiene los peajes más caros de Colombia, no obstante, la movilidad sigue aumentando. Lo justo sería  una rebaja de los mismos. 

Todo apunta a una mayor autonomía de las regiones para definir los límites entre lo público y privado. Unos límites que obedezcan a las necesidades particulares y que premie a los buenos administradores, no importa a cual de los dos sectores pertenece.   http://javierfierro.blogspot.com