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Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

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Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

Las dinámicas territoriales del Meta avanzan a la consolidación de 2 componentes territoriales económicamente definidos. Por una parte los desarrollos agroindustriales de gran escala en la zona de la altillanura, unidos a un creciente auge de exploración y explotación petrolera, avanzan a la preponderancia de una economía con características de enclave.

Las economías de enclave suelen ser más o menos prósperas que la economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o perjudicial. En nuestro caso, es claro el efecto de desplazamiento, especialmente en el mercado laboral. Esto perjudica al resto de la economía, porque los enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima, encareciéndose estos elementos para el resto de la economía.

Los resultados pueden ser positivos en la medida que estas grandes empresas generen espacios para la integración de pequeñas y medianas empresas de la región, permitiendo procesos de transferencia de conocimiento, para romper la brecha tecnológica. La articulación social no ha sido exitosa, debido a la afectación grave de la población indígena, las nuevas demandas empresariales de recurso humano calificado y a la poca oferta regional.  Igualmente, no existe un marco regulatorio efectivo o acuerdo político que garantice mayor equidad y fortalecimiento del capital humano regional.

La zona occidental del Meta, jalonada por la dinámica de la región del Ariari, tiene unas connotaciones diferentes.  Existe una buena diversificación productiva, articulando sectores agropecuario y turístico, no obstante, la incorporación de nuevo conocimiento para la productividad y la transformación productiva ha sido lenta. Actualmente convergen la cooperación internacional, la consolidación territorial y de recuperación territorial por parte del Estado, acciones de desarrollo local y algunos esfuerzos por reconstruir el tejido social.

El potencial es inmenso dada la fuerza productiva y el impacto social que generaría la incorporación productiva de toda la zona. Se requiere un proceso de ordenamiento ambiental – productivo de largo plazo y políticas que permitan una apropiación de la ciencia y tecnología con participación activa de productores, mejoramiento vial y fortalecimiento del espíritu asociativo y emprendedor.

La propuesta de constituir un distrito agroalimentario es pertinente para las condiciones actuales. No obstante, debe darse una política de ordenamiento territorial desde lo departamental que brinde las condiciones institucionales para la sinergia de los diferentes proyectos que se desarrollan en la región.  Lo principal es una estrategia de inclusión que permita el empoderamiento de los actores, la generación de confianza y la superación de las trampas al desarrollo, donde lamentablemente el mismo Estado ha sido responsable. Esas trampas están ancladas en el pasado violento, en las falsas promesas gubernamentales y el aislamiento político de la subregión.

Villavicencio funge como eje articulador de esta dicotomía, centro nervioso comercial y área de moldeamiento y transformación de procesos territoriales.