Archivos para mayo, 2008

La utilización de nuevas tecnologías ha cambiado considerablemente las condiciones sociales y económicas de la sociedad. Bastaría con mencionar como ejemplos, el uso masivo de tecnologías ligadas a la red Internet o las inmensas posibilidades que muestran los avances en biotecnología y microelectrónica. Hoy, algunos sectores de la sociedad disponen de herramientas y conocimientos avanzados para conducir cambios que logren un mayor bienestar social, no obstante, estos recursos deben ser ampliamente difundidos y distribuidos, en una acción en la que confluyen tanto intereses públicos como privados.

En esta época de cambios acelerados, las empresas, las organizaciones sociales y los gobiernos buscan posicionarse globalmente, aprovechando las ventajas que brinda el entorno y combinando los recursos necesarios para anticiparse a los grandes cambios. Esto no se logra si no existe una base sólida de conocimientos y aplicaciones que generen mayor productividad y simultáneamente propicien una mayor equidad social.  Este es un asunto que concierne tanto a las universidades, como al gobierno y lógicamente, también a las empresas. 

Se hace necesario que las fuerzas sociales, políticas y productivas del territorio, unidas en un plan estratégico, identifiquen las tecnologías claves para su desarrollo y dimensionen qué variables pueden incidir sobre las mismas; al mismo tiempo, se busca determinar cómo podrían afectar a la sociedad y cuáles pueden ser los factores que las impulsen en un sentido o en otro. Este es el campo de la prospectiva tecnológica, algo que se constituye actualmente, en el pilar que sostiene procesos de innovación y competitividad territorial en el mundo. 

En este propósito, es necesario apartarse un poco de la idea tecnócrata que pone a la prospectiva en un pedestal inalcanzable, manejada arbitrariamente por técnicos y funcionarios que además intentan manipular y orientar los resultados. Un ejercicio de prospectiva realmente válido requiere de una alta dosis de participación, responsabilidad y compromiso con la sociedad.  En primera medida, por ser una herramienta para la toma de decisiones, hay que garantizar que los involucrados, tanto direccionadores, como ejecutores o activadores e inclusive, los opositores, participen activamente del proceso.  De otra forma, el método pierde potencia y se convierte en una falacia que causa más desilusiones que logros. En segunda medida, es un recurso técnico que fortalece y consolida la gestión, la hace más pertinente y eficiente, buscando construir un futuro de acuerdo con los deseos y también con las posibilidades. Por esta razón, debe desmitificarse su uso y hacerla más alcanzable para las empresas y organizaciones.

La prospectiva tecnológica es solo el comienzo de una cadena de procesos de mejoramiento que conduce cada vez a operaciones más complejas, pero más efectivas.   La utilización de la vigilancia tecnológica, el balance tecnológico, la minería de datos, los sistemas de inteligencia competitiva, los clúster de información y los análisis de redes sociales proactivas, son un campo abierto de posibilidades para incorporar la gestión del conocimiento a los procesos productivos y administrativos.   

El Comité Universidad-Empresa-Estado del Meta propuso la primera fase del proyecto “Mapa de Conocimiento”, una iniciativa que busca precisamente realizar un estado del arte del conocimiento generado y disponible para mejorar la productividad, propiciar nuevas oportunidades, preparar el terreno fértil para que surja la innovación, para que finalmente se puedan ampliar fuentes de empleo e ingresos para la población de la región.  En una primera fase con el apoyo del gobierno departamental y el liderazgo de Unillanos, se ha logrado analizar una parte de la oferta de conocimiento pertinente que ha generado la Universidad de los Llanos, como también se logró tener una imagen de la demanda global de conocimiento por parte de las empresas y organizaciones. 

La Universidad de los Llanos inicia una segunda fase con el análisis de otras formas de conocimiento que ha generado la universidad y convoca a la reflexión participativa para la construcción de una propuesta que origine una mayor pertinencia de las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social.  Igualmente, con la participación de otras universidades, con el apoyo del gobierno seccional, de las entidades nacionales y la incorporación de recursos de cooperación, lograr avanzar en estudios de oferta global de conocimiento, análisis de cadena de valor y prospectiva tecnológica de los sectores  productivos del Meta.  El objetivo es constituir alianzas sólidas y autogestionadas que detonen el aumento de la calidad de la producción, propuestas sociales innovativas y nuevas alternativas productivas. Este tipo de alianzas Universidad-Empresa o Universidad-organización, se sostienen por si solas porque nacen de un proceso en donde las ofertas y las demandas de conocimiento confluyen íntimamente, logrando mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos que eslabonan de la cadena productiva, avanzando con paso firme al concepto de clúster de la producción y también conformando una caja de herramientas para atención de la problemática social y económica de la región.

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

Docente catedrático Universidad de los Llanos

Departamento del Meta

La propuesta presentada a la Comisión Regional de Competitividad, a través de una consultoría de Confecámaras, consiste en un llamado a las administraciones municipales y a la administración seccional a unificar procesos de planeación de las ciudades satelitales (Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Restrepo, Cumaral, Puerto López y Puerto Gaitán) conformando una espacialidad subregional en donde se organicen las actividades productivas, se definan relaciones urbano-funcionales, se definan proyectos de inversión social, infraestructura urbana, servicios públicos, inversión en TIC´s y dotación logística con una proyección a 50 años.

La dinámica actual de inversión, el crecimiento desordenado de las ciudades y los conflictos urbano-rurales, constituyen un reto para la planificación regional en la asignación de recursos a proyectos que buscan la solución a problemas comunes. De la misma manera en que la articulación de los eslabones de la cadena productiva genera beneficios y una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, la articulación espacial de las ciudades mediante un marco de planificación común genera enormes dividendos en la gestión territorial y permite desarrollar proyectos con una escala mayor y la posibilita un mayor impacto en la inversión pública. Este proceso subregional facilita la articulación y un mejor posicionamiento respecto a otros procesos similares, como la conformación de la Bogotá ciudad región y la dinámica subregional del antiplano cundiboyacense y el eje Bogotá-Girardot. Será mucho más fácil promover proyectos como el ferrocarril subregional de Villavicencio, la zona franca especial y daría más fuerza a nuevas espacialidades en el Meta, concretamente, el Distrito Agroalimentario del Ariari y la Zona Agroindustrial de la Altillanura.

Esta zona noroccidental del departamento concentra los servicios educativos, de salud, comercio, infraestructura productiva y en un futuro favorecería la desconcentración de Villavicencio y la difusión de impactos sociales y económicos positivos en toda la espacialidad. Es muy posible que el Meta pueda incluso avanzar en una nueva red de asentamientos que integre el territorio amplio de la altillanura, en un proceso de poblamiento futuro que puede ser modelo para el país.

El proceso inicia por un acuerdo de voluntades y la conformación de una unidad técnica que empiece a visionar los programas y proyectos a desarrollar en el presente siglo. Se analiza el estudio conjunto de los planes de ordenamiento territorial y el diseño y operación de subcomités de planificación en las áreas consideradas estratégicas. Puede iniciarse un proyecto piloto de región digital con la masificación de las TIC´s y estudios de prestación de servicios públicos, obras de infraestructura que sirvan de soporte a los clústeres definidos, obras de desarrollo vial que permitan una mayor movilidad y articulación espacial del territorio. En un futuro próximo, no sería raro que las personas puedan movilizarse a una gran velocidad entre estas ciudades, dinamizando y reorganizando las actividades económicas, incorporando nuevas realidades y promoviendo una mayor participación social.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

Para Hernán Rincón, el vicepresidente de Microsoft para América Latina, el bajo índice de competitividad de América Latina sólo se puede superar si los gobiernos ponen más atención en el ámbito educativo y la inversión en tecnología. Se asume cada vez con mayor frecuencia que la educación debe estar ligada a las necesidades de la sociedad y vinculada a un proyecto político de desarrollo regional. El fin consiste en reorientar el sistema educativo del Meta hacia la formación de competencias empresariales, con énfasis en gestión y liderazgo, integrando a los diferentes actores en un pacto colectivo para la competitividad, que involucre a todos los niveles de la educación. Deberán participar autoridades gubernamentales, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia, sindicatos; todos comprometidos en el objetivo común de mejorar la calidad y pertinencia del sistema educativo. Solo así la región podrá ser un territorio triunfador en esta alocada carrera que impone la globalización.

Las metas incluyen la necesidad de lograr el mejoramiento de un 15% en los promedios en las pruebas SABER y el ICFES durante los próximos cinco años, mejorar en bilingüismo, con 500 estudiantes certificados por año e incorporar masivamente las tecnologías informáticas al proceso educativo.

Pese a que las Instituciones de Educación Superior y el SENA hacen análisis de demanda o análisis de contexto para ajustar su oferta educativa, no se ven resultados notables en cuanto a la incorporación efectiva de los promovidos y egresados al mercado laboral. Esto se debe en parte a que la formación de habilidades empresariales no empieza en estos niveles, empieza desde la misma educación familiar y preescolar. Igualmente, es urgente abandonar el enfoque educativo que solo produce egresados buscadores de empleo. La estrategia de transformación productiva y generación de valor agregado a la producción departamental, requiere de un contingente de capital humano suficiente, que solo puede ser producido por un sistema educativo pertinente, que ofrezca servicios de acuerdo a la demanda actual y futura, procesos que deben ser apoyados por las secretarias de educación.

Es necesario que el sistema promueva y refuerce valores y habilidades como la confianza, la perseverancia, la autoestima, el liderazgo, la creatividad y el gusto por el ahorro y la planeación. La propuesta involucra la formación en la básica primaria y secundaria con la adquisición de disciplina, mayores habilidades para la gestión y la toma de decisiones. Busca en la formación media y técnica, las competencias para desarrollar actividades productivas según la vocación económica departamental. Forma al profesional de cualquier disciplina para gerenciar su propia empresa, administrar procesos de gestión de conocimiento, investigación e innovación; y además, refuerza la formación ciudadana, promoviendo la cooperación, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magíster en Desarrollo. https://javierfierro.wordpress.com

El país debe asumir un proceso de descentralización en los Sistemas de Ciencia y Tecnología e Innovación. La producción intelectual y científica se concentra en las principales ciudades del país, en donde se ubica la mayoría de universidades y centros de investigación. Regiones del país con múltiples problemáticas y potencialidades carecen de la institucionalidad necesaria, capital humano y capital social requerido para generar conocimiento pertinente. Las políticas nacionales se orientan a fortalecer la ciencia y tecnología de acuerdo con la demanda, diseñando convocatorias que financian iniciativas de las regiones. Obviamente existe una mayor capacidad de gestión y sustentación en las regiones relativamente desarrolladas, logrando con ello la mayor parte de proyectos aprobados, concentrando nuevamente los resultados del sistema nacional. Este círculo vicioso profundiza las disparidades regionales en inversión y evita descubrir nuevos focos de inversión e investigación, por ejemplo, mayor estudio de la biodiversidad, desarrollo de las ciencias del mar, manejo y uso del agua y la utilización de otros recursos naturales inexplorados. Sin advertirlo, el país puede haber dado la espalda a múltiples alternativas productivas y no productivas, que en algún momento podrían ser estratégicas para la Nación.

La descentralización debe ser en los niveles institucional, político y fiscal, de tal manera que realmente ofrezca posibilidades de cambio real. La demanda actual debe unirse a la prospectiva tecnológica como componentes que justifican la inversión y líneas especiales de especial potencial para el país. La creación de un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, planteado en el proyecto de Ley de Ciencia y tecnología, debe incluir diferenciaciones regionales que permita condiciones equitativas para todas las regiones.

Es necesario que exista una adecuada coordinación de las entidades nacionales con las de específicamente orientan la estrategia de Ciencia y Tecnología. La coordinación deberá incluir políticas de financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación internacional. Las entidades nacionales deberán enfatizar en aquellos programas y proyectos que pueden aportar en la generación de una cultura de la ciencia y tecnología, estableciendo mecanismos e instrumentos multisectoriales que cobijen este propósito y que se ajusten a las diferencias regionales.

La inversión en ciencia y tecnología debe ser un indicador que requiere de un fino seguimiento, garantizando la eficiente ejecución de los recursos. Un 3 % del PIB durante un periodo de 10 años permitirá alcanzar un nivel aceptable en productividad y competitividad. Las regiones requieren el apoyo en la formación continua de investigadores y gestores tecnológicos. Investigadores que generen nuevo conocimiento deben ser estimulados y recompensados. Los gestores tecnológicos deben tener un marco institucional y posibilidades de financiación de alianzas productivas.

Al hablar de instituciones se incluyen también los aspectos relacionados con la cultura, las costumbres, imaginarios colectivos y parámetros de comportamiento que influyen en la ejecución de las políticas públicas y en las actitudes y aptitudes para la competitividad. No hay que menospreciar el papel tan importante de la educación y la familia en la construcción de procesos sociales que generen beneficios colectivos, o en necesidad de los agudos procesos de recontextualización que requiere el país. La educación debe ir más allá de la simple formación de habilidades, capacidades y competencias, debe fortalecer la esfera ética y política del ciudadano, forjando cualidades y virtudes que intenten solucionar los lamentables conflictos que se han hecho comunes de la colombianidad, precisamente sobre ética, cultura y moralidad[1]. Los hechos de corrupción, el clientelismo, la violencia política, el total irrespeto por la vida y las formas diferentes de pensar, pueden tener mucho más influencia en la competitividad de un país que lo que usualmente se piensa.

El país debe afrontar un profundo proceso de cambio social y modificación paulatina de mapas mentales que sean compatibles con los propósitos nacionales de desarrollo económico con equidad social. Este proceso debe estar enmarcado en una política de Estado. Ya otros países han emprendido campañas nacionales, por ejemplo, por la puntualidad, el valor de la palabra o lucha contra el chisme. Aunque pueda parecería inocuo y hasta risible, podrían sorprender los resultados en Colombia, si se asume un programa sistemáticamente con toda la voluntad política. En el caso del Meta, es una propuesta totalmente pertinente dado los sonados casos de corrupción y clientelismo.

La encuesta a 80 líderes del Meta, realizada en el trabajo de consultoría con Confecámaras muestra la importancia de fortalecer la formación de valores en los jóvenes. Un 62.5% de los encuestados considera que los valores relacionados con la capacidad de planeación, orientación del futuro u manejo del tiempo son más importantes. Igualmente se destacan la preparación, formación, franqueza, rectitud, honradez, rigor ético, juego limpio. En un tercer grado aparece la diligencia y perseverancia.

La identificación de los encuestados marca la necesidad de formar en valores éticos y en la visión de futuro, antes que en inculcar trabajar duramente. Puede ser un indicativo de la necesidad de atender la pérdida de rumbo y atacar los factores relacionados con la cultura de ganancia fácil, la tolerancia frente al clientelismo y la corrupción.


[1] Mockus Antanas. Anfibios Culturales y el divorcio entre Ley, Moral y Cultura. Revista Análisis Político. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Santafé de Bogotá, No. 21. 1994.

En reciente visita que realicé a Medellín, para asistir a un Foro Nacional sobre Universidad –Empresa – Estado, organizado por ASCUN, Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, presencié la extraordinaria exposición del profesor Solleiro de la UNAM de México, invitado especial a este importante evento. La disertación fue específicamente sobre las universidades y la redefinición de su papel en el contexto mundial; como también, sobre las crecientes experiencias exitosas de desarrollo endógeno que muestran la importancia del conocimiento pertinente en la búsqueda del bienestar colectivo. Resulta ineludible para las universidades asumir además otros papeles diferentes a las convencionales funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. Agrupadas en un nuevo foco, aparecen nuevas misiones: el apoyo a procesos de mejoramiento continuo de las empresas, la innovación y el emprenderismo. Como balance a la cruenta lucha que impone el paradigma de la competitividad, las universidades aparecen como prenda de garantía para la socialización y distribución del los beneficios del conocimiento, asumiendo su responsabilidad social.

Recorriendo la ciudad y escuchando la opinión de la gente del común, pude observar el especial papel que han tenido las IES en la reconstrucción social de Medellín, la recuperación de la confianza y el auge de nuevos emprenderismos en cada una de las comunas de la ciudad. Este fenómeno para nosotros, resulta algo evidente y normal en países europeos y asiáticos, en donde los gobiernos apoyan a las universidades, creen en ellas y les conceden la ejecución de los programas más estratégicos. En un contexto como el nuestro, el conocimiento es un obstáculo para los políticos poco comprometidos, porque descubre la trampa. Nuestras universidades con mucho esfuerzo y a su propio ritmo, han emprendido reformas para mejorar, pero la articulación con las empresas y el Estado no depende únicamente de las universidades. La participación de la ESAP en el mejoramiento de la administración pública, no seria marginal si las administraciones territoriales asumieran retos de gerencia pública competitiva, situación que volvería injustificables los procesos de privatización y la aparición de entidades como EDESA o las Unidades de Contratación.

Debe existir cierto nivel en las administraciones para reconocer en las universidades un socio importante. Veamos que en Medellín y Bogotá se dio un cambio porque académicos reemplazaron a los políticos. Personalidades como la de Sergio Fajardo se alejan de nuestro ejemplo, cuando el mecanismo social de selección de los cargos públicos es contrario al mérito basado en el conocimiento y/o experiencia. La mayoría de cargos importantes, se dan al más manzanillo de los corruptos, a los aportantes de campaña o a los socios clientelistas. No pueden esperarse buenos resultados, si este sistema irregular rompe el compromiso del funcionario con su pueblo y lo desvía a intereses de grupo o peor aún, hacia intereses individuales.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo

El Meta hace esfuerzos para subirse al tren de la competitividad, no obstante, deben existir condiciones de equidad regional que permitan al departamento estar al mismo nivel de las demás regiones del país. Tenemos los peajes más caros de Latinoamérica. Dos de los más caros se encuentran sobre la misma vía (Bogotá – Villavicencio). Los derechos de transito por kilómetro entre Bogotá y Villavicencio ($253 para autos, camperos, camionetas y microbuses), cuestan el triple de lo que se paga por conducir de Washington a Nueva York (El Tiempo.20/08/07). Eso hace que sea equivalente transportar una tonelada de carga de Cúcuta a Bogotá y de Villavicencio a Bogotá.

De otra parte, en el país se han venido conformando nuevas zonas francas, con estímulos tributarios para el asentamiento de empresas turísticas, agropecuarias y agroindustriales. En diciembre de 2007, se llegó a 9 zonas francas, donde Facatativa se convirtió en zona franca de Biocombustibles, jalonando la inversión hacia este sitio, complementando la zona franca de Tuta en Boyacá. A esto hay que sumarle la transformación de la Ley Páez en una zona franca especial, cubriendo a Tolima, Huila y parte del Cauca.

La Ley 1004 de 2005 es la ley marco de zonas francas. Definió las condiciones tributarias que regirán para las empresas que se establezcan en esas zonas. Para empezar, la tarifa del impuesto de renta será del 15 por ciento, y no la tarifa general que para el año gravable 2007 fue del 34 por ciento y para el año gravable 2008 es del 33 por ciento. Igualmente, para esas compañías no se causan ni pagan tributos aduaneros, es decir IVA ni arancel. También gozarán de exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de las zonas francas. Por el lado de exportaciones desde zonas francas a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.


Estamos rodeados de zonas francas que nos dejan en una posición poco ventajosa para la inversión. Con estos peajes y con las políticas agropecuarias agroexportadoras que imponen fuertes retos a los productores, la región podría entrar en una crisis económica si no se toman medidas. La idea es permitirle al Meta unas condiciones equitativas que favorezcan la inversión y la localización de industrias agroalimentarias y agroenergéticas. Solo así podría darse un contexto propicio para conformar encadenamientos productivos que generen empleo e ingresos a la población. No vale de nada tener el mercado bogotano tan cerca, si en la realidad económica estamos lejos. Una zona franca especial en estos sectores, inclusive contando con el sector turístico, podría crear un marco propicio para la inversión en la región. Queda entonces la tarea para la dirigencia regional y nuestros parlamentarios defiendan con esmero, nuestros golpeados intereses.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

https://javierfierro.wordpress.com