Archivos de la categoría ‘Regional’

Sector de Carimagua

Sector de Carimagua

La altillanura colombiana es hoy por hoy una de las regiones más estratégicas para el país. En este territorio ocurren dos prioridades económicas planteadas desde la política del gobierno central: La producción de hidrocarburos y la bonanza agroindustrial.  La apertura del pozo de caño limón en Arauca en el año 1986 inició en el país la verdadera locomotora petrolera, que luego pasó a Casanare con el hallazgo de Cusiana – Cupiagua y ahora en el Meta en la zona de Puerto Gaitán. De otra parte, el boom agroindustrial tiene su avance más decidido en el gobierno Uribe con el macroproyecto del “Renacimiento de la Alta Orinoquia” continuando en el gobierno Santos a través de las políticas públicas con una serie de incentivos que ratifican el potencial productivo de la región y promueven a la altillanura como la nueva frontera económica.

 

Lo cierto es que esta zona oriental de Colombia de aproximadamente seis millones de hectáreas se ha convertido en un corto tiempo en el territorio de dinámicas económicas jalonadas por la demanda mundial de energía y alimentos. Tal potencial económico agroindustrial ha sido advertido por grupos económicos nacionales y extranjeros, los cuales están dispuestos a invertir cerca de mil millones de dólares en una primera etapa. Igualmente, la producción de petróleo en la altillanura ha convertido al Meta en primer productor de petróleo desde el año 2006 llegando hoy a más de medio millón de barriles diarios.

 

Lo que pasa desapercibido es que tal “boom” arrasador tiene sus efectos nocivos y lamentablemente nuestra sociedad tiende a minimizarlos. La producción petrolera y el “boom” agroindustrial están generando impactos negativos en el territorio y aunque en el corto plazo parecen mínimos, a largo plazo pueden significar el mayor fracaso ambiental de la historia colombiana. Esta afirmación no nace de un posición opositora a la inversión nacional o extranjera o a una declaración ideológicamente opuesta al capital, sino de una cierta y ponderada hipótesis que hoy expresan muchos académicos y científicos del país.

 

Analizando estos impactos existen cinco asuntos claves que deben tener espacio urgente en la agenda del gobierno:

 

  • La necesidad de generar incentivos a la producción limpia y también sanciones cuando los impactos sean seriamente significativos.
  • La intervención inmediata a la veloz dinámica migratoria y el control al establecimiento de campamentos temporales donde actualmente pueden convivir más de 15.000 personas.
  • La necesidad de promover una política del buen uso y manejo sostenible del recurso hídrico.
  • Proteger a las comunidades indígenas garantizando su pervivencia y seguridad jurídica de sus territorios.
  • Promover la inclusión de la población local en los beneficios generados

 

La agricultura comercial de grandes superficies, responsables de la producción de arroz, maíz, soya, caña de azúcar entre otros cultivos de la altillanura causa un impacto nunca antes medido en ecosistemas frágiles que no tienen la capacidad de recuperarse de manera rápida, pues se han mantenido intactos por milenios.  La cantidad de agroquímicos, plaguicidas y la modificación del suelo traen serios problemas que afectan la bioquímica del suelo y además provoca la contaminación de las fuentes de agua. Los moradores de la región reportan muertes de peces y cambios en las condiciones del agua que la hacen imposible de consumir.

 

Igualmente, no se advierte un compromiso ambiental de las empresas responsables de la exploración y explotación de petróleo. Las tecnologías utilizadas tienen reparos por diversos círculos ambientalistas, solo por mencionar el “fracking” y la tecnología “Star” que privilegian la extracción en masa sin tener un estudio detallado de los impactos negativos en el ciclo hídrico y la estructura geológica general. Lo ideal sería que esta importante posibilidad de recursos de inversión no se convierta en una mala experiencia para el país. Hay que revisar con detalle experiencias internacionales en minería sostenible y controlar los impactos generados.

 

De otra parte, la dinámica migratoria es arrasadora. La migración nace en una oportunidad y genera otras oportunidades, pero el impacto ambiental no se ha dimensionado a futuro. En menos de cinco años la región ha tenido que soportar un aumento de más de 20.000 habitantes que en su mayoría se instalan en campamentos temporales que no tienen un planeamiento adecuado sobre la utilización de agua, energía y otros recursos. Igualmente, su presencia es una presión notable para los ecosistemas por la búsqueda de agua potable, la disposición de residuos sólidos y aguas servidas.

 

Como se puede apreciar el recurso hídrico es el más afectado, aunque los estudios mencionan las  hectáreas susceptibles de ser intervenidas, no existe una política directa que atienda los impactos sobre este recurso. La simple propuesta de más estudios y aplicación de mecanismos de ordenamiento y planeación ambiental que traza el Conpes de la Altillanura no es suficiente. Es necesario tomar medidas urgentes que además promuevan acciones directas y una campaña pública de prevención de impactos, uso y manejo adecuado del recurso hídrico.

 

Aunque el país puede pasar de manera desapercibida afirmaciones donde vehementemente se afirma que los resguardos indígenas son un obstáculo a la inversión, es claro que estos territorios tienen una función especial que debe ser reconocida y garantizada. Los pueblos indígenas son originarios de estos territorios. En tiempo memoriales, se trasladaban libremente por las tierras de la Orinoquia, antes de ser diezmados y culturizados por la dinámica conquistadora y colonizadora. Hoy han sido confinados en estos territorios, lo mínimo que puede hacer la nación es garantizar el estado jurídico de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como lo contempla nuestro ordenamiento legal.  Además de su lengua y cultura tienen un conocimiento ancestral que empieza a ser importante para el mundo actual. 

 

Las organizaciones indígenas ven como una grave amenaza para su pervivencia lo ocurrencia de estas intervenciones económicas a un ritmo acelerado. Existe mucha inquietud por la simplicidad y ligereza como se asumen los proyectos sociales, contemplando solo soluciones parciales y cortoplacistas sin asumir el compromiso de atacar las raíces de la problemática.  El problema no está relacionado muchas veces por la escasez de recursos sino por la descontextualización y aplicación inadecuada de las propuestas que obedecen a modelos de atención poco pertinentes con relación a su cultura y cosmovisión.

 

Otro asunto y que es sumamente preocupante es la condición de enclave que está demostrando esta intervención económica. La economía de enclave se caracteriza por sacar y extraer los beneficios del territorio sin impactar positivamente a sus habitantes. La queja de los habitantes es continua y persistente como para no ser escuchada.  El tema no tiene que ver solamente con las regalías las cuales fueron redireccionadas para el resto del país sin considerar los impactos sociales, económicos y ambientales que esta actividad petrolera origina, sino que también apunta a la problemática en la selección de trabajadores y la disminución de mano de obra para actividades tradicionales como la ganadería y los cultivos de pancoger, actividades de gran tradición y muy importantes para la supervivencia de la población local. No se trata de una situación pasajera y manejable como se ha pensado. Requiere de una política nacional de intervención social que propicie los beneficios económicos nacionales que promete, pero que no deje de lado el tema social y la respuesta adecuada a las demandas de los moradores. La altillanura es una gran oportunidad para el país. Se puede decir que hoy es la responsable de la viabilidad de la economía colombiana, pero hay que pensar en los impactos y en la necesidad de escuchar a la población local que se ve excluida y afectada por la velocidad e intensidad de los cambios mencionados.

 

El gobierno nacional tiene la palabra en convertir esta zona en una experiencia replicable en términos de desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, poblamiento planificado y sensibilidad social o en dejar que se generé la gran catástrofe que sería un hecho por el cual nuestro país sería negativamente reconocido en el ámbito mundial.

DCIM100MEDIA

Luego de participar en la feria agropecuaria y agroindustrial AGROBRASILIA en el Distrito Federal de Brasilia entre el 14 y el 18 de mayo de 2013, la delegación de la Universidad de los Llanos está convencida de la oportunidad de lograr
acuerdos de cooperación con las universidades del área del cerrado brasilero,
una región con condiciones de suelo similares a las encontradas en la
altillanura colombiana.   La razón principal no es copiar el modelo, se trata de tomar elementos tecnológicos, institucionales y organizativos que pueden ser útiles para adaptar en nuestra región.

Conocer la historia del desarrollo del cerrado brasilero es muy importante para Colombia, ya que esta experiencia de desarrollo agrario ha sido tomada como referente principal por el Gobierno y grandes empresarios colombianos. Se trata de un modelo de agricultura comercial a gran escala, con un alto ingrediente tecnológico, alta inversión de capital, grandes extensiones de tierra, con una eficiente maximización de recursos suelo, agua, planta; orientado principalmente a la exportación de materias primas, soya, maíz y sus subproductos.  La validez de contemplar este modelo radica en la probada capacidad de llevar a este país suramericano a ser la una potencia agrícola mundial en pocos años.  No obstante, las magníficas cifras de producción, expertos de este país concluyen que el éxito del modelo ha tenido algunos efectos ambientales y sociales poco deseados, pues en palabras de Eliseo Alves, uno de los arquitectos de este milagro productivo, la sostenibilidad económica es más fácil de lograr, que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Estos dos últimos aspectos son foco de atención científica de Brasil en este momento, para tratar mantener las altas tasas de producción y garantizar en el tiempo, el posicionamiento global alcanzado.

Vale la pena mencionar que este proceso agrario se nutre de una secuencia de antecedentes, principalmente, decisiones de Estado que comenzaron por la misma creación de Brasilia, una capital totalmente planificada y hecha para ser una maravilla mundial, por su concepción urbanística.  Pero lo más importante fue la decisión de fortalecer el capital humano. El secreto de la evolución brasilera en el campo agrícola desde la década de los 60, fue la formación de alto nivel de más de 3.500 científicos de Embrapa, la empresa brasilera de investigación agropecuaria,  los cuales fueron enviados a las mejores universidades del mundo, para luego regresar y enfocarse en solucionar los problemas locales. En ese momento Brasil estaba sufriendo una grave crisis económica debido a la agobiante deuda externa y el desabastecimiento de alimentos. 

Cabe anotar que el modelo de educación superior de Brasil es diferente al colombiano, actualmente, la educación pública en Brasil tiene un papel primordial y un decidido apoyo financiero del Estado. Unido a este desarrollo educativo, Brasil invirtió una gran cantidad de recursos en infraestructura de transporte, infraestructura productiva, riego, desarrollo urbano, crédito de fomento productivo e estímulos financieros para producción, almacenaje,  comercialización y exportación. Además de lograr construir socialmente un modelo cooperativo de producción y comercialización. 

Estas decisiones permitieron la transferencia tecnológica en el sector agropecuario y aumentó considerablemente la producción científica brasilera, especialmente la orientada al manejo del suelo, sistemas de riego, maquinaria agrícola, obtención de variedades, biotecnología y procesos industriales avanzados, lo cual trascendió a  otros sectores sociales y económicos.

Una de las gratas sorpresas con las que se encontró la visita de la delegación de la Universidad de los Llanos fue la importancia que ha cobrado en Brasil, el tema de la agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, los sistemas de trazabilidad, la agricultura ecológica y la organización cooperativa de pequeños y medianos productores.  Sin duda son los asuntos que llaman la atención de la Universidad de los Llanos, pues en nuestro país, por estar en los estados iniciales del boom agroindustrial no se han tomado muy en serio estas líneas de investigación.

Para la delegación de la Universidad de los Llanos resultó muy interesante conocer estos temas y puede decirse que es una razón más para aprender de la experiencia brasilera.  Contrario a lo que pasa en nuestro país, las universidades brasileras, por decisión gubernamental son incluidas dentro del modelo de desarrollo agrario y cuentan con convenios que garantizan la trasferencia interna de los resultados de Empraba y las demás instituciones de investigación.  Por esta razón, establecer convenios de cooperación es un primer paso para desarrollar una agenda conjunta de investigación e intercambio académico.  Un ingrediente necesario radica en mejorar y aumentar  el intercambio de conocimiento entre Embrapa – Corpoica – Unillanos.  Ya que Corpoica cuenta actualmente con un convenio marco de cooperación que incluye recursos importantes de Colombia y Brasil.

El otro proceso simultáneo es que Unillanos adelante convenios con las universidades de Brasil, especialmente las localizadas en el área del cerrado brasilero. En esta oportunidad se logró un contacto especial con las Universidades de Sete Lagoas UNIFEMM y la Universidad de Brasilia.  Estos contactos fueron acompañados por la delegación de la Gobernación del Meta y por la Embajada de Colombia en Brasil. Los temas seleccionados por ahora son:

Con la Universidad de Sete Lagoas (universidad privada):

  • Modelos de Agricultura Familiar y Agricultura ecológica
  • Asociatividad  y cooperativismo en la organización de la producción y la comercialización agropecuaria
  • Estudios para introducción de nuevos programas académicos de áreas sociales, ingenierías y refuerzo de la investigación en economía rural y desarrollo local
  • Modelos de articulación pequeños- medianos – grandes empresarios en la producción de cultivos de gran escala.
  • Transferencia de tecnología en buenas prácticas de producción para un buen manejo ambiental
  • Cooperación en intercambio de estudiantes de pregrado y de profesores para reforzar programas posgrado en la Universidad de los Llanos.

 

Con la Universidad de Brasilia (Universidad Pública):

Profundizar el uso de tecnologías en el campo de la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

  • Mecanismos de extensión y transferencia de tecnología que se pueden implementar con pequeños y medianos productores
  • Funcionamiento mecanismos de trasferencia de resultados de investigación, gestión de centros de desarrollo tecnológico agroindustrial y los parques tecnológicos para la difusión y aplicación de nuevas de tecnologías
  • Cooperación en intercambio de estudiantes y profesores para reforzar programas de pregrado y posgrado.
  • Promover la participación en las convocatorias nacionales y binacionales que permiten la formación de estudiantes colombianos en pregrado, Maestrías y Doctorados.

 

La idea es que se priorice una agenda con metas en el corto, mediano y largo plazo y que esta tenga un acompañamiento y apoyo del gobierno nacional y especialmente de la Gobernación del Meta, que está muy interesada en este proceso. Es importante avanzar en convenios con otras universidades brasileras y establecer un fuerte nexo científico que garantice resultados concretos.  Es importante abordar contactos con las Universidades federales de: LAVRAS, VIÇOSA, MINAS GERAIS, GOIANIA y TOCANTINS que se concentran en el cerrado brasilero y que comparten en parte la misión de Unillanos en sus áreas de influencia.

Antes de avanzar y tomar la iniciativa es necesario resaltar que este proceso requiere de apoyo estatal y que no hay que olvidar que el pilar fundamental del desarrollo agrario brasilero fue el fortalecimiento a gran escala del capital humano nativo.   En este aspecto es importante aunar esfuerzos y que iniciativas gubernamentales como el Fondo de Educación Superior del Meta sean fortalecidos financieramente y garantizar que por lo menos 150 profesionales llaneros sean formados de manera inmediata a nivel de maestría y doctorados en las áreas estratégicas para nuestra región como son: producción agrícola especializada, agroindustria, agricultura orgánica y agricultura familiar, ganadería sostenible, manejo de suelos, sistemas de riego, gestión ambiental sostenible, biotecnología, nanotecnología, automatización agrícola, ingeniería química, ingeniería genética, procesos industriales, economía agraria, desarrollo regional, desarrollo rural y antropología. Es importante la articulación entre la investigación básica e investigación aplicada, la creación de empresas de base tecnológica y la gestión de sistemas de innovación.  La región tiene que aprovechar que el tema de ciencia y tecnología cuenta con posibilidades en la canalización de recursos de regalías y que además se cuenta con un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.   Los departamentos del Meta y Vichada pueden conjugar esfuerzos y desarrollar una estrategia conjunta.

La Universidad de los Llanos en un esfuerzo regional puede concretar acciones en el mediano plazo, pues los procesos de formación y de desarrollo tecnológico no maduran de la noche a la mañana. En este caso, es clave la voluntad gubernamental y la decisión de apostar a una visión de futuro colectiva que se construya bajo la premisa de la articulación de la academia, la empresa y el Estado.

Ejercicio de planificación donde participaron durante dos años más de 650 personas representativas del departamento del Meta.  Con técnicas de prospectiva estratégica, asesorada por Francisco Mojica del centro de pensamiento prospectivo, el acompañamiento del DNP y la conformación de un equipo netamente criollo, se plantearon hipótesis de futuro y se asumio una imagen de futuro.

Este documento es una guia fundamental para los gobiernos departamentales del presente y futuro. Ha sido desconocido por asesores y calumniado como ejercicio de planificación. Sin lugar a dudas es el proceso más serio y más técnico de los que se han realizado en el Meta.

Vea el documento.

Documento Vision Meta 2032 ultimo 131211

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Regional y Local

Documento Editado y Diagramado por el DNP

Villavicencio se ha convertido en un parqueadero de tractomulas. La producción petrolera y el auge agroindustrial en la altillanura, ha convertido a la capital de la Orinoquia en un caos de movilidad por los frecuentes trancones en las principales vías de acceso. Además de ser el centro integrador de la región frente al gran mercado bogotano y la conexión obligada con el resto del país, la ciudad pasó a sufrir el transito diario de más de 10.000 vehículos de carga pesada, duplicando el transito normal de hace dos años.  Este crecimiento en la frecuencia y además en el número de vehículos  hace imposible poder tener paz y tranquilidad al viajar, especialmente en los trayectos Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán. De otra parte, es notable el déficit de área de parqueo en Villavicencio, por lo tanto, es natural ver inundadas las calles de la ciudad de tractomulas, los andenes y costados de las vías y las algunas estaciones de servicio. Las vías a menudo están congestionadas. Estos gigantescos vehículos, además de ocasionar problemas de contaminación con químicos, producen polvaredas que afectan las viviendas y negocios, suciedad de las vías, riesgos de accidentes y ruido en exceso.

Es evidente que la cultura ciudadana de algunos conductores de esta clase de vehículos no es la mejor.  No respetan normas de tránsito, conducen a altas velocidades, arrollan ciclistas y motociclistas, cierran constantemente a los vehículos que temerosamente se mueven entre sus líneas.  Para transeúntes y conductores no hay oportunidad, sino ceder y dejar que se tomen la vía como quieran, pues son las señoras de la vía. Trayectos que antes se hacían en corto tiempo han pasado a ser eternos.  Viajar del barrio Galán a ciudad Porfía es una dura prueba de paciencia, ni hablar de la Glorieta de la Grama hacia Catama o tratar de llegar a la Universidad de los Llanos.  El anillo vial es cosa aparte, según el Ministerio de Transporte esta destacado como uno de los diez lugares más peligrosos del país, con las mayores tasas de accidentes fatales.

Es de reconocer que se han tomado medidas y existen buenas intenciones para atender esta problemática, pero esta situación desborda las competencias locales.  Es necesario exigir al gobierno nacional y a la empresa privada, que están recibiendo los beneficios de este boom comercial, que se comprometan a cooperar en la solución y atender las normas de tránsito.  Algunas consecuencias  son notables y las sufrimos los llaneros, la pérdida de competitividad regional, la disminución en la ocupación hotelera, los daños en la malla vial y los constantes accidentes de tránsito.  La ciudad está colapsando igual al nombrado eufemismo “Autopista Bogotá-Villavicencio”, una vía de prometió 90 minutos y ahora apenas promete si se tiene suerte, tres horas de trayecto y por lo menos tener la fortuna de llegar ileso.Imagen

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

Las dinámicas territoriales del Meta avanzan a la consolidación de 2 componentes territoriales económicamente definidos. Por una parte los desarrollos agroindustriales de gran escala en la zona de la altillanura, unidos a un creciente auge de exploración y explotación petrolera, avanzan a la preponderancia de una economía con características de enclave.

Las economías de enclave suelen ser más o menos prósperas que la economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o perjudicial. En nuestro caso, es claro el efecto de desplazamiento, especialmente en el mercado laboral. Esto perjudica al resto de la economía, porque los enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima, encareciéndose estos elementos para el resto de la economía.

Los resultados pueden ser positivos en la medida que estas grandes empresas generen espacios para la integración de pequeñas y medianas empresas de la región, permitiendo procesos de transferencia de conocimiento, para romper la brecha tecnológica. La articulación social no ha sido exitosa, debido a la afectación grave de la población indígena, las nuevas demandas empresariales de recurso humano calificado y a la poca oferta regional.  Igualmente, no existe un marco regulatorio efectivo o acuerdo político que garantice mayor equidad y fortalecimiento del capital humano regional.

La zona occidental del Meta, jalonada por la dinámica de la región del Ariari, tiene unas connotaciones diferentes.  Existe una buena diversificación productiva, articulando sectores agropecuario y turístico, no obstante, la incorporación de nuevo conocimiento para la productividad y la transformación productiva ha sido lenta. Actualmente convergen la cooperación internacional, la consolidación territorial y de recuperación territorial por parte del Estado, acciones de desarrollo local y algunos esfuerzos por reconstruir el tejido social.

El potencial es inmenso dada la fuerza productiva y el impacto social que generaría la incorporación productiva de toda la zona. Se requiere un proceso de ordenamiento ambiental – productivo de largo plazo y políticas que permitan una apropiación de la ciencia y tecnología con participación activa de productores, mejoramiento vial y fortalecimiento del espíritu asociativo y emprendedor.

La propuesta de constituir un distrito agroalimentario es pertinente para las condiciones actuales. No obstante, debe darse una política de ordenamiento territorial desde lo departamental que brinde las condiciones institucionales para la sinergia de los diferentes proyectos que se desarrollan en la región.  Lo principal es una estrategia de inclusión que permita el empoderamiento de los actores, la generación de confianza y la superación de las trampas al desarrollo, donde lamentablemente el mismo Estado ha sido responsable. Esas trampas están ancladas en el pasado violento, en las falsas promesas gubernamentales y el aislamiento político de la subregión.

Villavicencio funge como eje articulador de esta dicotomía, centro nervioso comercial y área de moldeamiento y transformación de procesos territoriales.

Universidad de los Llanos

Universidad de los Llanos

La pretensión de un club de acomodados ciudadanos sobre unos terrenos entregados por el Municipio de Villavicencio a la Universidad de los Llanos, es una muestra más de las lamentables situaciones que en la región se presentan y que marca la ambición y el afán de enriquecerse a partir del patrimonio público. La Universidad de los Llanos es una institución educativa pública, es decir, sus activos y recursos tienen una función social marcada por su misma naturaleza. Su función tiene una invaluable importancia al permitir que estudiantes de bajos recursos, una vez convertidos en profesionales, aporten al desarrollo de la región, y al mismo tiempo puedan dar un salto en su nivel social y el de sus familias. Es un hecho económico y social sin precedentes, pues gracias a la educación se genera ruptura al ciclo vicioso de la pobreza en muchos hogares de la región.

El desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Según el BID, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante: en Latinoamérica, quien ha aprobado algún grado de secundaria tiene 24 por ciento más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien que sólo cuenta con primaria terminada. Para el caso de quien cuenta con algún grado de bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.

No basta con tener vergonzosos hechos como las obras inconclusas de la SECAB, los dineros perdidos en las fiducias, mandatarios presos, otros huyendo, todo un record de corrupción y despilfarro, sino ahora también una muestra de elitismo frente a la equidad. La Unillanos ha tenido graves problemas para aumentar su cobertura, uno de ellos es la ausencia de terrenos para su expansión y apertura de más programas, precisamente, en estos terrenos se tiene proyectado ampliar la oferta académica de la facultad de ciencias de la salud.

Señores del club de Villavicencio un llamado a la sensatez, en este caso prima el interés general, más aun donde se advierte un fin suntuoso y elitista frente a la oportunidad de equidad social que brinda la universidad pública. La figura de los clubes sociales, ya en decadencia, obedece al culto a la apariencia, a la fastuosidad y opulencia, lo que significaría en forma directa legalizar la exclusión y arbitrariedad frente a la problemática social que nos agobia. Sería un antecedente lamentable que un hecho de estas características ocurra en nuestra ya aporreada región y más triste si los estudiantes, profesores y la sociedad en general no hacen nada para defender sus derechos.

Manuel Javier Fierro Patiño.Magister en Desarrollo Local y Regional

Se advierte un quiebre en las tendencias que plantea la geopolítica en el planeta.  El cambio que lleva a las mayorías demócratas al poder en Estados Unidos, incide directamente en la vida de los países que se encuentran dentro de su órbita.  Al gobierno Bush le llega la época gris de confrontar sus metas y sus logros en un escenario poco amigable. Más aun cuando ha sido un mandato cuestionado y polémico, en razón a sus políticas de intervención, una doctrina de seguridad que da vía libre a ataques preventivos y la torpeza en las decisiones, incluso en atención de desastres y política doméstica.

La agudización de los conflictos globales, el incremento de la amenaza terrorista, la radicalización de la violencia étnica –religiosa puede atribuírsele en parte a la impericia del gobierno Bush y su Secretaria de Estado. Es posible que en los próximos años se desarrolle un cambio en las políticas globales. Este cambio llevaría a privilegiar estrategias disuasivas y conciliadoras frente a los conflictos, mayor inteligencia y coordinación mundial para la amenaza terrorista y un cambio de actitud respecto al problema climático. Lo más seguro es que el próximo presidente de EEUU sea una demócrata y esto ayude agilizar los cambios en la agenda del país del norte.

En Colombia se empiezan a sentir los efectos de este cambio de dirección. Los demócratas, tradicionalmente exigentes con el cumplimiento de los derechos humanos y promulgadores de un papel protagónico del país del norte como promotor de la paz mundial, miran con recelo el Plan Colombia, las asimetrías del TLC en asuntos laborales y ambientales y sobretodo la violencia, vista desde el exterior, durante el gobierno Uribe; violencia que no se puede esconder y que se relaciona vivamente con el poder alcanzado por los grupos al margen de la ley al permear las estructuras del Estado; los abusos de la fuerza pública, los asesinatos de sindicalistas, los falsos positivos, los casos de corrupción en el seno del gobierno, la interceptación de comunicaciones a los miembros de la oposición, periodistas y desmovilizados; la reciente propuesta de excarcelación de para-políticos y la confusión que ronda luego de la excarcelación de guerrilleros; hechos que en Colombia apenas levantan ampolla, pero que en el resto del mundo son considerados actos gravísimos que solo pasan en regímenes en donde los valores democráticos están heridos de muerte. 

 Todos estos síntomas son leídos por los países extranjeros y marcan una tendencia a la internacionalización del conflicto colombiano. Las gestiones del presidente de Francia, la declaración del G8, las inquietudes de los países latinoamericanos y la necesidad de diversificar las relaciones internacionales y buscar nuevos socios en el mundo, llevarían a un mayor compromiso internacional, lo que a la larga puede ser un arma de doble filo. Podría ser un hecho que abra las puertas a una solución definitiva o un ingrediente más para dilatar el proceso que lleve a la paz soñada. No único claro, es que esta crisis institucional nos llevará a nuevas reflexiones y posiblemente a un cambio de actitud del ciudadano común frente al conflicto colombiano.  No hay mal que por bien no venga.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional. Cónsultor independiente, profesor universitario. Universidad de los Llanos

Aqui se puede acceder al texto publicado en la Revista Javeriana, Mayo 2006. “De los hermosos atardeceres al conflicto armado“. Documento pdf. de Manuel Javier Fierro Patiño Llanos Orientales

Recibo con agrado y complacencia un aporte del profesor Wilsón Ladino Orjuela de la Escuela Superior de la Administración Pública. ESAP.  Es un texto para leer con detenimiento, en el cual se hace una crítica al escesivo centralismo y exclusión que ha sucedido por décadas en Colombia.  Por favor leánlo y haganlo circular…No olviden sus comentarios.  

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Profesor Universidad de los Llanos

 

 Mutisia: Un Nuevo Estado -Nación

 

Wilson Ladino Orjuela**

 

Ante el estruendoso fracaso del Estado colombiano, manifiesto en el centralismo asfixiante, la pobreza generalizada, la guerra interna, el desplazamiento forzado de miles de personas, la discriminación política y social y la reducción permanente de los recursos públicos; fracaso para ofrecer un futuro mejor a los habitantes del territorio del sur (Orinoquia, Amazonia, Huila, Cauca, Nariño y Sur del Chocó), la decisión soberana inmediata de sus ciudadanos deberá ser la de conformar un nuevo Estado de bienestar, con un modelo federal y régimen parlamentario que ofrezca y garantice los beneficios del mundo contemporáneo a sus hombres y mujeres.

 

Una declaración sencilla, contundente y soberana deberá hacerse ante el mundo para conseguir que otros países y organismos internacionales expresen su reconocimiento al nuevo Estado nación federal, Mutisia, dando origen al número 192 de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

 

Con más de 3 millones de personas indígenas, afro descendientes y mestizos, y aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados de territorio continental y mar Pacífico, con petróleo, minerales, bancos de agua dulce, biodiversidad de flora y fauna, órbita geoestacionaria, ubicación geográfica en el continente, un PIB apreciable y un régimen fiscal atractivo, inversionistas demócratas del mundo llegarán en el inmediato futuro para desarrollar al nuevo país.

 

Hay en el mundo de hoy más de 50 micro Estados nación con menos de 5 millones de habitantes y menos de 200 mil kilómetros cuadrados y menores recursos y sus habitantes cuentan con mejores condiciones de vida y mayores perspectivas de futuro. En los últimos 15 años han aparecido varios nuevos Estados nación en el concierto internacional y fueron reconocidos por otros Estados y organismos internacionales.

 

Una Asamblea de Delegados reunida en cualesquiera de las ciudades de este territorio de la nueva Mutisia puede estudiar y aprobar, en el plazo de 7 meses, la Constitución Política del nuevo Estado federado del los territorios del sur entre los que se incluirían la actual Orinoquia, Amazonia, Huila, Cauca, Nariño y el sur de Chocó.

 

El nuevo poder soberano nacional deberá organizar un Estado federado con régimen parlamentario, pluripartidista, ágil y capaz de aprovechar las enormes riquezas de su población y territorio y, promoverlas en el contexto internacional presente.

 

Con una carta efectiva de derechos fundamentales, con autoridades eficientes y eficaces, aplicado el principio moderno de la división del poder público, un banco central, organismos públicos de control, un nuevo gentilicio, un nuevo documento de identidad, un nuevo pasaporte, deberán ser diseñados en el corto plazo, así como los símbolos que lo identifiquen ante el mundo: escudo, bandera e himno.

 

A 200 años de la declaración de independencia, este nuevo gesto de soberanía es la mejor de las celebraciones que se puedan hacer y el mayor orgullo para los fundadores de 1810.

 

*Mutisia: Se toma del sabio pre-independentista José Celestino Mutis

 

**Profesor ESAP Territorial Once


Hay dos temas en Colombia que siempre se consideran álgidos y difíciles de abordar. La desigualdad social y las disparidades regionales se toman con prevenciones ideológicas, no obstante, debería ser tema de agenda en todos los partidos políticos, por ser algo que nos identifica negativamente en el escenario mundial y especialmente porque tienen amplias repercusiones en la vida nacional.  En este contexto, los enfoques más frecuentes diferencian dos tipos de desigualdad. La primera, la desigualdad de oportunidades, hace referencia a la inevitable desventaja que tienen ciertos individuos como consecuencia de condiciones desfavorables al nacer. La segunda, la desigualdad de resultados, hace alusión a la distribución del ingreso.  Hay un grupo de factores que se determinan barreras y que según estudios como el realizado por el CEDE de la Universidad de los Andes, marcan la tendencia que llevan a que una familia pobre origine hijos pobres. Existen en Colombia algunas variables heredadas como el grupo étnico, la región de origen y la educación e ingreso de los padres. Un segundo grupo contiene las variables de esfuerzo propio, que los individuos sí están en capacidad de cambiar y que se afectan directamente por sus acciones y decisiones. Con frecuencia estas variables se relacionan con la formación, la educación y la decisión de migrar a otros contextos. 

El simplismo con que se asume el problema ha llevado al planteamiento de políticas públicas principalmente homogéneas que reconocen principalmente, las variables de esfuerzo propio, propician la migración y no permiten abordar temas como la propiedad de la tierra, enfrentar las disparidades regionales y las diferencias culturales con políticas diferenciadas.  En este contexto, la inversión pública, los sistemas educativos y la salud deberían tener un enfoque más progresivo e incluir por ejemplo, variaciones significativas de la inversión en las regiones y los grupos étnicos, diferentes a las ya adoptadas, que no han tenido el impacto esperado.  No es justo que los departamentos de la Orinoquia y la Amazonia sean vistos con el mismo lente en la reforma de las transferencias a las regiones.  De otra parte, es conveniente hacer una comparación histórica sobre la inversión regional gracias a los ingresos territoriales que se derivan del petróleo y los que la nación ha realizado de manera directa.  Sin duda encontraríamos una tremenda brecha que nos llevaría a concluir que los departamentos de esta región han asumido funciones nacionales y que en departamentos del centro del país fueron responsabilidad del gobierno central.  Esto marca un escenario que nos empuja a exigir un mayor compromiso frente a la regionalización y una mayor participación en las esferas de poder nacional. 

Países como España e Italia obtuvieron grandes avances en crecimiento y equidad social, desarrollando un marco de política de regionalización y autonomía territorial.  Los planes a futuro como el planteado al 2019 no hacen clara mención a la regionalización o a la solución a las disparidades regionales; simplemente mantiene el enfoque conservador que privilegia la inversión social de corte asistencialista y con un lente homogéneo frente a los problemas del milenio.  Necesitamos reformas que tengan en cuenta las diferencias regionales.

 

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

A Rosalba Jimenez Amaya. Lider indígena sikuane.

La participación de la región en el escenario político nacional es poca. La representación regional en el gobierno, históricamente ha sido mínima. La región adolece de mayor reconocimiento y participación en las altas esferas, pues es allí donde se toman las decisiones. Es lamentable saber que las medidas gubernamentales, los programas y proyectos son focalizados de manera parcializada por quienes si tienen un profundo arraigo regional y poco sentido nacional. Los costeños, cachacos y paisas han sabido reorientar recursos buscando atender los intereses de sus coterráneos. Podría decirse que esta es una de las causas de la poca presencia histórica del Estado y en la poca correspondencia de las políticas públicas aplicadas. El sistema de salud, las metodologías educativas, la explotación petrolera, el manejo de las fronteras, las políticas de atención social y las medidas restrictivas como el control de los cultivos de uso ilícito se ejecutan sin consultar nuestras diferencias socioculturales, condiciones políticas y características geográficas. No puede negarse que en los últimos años ha mejorado la presencia del Estado en la Orinoquia, no obstante hay que velar para esa presencia sea integral, pertinente y además corresponda con nuestro aporte en producción agropecuaria y riqueza petrolera. Hoy muchos miran a la región con expectativa gracias a su potencial. Sería bueno participar en las decisiones que se tejen y no esperar a que otros dispongan nuestro futuro.

Por esta razón, hay que resaltar el papel de una líder regional en el escenario nacional. Rosalba Jiménez, una mujer indígena de la etnia sikuane, nacida en las sabanas del Vichada, es ahora Presidenta del Consejo Nacional de Planeación. Su elección no la logró a través de maniobras clientelistas, la logró gracias a su capacidad de propuesta. Los primeros programas de Etnoeducación que realizó el Estado colombiano en los años 80 fueron gracias a su insistencia ante el Ministerio de Educación, proyectos que la ha llevado a recorrer todo el país. Gracias a su posición, propuestas como la autodeterminación de los grupos étnicos en Colombia y particularmente al manejo de su territorio ancestral, la inclusión de una política integral para el desarrollo de los departamentos de frontera y una revisión a la estrategia de fumigación de cultivos de uso ilícito, especialmente en los departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada, hacen parte de los acuerdos dentro de Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Hay sido defensora de la causa de sus paisanos en prestigiosos auditorios de Francia, España, EEUU, Brasil, Centroamérica, Chile entre otros. Es sin duda, una líder silenciosa que evita los elogios, nutrida orgullosamente con mañoco y pescado del Orinoco. Pero su lucha aun no ha terminado, con gran identidad y audacia emprende nuevas propuestas. Gracias a su perseverancia los pueblos indígenas de la Orinoquia y la Amazonia han tenido voz ante organismos internacionales, y hoy ejecutan importantes proyectos de cooperación en estos territorios.
Rosalba es un ejemplo de tenacidad y entrega por la dignidad y bienestar de sus paisanos. Ojala tuviéramos nosotros líderes de este talante y ante todo con la capacidad de impactar en las decisiones de gobierno.

No existe una receta que sea infalible y que sirva a todas las sociedades para alcanzar un nivel de calidad de vida deseable, pero lo que si resulta cierto y la historia lo ha mostrado es que las sociedades exitosas son las que han logrado incorporar el conocimiento científico tecnológico. La inversión en educación, ciencia y tecnología es crucial para lograr construir sociedades desarrolladas y equitativas. Sin embargo este propósito requiere de una articulación efectiva de tres actores, quienes se han caracterizado por su protagonismo, pero no han conseguido trabajar en conjunto.

La universidad, el sector productivo y el Estado deben trabajar armónicamente para propiciar el desarrollo local y regional. La universidad requiere ajustarse administrativa y académicamente para responder de manera pertinente a las demandas de la sociedad y el sector productivo. El modelo tradicional de la universidad dueña del conocimiento, estática y aislada como centro de pensamiento ha quedado revaluado frente al impulso de las tecnologías de la información y la comunicación en la instauración de una sociedad mundial del conocimiento. La función de la universidad es importante en la medida que sus procesos académicos sean pertinentes y contribuyan a solucionar los problemas de la región. Las universidades deben formar en los futuros profesionales una actitud emprendedora, porque los egresados están cada vez más llamados a generar empleo y no a buscarlo.

El sector productivo descubre poco a poco las bondades de modernizar y aplicar nuevas tecnologías para una mayor productividad y competitividad. La innovación es la clave para lograr romper la dependencia y emprender la búsqueda de nuevos mercados. Invertir en investigación es la clave de los emprendedores y en nuestra región existen ejemplos a seguir como la elaboración de aceite para motores a partir del aceite de palma o el trabajo en microorganismos para el control biológico en los cultivos y la fertilización sin agroquímicos. Estas son muestras de la capacidad de algunos empresarios para romper esquemas y seleccionar el camino del éxito.

Pero todo esto quedaría en mero discurso si las entidades gubernamentales no toman conciencia de la importancia de la investigación en una estrategia de competitividad territorial. Nada vale tener los medios para producir igual que siempre si se está compitiendo con otras regiones y países. No basta con tener recursos abundantes o pregonar un potencial estático. Es necesario ampliar las fronteras de la producción y esto se logra con la aplicación de conocimiento pertinente para lograr una producción diferenciada y competitiva. Es necesario contribuir a la formación de tejido social y empresarial para la competitividad en la región, fomentando la cultura de la innovación, el emprendimiento y la asociatividad. Los recursos para investigación no pueden seguir concentrados en las grandes ciudades u orientados hacia sectores poco dinámicos. El Estado nacional y regional tiene la misión de propiciar canales de diálogo, entendimiento y pertinencia entre la Universidad y el sector productivo. Es el momento para iniciar un proceso para la integración efectiva de la Universidad, la Empresa y el Estado para viabilizar los planes y programas planteados y que hasta el momento han permanecido en remojo.