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Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

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Universidad de los Llanos

Universidad de los Llanos

La pretensión de un club de acomodados ciudadanos sobre unos terrenos entregados por el Municipio de Villavicencio a la Universidad de los Llanos, es una muestra más de las lamentables situaciones que en la región se presentan y que marca la ambición y el afán de enriquecerse a partir del patrimonio público. La Universidad de los Llanos es una institución educativa pública, es decir, sus activos y recursos tienen una función social marcada por su misma naturaleza. Su función tiene una invaluable importancia al permitir que estudiantes de bajos recursos, una vez convertidos en profesionales, aporten al desarrollo de la región, y al mismo tiempo puedan dar un salto en su nivel social y el de sus familias. Es un hecho económico y social sin precedentes, pues gracias a la educación se genera ruptura al ciclo vicioso de la pobreza en muchos hogares de la región.

El desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Según el BID, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante: en Latinoamérica, quien ha aprobado algún grado de secundaria tiene 24 por ciento más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien que sólo cuenta con primaria terminada. Para el caso de quien cuenta con algún grado de bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.

No basta con tener vergonzosos hechos como las obras inconclusas de la SECAB, los dineros perdidos en las fiducias, mandatarios presos, otros huyendo, todo un record de corrupción y despilfarro, sino ahora también una muestra de elitismo frente a la equidad. La Unillanos ha tenido graves problemas para aumentar su cobertura, uno de ellos es la ausencia de terrenos para su expansión y apertura de más programas, precisamente, en estos terrenos se tiene proyectado ampliar la oferta académica de la facultad de ciencias de la salud.

Señores del club de Villavicencio un llamado a la sensatez, en este caso prima el interés general, más aun donde se advierte un fin suntuoso y elitista frente a la oportunidad de equidad social que brinda la universidad pública. La figura de los clubes sociales, ya en decadencia, obedece al culto a la apariencia, a la fastuosidad y opulencia, lo que significaría en forma directa legalizar la exclusión y arbitrariedad frente a la problemática social que nos agobia. Sería un antecedente lamentable que un hecho de estas características ocurra en nuestra ya aporreada región y más triste si los estudiantes, profesores y la sociedad en general no hacen nada para defender sus derechos.

Manuel Javier Fierro Patiño.Magister en Desarrollo Local y Regional

En la búsqueda de soluciones a la trajinada crisis mundial, emerge el fortalecimiento de los escenarios regionales y locales. Podrán desarrollarse todo tipo de políticas macro, en todos los sectores, pero estas no tendrán efecto si no se llega directamente a los agentes económicos primordiales: las empresas y los hogares. Precisamente en lo local y regional se construye la viabilidad de una verdadera competitividad territorial.

No basta mejorar la infraestructura, mejorar la conectividad y o el acceso a la información, si no se fortalecen los aspectos endógenos, de lo contrario solo se estaría mejorando el entorno y abriendo las puertas con un gran margen de maniobra a inversionistas externos que rápidamente pueden cambiar el paisaje económico para su beneficio, dejando en una clara posición de desventaja a los empresarios locales.

La intervención del Estado, además de promover y permitir la inversión foránea, debe ser la de fortalecer el capital humano y social de la región para que los habitantes participen abiertamente de los beneficios de la inversión.

Los empresarios locales a su vez, deben prepararse para grandes retos, modernizarse y buscar alianzas. Pero este proceso no es tan fácil como se piensa. Los empresarios, gremios, instituciones educativas, la academia y gobierno deben trabajar en el mismo sentido.

Por una parte, es fundamental construir una visión conjunta, como se pretende con el Plan Regional de competitividad, pero, simultáneamente hay que reorientar recursos y modificar la gestión pública y empresarial.

Ese norte estratégico se plasma en dos vías generales: Una, la de aumentar la productividad, es decir, seguir haciendo lo mismo, pero con mayor eficiencia. Y otra, mediante la transformación productiva, o sea, cambiando la forma de producir, generando valor agregado a la producción o generando nuevas alternativas productivas. Por ejemplo, producir cueros, lácteos, cárnicos, en vez de ganado en pie.

Los dos caminos requieren de personas competentes, tecnología, inversiones y una buena dosis de gestión y optimismo. De otra parte, hay que tener un conocimiento detallado del mercado y escoger con mucho cuidado nuestros clientes. No podemos pecar y producir lo mismo y de la misma manera que nuestros competidores (otras regiones y otros países), pues muy seguramente perderemos el impulso, pues ellos pueden tener más ventajas en infraestructura y cercanía a los mercados.

La región requiere dar un salto en la gestión de políticas, en lo empresarial y en lo tecnológico, que posibilite empresas con liderazgo, un entorno adecuado, políticas activas con acertada intervención de las alcaldías y gobernaciones, con una inyección tecnológica muy importante. No hay que actuar con improvisación, hay que pensar en el futuro.

Empieza haber un acuerdo en el mundo “subdesarrollado” respecto a dos componentes, a veces ignorados, pero que resultan imprescindibles en una estrategia de desarrollo regional: La necesidad del conocimiento científico-tecnológico y la constitución de redes-alianzas sociales-empresariales.  Las experiencias han enseñado que hacer énfasis en solo algunos componentes o dirigir la inversión de manera sesgada disminuye el porcentaje de éxito.  Igualmente, hay que diferenciar el tipo de desarrollo que se pretende, si es un desarrollo equitativo y sostenible o simplemente un crecimiento económico con elevadas inversiones en algunos sectores dinámicos.  No siempre lo segundo lleva a lo primero.  El ideal es que los rendimientos adicionales se distribuyan de manera equitativa e involucren al mayor número de empresarios, industriales, comerciantes y consumidores. La región es un escenario propicio para planificar con lente amplia y visión estratégica ante la disminución de maniobrabilidad política y económica que ha afectado a los Estados-nación.  La globalización permite el fortalecimiento del capital transnacional, abriéndole amplias posibilidades para movilizarse y multiplicarse en todos los confines de la tierra. Los tratados comerciales entre los países buscan potenciar sectores dinámicos, pero también descubren debilidades y falencias para articularse a los mercados internacionales.  De alguna manera, hay que buscar ponderar y compatibilizar las presiones que empujan a una apertura total y la protección de los productores locales.  Ante todo es natural y estratégico para un país mantener la base productiva y el poder de decidir su propio futuro. El riesgo consiste en perder la capacidad de responder autónomamente ante los cambios y verse totalmente a merced de los caprichos del capital extranjero. Al llegar a este punto, seria muy difícil para un Estado garantizar un nivel de calidad de vida aceptable para todos sus habitantes y además, permitir un desarrollo armónico para las regiones.

Ante el reto de posicionar exitosamente en el mercado nacional e internacional los bienes y servicios producidos por la región y mantener al mismo tiempo cierto poder de maniobra y decisión, surge la necesidad de potenciar las capacidades endógenas; porque solamente así sería posible proteger a los productores regionales. Se acepta que las posiciones dogmáticas proteccionistas no hacen bien a las empresas, pues las sumerge en un anquilosamiento sin estímulos, pero también es cierto, que ante las asimetrías existentes en un proceso competitivo, es conveniente desarrollar políticas para brindar todos los medios y recursos para ponerlas al mismo nivel frente a las empresas foráneas.  Es aquí donde se centra debate, entre los que creen que el mercado por si solo regula las relaciones sociales y los que están convencidos de un papel más proactivo del Estado.

Nociones recientes reivindican el papel promotor para el Estado, fundamentalmente en todos sus niveles macro, meso y micro, dinamizando y garantizando oportunidades de surgimiento, expansión y consolidación de la producción nacional y de las regiones. El hecho de brindar infraestructura o servicios básicos, es importante para jalonar inversiones, pero hoy en día, las dinámicas existentes demandan un papel más activo, abandonando el tradicional enfoque keynesiano, pero asumiendo una función determinante en la superación de las fallas del mercado, la inducción de pactos sociales y la promoción del desarrollo ambientalmente sostenible.  Un cambio de semejantes magnitudes, requiere de una nueva visión de la gestión pública, nuevas líneas de inversión y una mente más abierta a los cambios.

Los coletazos del fenómeno de la globalización tocan a las Universidades, persuadiéndolas de hacer un mayor esfuerzo en entender y desarrollar conocimiento útil y pertinente para los procesos productivos regionales.  Siendo así, es indefectible una alianza social entre las Universidades, las empresas y los gobiernos locales para incorporar conocimiento, innovación y diseñar e implementar estrategias coherentes para competir en los mercados nacionales y mundiales.

La región de la Orinoquia se ha caracterizado por la producción de materias primas.  En este marco de ideas, el principal pilar para lograr ese posicionamiento no es simplemente aumentar la producción o aumentar la eficiencia para lograr mayores márgenes de rentabilidad; es la aplicación de conocimiento apropiado y pertinente, el que permite dar valor agregado, generando retornos sociales significativos, pues aunque los resultados directos de un proceso de investigación, desarrollo e innovación, en una primera fase tienden a beneficiar a una empresa en particular, los efectos pueden distribuirse en todo el tejido empresarial. 

Desde el primer encuentro Universidad – Empresa – Estado, realizado en Villavicencio, el día 30 de agosto de 2006, con el auspicio de Unillanos y la Cámara de Comercio, un grupo de académicos, empresarios y funcionarios han venido reuniéndose, analizando y vislumbrando la alternativa más viable para la producción, difusión y apropiación del conocimiento regional para fines productivos y sociales.  Este grupo consolidado como Comité Universidad – Empresa – Estado, con la Secretaría Técnica por parte de Unillanos, advierte una debilidad respecto a las características de la oferta de conocimiento existente y su pertinencia respecto al núcleo tecnológico y apuestas productivas de la región.  Igualmente, indica un desconocimiento de las necesidades puntuales de las empresas respecto al mejoramiento tecnológico o desarrollo de procesos de innovación.  Surge entonces la idea de un primer proyecto que tiene como objetivo primordial la caracterización de la oferta y demanda de conocimiento regional para identificar posibles alianzas y proyectos entre los diferentes actores de la competitividad para materializar el potencial endógeno existente.  La cualidad estratégica de la inversión en ciencia y tecnología es que genera soberanía en un mundo en donde el conocimiento es el activo más importante.  Consecuentemente, esa soberanía permitiría una distribución más equitativa de los beneficios dentro de la sociedad llanera.  Es una iniciativa que con el apoyo de la Gobernación del Meta empieza a ejecutarse, no obstante, requiere de más apoyo y compromiso, que sumen más actores, nuevas universidades y el apoyo permanente de los entes territoriales.

Estas nuevas percepciones obligan a las instituciones regionales a cualificar su capacidad de respuesta, generando políticas públicas pertinentes e innovadoras, alejándose del persistente enfoque “receta”, el cual se basa en formulas traídas por asesores foráneos o que han resultado exitosas en otras latitudes. Lo anterior no excluye a las experiencias foráneas como insumo importante para implementar procesos autónomos y pertinentes de apropiación de conocimiento regional.

Los procesos de competitividad que buscan materializar los planes y programas de desarrollo que constantemente se formulan y reformulan, no se decretan, se construyen de manera articulada, haciendo énfasis en sistemas de innovación y la constitución de redes-alianzas socio-empresariales.

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Local y Regional

Consultor, Profesor de la Universidad de los Llanos

Secretario Técnico del Comité Universidad – Empresa – Estado (Meta)

Recibo con agrado y complacencia un aporte del profesor Wilsón Ladino Orjuela de la Escuela Superior de la Administración Pública. ESAP.  Es un texto para leer con detenimiento, en el cual se hace una crítica al escesivo centralismo y exclusión que ha sucedido por décadas en Colombia.  Por favor leánlo y haganlo circular…No olviden sus comentarios.  

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Profesor Universidad de los Llanos

 

 Mutisia: Un Nuevo Estado -Nación

 

Wilson Ladino Orjuela**

 

Ante el estruendoso fracaso del Estado colombiano, manifiesto en el centralismo asfixiante, la pobreza generalizada, la guerra interna, el desplazamiento forzado de miles de personas, la discriminación política y social y la reducción permanente de los recursos públicos; fracaso para ofrecer un futuro mejor a los habitantes del territorio del sur (Orinoquia, Amazonia, Huila, Cauca, Nariño y Sur del Chocó), la decisión soberana inmediata de sus ciudadanos deberá ser la de conformar un nuevo Estado de bienestar, con un modelo federal y régimen parlamentario que ofrezca y garantice los beneficios del mundo contemporáneo a sus hombres y mujeres.

 

Una declaración sencilla, contundente y soberana deberá hacerse ante el mundo para conseguir que otros países y organismos internacionales expresen su reconocimiento al nuevo Estado nación federal, Mutisia, dando origen al número 192 de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

 

Con más de 3 millones de personas indígenas, afro descendientes y mestizos, y aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados de territorio continental y mar Pacífico, con petróleo, minerales, bancos de agua dulce, biodiversidad de flora y fauna, órbita geoestacionaria, ubicación geográfica en el continente, un PIB apreciable y un régimen fiscal atractivo, inversionistas demócratas del mundo llegarán en el inmediato futuro para desarrollar al nuevo país.

 

Hay en el mundo de hoy más de 50 micro Estados nación con menos de 5 millones de habitantes y menos de 200 mil kilómetros cuadrados y menores recursos y sus habitantes cuentan con mejores condiciones de vida y mayores perspectivas de futuro. En los últimos 15 años han aparecido varios nuevos Estados nación en el concierto internacional y fueron reconocidos por otros Estados y organismos internacionales.

 

Una Asamblea de Delegados reunida en cualesquiera de las ciudades de este territorio de la nueva Mutisia puede estudiar y aprobar, en el plazo de 7 meses, la Constitución Política del nuevo Estado federado del los territorios del sur entre los que se incluirían la actual Orinoquia, Amazonia, Huila, Cauca, Nariño y el sur de Chocó.

 

El nuevo poder soberano nacional deberá organizar un Estado federado con régimen parlamentario, pluripartidista, ágil y capaz de aprovechar las enormes riquezas de su población y territorio y, promoverlas en el contexto internacional presente.

 

Con una carta efectiva de derechos fundamentales, con autoridades eficientes y eficaces, aplicado el principio moderno de la división del poder público, un banco central, organismos públicos de control, un nuevo gentilicio, un nuevo documento de identidad, un nuevo pasaporte, deberán ser diseñados en el corto plazo, así como los símbolos que lo identifiquen ante el mundo: escudo, bandera e himno.

 

A 200 años de la declaración de independencia, este nuevo gesto de soberanía es la mejor de las celebraciones que se puedan hacer y el mayor orgullo para los fundadores de 1810.

 

*Mutisia: Se toma del sabio pre-independentista José Celestino Mutis

 

**Profesor ESAP Territorial Once


Hay dos temas en Colombia que siempre se consideran álgidos y difíciles de abordar. La desigualdad social y las disparidades regionales se toman con prevenciones ideológicas, no obstante, debería ser tema de agenda en todos los partidos políticos, por ser algo que nos identifica negativamente en el escenario mundial y especialmente porque tienen amplias repercusiones en la vida nacional.  En este contexto, los enfoques más frecuentes diferencian dos tipos de desigualdad. La primera, la desigualdad de oportunidades, hace referencia a la inevitable desventaja que tienen ciertos individuos como consecuencia de condiciones desfavorables al nacer. La segunda, la desigualdad de resultados, hace alusión a la distribución del ingreso.  Hay un grupo de factores que se determinan barreras y que según estudios como el realizado por el CEDE de la Universidad de los Andes, marcan la tendencia que llevan a que una familia pobre origine hijos pobres. Existen en Colombia algunas variables heredadas como el grupo étnico, la región de origen y la educación e ingreso de los padres. Un segundo grupo contiene las variables de esfuerzo propio, que los individuos sí están en capacidad de cambiar y que se afectan directamente por sus acciones y decisiones. Con frecuencia estas variables se relacionan con la formación, la educación y la decisión de migrar a otros contextos. 

El simplismo con que se asume el problema ha llevado al planteamiento de políticas públicas principalmente homogéneas que reconocen principalmente, las variables de esfuerzo propio, propician la migración y no permiten abordar temas como la propiedad de la tierra, enfrentar las disparidades regionales y las diferencias culturales con políticas diferenciadas.  En este contexto, la inversión pública, los sistemas educativos y la salud deberían tener un enfoque más progresivo e incluir por ejemplo, variaciones significativas de la inversión en las regiones y los grupos étnicos, diferentes a las ya adoptadas, que no han tenido el impacto esperado.  No es justo que los departamentos de la Orinoquia y la Amazonia sean vistos con el mismo lente en la reforma de las transferencias a las regiones.  De otra parte, es conveniente hacer una comparación histórica sobre la inversión regional gracias a los ingresos territoriales que se derivan del petróleo y los que la nación ha realizado de manera directa.  Sin duda encontraríamos una tremenda brecha que nos llevaría a concluir que los departamentos de esta región han asumido funciones nacionales y que en departamentos del centro del país fueron responsabilidad del gobierno central.  Esto marca un escenario que nos empuja a exigir un mayor compromiso frente a la regionalización y una mayor participación en las esferas de poder nacional. 

Países como España e Italia obtuvieron grandes avances en crecimiento y equidad social, desarrollando un marco de política de regionalización y autonomía territorial.  Los planes a futuro como el planteado al 2019 no hacen clara mención a la regionalización o a la solución a las disparidades regionales; simplemente mantiene el enfoque conservador que privilegia la inversión social de corte asistencialista y con un lente homogéneo frente a los problemas del milenio.  Necesitamos reformas que tengan en cuenta las diferencias regionales.

 

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

El Departamento del Meta avanza en una dinámica económica de amplias perspectivas. No obstante, es necesario evaluar con prudencia los efectos económicos y sociales que se avecinan. Por ejemplo, los proyectos para la producción de etanol con cultivos de yuca y caña de azúcar. Petrotesting adelanta un proyecto de alcohol carburante a base de yuca, con 400 hectáreas sembradas para producir inicialmente 20 mil litros diarios de alcohol. Bioenergy, empezará a producir 250 mil litros de etanol en una planta destiladora de US$50 millones, teniendo como base mínimo 120.000 hectáreas de caña de azúcar.  Respecto a la palma, existen 95.000 hectáreas en los llanos, listas para la producción de biodiesel. El maíz es otro cultivo que está en su agosto por la demanda en el mercado mundial, principalmente por su utilización en la producción de etanol en EEUU.  A esto sumémosle, la bonanza petrolera, con el aumento de la producción de crudos pesados y los buenos precios internacionales, lo que pronto nos llevará al primer lugar en Colombia. Esto significa un aumento de las regalías y por consiguiente recursos disponibles para inversión social. Además, el consumo de los hogares está por el cielo. El turismo, las colocaciones y la cartera de los bancos han crecido a un ritmo abrumador. Pero ahí no paran las noticias. Hay planes para la construcción aproximadamente de 20.000 viviendas, entre casas y apartamentos que se construirán en un lapso de 3 años. La inversión, especialmente en vivienda de estratos altos, podría estar cerca de los 800 mil millones de pesos. 

                            

Todo esto marca un panorama alentador, pero también un reto importante para las políticas públicas.  Es clave responder con inversiones estratégicas, rigurosamente planificadas para lograr enrumbar la economía de manera sostenible. Así mismo, es relevante estar al tanto de los desequilibrios sociales y el rezago de la infraestructura rural y urbana.  Hay que ponerle freno al alza de los alimentos, especialmente la carne, los lácteos, la harina de maíz y la panela, precios que se han afectado por el aumento de la demanda nacional e internacional.  Las bonanzas causan desequilibrios que afectan a los hogares más pobres, hecho que debe contar con la debida atención de los gobiernos nacionales, regionales y locales.  

Es muy importante la inversión en infraestructura física, pero, la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales en los campos que requiere el sector productivo no da espera. La inversión en ciencia y tecnología debe ser muy superior a las tasas observadas hasta el momento. Si no tenemos conocimiento y capital humano, simplemente ciencia, empresas y recurso humano llegarán de otras partes. Los pequeños productores y comerciantes tendrán que hacer un gran esfuerzo en asociarse, capacitarse y trabajar en equipo.  Todo apunta a que el apoyo público debe ser protagonista para generar equidad social y permitir que las utilidades generadas por las bonanzas toquen efectivamente a la gente de la región.  Esto requiere de un trabajo mancomunado entre los gobiernos, instituciones educativas, la academia y el esfuerzo propio de los afectados.  Igualmente, vale la pena insistir, que si no contamos con gobernantes competentes y honestos, podemos echar por la borda este momento crucial en la historia regional. 

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional