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Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

Información no es Conocimiento

Información no es Conocimiento

Las crisis económicas pueden ser un contexto propicio para que los actores regionales presten atención a lo realmente estratégico. Generalmente, en situaciones comunes, donde supuestamente no existe un afán gerencial y aparentemente no hay preocupación por la escasez, existe la tendencia a despilfarrar, pensar menos y actuar improvisadamente. Pero, cuando la crisis llama el interés general y se demandan soluciones pertinentes y oportunas, se suele ser más cauto y pensar mucho más las cosas. Es una oportunidad para plantear propuestas responsables que apunten a maximizar recursos, generar alianzas y emprender acciones coherentes.

Lo cierto es que se requiere un marco para generar ingresos para la población, pero si las empresas y la economía en general están en recesión, es muy difícil que se pueda producir lo suficiente para generar empleo y activar la demanda. Es el momento para desarrollar un plan de emprenderismo y formalización empresarial a gran escala, que involucre recursos significativos, garantizando el tránsito de los emprendedores hacia la consolidación de empresas que generen valor agregado, ingresos y nuevos empleos. Se necesita un proceso intensivo que garantice que hagan empresas los emprendedores que realmente cuentan con los medios tecnológicos, financieros y el conocimiento para desarrollar planes de negocios factibles. Por esta razón, se requiere la participación articulada de la academia, los gremios, las empresas y el gobierno para construir una verdadera región del conocimiento. Ello implica la necesidad de darle vida a proyectos como las zonas francas, los parques tecnológicos y multiplicar los departamentos de investigación, desarrollo e innovación en las universidades, fortalecer las empresas existentes, desarrollar programas de emprenderismo y orientar los recursos de los entes territoriales hacia los sectores dinámicos.

Pero brindar resultados de manera inmediata requiere de un esfuerzo en recopilar y procesar la información de manera rápida. Datos sobre los mercados, inversiones tecnológicas y aplicación masiva de tecnologías de la sociedad del conocimiento, proveen del soporte adecuado para la toma de decisiones. Una región del conocimiento es una región “inteligente” que puede adaptarse y evolucionar de manera flexible, ofreciendo respuestas pertinentes en tiempo real. Es la región donde los recursos financieros se combinan con información de mercado, conocimiento y tecnología de última generación.

La Orinoquia tiene el capital humano, los recursos financieros y los medios para conseguir, adaptar y producir la tecnología para apuntalar un proceso de desarrollo en el corto y largo plazo. Solamente se requieren decisiones políticas con visión estratégica, que conviertan planes en hechos palpables.

Manuel Javier Fierro Patiño Magíster en Desarrollo Local y Regional

Presentación de la propuesta de Plan Regional de Competitividad como resultado de la consultoría realizada con Confecámaras. Apoyo de la secretaría técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Meta, Secretaría de Planeación y Desarrollo del Meta y la Cámara de Comercio de Villavicencio.

 Este documento pretende ser el principal instrumento de la sociedad del departamento del Meta para llevar a cabo un profundo proceso de transformación productiva. Por años hemos escuchado el discurso de nuestras potencialidades y las enormes ventajas que nos brindan nuestra biodiversidad, posición geográfica, nuestra riqueza petrolera, nuestra cultura y capital humano, pero, el discurso se torna vago si no se avanza hacia la realización concreta de nuestras metas.La propuesta nace y se nutre de una rigurosa revisión de los procesos de planificación desarrollados en el departamento en los últimos años, recogiendo los aportes que cada uno de ellos y también los resultados, recomendaciones y datos ofrecidos por estudios relevantes como Doing Business del Banco Mundial, el escalafón de competitividad de la CEPAL, aportes del BID en enfoques para el emprenderismo y el desarrollo empresarial, el estudio de Hausmann, los estudios de Araujo & Ibarra, la apuesta nacional exportadora, el observatorio de agrocadenas, entre otros.  Igualmente, se recopiló información consistente en encuestas a líderes sobre la percepción de competitividad, documentos producidos por las secretarías técnicas de las cadenas productivas, el estudio del tema de informalidad y la caracterización de nuestro tejido empresarial. Se trata de una propuesta soportada en un progresivo proceso de construcción conceptual para materializar la competitividad y en el acuerdo tácito que ha construido la sociedad del Meta en torno a unos proyectos estratégicos. Se adopta el concepto de competitividad sistémica, reconociendo su utilidad en contextos complejos como el nuestro; igualmente, se consultan e incorporan argumentos desarrollados por diferentes experiencias de países y regiones que han avanzado en desarrollo endógeno, activando con éxito sus capacidades locales.  

El principal reto consiste en reconocer que el futuro depende de nosotros y que necesariamente toda estrategia de competitividad debe basarse en nuestra contundente decisión de transitar de las palabras a los hechos y en la autoconfianza para realizar los cambios requeridos. 

Ver propuesta:

Solicitar documento y sugerencias al correo electrónico manueljavier@gmail.com

El Comité Universidad – Empresa – Estado se conformó de manera autónoma y espontánea, sin decreto ni lanzamiento gubernamental, como una instancia propia y un espacio amplio de discusión, reflexión y propuesta, respecto a la articulación de los actores mencionados. Valieron discusiones internas dentro del Consejo Regional de Empleo y el PNUD con el programa Redes, para que el día 11 de septiembre de 2006, en la sala de juntas del Consejo Superior Universitario de Unillanos se gestara el primer grupo dinamizador conformado por profesores, directivos, investigadores de las Universidades Uniminuto, Unimeta, U. Cooperativa, UNAD, ESAP, UAN y Unillanos. Igualmente, participaron funcionarios de la Gobernación del Meta, Cámara de Comercio, ONGs, empresarios y miembros de AGAMETA, AVIMETA y el Comité Intergremial del Meta. Luego de unas 5 reuniones, se fue consolidando el Comité UEE, se vincularon otros miembros y se empezaron a plantear algunas propuestas.

La discusión de fondo siempre fue dilucidar el papel de los actores de la triada, en la materialización de una estrategia de desarrollo regional que recogiera los ejercicios anteriores de planificación, reorientara un proceso social de apropiación de la ciencia y tecnología, y que ofreciera resultados palpables a través de alianzas que llevaran a procesos locales de innovación y competitividad.  En el transcurso de la discusión y la rotación de los sitios de reunión en cada una de las universidades miembros, se llegó a un punto de acuerdo sobre la primera iniciativa jalonada desde el Comité UEE. El requerimiento de contar con información precisa sobre el conocimiento generado y propagado en la región y el análisis detallado de las necesidades de los sectores productivo y social, fue el detonante que dio origen al primer proyecto. Se necesita como primera medida, para generar un proceso serio y coherente, sentar las bases para la articulación; pues es claro, si los actores no conocen la oferta y demanda actual de conocimiento, no podrán encontrar puntos de confluencia y trabajo conjunto.  Por esta razón, nace el “Mapa de Conocimiento” como insumo necesario para identificar proyectos y alianzas entre Universidades, Empresas y Estado. 

Gracias al apoyo económico de la Universidad de los Llanos y la Gobernación del Meta.  Se hizo una aproximación seria sobre la oferta de conocimiento de Unillanos (tesis, investigaciones, ponencias, libros) en los últimos 10 años y se analizó la demanda global de conocimiento del tejido empresarial y organizaciones del Meta.  Es un proyecto que demandó el esfuerzo intenso de un equipo base conformado con apenas 4 profesionales, con pocos recursos, pero apoyado por cerca de 10 profesores de las diferentes universidades, 35 estudiantes de Unillanos y un grupo selecto de expertos.  Hoy se tiene una idea clara de las posibilidades de articulación y esperamos con gran expectativa la continuación del apoyo y la vinculación de nuevos aportantes para desarrollar una segunda fase que resulte en la concreción de múltiples alianzas Universidad-Empresa.

Procesos de este tipo deben ser apoyados por los gobiernos locales, universidades, los gremios y empresarios, pues permiten evolucionar con pie firme hacia el real aprovechamiento de nuestras potencialidades.