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FORO VICHADA A2014 099

El Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia “ICAOC” de la Universidad de los Llanos realizó en los cuatro departamentos llaneros un evento de reflexión colectiva con actores sociales para la construcción de la visión de desarrollo sostenible de la región.  Este ejercicio participativo se realiza en el marco del convenio que suscribió Unillanos con Ecopetrol y en el cual se contempla la formación de 35 profesionales de estos departamentos en el programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible.  Los eventos iniciaron en Villavicencio, el 18 de junio, continuó luego en Yopal el 25 de junio, siguiendo en Puerto Carreño el día 28 junio y terminando en Arauca el 3 de julio del presente año.  Dentro de estos talleres se realizó un análisis de los factores de cambio en el territorio en el pasado – presente y futuro logrando un consenso entre los actores en cuanto a los aspectos más relevantes que afectan la realidad en el territorio.

Este trabajo que realiza Unillanos pretende hacer una lectura y comprensión de las dinámicas regionales, dar a conocer las diferentes visiones que existen sobre la región, visibilizar a los actores locales, que en la mayoría de los casos son excluidos de las decisiones que se toman sobre la Orinoquia y contribuir a la génesis de un nuevo discurso regional mucho más proactivo y que nazca del análisis que los actores locales hagan de la realidad, tanto en sus causas como en los efectos. En estos talleres participaron la academia, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, agremiaciones y líderes de la región.

La dinámica ofreció un panorama algo desalentador respecto al presente. Los actores locales perciben que en el pasado todo era mejor, existían valores, una cultura del respeto y tolerancia que favorecía la vida en paz y armonía, “se vivía y se trabajaba con alegría”.  La historia se parte en dos con la aparición de los fenómenos del narcotráfico, la explotación petrolera y la colonización territorial. De alguna manera la realidad se volvió más compleja y conflictiva, aunque con nuevas oportunidades de crecimiento económico, pero con una tendencia a privilegiar la exclusión social, el acaparamiento, la expoliación de los recursos naturales y la competencia social y empresarial desmedida. Existe una gran preocupación por el deterioro ambiental y la afectación acelerada que ha tenido el recurso hídrico. La sensación es de abandono estatal y una percepción negativa sobre todo lo que aumente el centralismo.

Algo que preocupa en gran medida es la poca participación de la población local en los beneficios que trae la dinámica económica, principalmente en lo relacionado con la explotación petrolera y el boom agroindustrial en la altillanura.   En asuntos delicados como la frontera nacional existe poca presencia y descuido del Estado, la situación de zozobra y tensa calma que se vive en los territorios fronterizos, especialmente en Arauca, que ha sido un territorio especialmente golpeado por el conflicto armado, donde rige la ley del miedo y el terror. Pese a todo esto la región ha crecido demográfica y económicamente, además muestra nuevas perspectivas económicas como el comercio de grandes superficies,  la piscicultura, el turismo, la biotecnología y la agroindustria, un avance importante del capital humano y un proceso de organización social interesante.

El ICAOC de la Universidad de los Llanos continuará con esta serie de ejercicios durante el mes de julio, llegando a las subregiones de cada uno de los departamentos a través de reuniones, encuentros, talleres y conversatorios con actores locales que realizarán los estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible. De esta manera se espera identificar algunas  variables estratégicas que permitan priorizar alternativas de desarrollo sostenible para la región.  Cabe anotar que los actores locales han recibido con gran aceptación y aprecio esta iniciativa de la Universidad de los Llanos, pues consideran que existen muchos actores foráneos y entidades privadas que literalmente como lo mencionan los moradores “llegan con discursos culebreros a hipnotizar con mentiras y propuestas descontextualizadas.

Durante el segundo semestre continuará este proyecto en cada uno de los departamentos, generando conciencia en la perspectiva de consolidar liderazgos regionales que tengan incidencia en las políticas públicas que afectan el territorio.

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Sector de Carimagua

Sector de Carimagua

La altillanura colombiana es hoy por hoy una de las regiones más estratégicas para el país. En este territorio ocurren dos prioridades económicas planteadas desde la política del gobierno central: La producción de hidrocarburos y la bonanza agroindustrial.  La apertura del pozo de caño limón en Arauca en el año 1986 inició en el país la verdadera locomotora petrolera, que luego pasó a Casanare con el hallazgo de Cusiana – Cupiagua y ahora en el Meta en la zona de Puerto Gaitán. De otra parte, el boom agroindustrial tiene su avance más decidido en el gobierno Uribe con el macroproyecto del “Renacimiento de la Alta Orinoquia” continuando en el gobierno Santos a través de las políticas públicas con una serie de incentivos que ratifican el potencial productivo de la región y promueven a la altillanura como la nueva frontera económica.

 

Lo cierto es que esta zona oriental de Colombia de aproximadamente seis millones de hectáreas se ha convertido en un corto tiempo en el territorio de dinámicas económicas jalonadas por la demanda mundial de energía y alimentos. Tal potencial económico agroindustrial ha sido advertido por grupos económicos nacionales y extranjeros, los cuales están dispuestos a invertir cerca de mil millones de dólares en una primera etapa. Igualmente, la producción de petróleo en la altillanura ha convertido al Meta en primer productor de petróleo desde el año 2006 llegando hoy a más de medio millón de barriles diarios.

 

Lo que pasa desapercibido es que tal “boom” arrasador tiene sus efectos nocivos y lamentablemente nuestra sociedad tiende a minimizarlos. La producción petrolera y el “boom” agroindustrial están generando impactos negativos en el territorio y aunque en el corto plazo parecen mínimos, a largo plazo pueden significar el mayor fracaso ambiental de la historia colombiana. Esta afirmación no nace de un posición opositora a la inversión nacional o extranjera o a una declaración ideológicamente opuesta al capital, sino de una cierta y ponderada hipótesis que hoy expresan muchos académicos y científicos del país.

 

Analizando estos impactos existen cinco asuntos claves que deben tener espacio urgente en la agenda del gobierno:

 

  • La necesidad de generar incentivos a la producción limpia y también sanciones cuando los impactos sean seriamente significativos.
  • La intervención inmediata a la veloz dinámica migratoria y el control al establecimiento de campamentos temporales donde actualmente pueden convivir más de 15.000 personas.
  • La necesidad de promover una política del buen uso y manejo sostenible del recurso hídrico.
  • Proteger a las comunidades indígenas garantizando su pervivencia y seguridad jurídica de sus territorios.
  • Promover la inclusión de la población local en los beneficios generados

 

La agricultura comercial de grandes superficies, responsables de la producción de arroz, maíz, soya, caña de azúcar entre otros cultivos de la altillanura causa un impacto nunca antes medido en ecosistemas frágiles que no tienen la capacidad de recuperarse de manera rápida, pues se han mantenido intactos por milenios.  La cantidad de agroquímicos, plaguicidas y la modificación del suelo traen serios problemas que afectan la bioquímica del suelo y además provoca la contaminación de las fuentes de agua. Los moradores de la región reportan muertes de peces y cambios en las condiciones del agua que la hacen imposible de consumir.

 

Igualmente, no se advierte un compromiso ambiental de las empresas responsables de la exploración y explotación de petróleo. Las tecnologías utilizadas tienen reparos por diversos círculos ambientalistas, solo por mencionar el “fracking” y la tecnología “Star” que privilegian la extracción en masa sin tener un estudio detallado de los impactos negativos en el ciclo hídrico y la estructura geológica general. Lo ideal sería que esta importante posibilidad de recursos de inversión no se convierta en una mala experiencia para el país. Hay que revisar con detalle experiencias internacionales en minería sostenible y controlar los impactos generados.

 

De otra parte, la dinámica migratoria es arrasadora. La migración nace en una oportunidad y genera otras oportunidades, pero el impacto ambiental no se ha dimensionado a futuro. En menos de cinco años la región ha tenido que soportar un aumento de más de 20.000 habitantes que en su mayoría se instalan en campamentos temporales que no tienen un planeamiento adecuado sobre la utilización de agua, energía y otros recursos. Igualmente, su presencia es una presión notable para los ecosistemas por la búsqueda de agua potable, la disposición de residuos sólidos y aguas servidas.

 

Como se puede apreciar el recurso hídrico es el más afectado, aunque los estudios mencionan las  hectáreas susceptibles de ser intervenidas, no existe una política directa que atienda los impactos sobre este recurso. La simple propuesta de más estudios y aplicación de mecanismos de ordenamiento y planeación ambiental que traza el Conpes de la Altillanura no es suficiente. Es necesario tomar medidas urgentes que además promuevan acciones directas y una campaña pública de prevención de impactos, uso y manejo adecuado del recurso hídrico.

 

Aunque el país puede pasar de manera desapercibida afirmaciones donde vehementemente se afirma que los resguardos indígenas son un obstáculo a la inversión, es claro que estos territorios tienen una función especial que debe ser reconocida y garantizada. Los pueblos indígenas son originarios de estos territorios. En tiempo memoriales, se trasladaban libremente por las tierras de la Orinoquia, antes de ser diezmados y culturizados por la dinámica conquistadora y colonizadora. Hoy han sido confinados en estos territorios, lo mínimo que puede hacer la nación es garantizar el estado jurídico de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como lo contempla nuestro ordenamiento legal.  Además de su lengua y cultura tienen un conocimiento ancestral que empieza a ser importante para el mundo actual. 

 

Las organizaciones indígenas ven como una grave amenaza para su pervivencia lo ocurrencia de estas intervenciones económicas a un ritmo acelerado. Existe mucha inquietud por la simplicidad y ligereza como se asumen los proyectos sociales, contemplando solo soluciones parciales y cortoplacistas sin asumir el compromiso de atacar las raíces de la problemática.  El problema no está relacionado muchas veces por la escasez de recursos sino por la descontextualización y aplicación inadecuada de las propuestas que obedecen a modelos de atención poco pertinentes con relación a su cultura y cosmovisión.

 

Otro asunto y que es sumamente preocupante es la condición de enclave que está demostrando esta intervención económica. La economía de enclave se caracteriza por sacar y extraer los beneficios del territorio sin impactar positivamente a sus habitantes. La queja de los habitantes es continua y persistente como para no ser escuchada.  El tema no tiene que ver solamente con las regalías las cuales fueron redireccionadas para el resto del país sin considerar los impactos sociales, económicos y ambientales que esta actividad petrolera origina, sino que también apunta a la problemática en la selección de trabajadores y la disminución de mano de obra para actividades tradicionales como la ganadería y los cultivos de pancoger, actividades de gran tradición y muy importantes para la supervivencia de la población local. No se trata de una situación pasajera y manejable como se ha pensado. Requiere de una política nacional de intervención social que propicie los beneficios económicos nacionales que promete, pero que no deje de lado el tema social y la respuesta adecuada a las demandas de los moradores. La altillanura es una gran oportunidad para el país. Se puede decir que hoy es la responsable de la viabilidad de la economía colombiana, pero hay que pensar en los impactos y en la necesidad de escuchar a la población local que se ve excluida y afectada por la velocidad e intensidad de los cambios mencionados.

 

El gobierno nacional tiene la palabra en convertir esta zona en una experiencia replicable en términos de desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, poblamiento planificado y sensibilidad social o en dejar que se generé la gran catástrofe que sería un hecho por el cual nuestro país sería negativamente reconocido en el ámbito mundial.

Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria de la Orinoquia, es una iniciativa que promueve un conjunto de universidades de la región, con empresarios y sector gobierno, en una alianza de Universidad – Empresa – Estado. El objetivo es lograr a través de la ciencia, la tecnología e innovación, mediante una red colaborativa de los actores regionales las soluciones requeridas para la transformación de las materias primas que se producen en esta zona del país, generar valor agregado, empleo y oportunidades para los Orinocenses.

El proyecto Comprende la instalación de nodos regionales en Villavicencio, Yopal, San José del Guaviare, Inírida, Puerto Carreño y Mitú, en los cuales se dispondrá de un sistema de información que integra soluciones tecnológicas, la oferta de los grupos de investigación para la transformación de las materias primas de los sistemas ganadería, piscícultura, fruticultura, forestales, silvícola, balanceados, agroenergía y producción de alimentos, articulando una red de laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico que propiciarán en cada departamento un grado de especialización de acuerdo a su potencial.  Es decir, que los departamentos del Guainía y Vaupés podrán tener la infraestructura de investigación, los recursos humanos idóneos y el acceso a los paquetes tecnológicos  para aprovechar sosteniblemente y  transformar con  los productos que genera la selva.  Así cada departamento articulado a una red de trabajo colaborativo entre empresarios, grupos de investigadores y actores del gobierno podrán desarrollar el enorme potencial que tiene esta región.  Los departamentos del Meta, Casanare y Guaviare desarrollaran nuevos productos a partir de la ganadería y la producción agrícola de zonas tan promisorias como la región del Ariari y la Altillanura.  El departamento del Vichada podrá generar todo un proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento forestal.

El trabajo comprende tres etapas, las cuales pueden desarrollarse en un lapso de 6 años. La primera etapa comprende la creación y articulación de la red de actores regionales, laboratorios y centros de investigación de las universidades que participan del proyecto mediante la red de informática y comunicaciones; la construcción de una planta piloto agroindustrial para experimentación y desarrollo de nuevos productos,  la preparación del recurso humano gestor y la conformación de una unidad de gestión tecnológica avanzada, inteligencia de mercados y estructuración de proyectos.

En una segunda etapa se ampliaran las capacidades de los laboratorios en cada departamento, la formación y fortalecimiento del recurso humano regional mediante alianzas nacionales e internacionales con otros centros de desarrollo tecnológico que trabajen el mismo objetivo y el posicionamiento comercial de nuevos productos basados en la transformación de las materias primas de la región.

La última etapa comprende la generación de la infraestructura necesaria para consolidar procesos de desarrollo tecnológico en toda la región, la formación de maestrías y doctorados en áreas estratégicas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y generación de empresas de base tecnológica que  integren diferentes centros de investigación y laboratorios de toda la región, generando empleo y oportunidades para la gente de la región.  Otra preocupación del Centro será el posicionamiento internacional de los nuevos productos, la innovación social y la generación de alternativas de gestión organizacional, transporte y comercialización acordes al potencial regional.

De esta manera la región pretende propiciar que los beneficios de la transformación se queden en la región y permitir a los actores regionales ser protagonistas proactivos de su propio desarrollo.  No es algo descabellado. La región ha venido avanzando en el tema de la educación superior, la formación avanzada y ya cuenta con algunos grupos de investigación que pueden empezar a generar una dinámica productiva que beneficie a los productores y empresarios de la región. El proyecto se desarrolla por fases y se espera que en la medida que se consolide integre una mayor cantidad de empresarios, universidades e instituciones públicas.

Para mayor información se puede establecer comunicación mediante email a los correos: cdtorinoquia@gmail.com o cueemeta@unillanos.edu.co en los cuales se brindará la información necesaria para hacer parte de esta iniciativa. La propuesta está siendo gestionada por el Comité Intergremial del Meta, Asorinoquia, Bionergy, el Comité Universidad – Empresa – Estado, universidades como la Universidad de los Llanos, Unimeta, Uniminuto, la universidad Santo Tomás, la Universidad San Martin, la ESAP, la UNAD, la Universidad Antonio Nariño, CUN, CIDCA y la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otros actores regionales, como la Mesa Rectoral Universitaria que integra a instituciones de Educación Superior de Meta y Casanare.

Manuel Javier Fierro P.  CUEE Meta. Unillanos.