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Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

Villavicencio se ha convertido en un parqueadero de tractomulas. La producción petrolera y el auge agroindustrial en la altillanura, ha convertido a la capital de la Orinoquia en un caos de movilidad por los frecuentes trancones en las principales vías de acceso. Además de ser el centro integrador de la región frente al gran mercado bogotano y la conexión obligada con el resto del país, la ciudad pasó a sufrir el transito diario de más de 10.000 vehículos de carga pesada, duplicando el transito normal de hace dos años.  Este crecimiento en la frecuencia y además en el número de vehículos  hace imposible poder tener paz y tranquilidad al viajar, especialmente en los trayectos Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán. De otra parte, es notable el déficit de área de parqueo en Villavicencio, por lo tanto, es natural ver inundadas las calles de la ciudad de tractomulas, los andenes y costados de las vías y las algunas estaciones de servicio. Las vías a menudo están congestionadas. Estos gigantescos vehículos, además de ocasionar problemas de contaminación con químicos, producen polvaredas que afectan las viviendas y negocios, suciedad de las vías, riesgos de accidentes y ruido en exceso.

Es evidente que la cultura ciudadana de algunos conductores de esta clase de vehículos no es la mejor.  No respetan normas de tránsito, conducen a altas velocidades, arrollan ciclistas y motociclistas, cierran constantemente a los vehículos que temerosamente se mueven entre sus líneas.  Para transeúntes y conductores no hay oportunidad, sino ceder y dejar que se tomen la vía como quieran, pues son las señoras de la vía. Trayectos que antes se hacían en corto tiempo han pasado a ser eternos.  Viajar del barrio Galán a ciudad Porfía es una dura prueba de paciencia, ni hablar de la Glorieta de la Grama hacia Catama o tratar de llegar a la Universidad de los Llanos.  El anillo vial es cosa aparte, según el Ministerio de Transporte esta destacado como uno de los diez lugares más peligrosos del país, con las mayores tasas de accidentes fatales.

Es de reconocer que se han tomado medidas y existen buenas intenciones para atender esta problemática, pero esta situación desborda las competencias locales.  Es necesario exigir al gobierno nacional y a la empresa privada, que están recibiendo los beneficios de este boom comercial, que se comprometan a cooperar en la solución y atender las normas de tránsito.  Algunas consecuencias  son notables y las sufrimos los llaneros, la pérdida de competitividad regional, la disminución en la ocupación hotelera, los daños en la malla vial y los constantes accidentes de tránsito.  La ciudad está colapsando igual al nombrado eufemismo “Autopista Bogotá-Villavicencio”, una vía de prometió 90 minutos y ahora apenas promete si se tiene suerte, tres horas de trayecto y por lo menos tener la fortuna de llegar ileso.Imagen