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Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

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Hace unos años mencioné en una columna la necesidad de superar el “complejo mesiánico”, el cual consiste en la estúpida condición de algunos nativos de un territorio en considerar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo propio, en atención a la sumisa posición de creer que por su origen en la periferia, todas las cosas son de menor valor, inclusive el conocimiento propio llega a ser desvalorizado frente al foráneo, que por sólo ser externo, tiene la apariencia de ser más moderno y distinguido.  La idea de concebir que siempre vendrá alguien iluminado con las soluciones a nuestros problemas.  Esta condición colonial desdibuja las capacidades locales e inclusive deprime la evolución positiva en la construcción de conocimiento regional que en muchos casos puede llegar a reconceptualizar ciertos términos, innovar y aportar nuevos enfoques y puntos de vista.  Vemos que este maligno complejo renace, pero esta vez se fortalece como mito y con mayor energía.  La malignidad de este complejo radica ahora en que los foráneos aprovechan esta condición con sus acartonados títulos para pontificar y conceptualizar sobre lo propio. Se escudan en certificados y estadísticas creyendo que toda aquella persona que sea de tal cofradía, de tal nobleza, recibe una envestidura y automáticamente el conocimiento pertinente les es transferido y además aseguran enfáticamente que es un conocimiento absoluto, muy superior a todo lo creado. Lo anterior tiene su aplicación en el sistema de la educación superior. La región de la Orinoquia ha tenido históricamente una baja cobertura de educación superior, sin embargo, la historia ha venido cambiando. La Universidad de los Llanos, Unimeta, Unitrópico y otras universidades con subsedes en el territorio, como la Universidad Nacional, la U. Cooperativa, la U. Antonio Nariño, la U. Santo Tomás, la ESAP, la UNAD, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad San Martín, entre otras, han venido aportando con sus programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en un proceso creciente de cualificación del capital humano.  La acumulación creciente de capital humano es hoy por hoy, uno de los principales ingredientes para el desarrollo y la innovación territorial.   La región cuenta con más de 15 programas académicos a nivel de maestría y el próximo año la Universidad de los Llanos lanzará el primer doctorado regional.  Por lo tanto, aunque las cifras son aún bajas frente a lo que necesita la región, por lo menos existe un importante y creciente acervo de conocimiento que tiene como objeto la lectura territorial de las principales dinámicas locales y regionales.

Dada la creciente importancia de la región, en razón al boom agroindustrial y minero energético, sobretodo en el área de la altillanura. Aparecen expertos foráneos en foros locales pontificando y señalando verdades absolutas por doquier. Llegan universidades externas, con ánimo de participar en la búsqueda de soluciones, pues de plano están plenamente seguras que aquí no hay capacidades locales, y lo peor es que lo ratifican con tal desfachatez en revistas como la Revista Semana en su edición “Tierra a la Vista”. Todo deja entrever que aquí existe una agenda oculta, no se sabe cuáles serán las verdaderas intenciones. Pero lo más triste es que hay empresarios, líderes políticos locales y gobiernos seccionales que actúan como patrocinadores de esta desaprobable conducta. Lo que llama la atención es que cuando la nación empieza a ver en esta región el área más estratégica para el desarrollo del país, llegan expertos de universidades externas a conceptuar sobre la realidad local y crean institutos de investigación y centros de estudios que parecería que están más orientados a canalizar recursos de proyectos de regalías, fondos de ciencia y tecnología, presupuestos para consultorías especializadas que supuestamente son obligatorias para diseñar el desarrollo local y regional.  También levanta sospecha que son universidades que nunca han tenido programas académicos en la región y ni siquiera cuentan con una sede local.  Lo que molesta no es la incorporación de nuevos conocimientos o la posibilidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología local con la incursión de nuevas universidades. Lo que molesta es la aptitud socarrona y la absurda suficiencia de creer que se está en un territorio virgen y que aquí no existe nada para construir desde lo propio.  Molesta que crean que el solo nombre de una universidad ranqueada en los estándares de calidad, le enviste automáticamente de un conocimiento pertinente sobre la realidad local; de esta manera desconocen y subvaloran las capacidades creadas en el territorio y desprecian la construcción autóctona de conocimiento. Una universidad que actúa así además de molestia genera gran desconfianza. Y no es una desconfianza nacida en posiciones ideológicas que intentan satanizar a una universidad como centralista, o señalarla como el brazo académico de las élites económicas. El asunto va más allá, tiene que ver con la acumulación de capital humano y la necesidad de construir desde lo local procesos de largo plazo.

Para la muestra vale mencionar, según lo anunciado por el DNP, la ejecución del Conpes de la Altillanura va a requerir estudios de ordenamiento territorial, planeación ambiental y construcción de proyectos en la región, como antesala a nuevas inversiones para apalancar el desarrollo de esta importante zona del país.  Este proceso va a ofertar mayores recursos en el campo de la producción agroindustrial, infraestructura productiva y minero energética y por esto está en la mira de centros de consultoría y universidades foráneas que cuentan con conexiones dentro del gobierno.  La idea muy seguramente puede ser un afán de posicionarse localmente y apoyar la construcción de este territorio estratégico desconociendo la historia y el conocimiento creado en la región, creando soluciones amañadas, con intereses particulares y de paso hacer buenos negocios.  La región cuenta con recurso humano muy capacitado y expertos locales para desarrollar tal tarea con total suficiencia y calidad. La calidad basada exclusivamente en los estándares es relativa, pues este simple hecho no garantiza que se conozcan las dinámicas locales y las particularidades de una región tan compleja como la Orinoquia. Ya en la región hemos tenido experiencias de universidades foráneas que muestran mucha codicia por la contratación estatal, establecen nexos locales que les ayudan a anclarse para succionar recursos de regalías y presupuestos públicos. También hemos sufrido en algunos casos por la mala calidad de los trabajos que realizan estas universidades, pues el interés no es dejar un proceso, es aprovechar un cuarto de hora, por lo tanto terciarizan los trabajos y subcontratan gente poco capacitada. De esta manera, es muy difícil que una actuación así deje algo bueno para la región. Pues los resultados no se comparten con la academia local, se llevan al centro del país y allá engrosan la lista ya numerosa de investigaciones que nunca vuelven a la región.  La vinculación de capital humano local es poca o nula, por lo tanto no existe algún nivel de trasferencia o la posibilidad de establecer un aprendizaje de doble vía. Una universidad foránea que actúa así frena la cualificación del recurso humano local, evita la acumulación de capital humano  y actúa como un enclave de conocimiento que succiona recursos y oportunidades, igual como una empresa petrolera succiona el petróleo y deja muy poco para la región.

La invitación es para la clase política, a los gobiernos seccionales y al gobierno nacional a que crean en las capacidades locales y en la calidad que brinda el conocimiento pertinente y la lectura adecuada del contexto que puede hacer la academia local. Existe un grupo calificado de personas en la región que puede construir soluciones y además liderar procesos con una total idoneidad.  Eso permitirá construir sobre bases sólidas una estrategia de desarrollo regional basada en la identidad y el cocimiento propio.

Como ejemplo se puede mostrar un proceso académico que adelanta la Universidad de los Llanos y que es apoyado por Ecopetrol. Un grupo de 35 estudiantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada están cursando estudios de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible en una cohorte especial que tiene la misión de construir la Visión Regional Sostenible de la Orinoquia para el año 2032.  En este proceso ya adelantaron su primer semestre, con unos productos muy interesantes e inéditos en la lectura local del territorio, pues la maestría se desarrolla de manera itinerante, con talleres en Arauca, Yopal, Puerto Carreño y Villavicencio.  Muy seguramente será un proyecto que dejará un capital humano valioso y con buena capacidad de liderazgo.  Instancias como el Comité Universidad – Empresa – Estado del Meta, la Mesa Rectoral Universitaria, la reciente Red de Bibliotecas, el trabajo conjunto en iniciativas como la Primera Rueda Regional de Innovación del Orinoquia, entre otras propuestas, el Centro de Desarrollo tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos, los aportes de conocimiento a la gestión ambiental y la piscicultura, además de la calidad de los foros que se están desarrollando en Villavicencio y otras capitales, demuestran que la academia local está en un buen momento y tiene la capacidad de ser un actor fundamental del desarrollo de la Orinoquia.

DCIM100MEDIA

Luego de participar en la feria agropecuaria y agroindustrial AGROBRASILIA en el Distrito Federal de Brasilia entre el 14 y el 18 de mayo de 2013, la delegación de la Universidad de los Llanos está convencida de la oportunidad de lograr
acuerdos de cooperación con las universidades del área del cerrado brasilero,
una región con condiciones de suelo similares a las encontradas en la
altillanura colombiana.   La razón principal no es copiar el modelo, se trata de tomar elementos tecnológicos, institucionales y organizativos que pueden ser útiles para adaptar en nuestra región.

Conocer la historia del desarrollo del cerrado brasilero es muy importante para Colombia, ya que esta experiencia de desarrollo agrario ha sido tomada como referente principal por el Gobierno y grandes empresarios colombianos. Se trata de un modelo de agricultura comercial a gran escala, con un alto ingrediente tecnológico, alta inversión de capital, grandes extensiones de tierra, con una eficiente maximización de recursos suelo, agua, planta; orientado principalmente a la exportación de materias primas, soya, maíz y sus subproductos.  La validez de contemplar este modelo radica en la probada capacidad de llevar a este país suramericano a ser la una potencia agrícola mundial en pocos años.  No obstante, las magníficas cifras de producción, expertos de este país concluyen que el éxito del modelo ha tenido algunos efectos ambientales y sociales poco deseados, pues en palabras de Eliseo Alves, uno de los arquitectos de este milagro productivo, la sostenibilidad económica es más fácil de lograr, que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Estos dos últimos aspectos son foco de atención científica de Brasil en este momento, para tratar mantener las altas tasas de producción y garantizar en el tiempo, el posicionamiento global alcanzado.

Vale la pena mencionar que este proceso agrario se nutre de una secuencia de antecedentes, principalmente, decisiones de Estado que comenzaron por la misma creación de Brasilia, una capital totalmente planificada y hecha para ser una maravilla mundial, por su concepción urbanística.  Pero lo más importante fue la decisión de fortalecer el capital humano. El secreto de la evolución brasilera en el campo agrícola desde la década de los 60, fue la formación de alto nivel de más de 3.500 científicos de Embrapa, la empresa brasilera de investigación agropecuaria,  los cuales fueron enviados a las mejores universidades del mundo, para luego regresar y enfocarse en solucionar los problemas locales. En ese momento Brasil estaba sufriendo una grave crisis económica debido a la agobiante deuda externa y el desabastecimiento de alimentos. 

Cabe anotar que el modelo de educación superior de Brasil es diferente al colombiano, actualmente, la educación pública en Brasil tiene un papel primordial y un decidido apoyo financiero del Estado. Unido a este desarrollo educativo, Brasil invirtió una gran cantidad de recursos en infraestructura de transporte, infraestructura productiva, riego, desarrollo urbano, crédito de fomento productivo e estímulos financieros para producción, almacenaje,  comercialización y exportación. Además de lograr construir socialmente un modelo cooperativo de producción y comercialización. 

Estas decisiones permitieron la transferencia tecnológica en el sector agropecuario y aumentó considerablemente la producción científica brasilera, especialmente la orientada al manejo del suelo, sistemas de riego, maquinaria agrícola, obtención de variedades, biotecnología y procesos industriales avanzados, lo cual trascendió a  otros sectores sociales y económicos.

Una de las gratas sorpresas con las que se encontró la visita de la delegación de la Universidad de los Llanos fue la importancia que ha cobrado en Brasil, el tema de la agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, los sistemas de trazabilidad, la agricultura ecológica y la organización cooperativa de pequeños y medianos productores.  Sin duda son los asuntos que llaman la atención de la Universidad de los Llanos, pues en nuestro país, por estar en los estados iniciales del boom agroindustrial no se han tomado muy en serio estas líneas de investigación.

Para la delegación de la Universidad de los Llanos resultó muy interesante conocer estos temas y puede decirse que es una razón más para aprender de la experiencia brasilera.  Contrario a lo que pasa en nuestro país, las universidades brasileras, por decisión gubernamental son incluidas dentro del modelo de desarrollo agrario y cuentan con convenios que garantizan la trasferencia interna de los resultados de Empraba y las demás instituciones de investigación.  Por esta razón, establecer convenios de cooperación es un primer paso para desarrollar una agenda conjunta de investigación e intercambio académico.  Un ingrediente necesario radica en mejorar y aumentar  el intercambio de conocimiento entre Embrapa – Corpoica – Unillanos.  Ya que Corpoica cuenta actualmente con un convenio marco de cooperación que incluye recursos importantes de Colombia y Brasil.

El otro proceso simultáneo es que Unillanos adelante convenios con las universidades de Brasil, especialmente las localizadas en el área del cerrado brasilero. En esta oportunidad se logró un contacto especial con las Universidades de Sete Lagoas UNIFEMM y la Universidad de Brasilia.  Estos contactos fueron acompañados por la delegación de la Gobernación del Meta y por la Embajada de Colombia en Brasil. Los temas seleccionados por ahora son:

Con la Universidad de Sete Lagoas (universidad privada):

  • Modelos de Agricultura Familiar y Agricultura ecológica
  • Asociatividad  y cooperativismo en la organización de la producción y la comercialización agropecuaria
  • Estudios para introducción de nuevos programas académicos de áreas sociales, ingenierías y refuerzo de la investigación en economía rural y desarrollo local
  • Modelos de articulación pequeños- medianos – grandes empresarios en la producción de cultivos de gran escala.
  • Transferencia de tecnología en buenas prácticas de producción para un buen manejo ambiental
  • Cooperación en intercambio de estudiantes de pregrado y de profesores para reforzar programas posgrado en la Universidad de los Llanos.

 

Con la Universidad de Brasilia (Universidad Pública):

Profundizar el uso de tecnologías en el campo de la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

  • Mecanismos de extensión y transferencia de tecnología que se pueden implementar con pequeños y medianos productores
  • Funcionamiento mecanismos de trasferencia de resultados de investigación, gestión de centros de desarrollo tecnológico agroindustrial y los parques tecnológicos para la difusión y aplicación de nuevas de tecnologías
  • Cooperación en intercambio de estudiantes y profesores para reforzar programas de pregrado y posgrado.
  • Promover la participación en las convocatorias nacionales y binacionales que permiten la formación de estudiantes colombianos en pregrado, Maestrías y Doctorados.

 

La idea es que se priorice una agenda con metas en el corto, mediano y largo plazo y que esta tenga un acompañamiento y apoyo del gobierno nacional y especialmente de la Gobernación del Meta, que está muy interesada en este proceso. Es importante avanzar en convenios con otras universidades brasileras y establecer un fuerte nexo científico que garantice resultados concretos.  Es importante abordar contactos con las Universidades federales de: LAVRAS, VIÇOSA, MINAS GERAIS, GOIANIA y TOCANTINS que se concentran en el cerrado brasilero y que comparten en parte la misión de Unillanos en sus áreas de influencia.

Antes de avanzar y tomar la iniciativa es necesario resaltar que este proceso requiere de apoyo estatal y que no hay que olvidar que el pilar fundamental del desarrollo agrario brasilero fue el fortalecimiento a gran escala del capital humano nativo.   En este aspecto es importante aunar esfuerzos y que iniciativas gubernamentales como el Fondo de Educación Superior del Meta sean fortalecidos financieramente y garantizar que por lo menos 150 profesionales llaneros sean formados de manera inmediata a nivel de maestría y doctorados en las áreas estratégicas para nuestra región como son: producción agrícola especializada, agroindustria, agricultura orgánica y agricultura familiar, ganadería sostenible, manejo de suelos, sistemas de riego, gestión ambiental sostenible, biotecnología, nanotecnología, automatización agrícola, ingeniería química, ingeniería genética, procesos industriales, economía agraria, desarrollo regional, desarrollo rural y antropología. Es importante la articulación entre la investigación básica e investigación aplicada, la creación de empresas de base tecnológica y la gestión de sistemas de innovación.  La región tiene que aprovechar que el tema de ciencia y tecnología cuenta con posibilidades en la canalización de recursos de regalías y que además se cuenta con un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.   Los departamentos del Meta y Vichada pueden conjugar esfuerzos y desarrollar una estrategia conjunta.

La Universidad de los Llanos en un esfuerzo regional puede concretar acciones en el mediano plazo, pues los procesos de formación y de desarrollo tecnológico no maduran de la noche a la mañana. En este caso, es clave la voluntad gubernamental y la decisión de apostar a una visión de futuro colectiva que se construya bajo la premisa de la articulación de la academia, la empresa y el Estado.

Piedra angular de la visión neocolonialista de la Orinoquia. Ojo descubrieron la Orinoquia. Nuevo Colón.

tierra a la vista

En la actualidad, la Orinoquia despierta manifestaciones halagadoras de toda índole en medios nacionales e internacionales, algunas opiniones de personalidades nacionales, grupos económicos, periodistas y empresarios que hablan sobre su enorme potencial y oportunidades que brinda para el desarrollo del país.

En otros tiempos, la dirigencia local  velaba para que la región apareciera  si quiera en noticia o un comentario espontáneo de algún ministro o político nacional. Éramos una región olvidada que no llenaba una noticia, mucho menos un encabezado.  Pasamos de ser la dama modesta de la fiesta con la que nadie quiere bailar, a ser la princesa codiciada y la joya más admirada por los más encopetados visitantes; y eso se lo debemos en gran medida a la cantidad y diversidad de recursos naturales con que cuenta esta región del país.

De un momento a otro despierta tanta codicia que no se sabe en que va a parar descomunal interés de desarrollo, pero algo si es cierto:  Todo el mundo opina y se siente con suficiente autoridad para hablar sobre la importancia de sus recursos para el desarrollo del país, pero pocos se preguntan: ¿Qué se requiere para el desarrollo de sus gentes?, ¿Qué piensan y que manifiestan sus pobladores? y ¿Qué problemas se derivan de la ejecución de todos los proyectos que principalmente se ubican en mentes foráneas y miradas ajenas a la región?

La Revista Semana acaba de publicar un especial sobre la Orinoquia y la Amazonia, recogiendo opiniones y textos de empresarios, funcionarios públicos, investigadores extranjeros, directores de ONGs ambientales, periodistas, artistas y algunos académicos muy escogidos, configurando  de esta manera, un poco facilista por cierto, una visión muy parcializada, categórica y de poca profundidad sobre lo que se piensa sobre el desarrollo de esta zona del país.  Algunos textos plantean macroproyectos de grupos económicos de mucho bagaje nacional, otros escritos son anecdóticos, otros textos evocan ríos de leche y miel que brotarán de las sabanas, selvas, ríos y humedales de la región, pero pocos mencionan la complejidad que implica intervenir esta región del país sin tener claridad y certeza sobre los impactos en la vida económica, social, ambiental, política e institucional que se ciernen sobre los socio-ecosistemas.

Exceptuando la participación de algunos gobernadores y de la senadora Maritza Martínez, más del 90 por ciento de los colaboradores son personas que no cuentan con un conocimiento cercano y vivible de lo que es la realidad regional.  Algunos aunque son autoridad en su campo, describen con total desconocimiento, demostrando una solvencia falsa, sobrevalorando la experiencia de permanecer uno o dos días en la región, o de haber sobrevolado y observado el paisaje local, con total desfachatez pontifican, lanzando opiniones endebles sobre los problemas y soluciones de la región.

Es bueno que se visibilice la región, y que el país se haga una opinión sobre la dinámica acelerada que se observa en el oriente colombiano. También es claro que es necesario que la sociedad colombiana se entere y conozca de una vez por todas, cuál es la región que actualmente está soportando la economía nacional y en gran parte la viabilidad política de la Nación.  Pero, como ejercicio periodístico es esencial buscar el equilibrio informativo y sobre todo buscar el lado humano, el juicio idóneo de la academia regional, los gestores culturales e historiadores de la región, la expresión autóctona, la visión de la sociedad civil y la gente que vive la cotidianidad y que conoce como nadie la realidad.

La edición desconoce la existencia de una sociedad regional. No se visibiliza a la Universidad de los Llanos como principal ente regional de educación superior, no se consulta la experticia de sus investigadores en temas de recursos ambientales, los recursos hidrobiológicos, la gestión ambiental y el desarrollo agropecuario.  Unillanos oferta actualmente una Maestría en Gestión Ambiental Sostenible que cuenta con tres primeras cohortes,  es la Universidad colombiana con mayor conocimiento en acuicultura  de aguas continentales y lanza en el segundo semestre de 2013 un primer doctorado en Ciencias Agrarias.  En un corto período de vida institucional ha consolidado una masa crítica que se cuantifica con el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias, la mayor cantidad de magister y doctores que cualquier otra entidad pueda tener trabajando en la región, inclusive supera  a Corpoica y otras entidades nacionales que tienen sedes en la región.  Por otro lado, existe en región una creciente presencia de Universidades, Unitrópico en Casanare y la Universidad Nacional en Arauca, además de otras subsedes de universidades nacionales como la Universidad Santo Tomas, Uniminuto, ESAP y Universidad de la Salle principalmente en las ciudades del piedemonte llanero.

La región ha crecido en capital social. Actualmente existen en todos los departamentos, nuevas organizaciones sociales, asociaciones gremiales, movimientos cívicos y actores de la sociedad civil que tienen posiciones claras sobre la problemática actual, el uso sostenible de los recursos y las posibles soluciones. Cada una de estas expresiones y las de la academia han sido desconocidas por la publicación.

La revista Semana excluye de tajo la visión indígena. En los departamentos Amazónicos existen 156 resguardos, cuya superficie total es de 25.614.261 has, y representan el 24% del total de resguardos titulados en Colombia.  En la Orinoquía existen 52 resguardos, cuya superficie total es de 447.208 has.  La publicación no tiene en cuenta esta condición poblacional que data de épocas precolombinas y que más del 30 por ciento del territorio de la región está constituido bajo la figura de resguardo. La revista Semana desconoce que la violencia armada, la dinámica minero-energética y el boom agroindustrial están produciendo graves impactos para la población indígena.  Por esta razón, la Corte Constitucional emitió el auto No. 004 de 2009, donde se evidencia la extinción física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, entre estos el pueblo Sikuani que habita las llanuras de la Orinoquia, obligando a las instituciones nacionales y locales a tomar medidas para su preservación.  Los indígenas han venido analizando con detenimiento esta situación, tanto así que en este momento se está convocando una reunión de la macroorinoquia con la participación de las autoridades indígenas.  También sus líderes han intervenido sin ser escuchados en la construcción del documento Conpes para la Altillanura que adelanta el Departamento Nacional de Planeación.

La publicación de Semana enmarca una visión foránea y ajena a la región, representada en el afán desarrollista sin reparo en los impactos y la problemática que pueda afectar la capacidad y sostenibilidad de los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. Lamentablemente los colaboradores que aparecen en esta publicación se dedican a enunciar sus proyectos de interés,  sin analizar con detalle la crisis actual desde el punto de vista ambiental, social y económico que ha traído la explotación irracional de los recursos naturales.  Este pronunciamiento no intenta satanizar la inversión privada, ni la presencia de las grandes empresas, solamente hace un reclamo justo sobre la abierta exclusión de la opinión local sobre los acontecimientos que ocurren en la región y la necesidad de tener una noción clara sobre los impactos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la población de esta zona.

La región de la Orinoquia merece tener una visión construida desde lo local, con la participación de los actores regionales.  Solo de esta manera será posible garantizar que los esfuerzos nacionales, empresariales y propios sean realmente un factor de desarrollo humano sostenible para el territorio. En nombre de la sociedad regional solicitamos mayor responsabilidad, menos exclusión y mayor participación social.  Conocemos del profesionalismo y capacidad de la revista en desarrollar con mucha calidad y altura periodística otros temas de la realidad nacional, pero en este caso no entendemos cómo se lleva a cabo un proyecto de este tipo sin consultar las verdaderas fuentes directas de la realidad regional.

Vea aqui la publicación y haga su propio juicio

http://www.semana.com/EspecialOrinoquia/flash.html#/1/

Ejercicio de planificación donde participaron durante dos años más de 650 personas representativas del departamento del Meta.  Con técnicas de prospectiva estratégica, asesorada por Francisco Mojica del centro de pensamiento prospectivo, el acompañamiento del DNP y la conformación de un equipo netamente criollo, se plantearon hipótesis de futuro y se asumio una imagen de futuro.

Este documento es una guia fundamental para los gobiernos departamentales del presente y futuro. Ha sido desconocido por asesores y calumniado como ejercicio de planificación. Sin lugar a dudas es el proceso más serio y más técnico de los que se han realizado en el Meta.

Vea el documento.

Documento Vision Meta 2032 ultimo 131211

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Regional y Local

Documento Editado y Diagramado por el DNP

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Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

Villavicencio se ha convertido en un parqueadero de tractomulas. La producción petrolera y el auge agroindustrial en la altillanura, ha convertido a la capital de la Orinoquia en un caos de movilidad por los frecuentes trancones en las principales vías de acceso. Además de ser el centro integrador de la región frente al gran mercado bogotano y la conexión obligada con el resto del país, la ciudad pasó a sufrir el transito diario de más de 10.000 vehículos de carga pesada, duplicando el transito normal de hace dos años.  Este crecimiento en la frecuencia y además en el número de vehículos  hace imposible poder tener paz y tranquilidad al viajar, especialmente en los trayectos Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán. De otra parte, es notable el déficit de área de parqueo en Villavicencio, por lo tanto, es natural ver inundadas las calles de la ciudad de tractomulas, los andenes y costados de las vías y las algunas estaciones de servicio. Las vías a menudo están congestionadas. Estos gigantescos vehículos, además de ocasionar problemas de contaminación con químicos, producen polvaredas que afectan las viviendas y negocios, suciedad de las vías, riesgos de accidentes y ruido en exceso.

Es evidente que la cultura ciudadana de algunos conductores de esta clase de vehículos no es la mejor.  No respetan normas de tránsito, conducen a altas velocidades, arrollan ciclistas y motociclistas, cierran constantemente a los vehículos que temerosamente se mueven entre sus líneas.  Para transeúntes y conductores no hay oportunidad, sino ceder y dejar que se tomen la vía como quieran, pues son las señoras de la vía. Trayectos que antes se hacían en corto tiempo han pasado a ser eternos.  Viajar del barrio Galán a ciudad Porfía es una dura prueba de paciencia, ni hablar de la Glorieta de la Grama hacia Catama o tratar de llegar a la Universidad de los Llanos.  El anillo vial es cosa aparte, según el Ministerio de Transporte esta destacado como uno de los diez lugares más peligrosos del país, con las mayores tasas de accidentes fatales.

Es de reconocer que se han tomado medidas y existen buenas intenciones para atender esta problemática, pero esta situación desborda las competencias locales.  Es necesario exigir al gobierno nacional y a la empresa privada, que están recibiendo los beneficios de este boom comercial, que se comprometan a cooperar en la solución y atender las normas de tránsito.  Algunas consecuencias  son notables y las sufrimos los llaneros, la pérdida de competitividad regional, la disminución en la ocupación hotelera, los daños en la malla vial y los constantes accidentes de tránsito.  La ciudad está colapsando igual al nombrado eufemismo “Autopista Bogotá-Villavicencio”, una vía de prometió 90 minutos y ahora apenas promete si se tiene suerte, tres horas de trayecto y por lo menos tener la fortuna de llegar ileso.Imagen

En la educación, la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación se sustenta la posibilidad de un desarrollo equitativo, democrático y sostenible de las regiones; y en esta combinación, la educación superior se convierte en el elemento principal para el desarrollo endógeno, pues es el camino que permite la cualificación de la fuerza creativa, empresarial y laboral que detona la transformación productiva y social del territorio.

Cada región debe construir su propia perspectiva de desarrollo, basada en las condiciones especiales del territorio; en la forma como se organizan los diferentes actores regionales y en las ventajas naturales y potencialidades, en las fortalezas institucionales y culturales, en la calidad de su recurso humano y la sinergia social existente.  No es conveniente cerrar las opciones y contemplar solo las recetas que sustentan el modelo de desarrollo, ahora sumamente desprestigiado por la crisis social, ambiental y económica.  Esta visión parcializada que se manifiesta en la política pública y es replicada ciegamente por asesores y copiada sin reparos por los entes gubernamentales y privados, lleva a aplicar supuestos que para la región no funcionan.  Todos estos supuestos unidireccionales y de visión macro solo han logrado centrar la estrategia en el crecimiento económico, desviando la atención hacia la inversión privada localizada, la inversión con fines rentísticos, los beneficios para el capital foráneo, la venta de activos públicos y la internacionalización de las materias primas.

En el campo de las estrategias regionales para el desarrollo, pueden plantearse diferentes escenarios. Bastaría analizar tres de ellos con la salvedad conceptual que permite la combinación de varias tendencias.  Primeramente se concibe un escenario basado en la fortaleza de la inversión, la incorporación tecnológica y el desarrollo de macroproyectos que tengan un impacto económico; en segundo lugar, otro escenario que se basa en la preparación articulada del capital humano, la gestión del conocimiento, la innovación local, la organización de la producción y un marco institucional coherente.  Un tercer escenario permitiría la unión de las dos anteriores opciones, tomando como paso inicial el énfasis en la inversión.

La región avanza lentamente en la materialización de la primera opción, con ventajas que merecen halagos respecto al crecimiento de la producción departamental, la inyección tecnológica foránea en aspectos específicos y orientados a la producción a gran escala. La producción a gran escala de biomasa para la producción de biocombustibles es parte de este modelo. Nadie puede refutar la importancia de estos procesos en el campo económico e impacto en la generación de nuevas oportunidades de inversión, sin embargo queda un sinsabor al analizar el destino de los rendimientos y la orientación del capital hacia sectores cada vez más cerrados para la población local. Igualmente, basta observar cómo se consolidan progresivamente economías de enclave similares a la del petróleo. No obstante, el Departamento del Meta se consolida económicamente en diversos sectores. Una importante dinámica del turismo, una significativa inversión productiva diversificada en la altillanura colombiana, una fuerza urbanística interesante y algo que seguramente tendrá alto impacto: la digitalización de los procesos educativos, en el campo de la salud y el mercadeo agropecuario.

Se entiende por una economía de enclave aquella que se localizan en una determinada región, explotando intensamente un solo recurso mientras dura la demanda del mercado, utilizando generalmente mano de obra poco cualificada y barata. Al finalizar la demanda deja poco o nulo provecho para la región en donde se desarrolla, pues no existe reinversión ni diversificación de la economía, ni genera un mercado regional o local de producción y consumo. Las ganancias contribuyen al crecimiento de las fortunas personales de los productores, mientras el Estado tiene escasa o ninguna intervención más allá de la captación de ingresos fiscales[1].  Es el tipo de economía que no merece la región teniendo en cuenta sus amplias potencialidades.

El tercer escenario combina los dos anteriores en el supuesto que de esta manera se superan las limitaciones de inversión y la transferencia científica-tecnológica. Pero más allá de las posibilidades de incrementar la producción departamental debe analizarse la oportunidad de generar procesos que lleven a una mayor equidad social y a distribuir territorialmente los beneficios del crecimiento económico.

La Universidad le apunta al segundo escenario. Esta postura requiere de ciertas condiciones y allí es donde se encuentran las dificultades que afectan su factibilidad. Este escenario requiere del trabajo conjunto de las instituciones, una alianza del sistema educativo con los empresarios y unos gobiernos locales que promueven el emprenderismo, posibilitan mecanismos financieros y favorecen la apropiación social y sistemática de la ciencia y la tecnología. Requiere de unas universidades concentradas en dar respuestas a las necesidades empresariales y tecnológicas del sector productivo existente, pero también una academia que se anticipa al futuro y construye la ruta científico-tecnológica para el aprovechamiento de todas las ventajas comparativas del territorio. También necesita unos gremios y empresarios dispuestos a renovar sus mentes, sus esquemas de gestión y comprometidos con una actitud proactiva en la búsqueda de nuevas opciones, nuevos mercados, nuevos productos que satisfagan nuevas demandas.

Con esta opción, los egresados del sistema educativo tienen oportunidades para desarrollar sus talentos, nacen nuevas empresas, se requieren nuevos puestos de trabajo, empleos más cualificados y con mejores condiciones laborales. Con este planteamiento se busca una mayor equidad y la inclusión de una nueva fuerza productiva con un alto componente local.  Lógicamente,  subsisten limitaciones que tienen que ver con las amplias necesidades de inversión y los altos requerimientos en la generación de nuevas tecnologías o aplicaciones basadas en la transferencia horizontal entre centros de investigación, agencias de investigación, desarrollo e innovación de varias universidades. En este escenario no hay espacio para los celos institucionales y se necesita de un marco de cooperación permanente entre todas las universidades, centros de investigación, investigadores, estudiantes, egresados, profesorado y gestores científicos-tecnológicos que hacen presencia en la región.  La agenda de la investigación tendrá que retomarse y construirse colectivamente basándose en las necesidades presentes y en las perspectivas futuras.  Igualmente, es pertinente incluir la cooperación científica internacional y la atracción de talentos foráneos que permitan una velocidad mayor de transferencia científica y tecnológica con autonomía local y regional.

Estar de cara a la sociedad significa enfrentar estos nuevos retos. Las condiciones especiales que rondan a la economía de la Orinoquia en el presente, requiere de un compromiso conjunto entre la universidad, las instituciones, gobiernos, gremios y empresarios. En este sentido la Unillanos busca nuevos horizontes de futuro que permita en la región el crecimiento económico, pero que no olvide el desarrollo equitativo, la inclusión social y el desarrollo humano integral.

 

Es una responsabilidad la creación de nuevos programas académicos, dentro de la reflexión de la pertinencia respecto a las necesidades del aparato productivo y las perspectivas del desarrollo humano.  Con esto se logra mayor inclusión social y favorecer la acumulación de capital humano para la transformación regional. También se persigue la consolidación de las funciones misionales de investigación y proyección social.  Para este propósito la Unillanos debe buscar nuevas fuentes de financiación, diferentes a la matrícula, capitalizar la cooperación institucional e invertir los recursos de estampilla con los  criterios que motivaron su creación.

De manera estratégica la universidad debe hacer una lectura propositiva sobre los procesos sociales, culturales y políticos que acontecen en la región y construir colaborativamente un nuevo marco de acción que oriente las políticas públicas, la vida democrática, la identidad regional, el papel del Estado y la aplicación de las funciones nacionales. La sociedad espera un referente que complemente las orientaciones de políticas o planes nacionales o sectoriales que tienen amplio impacto en el territorio orinoquence, referente que hasta ahora no ha existido. Para esto Unillanos, de acuerdo con sus proyecciones tiene previsto ampliar la oferta educativa en las ciencias sociales, las artes y las humanidades.

Para estar a la par de las dinámicas mundiales y permitir la inserción de los egresados en los ambientes globales deberá realizarse un esfuerzo en la utilización de nuevas tecnologías de la sociedad de la información.  Igualmente, actualizar los contenidos y estrategias pedagógicas para la inclusión de las áreas de conocimiento que moldearán las opciones de futuro en el siglo XXI.  Es urgente preparar y emprender la incorporación de saberes y competencias en que nos permita una evolución exitosa de la Universidad en el desarrollo y convergencia de la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la sociedad de la información, las ciencias cognoscitivas y el dominio de una segunda lengua.  No es ficción o una visión apocalíptica.  Es futuro atropella sin contemplaciones y lo único seguro es el cambio continuo y progresivo que traerán los avances tecnológicos y las revoluciones mentales del presente siglo.

 

Cuando las regiones se comprometen a realizar este gran salto cualitativo se enfrentan al desafío de humanizar la ciencia y la tecnología y hacerla parte de la vida diaria, disminuyendo la dependencia y vulnerabilidad científica y tecnológica frente a terceras regiones.  También se comprometen a mejorar sus sistemas democráticos a luchar por la igualdad en las oportunidades y a propiciar procesos de cambio y empoderamiento social.

 


[1] Basado en el concepto de Silvia Simois de Bayon respecto a las economías de enclave en la cuenca Amazónica y la región del Chaco: los ciclos del caucho y el tanino, de gran significancia histórica para la explicación.

Universidad de los Llanos

Universidad de los Llanos

La pretensión de un club de acomodados ciudadanos sobre unos terrenos entregados por el Municipio de Villavicencio a la Universidad de los Llanos, es una muestra más de las lamentables situaciones que en la región se presentan y que marca la ambición y el afán de enriquecerse a partir del patrimonio público. La Universidad de los Llanos es una institución educativa pública, es decir, sus activos y recursos tienen una función social marcada por su misma naturaleza. Su función tiene una invaluable importancia al permitir que estudiantes de bajos recursos, una vez convertidos en profesionales, aporten al desarrollo de la región, y al mismo tiempo puedan dar un salto en su nivel social y el de sus familias. Es un hecho económico y social sin precedentes, pues gracias a la educación se genera ruptura al ciclo vicioso de la pobreza en muchos hogares de la región.

El desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Según el BID, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante: en Latinoamérica, quien ha aprobado algún grado de secundaria tiene 24 por ciento más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien que sólo cuenta con primaria terminada. Para el caso de quien cuenta con algún grado de bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.

No basta con tener vergonzosos hechos como las obras inconclusas de la SECAB, los dineros perdidos en las fiducias, mandatarios presos, otros huyendo, todo un record de corrupción y despilfarro, sino ahora también una muestra de elitismo frente a la equidad. La Unillanos ha tenido graves problemas para aumentar su cobertura, uno de ellos es la ausencia de terrenos para su expansión y apertura de más programas, precisamente, en estos terrenos se tiene proyectado ampliar la oferta académica de la facultad de ciencias de la salud.

Señores del club de Villavicencio un llamado a la sensatez, en este caso prima el interés general, más aun donde se advierte un fin suntuoso y elitista frente a la oportunidad de equidad social que brinda la universidad pública. La figura de los clubes sociales, ya en decadencia, obedece al culto a la apariencia, a la fastuosidad y opulencia, lo que significaría en forma directa legalizar la exclusión y arbitrariedad frente a la problemática social que nos agobia. Sería un antecedente lamentable que un hecho de estas características ocurra en nuestra ya aporreada región y más triste si los estudiantes, profesores y la sociedad en general no hacen nada para defender sus derechos.

Manuel Javier Fierro Patiño.Magister en Desarrollo Local y Regional

El día 14 de noviembre el Meta retumbo en aparente fiesta. Los funcionarios del gobierno rechonchos de halagos recibieron la propuesta de la doble calzada Bogotá-Villavicencio por parte de Coviandes y prometieron estudiar la situación para dar un veredicto en enero de 2009. En sendos discursos, la obra fue catalogada de interés nacional por parte de los ministros de Transporte y Medio Ambiente y Vivienda.

Basta conocer la formalidad de la ejecución de las obras públicas para no estar tan tranquilo frente a los hechos presentados en Bogotá, en el Consejo temático organizado por el Senado de la República. Hay que recalcar que lo escrito es lo que vale y las palabras el viento se las lleva.

El documento CONPES 3536 del 18 de julio de 2008 priorizó la primera etapa de vías “Corredores de la competitividad” comprometiendo 2,5 billones de pesos de vigencias futuras hasta el año 2013. Este documento prioriza las vías Sisga-Machetá –El secreto y la Transversal del Cusiana con 180.000 millones. Igualmente, aparecen entre otras obras, dos dobles calzadas, Bucaramanga-Pamplona y Loboguerrero- Cisneros, con 690.000 millones en inversión del Estado, las cuales se presentan como proyectos estratégicos para el país. Simultáneamente, el mismo día se publica el documento CONPES 3535, el cual ofrece un concepto favorable para la prórroga y adición de los contratos de concesión vial, en donde se menciona la gestión de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. De esta manera disimulada, se escoge la exclusiva posibilidad de financiar un proyecto tan importante para la Orinoquia, que aunque está claramente mencionado Plan de Desarrollo Nacional, no se considera prioridad según los documentos mencionados.

El CONPES es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. Este órgano actúa bajo la dirección del Presidente de la República y lo componen varios ministros, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de la Mujer.

Recordemos que el CONPES 2654 de 1993, fue el que materializó la posibilidad de la carretera Bogotá- Villavicencio, que terminó con las obras que todos conocemos. La asignación de recursos tiene sus procedimientos, mejor aun cuando ya se han hecho pronunciamientos.

¡Ojo! la opción es lograr un nuevo documento CONPES, tal como realiza el gobierno con otras dobles calzadas que se han aprobado. Este documento deberá asignar recursos futuros del Estado, garantizar el inicio y continuidad de las obras en un marco de financiación justo para la región.

http://javierfierro.blogspot.com

La utilización de nuevas tecnologías ha cambiado considerablemente las condiciones sociales y económicas de la sociedad. Bastaría con mencionar como ejemplos, el uso masivo de tecnologías ligadas a la red Internet o las inmensas posibilidades que muestran los avances en biotecnología y microelectrónica. Hoy, algunos sectores de la sociedad disponen de herramientas y conocimientos avanzados para conducir cambios que logren un mayor bienestar social, no obstante, estos recursos deben ser ampliamente difundidos y distribuidos, en una acción en la que confluyen tanto intereses públicos como privados.

En esta época de cambios acelerados, las empresas, las organizaciones sociales y los gobiernos buscan posicionarse globalmente, aprovechando las ventajas que brinda el entorno y combinando los recursos necesarios para anticiparse a los grandes cambios. Esto no se logra si no existe una base sólida de conocimientos y aplicaciones que generen mayor productividad y simultáneamente propicien una mayor equidad social.  Este es un asunto que concierne tanto a las universidades, como al gobierno y lógicamente, también a las empresas. 

Se hace necesario que las fuerzas sociales, políticas y productivas del territorio, unidas en un plan estratégico, identifiquen las tecnologías claves para su desarrollo y dimensionen qué variables pueden incidir sobre las mismas; al mismo tiempo, se busca determinar cómo podrían afectar a la sociedad y cuáles pueden ser los factores que las impulsen en un sentido o en otro. Este es el campo de la prospectiva tecnológica, algo que se constituye actualmente, en el pilar que sostiene procesos de innovación y competitividad territorial en el mundo. 

En este propósito, es necesario apartarse un poco de la idea tecnócrata que pone a la prospectiva en un pedestal inalcanzable, manejada arbitrariamente por técnicos y funcionarios que además intentan manipular y orientar los resultados. Un ejercicio de prospectiva realmente válido requiere de una alta dosis de participación, responsabilidad y compromiso con la sociedad.  En primera medida, por ser una herramienta para la toma de decisiones, hay que garantizar que los involucrados, tanto direccionadores, como ejecutores o activadores e inclusive, los opositores, participen activamente del proceso.  De otra forma, el método pierde potencia y se convierte en una falacia que causa más desilusiones que logros. En segunda medida, es un recurso técnico que fortalece y consolida la gestión, la hace más pertinente y eficiente, buscando construir un futuro de acuerdo con los deseos y también con las posibilidades. Por esta razón, debe desmitificarse su uso y hacerla más alcanzable para las empresas y organizaciones.

La prospectiva tecnológica es solo el comienzo de una cadena de procesos de mejoramiento que conduce cada vez a operaciones más complejas, pero más efectivas.   La utilización de la vigilancia tecnológica, el balance tecnológico, la minería de datos, los sistemas de inteligencia competitiva, los clúster de información y los análisis de redes sociales proactivas, son un campo abierto de posibilidades para incorporar la gestión del conocimiento a los procesos productivos y administrativos.   

El Comité Universidad-Empresa-Estado del Meta propuso la primera fase del proyecto “Mapa de Conocimiento”, una iniciativa que busca precisamente realizar un estado del arte del conocimiento generado y disponible para mejorar la productividad, propiciar nuevas oportunidades, preparar el terreno fértil para que surja la innovación, para que finalmente se puedan ampliar fuentes de empleo e ingresos para la población de la región.  En una primera fase con el apoyo del gobierno departamental y el liderazgo de Unillanos, se ha logrado analizar una parte de la oferta de conocimiento pertinente que ha generado la Universidad de los Llanos, como también se logró tener una imagen de la demanda global de conocimiento por parte de las empresas y organizaciones. 

La Universidad de los Llanos inicia una segunda fase con el análisis de otras formas de conocimiento que ha generado la universidad y convoca a la reflexión participativa para la construcción de una propuesta que origine una mayor pertinencia de las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social.  Igualmente, con la participación de otras universidades, con el apoyo del gobierno seccional, de las entidades nacionales y la incorporación de recursos de cooperación, lograr avanzar en estudios de oferta global de conocimiento, análisis de cadena de valor y prospectiva tecnológica de los sectores  productivos del Meta.  El objetivo es constituir alianzas sólidas y autogestionadas que detonen el aumento de la calidad de la producción, propuestas sociales innovativas y nuevas alternativas productivas. Este tipo de alianzas Universidad-Empresa o Universidad-organización, se sostienen por si solas porque nacen de un proceso en donde las ofertas y las demandas de conocimiento confluyen íntimamente, logrando mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos que eslabonan de la cadena productiva, avanzando con paso firme al concepto de clúster de la producción y también conformando una caja de herramientas para atención de la problemática social y económica de la región.

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

Docente catedrático Universidad de los Llanos

Departamento del Meta

La propuesta presentada a la Comisión Regional de Competitividad, a través de una consultoría de Confecámaras, consiste en un llamado a las administraciones municipales y a la administración seccional a unificar procesos de planeación de las ciudades satelitales (Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Restrepo, Cumaral, Puerto López y Puerto Gaitán) conformando una espacialidad subregional en donde se organicen las actividades productivas, se definan relaciones urbano-funcionales, se definan proyectos de inversión social, infraestructura urbana, servicios públicos, inversión en TIC´s y dotación logística con una proyección a 50 años.

La dinámica actual de inversión, el crecimiento desordenado de las ciudades y los conflictos urbano-rurales, constituyen un reto para la planificación regional en la asignación de recursos a proyectos que buscan la solución a problemas comunes. De la misma manera en que la articulación de los eslabones de la cadena productiva genera beneficios y una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, la articulación espacial de las ciudades mediante un marco de planificación común genera enormes dividendos en la gestión territorial y permite desarrollar proyectos con una escala mayor y la posibilita un mayor impacto en la inversión pública. Este proceso subregional facilita la articulación y un mejor posicionamiento respecto a otros procesos similares, como la conformación de la Bogotá ciudad región y la dinámica subregional del antiplano cundiboyacense y el eje Bogotá-Girardot. Será mucho más fácil promover proyectos como el ferrocarril subregional de Villavicencio, la zona franca especial y daría más fuerza a nuevas espacialidades en el Meta, concretamente, el Distrito Agroalimentario del Ariari y la Zona Agroindustrial de la Altillanura.

Esta zona noroccidental del departamento concentra los servicios educativos, de salud, comercio, infraestructura productiva y en un futuro favorecería la desconcentración de Villavicencio y la difusión de impactos sociales y económicos positivos en toda la espacialidad. Es muy posible que el Meta pueda incluso avanzar en una nueva red de asentamientos que integre el territorio amplio de la altillanura, en un proceso de poblamiento futuro que puede ser modelo para el país.

El proceso inicia por un acuerdo de voluntades y la conformación de una unidad técnica que empiece a visionar los programas y proyectos a desarrollar en el presente siglo. Se analiza el estudio conjunto de los planes de ordenamiento territorial y el diseño y operación de subcomités de planificación en las áreas consideradas estratégicas. Puede iniciarse un proyecto piloto de región digital con la masificación de las TIC´s y estudios de prestación de servicios públicos, obras de infraestructura que sirvan de soporte a los clústeres definidos, obras de desarrollo vial que permitan una mayor movilidad y articulación espacial del territorio. En un futuro próximo, no sería raro que las personas puedan movilizarse a una gran velocidad entre estas ciudades, dinamizando y reorganizando las actividades económicas, incorporando nuevas realidades y promoviendo una mayor participación social.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

Para Hernán Rincón, el vicepresidente de Microsoft para América Latina, el bajo índice de competitividad de América Latina sólo se puede superar si los gobiernos ponen más atención en el ámbito educativo y la inversión en tecnología. Se asume cada vez con mayor frecuencia que la educación debe estar ligada a las necesidades de la sociedad y vinculada a un proyecto político de desarrollo regional. El fin consiste en reorientar el sistema educativo del Meta hacia la formación de competencias empresariales, con énfasis en gestión y liderazgo, integrando a los diferentes actores en un pacto colectivo para la competitividad, que involucre a todos los niveles de la educación. Deberán participar autoridades gubernamentales, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia, sindicatos; todos comprometidos en el objetivo común de mejorar la calidad y pertinencia del sistema educativo. Solo así la región podrá ser un territorio triunfador en esta alocada carrera que impone la globalización.

Las metas incluyen la necesidad de lograr el mejoramiento de un 15% en los promedios en las pruebas SABER y el ICFES durante los próximos cinco años, mejorar en bilingüismo, con 500 estudiantes certificados por año e incorporar masivamente las tecnologías informáticas al proceso educativo.

Pese a que las Instituciones de Educación Superior y el SENA hacen análisis de demanda o análisis de contexto para ajustar su oferta educativa, no se ven resultados notables en cuanto a la incorporación efectiva de los promovidos y egresados al mercado laboral. Esto se debe en parte a que la formación de habilidades empresariales no empieza en estos niveles, empieza desde la misma educación familiar y preescolar. Igualmente, es urgente abandonar el enfoque educativo que solo produce egresados buscadores de empleo. La estrategia de transformación productiva y generación de valor agregado a la producción departamental, requiere de un contingente de capital humano suficiente, que solo puede ser producido por un sistema educativo pertinente, que ofrezca servicios de acuerdo a la demanda actual y futura, procesos que deben ser apoyados por las secretarias de educación.

Es necesario que el sistema promueva y refuerce valores y habilidades como la confianza, la perseverancia, la autoestima, el liderazgo, la creatividad y el gusto por el ahorro y la planeación. La propuesta involucra la formación en la básica primaria y secundaria con la adquisición de disciplina, mayores habilidades para la gestión y la toma de decisiones. Busca en la formación media y técnica, las competencias para desarrollar actividades productivas según la vocación económica departamental. Forma al profesional de cualquier disciplina para gerenciar su propia empresa, administrar procesos de gestión de conocimiento, investigación e innovación; y además, refuerza la formación ciudadana, promoviendo la cooperación, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magíster en Desarrollo. https://javierfierro.wordpress.com

El país debe asumir un proceso de descentralización en los Sistemas de Ciencia y Tecnología e Innovación. La producción intelectual y científica se concentra en las principales ciudades del país, en donde se ubica la mayoría de universidades y centros de investigación. Regiones del país con múltiples problemáticas y potencialidades carecen de la institucionalidad necesaria, capital humano y capital social requerido para generar conocimiento pertinente. Las políticas nacionales se orientan a fortalecer la ciencia y tecnología de acuerdo con la demanda, diseñando convocatorias que financian iniciativas de las regiones. Obviamente existe una mayor capacidad de gestión y sustentación en las regiones relativamente desarrolladas, logrando con ello la mayor parte de proyectos aprobados, concentrando nuevamente los resultados del sistema nacional. Este círculo vicioso profundiza las disparidades regionales en inversión y evita descubrir nuevos focos de inversión e investigación, por ejemplo, mayor estudio de la biodiversidad, desarrollo de las ciencias del mar, manejo y uso del agua y la utilización de otros recursos naturales inexplorados. Sin advertirlo, el país puede haber dado la espalda a múltiples alternativas productivas y no productivas, que en algún momento podrían ser estratégicas para la Nación.

La descentralización debe ser en los niveles institucional, político y fiscal, de tal manera que realmente ofrezca posibilidades de cambio real. La demanda actual debe unirse a la prospectiva tecnológica como componentes que justifican la inversión y líneas especiales de especial potencial para el país. La creación de un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, planteado en el proyecto de Ley de Ciencia y tecnología, debe incluir diferenciaciones regionales que permita condiciones equitativas para todas las regiones.

Es necesario que exista una adecuada coordinación de las entidades nacionales con las de específicamente orientan la estrategia de Ciencia y Tecnología. La coordinación deberá incluir políticas de financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación internacional. Las entidades nacionales deberán enfatizar en aquellos programas y proyectos que pueden aportar en la generación de una cultura de la ciencia y tecnología, estableciendo mecanismos e instrumentos multisectoriales que cobijen este propósito y que se ajusten a las diferencias regionales.

La inversión en ciencia y tecnología debe ser un indicador que requiere de un fino seguimiento, garantizando la eficiente ejecución de los recursos. Un 3 % del PIB durante un periodo de 10 años permitirá alcanzar un nivel aceptable en productividad y competitividad. Las regiones requieren el apoyo en la formación continua de investigadores y gestores tecnológicos. Investigadores que generen nuevo conocimiento deben ser estimulados y recompensados. Los gestores tecnológicos deben tener un marco institucional y posibilidades de financiación de alianzas productivas.

Al hablar de instituciones se incluyen también los aspectos relacionados con la cultura, las costumbres, imaginarios colectivos y parámetros de comportamiento que influyen en la ejecución de las políticas públicas y en las actitudes y aptitudes para la competitividad. No hay que menospreciar el papel tan importante de la educación y la familia en la construcción de procesos sociales que generen beneficios colectivos, o en necesidad de los agudos procesos de recontextualización que requiere el país. La educación debe ir más allá de la simple formación de habilidades, capacidades y competencias, debe fortalecer la esfera ética y política del ciudadano, forjando cualidades y virtudes que intenten solucionar los lamentables conflictos que se han hecho comunes de la colombianidad, precisamente sobre ética, cultura y moralidad[1]. Los hechos de corrupción, el clientelismo, la violencia política, el total irrespeto por la vida y las formas diferentes de pensar, pueden tener mucho más influencia en la competitividad de un país que lo que usualmente se piensa.

El país debe afrontar un profundo proceso de cambio social y modificación paulatina de mapas mentales que sean compatibles con los propósitos nacionales de desarrollo económico con equidad social. Este proceso debe estar enmarcado en una política de Estado. Ya otros países han emprendido campañas nacionales, por ejemplo, por la puntualidad, el valor de la palabra o lucha contra el chisme. Aunque pueda parecería inocuo y hasta risible, podrían sorprender los resultados en Colombia, si se asume un programa sistemáticamente con toda la voluntad política. En el caso del Meta, es una propuesta totalmente pertinente dado los sonados casos de corrupción y clientelismo.

La encuesta a 80 líderes del Meta, realizada en el trabajo de consultoría con Confecámaras muestra la importancia de fortalecer la formación de valores en los jóvenes. Un 62.5% de los encuestados considera que los valores relacionados con la capacidad de planeación, orientación del futuro u manejo del tiempo son más importantes. Igualmente se destacan la preparación, formación, franqueza, rectitud, honradez, rigor ético, juego limpio. En un tercer grado aparece la diligencia y perseverancia.

La identificación de los encuestados marca la necesidad de formar en valores éticos y en la visión de futuro, antes que en inculcar trabajar duramente. Puede ser un indicativo de la necesidad de atender la pérdida de rumbo y atacar los factores relacionados con la cultura de ganancia fácil, la tolerancia frente al clientelismo y la corrupción.


[1] Mockus Antanas. Anfibios Culturales y el divorcio entre Ley, Moral y Cultura. Revista Análisis Político. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Santafé de Bogotá, No. 21. 1994.

En reciente visita que realicé a Medellín, para asistir a un Foro Nacional sobre Universidad –Empresa – Estado, organizado por ASCUN, Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, presencié la extraordinaria exposición del profesor Solleiro de la UNAM de México, invitado especial a este importante evento. La disertación fue específicamente sobre las universidades y la redefinición de su papel en el contexto mundial; como también, sobre las crecientes experiencias exitosas de desarrollo endógeno que muestran la importancia del conocimiento pertinente en la búsqueda del bienestar colectivo. Resulta ineludible para las universidades asumir además otros papeles diferentes a las convencionales funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. Agrupadas en un nuevo foco, aparecen nuevas misiones: el apoyo a procesos de mejoramiento continuo de las empresas, la innovación y el emprenderismo. Como balance a la cruenta lucha que impone el paradigma de la competitividad, las universidades aparecen como prenda de garantía para la socialización y distribución del los beneficios del conocimiento, asumiendo su responsabilidad social.

Recorriendo la ciudad y escuchando la opinión de la gente del común, pude observar el especial papel que han tenido las IES en la reconstrucción social de Medellín, la recuperación de la confianza y el auge de nuevos emprenderismos en cada una de las comunas de la ciudad. Este fenómeno para nosotros, resulta algo evidente y normal en países europeos y asiáticos, en donde los gobiernos apoyan a las universidades, creen en ellas y les conceden la ejecución de los programas más estratégicos. En un contexto como el nuestro, el conocimiento es un obstáculo para los políticos poco comprometidos, porque descubre la trampa. Nuestras universidades con mucho esfuerzo y a su propio ritmo, han emprendido reformas para mejorar, pero la articulación con las empresas y el Estado no depende únicamente de las universidades. La participación de la ESAP en el mejoramiento de la administración pública, no seria marginal si las administraciones territoriales asumieran retos de gerencia pública competitiva, situación que volvería injustificables los procesos de privatización y la aparición de entidades como EDESA o las Unidades de Contratación.

Debe existir cierto nivel en las administraciones para reconocer en las universidades un socio importante. Veamos que en Medellín y Bogotá se dio un cambio porque académicos reemplazaron a los políticos. Personalidades como la de Sergio Fajardo se alejan de nuestro ejemplo, cuando el mecanismo social de selección de los cargos públicos es contrario al mérito basado en el conocimiento y/o experiencia. La mayoría de cargos importantes, se dan al más manzanillo de los corruptos, a los aportantes de campaña o a los socios clientelistas. No pueden esperarse buenos resultados, si este sistema irregular rompe el compromiso del funcionario con su pueblo y lo desvía a intereses de grupo o peor aún, hacia intereses individuales.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo

El Meta hace esfuerzos para subirse al tren de la competitividad, no obstante, deben existir condiciones de equidad regional que permitan al departamento estar al mismo nivel de las demás regiones del país. Tenemos los peajes más caros de Latinoamérica. Dos de los más caros se encuentran sobre la misma vía (Bogotá – Villavicencio). Los derechos de transito por kilómetro entre Bogotá y Villavicencio ($253 para autos, camperos, camionetas y microbuses), cuestan el triple de lo que se paga por conducir de Washington a Nueva York (El Tiempo.20/08/07). Eso hace que sea equivalente transportar una tonelada de carga de Cúcuta a Bogotá y de Villavicencio a Bogotá.

De otra parte, en el país se han venido conformando nuevas zonas francas, con estímulos tributarios para el asentamiento de empresas turísticas, agropecuarias y agroindustriales. En diciembre de 2007, se llegó a 9 zonas francas, donde Facatativa se convirtió en zona franca de Biocombustibles, jalonando la inversión hacia este sitio, complementando la zona franca de Tuta en Boyacá. A esto hay que sumarle la transformación de la Ley Páez en una zona franca especial, cubriendo a Tolima, Huila y parte del Cauca.

La Ley 1004 de 2005 es la ley marco de zonas francas. Definió las condiciones tributarias que regirán para las empresas que se establezcan en esas zonas. Para empezar, la tarifa del impuesto de renta será del 15 por ciento, y no la tarifa general que para el año gravable 2007 fue del 34 por ciento y para el año gravable 2008 es del 33 por ciento. Igualmente, para esas compañías no se causan ni pagan tributos aduaneros, es decir IVA ni arancel. También gozarán de exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de las zonas francas. Por el lado de exportaciones desde zonas francas a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.


Estamos rodeados de zonas francas que nos dejan en una posición poco ventajosa para la inversión. Con estos peajes y con las políticas agropecuarias agroexportadoras que imponen fuertes retos a los productores, la región podría entrar en una crisis económica si no se toman medidas. La idea es permitirle al Meta unas condiciones equitativas que favorezcan la inversión y la localización de industrias agroalimentarias y agroenergéticas. Solo así podría darse un contexto propicio para conformar encadenamientos productivos que generen empleo e ingresos a la población. No vale de nada tener el mercado bogotano tan cerca, si en la realidad económica estamos lejos. Una zona franca especial en estos sectores, inclusive contando con el sector turístico, podría crear un marco propicio para la inversión en la región. Queda entonces la tarea para la dirigencia regional y nuestros parlamentarios defiendan con esmero, nuestros golpeados intereses.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

https://javierfierro.wordpress.com

El emprendimiento es un tema relativamente nuevo en las políticas públicas. Generalmente, es considerado irrelevante y de poco impacto para el ejercicio de gobierno. Algunos asesores creen que le atañe solo al sector privado, las ONG´s y las instituciones educativas. No obstante, algunos casos en ciudades y regiones que han realizado programas exitosos de competitividad con equidad social, llaman la atención y son constantemente modelos de demostración. Inclusive en Colombia, se destacan programas de “Emprendimiento Social” en Medellín, “Bogotá Emprende” o la Red del Oriente Colombiano para el Emprendimiento” de Santander; programas realmente innovadores que tienen su pilar en la integración, promoción y financiamiento por parte del sector público. Los programas de emprendimiento social están ligados a créditos de bajo interés, con un acompañamiento continuo, con asesoría especializada, con metas y productos medibles. Se aparta de la concepción funcional que solo enfatiza en una opción. (o se da crédito o capacitación, se ayuda a hacer los planes de negocio pero no se financia, nunca se integran acciones y varias instituciones). Un programa innovador integra a Universidades, instituciones educativas, empresas, gobierno, entidades financieras, ONG´s, inclusive a entidades de Cooperación Internacional

La estrategia tiene que ser integral y con fines sociales, buscando la incorporación de estudiantes universitarios, desplazados, reinsertados, vendedores informales, campesinos y grupos vulnerables. La propuesta presentada en la Comisión Regional de Competitividad, es conformar un Sistema Departamental de Emprendimiento que se convierta en un instrumento contra la pobreza. Las personas necesitan oportunidades que potencien sus capacidades, no requieren limosnas o millonarios proyectos asistenciales que los sepultan en una dependencia perpetua.

Estudios recientes del BID resaltan el impacto de los programas de emprenderismo en países en desarrollo. El emprendimiento surge en donde confluyen diversas condiciones. Son importantes, la iniciativa propia, el sistema educativo, la formación para el trabajo, la educación y formación familiar, los valores que refuerza la sociedad, el entorno generador de oportunidades y unas instituciones que incentivan y premian las actitudes emprendedoras. En síntesis, debe haber una actitud emprendedora, unas capacidades emprendedoras y un contexto propicio para el afloramiento y consolidación de empresas exitosas.

El Meta requiere mínimo 4 Centros de Emprendimiento que presten servicios estratégicos, específicos y logísticos. Se asemeja a crear un Parque Tecnológico, pero involucra también a empresas que no sean de base tecnológica. Es decir, son sitios en donde un buen número de emprendedores, justamente seleccionados, se forman, reciben asesoría, tienen herramientas logísticas, comunicaciones, personal especializado, información disponible y apoyo económico, que les permiten sobrepasar la etapa inicial crítica. En este orden de ideas el Parque Agroindustrial del Meta sería una necesidad apremiante.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Local y Regional.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Local y Regional. UPB. Prof. Universidad de los Llanos. Investigador-consultor

La búsqueda de la competitividad regional obliga ejecutar urgentemente un programa departamental de formalización. La iniciativa propuesta por la Cámara de Comercio de Villavicencio y planteada en el seno de la Comisión Regional de Competitividad del Meta, pretende disminuir los índices de informalidad laboral y empresarial que actualmente rondan el 74% y el 46%, respectivamente. Para mal del Meta, quiere decir que la mayoría del empleo generado y el grueso de la productividad del Meta están sustentados en la economía informal. Por supuesto, esto tiene consecuencias funestas. El problema se relaciona con nuestra débil estructura productiva y empresarial y tiende a generar más pobreza, empleo de mala calidad y bajos ingresos. Lo importante es buscar soluciones urgentes, pero también simultáneamente atacar las causas estructurales.

El problema no se soluciona únicamente reubicando a los vendedores ambulantes o castigando a las empresas que no cumplan con los trámites e impuestos requeridos. Tampoco es de única responsabilidad de la Cámara de Comercio o de las Alcaldías. La necesidad de consenso y coordinación entre el sector privado, el sector público, la academia y las organizaciones sociales hace parte de este nuevo enfoque planteado para el Plan Regional de Competitividad que está construyendo el Meta. La meta es disminuir progresivamente la tasa de informalidad laboral y empresarial en un 30% en un periodo de tres años, propiciando una economía que genere múltiples oportunidades y una disminución del tiempo y número de trámites para crear y consolidar empresa. Procesos que deben tener un contexto que esté basado en la filosofía de la meritocracia y la construcción de una base empresarial soportada en la acumulación creciente del capital humano.

Una estrategia de formalización debe incluir una caracterización precisa de los informales, identificado las barreras específicas, ubicando a los oferentes institucionales que pueden participar en esta estrategia y desarrollar un plan de acción integral que ataque las causas de manera simultánea. No obstante, existen tareas que deben desarrollarse en instancias nacionales. La idea es apoyar iniciativas legislativas que de manera transitoria simplifiquen los trámites y requisitos para los informales y nuevas empresas que deseen ingresar al mercado normalizado, complementando el éxito que ha tenido el Centro de Atención Empresarial “CAE”. Es necesario constituir un sistema de información empresarial y desarrollar programas activos de formación y financiación de emprendedores para fortalecer la estructura productiva. Igualmente, un plan de seguimiento involucraría a los municipios y todas las oficinas que participan de la ruta para crear empresa. La ruta tiene que ser ágil y sistematizada llegando a un solo trámite para crear empresa, flexibilizando la carga impositiva en sus primeros tres años. Para generar un contexto propicio para la actividad empresarial formal, los gobiernos locales y gremios deberán gestionar de mano de los políticos, marcos normativos excepcionales para el Meta, similares o iguales a las zonas francas y especiales para la actividad agroalimentaria o turística que actualmente existen en otras regiones del país.