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Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Alguien decía que la democracia es un sistema imperfecto, pero indudablemente es lo mejor que tenemos. Si evaluamos en términos de derechos, posibilidades de consenso y manifestación de tolerancia, la democracia, en algunos casos, es un sistema que valida los intereses de la mayoría y los pone por encima de los intereses de la minoría. En los procesos electorales prevalecen los intereses de las mayorías, aunque estos no siempre sean los más justos o equitativos. Sin embargo, para bien de todos, hay mecanismos para generar consenso y legitimidad de la acción pública dentro de los cánones de la democracia. La oposición política y la libre prensa son elementos necesarios para garantizar la expresión libre de las diferencias y permitir el diálogo constructivo para definir lo justo dentro de lo democrático. Un mecanismo idóneo para tener una democracia más justa, es rescatar el sentido de lo público. Ahora que las tendencias mundiales presionan una reconfiguración de lo público y privado, es imprescindible generar sentido de pertenencia e identificación con lo significa “lo público” como aquello que es de todos, para todos, del Estado y está finalmente concebido para atender los intereses colectivos.

Construir la convivencia en una sociedad más justa y tolerante es uno de los problemas fundamentales que los hombres y mujeres de hoy debemos afrontar. Hoy es urgente la formación de ciudadanos competentes para vivir en una sociedad plural en las formas de pensar y vivir. En la medida que existan ciudadanos competentes es posible cerrar el paso a los grandes males de la administración pública. La corrupción, el clientelismo, el abuso de la autoridad, la coacción, la iniquidad social, la intolerancia política y la incompetencia para gobernar, tendrán menos espacio cuando realmente exista un buen sentido de lo público. Las competencias ciudadanas deben trascender el discurso moral valorativo que condena, pero que soslayadamente acepta e inclusive premia las conductas malévolas que atentan contra lo público. Saber elegir es un hecho de suma responsabilidad con nuestros congéneres y con nosotros mismos. El voto debe nacer de un juicio ético de la más firme muestra de civilidad y grandeza para con la patria. Ahora púes, el mismo Estado tiene la responsabilidad y la obligación de construir justicia social y formar ciudadanos competentes. Destruir la doble moral que premia a los malévolos, será imposible si la educación cívica continúa olvidada en las aulas. La educación debe ser entendida como tarea y como proyecto que no acaba en la sola transformación del individuo, sino que implica necesariamente un compromiso de cambio y transformación de la propia sociedad. Como lo describe el profesor Tourinán: “Toda acción educativa es inseparable de una proyección política y social; es una participación en la tarea y el compromiso de construcción de una sociedad desde parámetros de justicia y equidad”.
Si la educación es ética y política, la participación democrática en la construcción de una sociedad justa es un componente inseparable. El sentido de lo social y el rescate de lo público emergen como un determinante en nuestros días cuando la soberanía es precaria frente a las acciones globales. Mientras una sociedad tenga ciudadanos más responsables y competentes tendrá un país más libre y soberano. De esta manera se materializa el verdadero espíritu de la Carta Magna: “La soberanía está en el pueblo”.

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