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Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

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Hace unos años mencioné en una columna la necesidad de superar el “complejo mesiánico”, el cual consiste en la estúpida condición de algunos nativos de un territorio en considerar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo propio, en atención a la sumisa posición de creer que por su origen en la periferia, todas las cosas son de menor valor, inclusive el conocimiento propio llega a ser desvalorizado frente al foráneo, que por sólo ser externo, tiene la apariencia de ser más moderno y distinguido.  La idea de concebir que siempre vendrá alguien iluminado con las soluciones a nuestros problemas.  Esta condición colonial desdibuja las capacidades locales e inclusive deprime la evolución positiva en la construcción de conocimiento regional que en muchos casos puede llegar a reconceptualizar ciertos términos, innovar y aportar nuevos enfoques y puntos de vista.  Vemos que este maligno complejo renace, pero esta vez se fortalece como mito y con mayor energía.  La malignidad de este complejo radica ahora en que los foráneos aprovechan esta condición con sus acartonados títulos para pontificar y conceptualizar sobre lo propio. Se escudan en certificados y estadísticas creyendo que toda aquella persona que sea de tal cofradía, de tal nobleza, recibe una envestidura y automáticamente el conocimiento pertinente les es transferido y además aseguran enfáticamente que es un conocimiento absoluto, muy superior a todo lo creado. Lo anterior tiene su aplicación en el sistema de la educación superior. La región de la Orinoquia ha tenido históricamente una baja cobertura de educación superior, sin embargo, la historia ha venido cambiando. La Universidad de los Llanos, Unimeta, Unitrópico y otras universidades con subsedes en el territorio, como la Universidad Nacional, la U. Cooperativa, la U. Antonio Nariño, la U. Santo Tomás, la ESAP, la UNAD, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad San Martín, entre otras, han venido aportando con sus programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en un proceso creciente de cualificación del capital humano.  La acumulación creciente de capital humano es hoy por hoy, uno de los principales ingredientes para el desarrollo y la innovación territorial.   La región cuenta con más de 15 programas académicos a nivel de maestría y el próximo año la Universidad de los Llanos lanzará el primer doctorado regional.  Por lo tanto, aunque las cifras son aún bajas frente a lo que necesita la región, por lo menos existe un importante y creciente acervo de conocimiento que tiene como objeto la lectura territorial de las principales dinámicas locales y regionales.

Dada la creciente importancia de la región, en razón al boom agroindustrial y minero energético, sobretodo en el área de la altillanura. Aparecen expertos foráneos en foros locales pontificando y señalando verdades absolutas por doquier. Llegan universidades externas, con ánimo de participar en la búsqueda de soluciones, pues de plano están plenamente seguras que aquí no hay capacidades locales, y lo peor es que lo ratifican con tal desfachatez en revistas como la Revista Semana en su edición “Tierra a la Vista”. Todo deja entrever que aquí existe una agenda oculta, no se sabe cuáles serán las verdaderas intenciones. Pero lo más triste es que hay empresarios, líderes políticos locales y gobiernos seccionales que actúan como patrocinadores de esta desaprobable conducta. Lo que llama la atención es que cuando la nación empieza a ver en esta región el área más estratégica para el desarrollo del país, llegan expertos de universidades externas a conceptuar sobre la realidad local y crean institutos de investigación y centros de estudios que parecería que están más orientados a canalizar recursos de proyectos de regalías, fondos de ciencia y tecnología, presupuestos para consultorías especializadas que supuestamente son obligatorias para diseñar el desarrollo local y regional.  También levanta sospecha que son universidades que nunca han tenido programas académicos en la región y ni siquiera cuentan con una sede local.  Lo que molesta no es la incorporación de nuevos conocimientos o la posibilidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología local con la incursión de nuevas universidades. Lo que molesta es la aptitud socarrona y la absurda suficiencia de creer que se está en un territorio virgen y que aquí no existe nada para construir desde lo propio.  Molesta que crean que el solo nombre de una universidad ranqueada en los estándares de calidad, le enviste automáticamente de un conocimiento pertinente sobre la realidad local; de esta manera desconocen y subvaloran las capacidades creadas en el territorio y desprecian la construcción autóctona de conocimiento. Una universidad que actúa así además de molestia genera gran desconfianza. Y no es una desconfianza nacida en posiciones ideológicas que intentan satanizar a una universidad como centralista, o señalarla como el brazo académico de las élites económicas. El asunto va más allá, tiene que ver con la acumulación de capital humano y la necesidad de construir desde lo local procesos de largo plazo.

Para la muestra vale mencionar, según lo anunciado por el DNP, la ejecución del Conpes de la Altillanura va a requerir estudios de ordenamiento territorial, planeación ambiental y construcción de proyectos en la región, como antesala a nuevas inversiones para apalancar el desarrollo de esta importante zona del país.  Este proceso va a ofertar mayores recursos en el campo de la producción agroindustrial, infraestructura productiva y minero energética y por esto está en la mira de centros de consultoría y universidades foráneas que cuentan con conexiones dentro del gobierno.  La idea muy seguramente puede ser un afán de posicionarse localmente y apoyar la construcción de este territorio estratégico desconociendo la historia y el conocimiento creado en la región, creando soluciones amañadas, con intereses particulares y de paso hacer buenos negocios.  La región cuenta con recurso humano muy capacitado y expertos locales para desarrollar tal tarea con total suficiencia y calidad. La calidad basada exclusivamente en los estándares es relativa, pues este simple hecho no garantiza que se conozcan las dinámicas locales y las particularidades de una región tan compleja como la Orinoquia. Ya en la región hemos tenido experiencias de universidades foráneas que muestran mucha codicia por la contratación estatal, establecen nexos locales que les ayudan a anclarse para succionar recursos de regalías y presupuestos públicos. También hemos sufrido en algunos casos por la mala calidad de los trabajos que realizan estas universidades, pues el interés no es dejar un proceso, es aprovechar un cuarto de hora, por lo tanto terciarizan los trabajos y subcontratan gente poco capacitada. De esta manera, es muy difícil que una actuación así deje algo bueno para la región. Pues los resultados no se comparten con la academia local, se llevan al centro del país y allá engrosan la lista ya numerosa de investigaciones que nunca vuelven a la región.  La vinculación de capital humano local es poca o nula, por lo tanto no existe algún nivel de trasferencia o la posibilidad de establecer un aprendizaje de doble vía. Una universidad foránea que actúa así frena la cualificación del recurso humano local, evita la acumulación de capital humano  y actúa como un enclave de conocimiento que succiona recursos y oportunidades, igual como una empresa petrolera succiona el petróleo y deja muy poco para la región.

La invitación es para la clase política, a los gobiernos seccionales y al gobierno nacional a que crean en las capacidades locales y en la calidad que brinda el conocimiento pertinente y la lectura adecuada del contexto que puede hacer la academia local. Existe un grupo calificado de personas en la región que puede construir soluciones y además liderar procesos con una total idoneidad.  Eso permitirá construir sobre bases sólidas una estrategia de desarrollo regional basada en la identidad y el cocimiento propio.

Como ejemplo se puede mostrar un proceso académico que adelanta la Universidad de los Llanos y que es apoyado por Ecopetrol. Un grupo de 35 estudiantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada están cursando estudios de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible en una cohorte especial que tiene la misión de construir la Visión Regional Sostenible de la Orinoquia para el año 2032.  En este proceso ya adelantaron su primer semestre, con unos productos muy interesantes e inéditos en la lectura local del territorio, pues la maestría se desarrolla de manera itinerante, con talleres en Arauca, Yopal, Puerto Carreño y Villavicencio.  Muy seguramente será un proyecto que dejará un capital humano valioso y con buena capacidad de liderazgo.  Instancias como el Comité Universidad – Empresa – Estado del Meta, la Mesa Rectoral Universitaria, la reciente Red de Bibliotecas, el trabajo conjunto en iniciativas como la Primera Rueda Regional de Innovación del Orinoquia, entre otras propuestas, el Centro de Desarrollo tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos, los aportes de conocimiento a la gestión ambiental y la piscicultura, además de la calidad de los foros que se están desarrollando en Villavicencio y otras capitales, demuestran que la academia local está en un buen momento y tiene la capacidad de ser un actor fundamental del desarrollo de la Orinoquia.

Ejercicio de planificación donde participaron durante dos años más de 650 personas representativas del departamento del Meta.  Con técnicas de prospectiva estratégica, asesorada por Francisco Mojica del centro de pensamiento prospectivo, el acompañamiento del DNP y la conformación de un equipo netamente criollo, se plantearon hipótesis de futuro y se asumio una imagen de futuro.

Este documento es una guia fundamental para los gobiernos departamentales del presente y futuro. Ha sido desconocido por asesores y calumniado como ejercicio de planificación. Sin lugar a dudas es el proceso más serio y más técnico de los que se han realizado en el Meta.

Vea el documento.

Documento Vision Meta 2032 ultimo 131211

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Regional y Local

Documento Editado y Diagramado por el DNP

Villavicencio se ha convertido en un parqueadero de tractomulas. La producción petrolera y el auge agroindustrial en la altillanura, ha convertido a la capital de la Orinoquia en un caos de movilidad por los frecuentes trancones en las principales vías de acceso. Además de ser el centro integrador de la región frente al gran mercado bogotano y la conexión obligada con el resto del país, la ciudad pasó a sufrir el transito diario de más de 10.000 vehículos de carga pesada, duplicando el transito normal de hace dos años.  Este crecimiento en la frecuencia y además en el número de vehículos  hace imposible poder tener paz y tranquilidad al viajar, especialmente en los trayectos Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán. De otra parte, es notable el déficit de área de parqueo en Villavicencio, por lo tanto, es natural ver inundadas las calles de la ciudad de tractomulas, los andenes y costados de las vías y las algunas estaciones de servicio. Las vías a menudo están congestionadas. Estos gigantescos vehículos, además de ocasionar problemas de contaminación con químicos, producen polvaredas que afectan las viviendas y negocios, suciedad de las vías, riesgos de accidentes y ruido en exceso.

Es evidente que la cultura ciudadana de algunos conductores de esta clase de vehículos no es la mejor.  No respetan normas de tránsito, conducen a altas velocidades, arrollan ciclistas y motociclistas, cierran constantemente a los vehículos que temerosamente se mueven entre sus líneas.  Para transeúntes y conductores no hay oportunidad, sino ceder y dejar que se tomen la vía como quieran, pues son las señoras de la vía. Trayectos que antes se hacían en corto tiempo han pasado a ser eternos.  Viajar del barrio Galán a ciudad Porfía es una dura prueba de paciencia, ni hablar de la Glorieta de la Grama hacia Catama o tratar de llegar a la Universidad de los Llanos.  El anillo vial es cosa aparte, según el Ministerio de Transporte esta destacado como uno de los diez lugares más peligrosos del país, con las mayores tasas de accidentes fatales.

Es de reconocer que se han tomado medidas y existen buenas intenciones para atender esta problemática, pero esta situación desborda las competencias locales.  Es necesario exigir al gobierno nacional y a la empresa privada, que están recibiendo los beneficios de este boom comercial, que se comprometan a cooperar en la solución y atender las normas de tránsito.  Algunas consecuencias  son notables y las sufrimos los llaneros, la pérdida de competitividad regional, la disminución en la ocupación hotelera, los daños en la malla vial y los constantes accidentes de tránsito.  La ciudad está colapsando igual al nombrado eufemismo “Autopista Bogotá-Villavicencio”, una vía de prometió 90 minutos y ahora apenas promete si se tiene suerte, tres horas de trayecto y por lo menos tener la fortuna de llegar ileso.Imagen

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

Universidad de los Llanos

Universidad de los Llanos

La pretensión de un club de acomodados ciudadanos sobre unos terrenos entregados por el Municipio de Villavicencio a la Universidad de los Llanos, es una muestra más de las lamentables situaciones que en la región se presentan y que marca la ambición y el afán de enriquecerse a partir del patrimonio público. La Universidad de los Llanos es una institución educativa pública, es decir, sus activos y recursos tienen una función social marcada por su misma naturaleza. Su función tiene una invaluable importancia al permitir que estudiantes de bajos recursos, una vez convertidos en profesionales, aporten al desarrollo de la región, y al mismo tiempo puedan dar un salto en su nivel social y el de sus familias. Es un hecho económico y social sin precedentes, pues gracias a la educación se genera ruptura al ciclo vicioso de la pobreza en muchos hogares de la región.

El desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Según el BID, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante: en Latinoamérica, quien ha aprobado algún grado de secundaria tiene 24 por ciento más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien que sólo cuenta con primaria terminada. Para el caso de quien cuenta con algún grado de bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.

No basta con tener vergonzosos hechos como las obras inconclusas de la SECAB, los dineros perdidos en las fiducias, mandatarios presos, otros huyendo, todo un record de corrupción y despilfarro, sino ahora también una muestra de elitismo frente a la equidad. La Unillanos ha tenido graves problemas para aumentar su cobertura, uno de ellos es la ausencia de terrenos para su expansión y apertura de más programas, precisamente, en estos terrenos se tiene proyectado ampliar la oferta académica de la facultad de ciencias de la salud.

Señores del club de Villavicencio un llamado a la sensatez, en este caso prima el interés general, más aun donde se advierte un fin suntuoso y elitista frente a la oportunidad de equidad social que brinda la universidad pública. La figura de los clubes sociales, ya en decadencia, obedece al culto a la apariencia, a la fastuosidad y opulencia, lo que significaría en forma directa legalizar la exclusión y arbitrariedad frente a la problemática social que nos agobia. Sería un antecedente lamentable que un hecho de estas características ocurra en nuestra ya aporreada región y más triste si los estudiantes, profesores y la sociedad en general no hacen nada para defender sus derechos.

Manuel Javier Fierro Patiño.Magister en Desarrollo Local y Regional

Crisis de valores

Crisis de valores

Son igualmente condenables los ataques a la infraestructura de los servicios públicos, como también la aparición de grupos de “limpieza social”. Lo que muestra de fondo es el carácter terrorista de los grupos que piensan capitalizar estos hechos; igualmente, muestran la intolerancia social y una crisis de valores de la sociedad en general.

Hay que conocer la teoría del Estado para interpretar muy bien la realidad y no caer en especulaciones morales. El Estado nace de la necesidad del hombre de tener garantías para desarrollar su proyecto de vida y garantizar los derechos mínimos, como la vida, la libre empresa y la libre expresión. Estas garantías y también algunas obligaciones se materializan en un contrato social, que para el caso de nosotros, es la Constitución Política de Colombia, las normas, leyes que conforman nuestro Estado Social de Derecho. La existencia del Estado, es lo que permite la vida en sociedad organizada, con unas reglas de juego que todos debemos cumplir. A cambio el Estado colombiano, según la Constitución de 1991, debe servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad colombiana en los asuntos que le competen (económicos, políticos, administrativos y culturales), defender la independencia nacional, mantener su integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y asegurar la vigencia de un orden justo. Los mismos enunciados son demasiado contundentes y claros. Las autoridades en Colombia están para proteger a todos los residentes en el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales.

La fuerza pública y las instituciones legítimas son las que deben garantizar la seguridad y atacar el delito. Preocupa mucho la aparición de grupos en las “redes sociales de internet” que alaban y promueven esta práctica irregular, en su mayoría jóvenes, que lanzan amenazas y apoyan la eliminación de personas que han quebrantado la ley, que son homosexuales o practican la prostitución. También preocupa el pronunciamiento de algunos funcionarios, alentando esta práctica y restándole importancia como acción delictiva. Esto es un síntoma indiscutible de la mala educación que reciben en sus casas y escuelas, falta de valores éticos, falta de una educación cívica y desconocimiento aberrante de nuestro sistema político.

Para construir una sociedad justa y en paz, es necesario tener claridad sobre las funciones del Estado y los deberes del ciudadano, pero ante todo tener conocimiento de la naturaleza moral y ética que nos hace miembros de un mismo país. Caso contrario no seriamos más que animales sobreviviendo en el “Leviatan” de Hobbes.

Medio país olvidado

Medio país olvidado

Se ha dicho que la región ha estado alejada de las oportunidades por la visión parroquial de sus gobernantes y el desinterés marcado de los principales actores regionales. Cierto, pero, el desarrollo también depende de las políticas del gobierno nacional y la intervención equitativa que debe dársele a todas las regiones. La Orinoquia ha sido de las regiones más golpeadas y afectadas por ese sesgo centralista, que prioriza toda inversión y atención en las zonas más activas en términos económicos y electorales. La región es vista todavía como una zona de reserva y con escasas posibilidades de articulación económica, con una única finalidad: la producción depredadora de materias primas.

Se identifican los proyectos estratégicos para la región, sin embargo, son los mismos proyectos que hace 20 años viene hablándose. Mientras otras regiones materializan sus iniciativas, la región persiste aislada y despreciada por el poder central. No es asunto de sesgos partidistas, se puede advertir como una deliberada política de Estado, pues la atención nunca ha existido. El aeropuerto de carga de Villavicencio, fue enterrado por el aeropuerto Santiago Villa de Flandes, Tolima, que sí se está ejecutando. El gobierno destina 10 billones de pesos para construir dobles calzadas en todo el país y nos conmina a invertir nuestras regalías y pagar con peajes la vía Bogotá-Villavicencio. Se nos prometió el distrito de riego del Ariari, que incumple el Ministro Arias Leiva como funcionario, pero promete como candidato. La Aerocivil dice que Villavicencio no puede tener edificios altos pues inutiliza el pretexto de un nuevo aeropuerto. Se dan promesas y contentillos, pero la población apenas advierte el engaño.

Tal como ocurrió con el Ferrocarril de Oriente, en los albores de la Guerra de los mil Días, los políticos, más numerosos y audaces de otras regiones, se confabulan para aislar a la región, pero vuelven en cada campaña a pedir votos.

Somos el primer productor de petróleo de Colombia, pero tenemos los combustibles más costosos del país, los fletes de carga más caros y las restricciones más absurdas en el gasto. De qué sirve ser una región llena de potencialidades y boyante en recursos, si estos solo son pretexto para afectarnos o llevarnos al olvido. Somos verdaderamente nobles o irracionalmente pasivos.

Pensemos: La crisis económica va afectar a los sectores más vulnerables de la economía, no obstante el sistema financiero logra 10,8 billones de utilidades en el 2008. El dueño de Coviandes aporta 600 millones a la campaña Uribe del 2002 y como casi todos los años, resulta ser el banquero más beneficiado en el país. Ahora Coviandes tiene la vía a Bogotá en sus manos, solo necesita que un gobierno complaciente siga autorizando la concesión por 40 años más.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Local y Regional

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables.

El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Lo confirma el presidente Uribe: “Un mecanismo financiero ilegal con el que han sido estafados miles de ahorradores atraídos por exorbitantes y rápidas ganancias, son parte de la “cultura mafiosa”. Lo más certero que se ha escuchado en las últimas declaraciones del primer mandatario. No porque los recursos estén totalmente conformados por dineros calientes, sino porque lo que mueve a estas pirámides es la cultura de la ganancia fácil, la misma cultura que moviliza al crimen organizado y la política corrupta; sin demeritar como causa, la falta de oportunidades sociales en un sistema financiero tan inequitativo y excluyente.

Ganar fácil supone evitar el trabajo, superar los conductos normales y corrientes para surgir por encima de cualquier prejuicio. Es un mecanismo cotidiano expresado con refranes y dichos populares: “El vivo vive del bobo”, “pa´las que sea”, “en la política y el amor todo se vale”. Algo enraizado que premia la creatividad, no para cosas buenas, sino para ascender como sea, sin acatar la ley.

Lo que más preocupa, es que ya es algo común en los altos funcionarios del ejecutivo y legislativo, e inclusive en las fuerzas del Estado. Es imposible que un país como Colombia, con tanto potencial, pueda surgir con tales problemas institucionales. Expertos como Salomón Kalmanovizt y Luis Jorge Garay lo han recalcado. Bernardo Pérez hace una mención a dos nuevos mandamientos de convivencia que evocan la facilidad de cosechar el fruto ajeno: el “décimoprimero” – no dar “papaya” –, y el “décimosegundo” – no dejar pasar la “papaya”. Es el mismo mecanismo que cultiva el estudiante que hace copia, el ciudadano que no hace cola o la persona que falsifica soportes de hoja de vida para superar con engaños lo que no ha logrado con esfuerzo propio.

En el lenguaje común y no solo en los sectores populares sino también en empresas, entidades y universidades, es normal hablar del “duro”, del “propio”, del “patrón”, de la necesidad de hacer un “cruce” o de “arreglar un torcido”. La noción de vida corta alimenta la violencia y destraba los miedos para morir tempranamente. Una cultura en dónde todo es transitorio y desechable y en dónde su mejor expresión se mide, según Garay, a través del derroche y disfrute inmediato. Peor aún el calificativo de “pendejo” al funcionario público que no aprovecha su cuarto de hora o el caso del político que es proporcionalmente admirado dependiendo del número de procesos legales que tenga y sepa sortear.

En palabras de Néstor Raúl Acosta, en el Comité Cívico de Villavicencio: “lo que hay que cambiar no son las leyes o las instituciones, lo que tiene que cambiar son las personas, para poder cambiar todo lo demás”. El país y sus ciudades tienen que abordar procesos que permitan espacios de diálogo y reflexión de la sociedad, con la participación especial de los estamentos educativos y los padres de familia. Surge la necesidad de un proyecto ético de reconstrucción social, que tiene que desarrollarse para la lograr una verdadera ciudad decente.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo.

El día 14 de noviembre el Meta retumbo en aparente fiesta. Los funcionarios del gobierno rechonchos de halagos recibieron la propuesta de la doble calzada Bogotá-Villavicencio por parte de Coviandes y prometieron estudiar la situación para dar un veredicto en enero de 2009. En sendos discursos, la obra fue catalogada de interés nacional por parte de los ministros de Transporte y Medio Ambiente y Vivienda.

Basta conocer la formalidad de la ejecución de las obras públicas para no estar tan tranquilo frente a los hechos presentados en Bogotá, en el Consejo temático organizado por el Senado de la República. Hay que recalcar que lo escrito es lo que vale y las palabras el viento se las lleva.

El documento CONPES 3536 del 18 de julio de 2008 priorizó la primera etapa de vías “Corredores de la competitividad” comprometiendo 2,5 billones de pesos de vigencias futuras hasta el año 2013. Este documento prioriza las vías Sisga-Machetá –El secreto y la Transversal del Cusiana con 180.000 millones. Igualmente, aparecen entre otras obras, dos dobles calzadas, Bucaramanga-Pamplona y Loboguerrero- Cisneros, con 690.000 millones en inversión del Estado, las cuales se presentan como proyectos estratégicos para el país. Simultáneamente, el mismo día se publica el documento CONPES 3535, el cual ofrece un concepto favorable para la prórroga y adición de los contratos de concesión vial, en donde se menciona la gestión de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. De esta manera disimulada, se escoge la exclusiva posibilidad de financiar un proyecto tan importante para la Orinoquia, que aunque está claramente mencionado Plan de Desarrollo Nacional, no se considera prioridad según los documentos mencionados.

El CONPES es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. Este órgano actúa bajo la dirección del Presidente de la República y lo componen varios ministros, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de la Mujer.

Recordemos que el CONPES 2654 de 1993, fue el que materializó la posibilidad de la carretera Bogotá- Villavicencio, que terminó con las obras que todos conocemos. La asignación de recursos tiene sus procedimientos, mejor aun cuando ya se han hecho pronunciamientos.

¡Ojo! la opción es lograr un nuevo documento CONPES, tal como realiza el gobierno con otras dobles calzadas que se han aprobado. Este documento deberá asignar recursos futuros del Estado, garantizar el inicio y continuidad de las obras en un marco de financiación justo para la región.

http://javierfierro.blogspot.com

El conocimiento se está convirtiendo en el activo más importante de las empresas y las regiones. En los años sesenta, las maquinarias y equipos industriales significaban el patrimonio de las grandes fábricas. Hoy en día este paradigma viene cambiando. En el año 2006, Google adquirió el sitio de internet de videos caseros YouTube por US$1.650 millones. La idea innovadora fruto del intelecto humano supera la productividad que originan los activos fijos.  Esto marca una pauta en los conceptos de innovación, competitividad y gerencia empresarial; igualmente, señala un nuevo orden en términos de gestión de la ciencia y la tecnología.

El capital intelectual, el cual no escasea en nuestro medio, además de la creatividad, iniciativa y persistencia que muestran los jóvenes de la región, pueden ser el punto de lanza en una estrategia de desarrollo que brinde frutos concretos en el corto y mediano plazo. La capacidad de generar y aplicar conocimiento propio y pertinente es la condición indispensable para promover la innovación y competitividad en los territorios. La diferencia entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas es cada vez más resultado de la capacidad relativa de innovar, de la proyección hacia fuera y la posibilidad de apropiar la ciencia y tecnología.

Nuestra región muestra un desbalance concreto. El conocimiento se encuentra concentrado, estancado y desaprovechado. Las redes que permiten una fluidez e irrigación del conocimiento están bloqueadas. De esta manera, el territorio permanece árido en oportunidades mientras no sea irrigado con conocimiento. Las universidades y centros de investigación deben abrir sus compuertas y transformar sus procesos internos para fertilizar el territorio y permitir el florecimiento de emprendimientos e innovaciones que aumenten la competitividad regional. Pero esta apertura debe ser promocionada a través de los gobiernos seccionales. La inversión en ciencia y tecnología debe profundizar los canales de irrigación de conocimiento, consolidar procesos líderes y propiciar nuevas iniciativas productivas.

Estas condiciones se logran con un cambio de mentalidad respecto a la ciencia y tecnología, la cual es tomada por algunos sectores como un asunto marginal y a veces folklórico o en caso contrario, como algo exclusivo y elitista, solamente destinado para científicos de bata blanca. La ciencia y tecnología es un aspecto estratégico que logra resultados sociales y económicos de alto impacto. La apropiación de la ciencia y la tecnología se logra con apertura y no con propuestas insólitas como la que plantean los estudiantes de Unillanos en paro, al proponer la investigación solamente para profesores de planta, algo que viene siendo revaluado en todas las universidades del mundo.

¿Cuánto cuesta en términos económicos, desaprovechar el potencial que tiene nuestro capital humano? Los gobernantes tienen toda la batuta para poner el conocimiento al servicio del desarrollo social y dinamizar una economía con mayor independencia, más trabajo e ingresos para la población.

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Mag. Desarrollo Regional y Local

La dirigencia política del Meta, gremios, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidad en general se han unido en una proclama general para exigir un mejor trato del gobierno nacional y la culminación de la obra “Doble Calzada” Villavicencio-Bogotá.

Para ver el documento haga clik aquí:

carta-abierta-de-la-sociedad-civil-del-meta-al-presidente-de-la-republica

El Meta unido por una causa justa.

Posteado por Javier Fierro P.

Orinoquia

Orinoquia

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables. El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. GEPUR.ESAP. Magister en Desarrollo Local y Regional

https://javierfierro.wordpress.com


La economía mundial atraviesa por un momento crítico. El incremento de los precios del petróleo, la escasez de los alimentos, la crisis inmobiliaria de EEUU, la irresponsabilidad de las redes financieras mundiales, el excesivo gasto público de las grandes economías, nutrido además por conflictos, y la inoperancia de los mecanismos tradicionales de intervención para subsanar los síntomas que venían presentándose aproximadamente desde hace dos años; son causas directas de la actual situación mundial, que amenaza por sumergir al mundo en una nueva recesión global.

Mucho se habló en el último año de la eminencia de la crisis, pero los yuppies se apresuraban a desmentirla, pues ese castillo de naipes mentiroso, construido con babas y maniobras especulativas, es su principal activo. No obstante, este gran castillo de arena empieza a desmoronarse dejando tras de sí una enseñanza que reivindica tesis de respetables economistas, que a menudo eran tildados de locos apocalípticos. El sistema capitalista aborda su última gran crisis abonada por los fundamentalismos del mercado, la concentración excesiva del poder económico y la competencia desigual entre las empresas, países y regiones, lo que origina y fortalece tremendas desigualdades, causa problemas ambientales y agudiza conflictos étnicos, religiosos y económicos que amenazan con volverse planetarios. Los fundamentalistas del mercado, afrontan una seria hecatombe conceptual, pues sus tesis trasnochadas muy apegadas a la visión de Milton Friedman, no funcionan tal como lo habían pensado. Ahora pagan escondederos a peso y ruegan para que vuelva la desprestigiada intervención del Estado y maldicen la adorada “mano invisible” que por ahora perdió vigencia.

El mundo debe aprender de esta crisis, por lo que definitivamente el capitalismo no volverá a ser el mismo. Renacen las versiones intervencionistas, con el riesgo de caer igualmente en fundamentalismos que se materializan en regímenes autoritarios, seudosocialistas y populistas.

Colombia tiene la posibilidad de repensar la estrategia de desarrollo, lo cual tiene que ser el principal objetivo del siguiente gobierno. Hay que potenciar las estrategias de desarrollo local, propiciar la acumulación de capital humano y abrir un espacio justo a las economías regionales. El país no puede seguir con esta política centralizadora y acaparadora de los beneficios sociales de la inversión nacional. Hay que regionalizar el desarrollo y darle una oportunidad equitativa a las empresas regionales, generando oportunidades, con políticas de emprendimiento y apropiación de la ciencia y la tecnología. Cada región puede hacerse cargo de su desarrollo y la región de la Orinoquia tiene todas las posibilidades. Lo que pasa es que, por una parte, el Gobierno Nacional no ha tenido la voluntad política para ejecutar los macroproyectos reconocidos por todos y de otra parte, hemos tenido que lidiar con una dirigencia corrupta e incapaz, proclive al soborno por puestos y proyectos veredales, manzanillo y pobre en propuestas, débil técnicamente y con un tremendo rabo de paja. Así, la decisión está dada: La sociedad debe reconstruir el poder político regional.

Decir que la producción de biocombustibles no afecta la producción de alimentos en Colombia es tan equivocado como decir que las exportaciones nacionales no se ven afectadas por la baja del dólar. 

El aumento considerable del área sembrada de cultivos para producción de combustibles en un país como Colombia, donde existe una alta concentración de la propiedad de la tierra, es resultado de una agresiva campaña gubernamental jalonada por sectores poderosos de la economía que ven en este negocio la oportunidad de sus vidas.  Ante el alza del precio del petróleo, es mucho más rentable producir combustibles que producir alimentos.

Es claro, que el aumento de la demanda en economías emergentes, jalona el alza de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles. Países en crecimiento, como China, India y Rusia demandan más y el mundo debe producir más.  Ante esto, EEUU promovió masivamente la producción de etanol. No obstante, esta estrategia de producir biocombustibles no cumple con su objetivo inmediato, no influencia los precios ni satisface la demanda. Mientras tanto, en el mundo avanzan planes de expansión nuclear, investigación en nuevas fuentes y auge de nuevos cultivos tendientes a producir energía en el corto plazo.

Desde el año 2006, organizaciones no gubernamentales y ahora organismos como la OCDE, la FAO y el Banco Mundial advierten sobre el aumento de la producción de Biocombustibles y su efecto negativo en la producción de alimentos.  No obstante, gobiernos latinoamericanos desmienten efectos negativos, aduciendo garantía de la seguridad alimentaria y la existencia de tierras disponibles para siembra conjunta de alimentos y biomasa para biocombustibles.  Sin embargo, recientemente aparecen en Brasil reclamos frente a la afectación de la selva amazónica por la incorporación de nuevas áreas a la producción de etanol.  

En Colombia, es cierto que existen tierras que pueden ser destinadas a producción de biocombustibles, pero la presión sobre áreas de economía campesina aumenta y el marco de estímulos crediticios e incentivos crecientes a la producción de biocombustibles amenaza la producción de alimentos, que hasta ahora se está reponiendo de la dura política agraria de corte neoliberal.  Recordemos, que hace pocos años se promovieron nuevos sectores agrícolas con el supuesto de la puesta en operación de tratados de libre comercio que no se han materializado. Con este argumento se desestimuló la producción de trigo, arroz, cebada, soya y maíz, teniendo en cuenta la cobertura futura con oferta externa.  No obstante, el escenario mundial cambió y ahora escasean los alimentos y producirlos es muy rentable. Ante esta situación, es urgente fortalecer la producción de alimentos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.  De esta manera, se lograría subsanar los efectos de la alocada improvisación gubernamental movida por el afán de favorecer grandes intereses privados. Los que promueven estas iniciativas energéticas tienen sus propios intereses, pero el gobierno debe garantizar ante todo la seguridad alimentaria, para frenar el alza desmedida en el precio de los alimentos, que afecta principalmente a los sectores más marginados de la sociedad colombiana.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo. Consultor.

La utilización de nuevas tecnologías ha cambiado considerablemente las condiciones sociales y económicas de la sociedad. Bastaría con mencionar como ejemplos, el uso masivo de tecnologías ligadas a la red Internet o las inmensas posibilidades que muestran los avances en biotecnología y microelectrónica. Hoy, algunos sectores de la sociedad disponen de herramientas y conocimientos avanzados para conducir cambios que logren un mayor bienestar social, no obstante, estos recursos deben ser ampliamente difundidos y distribuidos, en una acción en la que confluyen tanto intereses públicos como privados.

En esta época de cambios acelerados, las empresas, las organizaciones sociales y los gobiernos buscan posicionarse globalmente, aprovechando las ventajas que brinda el entorno y combinando los recursos necesarios para anticiparse a los grandes cambios. Esto no se logra si no existe una base sólida de conocimientos y aplicaciones que generen mayor productividad y simultáneamente propicien una mayor equidad social.  Este es un asunto que concierne tanto a las universidades, como al gobierno y lógicamente, también a las empresas. 

Se hace necesario que las fuerzas sociales, políticas y productivas del territorio, unidas en un plan estratégico, identifiquen las tecnologías claves para su desarrollo y dimensionen qué variables pueden incidir sobre las mismas; al mismo tiempo, se busca determinar cómo podrían afectar a la sociedad y cuáles pueden ser los factores que las impulsen en un sentido o en otro. Este es el campo de la prospectiva tecnológica, algo que se constituye actualmente, en el pilar que sostiene procesos de innovación y competitividad territorial en el mundo. 

En este propósito, es necesario apartarse un poco de la idea tecnócrata que pone a la prospectiva en un pedestal inalcanzable, manejada arbitrariamente por técnicos y funcionarios que además intentan manipular y orientar los resultados. Un ejercicio de prospectiva realmente válido requiere de una alta dosis de participación, responsabilidad y compromiso con la sociedad.  En primera medida, por ser una herramienta para la toma de decisiones, hay que garantizar que los involucrados, tanto direccionadores, como ejecutores o activadores e inclusive, los opositores, participen activamente del proceso.  De otra forma, el método pierde potencia y se convierte en una falacia que causa más desilusiones que logros. En segunda medida, es un recurso técnico que fortalece y consolida la gestión, la hace más pertinente y eficiente, buscando construir un futuro de acuerdo con los deseos y también con las posibilidades. Por esta razón, debe desmitificarse su uso y hacerla más alcanzable para las empresas y organizaciones.

La prospectiva tecnológica es solo el comienzo de una cadena de procesos de mejoramiento que conduce cada vez a operaciones más complejas, pero más efectivas.   La utilización de la vigilancia tecnológica, el balance tecnológico, la minería de datos, los sistemas de inteligencia competitiva, los clúster de información y los análisis de redes sociales proactivas, son un campo abierto de posibilidades para incorporar la gestión del conocimiento a los procesos productivos y administrativos.   

El Comité Universidad-Empresa-Estado del Meta propuso la primera fase del proyecto “Mapa de Conocimiento”, una iniciativa que busca precisamente realizar un estado del arte del conocimiento generado y disponible para mejorar la productividad, propiciar nuevas oportunidades, preparar el terreno fértil para que surja la innovación, para que finalmente se puedan ampliar fuentes de empleo e ingresos para la población de la región.  En una primera fase con el apoyo del gobierno departamental y el liderazgo de Unillanos, se ha logrado analizar una parte de la oferta de conocimiento pertinente que ha generado la Universidad de los Llanos, como también se logró tener una imagen de la demanda global de conocimiento por parte de las empresas y organizaciones. 

La Universidad de los Llanos inicia una segunda fase con el análisis de otras formas de conocimiento que ha generado la universidad y convoca a la reflexión participativa para la construcción de una propuesta que origine una mayor pertinencia de las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social.  Igualmente, con la participación de otras universidades, con el apoyo del gobierno seccional, de las entidades nacionales y la incorporación de recursos de cooperación, lograr avanzar en estudios de oferta global de conocimiento, análisis de cadena de valor y prospectiva tecnológica de los sectores  productivos del Meta.  El objetivo es constituir alianzas sólidas y autogestionadas que detonen el aumento de la calidad de la producción, propuestas sociales innovativas y nuevas alternativas productivas. Este tipo de alianzas Universidad-Empresa o Universidad-organización, se sostienen por si solas porque nacen de un proceso en donde las ofertas y las demandas de conocimiento confluyen íntimamente, logrando mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos que eslabonan de la cadena productiva, avanzando con paso firme al concepto de clúster de la producción y también conformando una caja de herramientas para atención de la problemática social y económica de la región.

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

Docente catedrático Universidad de los Llanos

Departamento del Meta

La propuesta presentada a la Comisión Regional de Competitividad, a través de una consultoría de Confecámaras, consiste en un llamado a las administraciones municipales y a la administración seccional a unificar procesos de planeación de las ciudades satelitales (Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Restrepo, Cumaral, Puerto López y Puerto Gaitán) conformando una espacialidad subregional en donde se organicen las actividades productivas, se definan relaciones urbano-funcionales, se definan proyectos de inversión social, infraestructura urbana, servicios públicos, inversión en TIC´s y dotación logística con una proyección a 50 años.

La dinámica actual de inversión, el crecimiento desordenado de las ciudades y los conflictos urbano-rurales, constituyen un reto para la planificación regional en la asignación de recursos a proyectos que buscan la solución a problemas comunes. De la misma manera en que la articulación de los eslabones de la cadena productiva genera beneficios y una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, la articulación espacial de las ciudades mediante un marco de planificación común genera enormes dividendos en la gestión territorial y permite desarrollar proyectos con una escala mayor y la posibilita un mayor impacto en la inversión pública. Este proceso subregional facilita la articulación y un mejor posicionamiento respecto a otros procesos similares, como la conformación de la Bogotá ciudad región y la dinámica subregional del antiplano cundiboyacense y el eje Bogotá-Girardot. Será mucho más fácil promover proyectos como el ferrocarril subregional de Villavicencio, la zona franca especial y daría más fuerza a nuevas espacialidades en el Meta, concretamente, el Distrito Agroalimentario del Ariari y la Zona Agroindustrial de la Altillanura.

Esta zona noroccidental del departamento concentra los servicios educativos, de salud, comercio, infraestructura productiva y en un futuro favorecería la desconcentración de Villavicencio y la difusión de impactos sociales y económicos positivos en toda la espacialidad. Es muy posible que el Meta pueda incluso avanzar en una nueva red de asentamientos que integre el territorio amplio de la altillanura, en un proceso de poblamiento futuro que puede ser modelo para el país.

El proceso inicia por un acuerdo de voluntades y la conformación de una unidad técnica que empiece a visionar los programas y proyectos a desarrollar en el presente siglo. Se analiza el estudio conjunto de los planes de ordenamiento territorial y el diseño y operación de subcomités de planificación en las áreas consideradas estratégicas. Puede iniciarse un proyecto piloto de región digital con la masificación de las TIC´s y estudios de prestación de servicios públicos, obras de infraestructura que sirvan de soporte a los clústeres definidos, obras de desarrollo vial que permitan una mayor movilidad y articulación espacial del territorio. En un futuro próximo, no sería raro que las personas puedan movilizarse a una gran velocidad entre estas ciudades, dinamizando y reorganizando las actividades económicas, incorporando nuevas realidades y promoviendo una mayor participación social.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

Para Hernán Rincón, el vicepresidente de Microsoft para América Latina, el bajo índice de competitividad de América Latina sólo se puede superar si los gobiernos ponen más atención en el ámbito educativo y la inversión en tecnología. Se asume cada vez con mayor frecuencia que la educación debe estar ligada a las necesidades de la sociedad y vinculada a un proyecto político de desarrollo regional. El fin consiste en reorientar el sistema educativo del Meta hacia la formación de competencias empresariales, con énfasis en gestión y liderazgo, integrando a los diferentes actores en un pacto colectivo para la competitividad, que involucre a todos los niveles de la educación. Deberán participar autoridades gubernamentales, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia, sindicatos; todos comprometidos en el objetivo común de mejorar la calidad y pertinencia del sistema educativo. Solo así la región podrá ser un territorio triunfador en esta alocada carrera que impone la globalización.

Las metas incluyen la necesidad de lograr el mejoramiento de un 15% en los promedios en las pruebas SABER y el ICFES durante los próximos cinco años, mejorar en bilingüismo, con 500 estudiantes certificados por año e incorporar masivamente las tecnologías informáticas al proceso educativo.

Pese a que las Instituciones de Educación Superior y el SENA hacen análisis de demanda o análisis de contexto para ajustar su oferta educativa, no se ven resultados notables en cuanto a la incorporación efectiva de los promovidos y egresados al mercado laboral. Esto se debe en parte a que la formación de habilidades empresariales no empieza en estos niveles, empieza desde la misma educación familiar y preescolar. Igualmente, es urgente abandonar el enfoque educativo que solo produce egresados buscadores de empleo. La estrategia de transformación productiva y generación de valor agregado a la producción departamental, requiere de un contingente de capital humano suficiente, que solo puede ser producido por un sistema educativo pertinente, que ofrezca servicios de acuerdo a la demanda actual y futura, procesos que deben ser apoyados por las secretarias de educación.

Es necesario que el sistema promueva y refuerce valores y habilidades como la confianza, la perseverancia, la autoestima, el liderazgo, la creatividad y el gusto por el ahorro y la planeación. La propuesta involucra la formación en la básica primaria y secundaria con la adquisición de disciplina, mayores habilidades para la gestión y la toma de decisiones. Busca en la formación media y técnica, las competencias para desarrollar actividades productivas según la vocación económica departamental. Forma al profesional de cualquier disciplina para gerenciar su propia empresa, administrar procesos de gestión de conocimiento, investigación e innovación; y además, refuerza la formación ciudadana, promoviendo la cooperación, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magíster en Desarrollo. https://javierfierro.wordpress.com