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Se le olvida CD que el acuerdo de paz lo firman enemigos históricos. La renegociación no es discrecionalidad solo del gobierno.

Solo son estrategias para dilatar y dilatar para refinar las estrategias para la elecciones 2018. El CD en su mezquindad y codicia le interesa el poder, destrozar el gobierno de Santos que no le caminó y adueñarse del poder político. Algo que no calcularon los del NO es que el dolor de las victimas, los anhelos de las regiones afectadas por el conflicto valen un bledo frente a la Sed de Poder. Se cometieron errores en la campaña del SI que fueron fríamente capitalizados, la mala prensa y la manipulación hicieron su agosto, desviaron la atención a temas de dogma e ideología, pero lo que realmente estaba tras la palestra, era retomar el poder para continuar con la senda de lo que ya sabemos… seguridad democrática, confianza inversionista y bla bla bla. Lo que nos ha estigmatizado en la comunidad internacional, como un pueblo guerrerista y violento.

No hay que asombrarse, existen en la fauna humana. Las hienas son individuos muy sociables, hipócritas y bien hablados. Mantienen una máscara que los hace parecer cual perro fiel, pero guardan en su interior perversidad y capacidad para hacer el mal. Están al tanto de los éxitos ajenos, los envidian y anhelan suprimir toda muestra de felicidad. Les duele la alegría del colega, del compañero de trabajo y con total amargura empiezan a tramar su ataque. Al menor descuido roban y se nutren del trabajo ajeno, crean un ambiente malsano para la víctima, rodean su entorno y borran las evidencias de logros, con triquiñuelas e intrigan cambian cualquier asomo de resultado positivo, manipulan el entorno social, hasta adueñarse de los progresos y triunfos de sus víctimas. Tienen una debilidad. Sur ser social los envuelve hasta que empiezan a mostrar el cobre. Las adulaciones los enternecen y empiezan a creerse de su posición, muchas veces ganada con trampa, con manipulación y mentira. Entonces el entorno empieza a exigirles tareas que no pueden cumplir, se desesperan, no saben qué hacer, llaman a su manada, pero nada les resulta. El final de la hiena es triste. Un aislamiento que equivale al destierro de la manada, algo que carcome el alma para los que siempre anhelan la aprobación y el éxito. No buscan el éxito propio porque les parece desgastante y engorroso, prefieren robar como la hiena.hiena

Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

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Hace unos años mencioné en una columna la necesidad de superar el “complejo mesiánico”, el cual consiste en la estúpida condición de algunos nativos de un territorio en considerar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo propio, en atención a la sumisa posición de creer que por su origen en la periferia, todas las cosas son de menor valor, inclusive el conocimiento propio llega a ser desvalorizado frente al foráneo, que por sólo ser externo, tiene la apariencia de ser más moderno y distinguido.  La idea de concebir que siempre vendrá alguien iluminado con las soluciones a nuestros problemas.  Esta condición colonial desdibuja las capacidades locales e inclusive deprime la evolución positiva en la construcción de conocimiento regional que en muchos casos puede llegar a reconceptualizar ciertos términos, innovar y aportar nuevos enfoques y puntos de vista.  Vemos que este maligno complejo renace, pero esta vez se fortalece como mito y con mayor energía.  La malignidad de este complejo radica ahora en que los foráneos aprovechan esta condición con sus acartonados títulos para pontificar y conceptualizar sobre lo propio. Se escudan en certificados y estadísticas creyendo que toda aquella persona que sea de tal cofradía, de tal nobleza, recibe una envestidura y automáticamente el conocimiento pertinente les es transferido y además aseguran enfáticamente que es un conocimiento absoluto, muy superior a todo lo creado. Lo anterior tiene su aplicación en el sistema de la educación superior. La región de la Orinoquia ha tenido históricamente una baja cobertura de educación superior, sin embargo, la historia ha venido cambiando. La Universidad de los Llanos, Unimeta, Unitrópico y otras universidades con subsedes en el territorio, como la Universidad Nacional, la U. Cooperativa, la U. Antonio Nariño, la U. Santo Tomás, la ESAP, la UNAD, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad San Martín, entre otras, han venido aportando con sus programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en un proceso creciente de cualificación del capital humano.  La acumulación creciente de capital humano es hoy por hoy, uno de los principales ingredientes para el desarrollo y la innovación territorial.   La región cuenta con más de 15 programas académicos a nivel de maestría y el próximo año la Universidad de los Llanos lanzará el primer doctorado regional.  Por lo tanto, aunque las cifras son aún bajas frente a lo que necesita la región, por lo menos existe un importante y creciente acervo de conocimiento que tiene como objeto la lectura territorial de las principales dinámicas locales y regionales.

Dada la creciente importancia de la región, en razón al boom agroindustrial y minero energético, sobretodo en el área de la altillanura. Aparecen expertos foráneos en foros locales pontificando y señalando verdades absolutas por doquier. Llegan universidades externas, con ánimo de participar en la búsqueda de soluciones, pues de plano están plenamente seguras que aquí no hay capacidades locales, y lo peor es que lo ratifican con tal desfachatez en revistas como la Revista Semana en su edición “Tierra a la Vista”. Todo deja entrever que aquí existe una agenda oculta, no se sabe cuáles serán las verdaderas intenciones. Pero lo más triste es que hay empresarios, líderes políticos locales y gobiernos seccionales que actúan como patrocinadores de esta desaprobable conducta. Lo que llama la atención es que cuando la nación empieza a ver en esta región el área más estratégica para el desarrollo del país, llegan expertos de universidades externas a conceptuar sobre la realidad local y crean institutos de investigación y centros de estudios que parecería que están más orientados a canalizar recursos de proyectos de regalías, fondos de ciencia y tecnología, presupuestos para consultorías especializadas que supuestamente son obligatorias para diseñar el desarrollo local y regional.  También levanta sospecha que son universidades que nunca han tenido programas académicos en la región y ni siquiera cuentan con una sede local.  Lo que molesta no es la incorporación de nuevos conocimientos o la posibilidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología local con la incursión de nuevas universidades. Lo que molesta es la aptitud socarrona y la absurda suficiencia de creer que se está en un territorio virgen y que aquí no existe nada para construir desde lo propio.  Molesta que crean que el solo nombre de una universidad ranqueada en los estándares de calidad, le enviste automáticamente de un conocimiento pertinente sobre la realidad local; de esta manera desconocen y subvaloran las capacidades creadas en el territorio y desprecian la construcción autóctona de conocimiento. Una universidad que actúa así además de molestia genera gran desconfianza. Y no es una desconfianza nacida en posiciones ideológicas que intentan satanizar a una universidad como centralista, o señalarla como el brazo académico de las élites económicas. El asunto va más allá, tiene que ver con la acumulación de capital humano y la necesidad de construir desde lo local procesos de largo plazo.

Para la muestra vale mencionar, según lo anunciado por el DNP, la ejecución del Conpes de la Altillanura va a requerir estudios de ordenamiento territorial, planeación ambiental y construcción de proyectos en la región, como antesala a nuevas inversiones para apalancar el desarrollo de esta importante zona del país.  Este proceso va a ofertar mayores recursos en el campo de la producción agroindustrial, infraestructura productiva y minero energética y por esto está en la mira de centros de consultoría y universidades foráneas que cuentan con conexiones dentro del gobierno.  La idea muy seguramente puede ser un afán de posicionarse localmente y apoyar la construcción de este territorio estratégico desconociendo la historia y el conocimiento creado en la región, creando soluciones amañadas, con intereses particulares y de paso hacer buenos negocios.  La región cuenta con recurso humano muy capacitado y expertos locales para desarrollar tal tarea con total suficiencia y calidad. La calidad basada exclusivamente en los estándares es relativa, pues este simple hecho no garantiza que se conozcan las dinámicas locales y las particularidades de una región tan compleja como la Orinoquia. Ya en la región hemos tenido experiencias de universidades foráneas que muestran mucha codicia por la contratación estatal, establecen nexos locales que les ayudan a anclarse para succionar recursos de regalías y presupuestos públicos. También hemos sufrido en algunos casos por la mala calidad de los trabajos que realizan estas universidades, pues el interés no es dejar un proceso, es aprovechar un cuarto de hora, por lo tanto terciarizan los trabajos y subcontratan gente poco capacitada. De esta manera, es muy difícil que una actuación así deje algo bueno para la región. Pues los resultados no se comparten con la academia local, se llevan al centro del país y allá engrosan la lista ya numerosa de investigaciones que nunca vuelven a la región.  La vinculación de capital humano local es poca o nula, por lo tanto no existe algún nivel de trasferencia o la posibilidad de establecer un aprendizaje de doble vía. Una universidad foránea que actúa así frena la cualificación del recurso humano local, evita la acumulación de capital humano  y actúa como un enclave de conocimiento que succiona recursos y oportunidades, igual como una empresa petrolera succiona el petróleo y deja muy poco para la región.

La invitación es para la clase política, a los gobiernos seccionales y al gobierno nacional a que crean en las capacidades locales y en la calidad que brinda el conocimiento pertinente y la lectura adecuada del contexto que puede hacer la academia local. Existe un grupo calificado de personas en la región que puede construir soluciones y además liderar procesos con una total idoneidad.  Eso permitirá construir sobre bases sólidas una estrategia de desarrollo regional basada en la identidad y el cocimiento propio.

Como ejemplo se puede mostrar un proceso académico que adelanta la Universidad de los Llanos y que es apoyado por Ecopetrol. Un grupo de 35 estudiantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada están cursando estudios de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible en una cohorte especial que tiene la misión de construir la Visión Regional Sostenible de la Orinoquia para el año 2032.  En este proceso ya adelantaron su primer semestre, con unos productos muy interesantes e inéditos en la lectura local del territorio, pues la maestría se desarrolla de manera itinerante, con talleres en Arauca, Yopal, Puerto Carreño y Villavicencio.  Muy seguramente será un proyecto que dejará un capital humano valioso y con buena capacidad de liderazgo.  Instancias como el Comité Universidad – Empresa – Estado del Meta, la Mesa Rectoral Universitaria, la reciente Red de Bibliotecas, el trabajo conjunto en iniciativas como la Primera Rueda Regional de Innovación del Orinoquia, entre otras propuestas, el Centro de Desarrollo tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos, los aportes de conocimiento a la gestión ambiental y la piscicultura, además de la calidad de los foros que se están desarrollando en Villavicencio y otras capitales, demuestran que la academia local está en un buen momento y tiene la capacidad de ser un actor fundamental del desarrollo de la Orinoquia.

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

Las dinámicas territoriales del Meta avanzan a la consolidación de 2 componentes territoriales económicamente definidos. Por una parte los desarrollos agroindustriales de gran escala en la zona de la altillanura, unidos a un creciente auge de exploración y explotación petrolera, avanzan a la preponderancia de una economía con características de enclave.

Las economías de enclave suelen ser más o menos prósperas que la economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o perjudicial. En nuestro caso, es claro el efecto de desplazamiento, especialmente en el mercado laboral. Esto perjudica al resto de la economía, porque los enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima, encareciéndose estos elementos para el resto de la economía.

Los resultados pueden ser positivos en la medida que estas grandes empresas generen espacios para la integración de pequeñas y medianas empresas de la región, permitiendo procesos de transferencia de conocimiento, para romper la brecha tecnológica. La articulación social no ha sido exitosa, debido a la afectación grave de la población indígena, las nuevas demandas empresariales de recurso humano calificado y a la poca oferta regional.  Igualmente, no existe un marco regulatorio efectivo o acuerdo político que garantice mayor equidad y fortalecimiento del capital humano regional.

La zona occidental del Meta, jalonada por la dinámica de la región del Ariari, tiene unas connotaciones diferentes.  Existe una buena diversificación productiva, articulando sectores agropecuario y turístico, no obstante, la incorporación de nuevo conocimiento para la productividad y la transformación productiva ha sido lenta. Actualmente convergen la cooperación internacional, la consolidación territorial y de recuperación territorial por parte del Estado, acciones de desarrollo local y algunos esfuerzos por reconstruir el tejido social.

El potencial es inmenso dada la fuerza productiva y el impacto social que generaría la incorporación productiva de toda la zona. Se requiere un proceso de ordenamiento ambiental – productivo de largo plazo y políticas que permitan una apropiación de la ciencia y tecnología con participación activa de productores, mejoramiento vial y fortalecimiento del espíritu asociativo y emprendedor.

La propuesta de constituir un distrito agroalimentario es pertinente para las condiciones actuales. No obstante, debe darse una política de ordenamiento territorial desde lo departamental que brinde las condiciones institucionales para la sinergia de los diferentes proyectos que se desarrollan en la región.  Lo principal es una estrategia de inclusión que permita el empoderamiento de los actores, la generación de confianza y la superación de las trampas al desarrollo, donde lamentablemente el mismo Estado ha sido responsable. Esas trampas están ancladas en el pasado violento, en las falsas promesas gubernamentales y el aislamiento político de la subregión.

Villavicencio funge como eje articulador de esta dicotomía, centro nervioso comercial y área de moldeamiento y transformación de procesos territoriales.

Crisis de valores

Crisis de valores

Son igualmente condenables los ataques a la infraestructura de los servicios públicos, como también la aparición de grupos de “limpieza social”. Lo que muestra de fondo es el carácter terrorista de los grupos que piensan capitalizar estos hechos; igualmente, muestran la intolerancia social y una crisis de valores de la sociedad en general.

Hay que conocer la teoría del Estado para interpretar muy bien la realidad y no caer en especulaciones morales. El Estado nace de la necesidad del hombre de tener garantías para desarrollar su proyecto de vida y garantizar los derechos mínimos, como la vida, la libre empresa y la libre expresión. Estas garantías y también algunas obligaciones se materializan en un contrato social, que para el caso de nosotros, es la Constitución Política de Colombia, las normas, leyes que conforman nuestro Estado Social de Derecho. La existencia del Estado, es lo que permite la vida en sociedad organizada, con unas reglas de juego que todos debemos cumplir. A cambio el Estado colombiano, según la Constitución de 1991, debe servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad colombiana en los asuntos que le competen (económicos, políticos, administrativos y culturales), defender la independencia nacional, mantener su integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y asegurar la vigencia de un orden justo. Los mismos enunciados son demasiado contundentes y claros. Las autoridades en Colombia están para proteger a todos los residentes en el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales.

La fuerza pública y las instituciones legítimas son las que deben garantizar la seguridad y atacar el delito. Preocupa mucho la aparición de grupos en las “redes sociales de internet” que alaban y promueven esta práctica irregular, en su mayoría jóvenes, que lanzan amenazas y apoyan la eliminación de personas que han quebrantado la ley, que son homosexuales o practican la prostitución. También preocupa el pronunciamiento de algunos funcionarios, alentando esta práctica y restándole importancia como acción delictiva. Esto es un síntoma indiscutible de la mala educación que reciben en sus casas y escuelas, falta de valores éticos, falta de una educación cívica y desconocimiento aberrante de nuestro sistema político.

Para construir una sociedad justa y en paz, es necesario tener claridad sobre las funciones del Estado y los deberes del ciudadano, pero ante todo tener conocimiento de la naturaleza moral y ética que nos hace miembros de un mismo país. Caso contrario no seriamos más que animales sobreviviendo en el “Leviatan” de Hobbes.

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables.

El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Lo confirma el presidente Uribe: “Un mecanismo financiero ilegal con el que han sido estafados miles de ahorradores atraídos por exorbitantes y rápidas ganancias, son parte de la “cultura mafiosa”. Lo más certero que se ha escuchado en las últimas declaraciones del primer mandatario. No porque los recursos estén totalmente conformados por dineros calientes, sino porque lo que mueve a estas pirámides es la cultura de la ganancia fácil, la misma cultura que moviliza al crimen organizado y la política corrupta; sin demeritar como causa, la falta de oportunidades sociales en un sistema financiero tan inequitativo y excluyente.

Ganar fácil supone evitar el trabajo, superar los conductos normales y corrientes para surgir por encima de cualquier prejuicio. Es un mecanismo cotidiano expresado con refranes y dichos populares: “El vivo vive del bobo”, “pa´las que sea”, “en la política y el amor todo se vale”. Algo enraizado que premia la creatividad, no para cosas buenas, sino para ascender como sea, sin acatar la ley.

Lo que más preocupa, es que ya es algo común en los altos funcionarios del ejecutivo y legislativo, e inclusive en las fuerzas del Estado. Es imposible que un país como Colombia, con tanto potencial, pueda surgir con tales problemas institucionales. Expertos como Salomón Kalmanovizt y Luis Jorge Garay lo han recalcado. Bernardo Pérez hace una mención a dos nuevos mandamientos de convivencia que evocan la facilidad de cosechar el fruto ajeno: el “décimoprimero” – no dar “papaya” –, y el “décimosegundo” – no dejar pasar la “papaya”. Es el mismo mecanismo que cultiva el estudiante que hace copia, el ciudadano que no hace cola o la persona que falsifica soportes de hoja de vida para superar con engaños lo que no ha logrado con esfuerzo propio.

En el lenguaje común y no solo en los sectores populares sino también en empresas, entidades y universidades, es normal hablar del “duro”, del “propio”, del “patrón”, de la necesidad de hacer un “cruce” o de “arreglar un torcido”. La noción de vida corta alimenta la violencia y destraba los miedos para morir tempranamente. Una cultura en dónde todo es transitorio y desechable y en dónde su mejor expresión se mide, según Garay, a través del derroche y disfrute inmediato. Peor aún el calificativo de “pendejo” al funcionario público que no aprovecha su cuarto de hora o el caso del político que es proporcionalmente admirado dependiendo del número de procesos legales que tenga y sepa sortear.

En palabras de Néstor Raúl Acosta, en el Comité Cívico de Villavicencio: “lo que hay que cambiar no son las leyes o las instituciones, lo que tiene que cambiar son las personas, para poder cambiar todo lo demás”. El país y sus ciudades tienen que abordar procesos que permitan espacios de diálogo y reflexión de la sociedad, con la participación especial de los estamentos educativos y los padres de familia. Surge la necesidad de un proyecto ético de reconstrucción social, que tiene que desarrollarse para la lograr una verdadera ciudad decente.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo.

Se veía venir, pero el optimismo aún era débil. Persistía en algunos ciudadanos mucha prudencia a pronunciarse abiertamente. Fue una manifestación silenciosa, pero con gran ruido retumbaba en todas las mentes. No obstante, la esperanza de cambio permanecía en el grueso de la población. Con dolor se pensaba en el pasado, en el recorrer sucio de los hechos bochornosos que condenaron el nombre de la ciudad.

 

La ciudad mostró su capacidad de reflexión y acción política. Fue un proceso que empezó a sentirse solo dos semanas antes de la elección. Los corrillos callejeros, las cafeterías del centro, los hervideros políticos que taponan las calles en épocas electorales empezaban a advertir los pasos de gigante.  En avalancha de pensamiento y palabras conectadas a nivel de murmullo persona a persona, se escuchó correr la bola: Franco va a ganar.   La ciudad revitalizó sus capilares sanguíneos por donde circulan chismes y coletillas, para dar paso al comentario reflexivo: Puede ganar y hay que actuar 

 

Inmediatamente las huestes ciudadanas despertaron del sueño profundo que la desilusión y el escepticismo paraliza en el acto. La ciudad movilizó su criterio por encima de la propaganda, el ruido y actitudes pendencieras y groseras de los pregoneros en la antesala de los puestos de votación. Muchos colores, muchas imágenes, que escondían la realidad sumergida en los corazones, amenazaban con desmaterializar las intenciones, pero el sentimiento colectivo fue enfático al mostrar sus preferencias.  Llovía y los villavicenses madrugaron, el ambiente sabía a cuanto candidato existía, pero la decisión se fortalecía con cada paso dado hasta la mesa de votación. Al momento de tomar el lapicero no se vaciló y se marcó sentenciando la historia de Villavicencio: No se puede insultar la inteligencia colectiva.  

 

Después de votar, el comentario disimulado y las miradas cómplices competían con los empujones, las banderas y los gritos de muchachos que a borbotones derramaban publicidad a diestra y siniestra. Después, el momento de la espera eterna para observar con satisfacción como las cifras mostraban voto a voto como se derrotaba la indiferencia y la apatía.

 

Lo más importante es la recuperación del poder de decidir libremente, sin hacer caso a los gastos enormes de las campañas, a los formularios mentirosos, a los mercados, a los conciertos y a las manifestaciones fabricadas a punta de buseta llena a empujones.  También se dio una lección en asuntos programáticos.  Por primera vez se asumen concientemente las propuestas que consiguen votos.  Sin lugar a dudas es un gran avance que merece la mayor atención. Este proceso no puede quedar en esta lección de ciudadanía. Debe consolidarse y fortalecerse para continuar en asuntos de gobierno, control político y seguimiento.  El nuevo alcalde tiene la batuta con independencia. Las relaciones con sus funcionarios y el concejo deben trascender el interés político individual y basarse en el interés colectivo. La ciudad adolece de planificación de altura. Los recursos deberán orientarse estratégicamente, sin improvisación, sin manipulaciones ni conciertos para delinquir. Éxitos señor Alcalde.

Se advierte un quiebre en las tendencias que plantea la geopolítica en el planeta.  El cambio que lleva a las mayorías demócratas al poder en Estados Unidos, incide directamente en la vida de los países que se encuentran dentro de su órbita.  Al gobierno Bush le llega la época gris de confrontar sus metas y sus logros en un escenario poco amigable. Más aun cuando ha sido un mandato cuestionado y polémico, en razón a sus políticas de intervención, una doctrina de seguridad que da vía libre a ataques preventivos y la torpeza en las decisiones, incluso en atención de desastres y política doméstica.

La agudización de los conflictos globales, el incremento de la amenaza terrorista, la radicalización de la violencia étnica –religiosa puede atribuírsele en parte a la impericia del gobierno Bush y su Secretaria de Estado. Es posible que en los próximos años se desarrolle un cambio en las políticas globales. Este cambio llevaría a privilegiar estrategias disuasivas y conciliadoras frente a los conflictos, mayor inteligencia y coordinación mundial para la amenaza terrorista y un cambio de actitud respecto al problema climático. Lo más seguro es que el próximo presidente de EEUU sea una demócrata y esto ayude agilizar los cambios en la agenda del país del norte.

En Colombia se empiezan a sentir los efectos de este cambio de dirección. Los demócratas, tradicionalmente exigentes con el cumplimiento de los derechos humanos y promulgadores de un papel protagónico del país del norte como promotor de la paz mundial, miran con recelo el Plan Colombia, las asimetrías del TLC en asuntos laborales y ambientales y sobretodo la violencia, vista desde el exterior, durante el gobierno Uribe; violencia que no se puede esconder y que se relaciona vivamente con el poder alcanzado por los grupos al margen de la ley al permear las estructuras del Estado; los abusos de la fuerza pública, los asesinatos de sindicalistas, los falsos positivos, los casos de corrupción en el seno del gobierno, la interceptación de comunicaciones a los miembros de la oposición, periodistas y desmovilizados; la reciente propuesta de excarcelación de para-políticos y la confusión que ronda luego de la excarcelación de guerrilleros; hechos que en Colombia apenas levantan ampolla, pero que en el resto del mundo son considerados actos gravísimos que solo pasan en regímenes en donde los valores democráticos están heridos de muerte. 

 Todos estos síntomas son leídos por los países extranjeros y marcan una tendencia a la internacionalización del conflicto colombiano. Las gestiones del presidente de Francia, la declaración del G8, las inquietudes de los países latinoamericanos y la necesidad de diversificar las relaciones internacionales y buscar nuevos socios en el mundo, llevarían a un mayor compromiso internacional, lo que a la larga puede ser un arma de doble filo. Podría ser un hecho que abra las puertas a una solución definitiva o un ingrediente más para dilatar el proceso que lleve a la paz soñada. No único claro, es que esta crisis institucional nos llevará a nuevas reflexiones y posiblemente a un cambio de actitud del ciudadano común frente al conflicto colombiano.  No hay mal que por bien no venga.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional. Cónsultor independiente, profesor universitario. Universidad de los Llanos

El tiempo pasa, es una verdad tan cierta, que las huellas dejadas en la humanidad al paso de la historia, cambian y transforman vidas y en algunos momentos tienden a repetirse. Pero la sentencia no es: “Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, simplemente la historia se construye con el aporte individual y colectivo, de manera casi inconsciente para algunos, pero totalmente planificada para otros. Aquellos que advierten el devenir histórico y plantean formas de intervenir la historia pueden tener algún nivel de éxito, si la mezcla entre poder y astucia logra garantizar sus frutos.

Colombia ha estado inmersa en luchas de poder por centurias. Algunas guerras y escaramuzas de orden nacional ocurrieron, pero aún persiste la angustia de saber que el final de la confrontación no está cerca, o por lo menos eso parece. La violencia partidista, la concentración del poder económico y político, el narcotráfico, la guerrilla, gobernantes corruptos, los paramilitares, el Estado injusto, incompetente y centralista fueron y son leña constante para el fuego que cada vez se hace más insoportable.

La reflexión va más allá. Finalmente cada uno de estos anteriores factores, en donde existen ordenadores, medios, estrategias y mecanismos de presión, tiene que entender que es imposible ganar su propia lucha. La guerra partidista fue un total fracaso, la concentración de la riqueza aumenta odios, limita oportunidades y acrecienta la pobreza; el narcotráfico como proyecto de unos pocos destruye valores y perjudica a la nación, la guerrilla no tiene posibilidad de éxito en sus metas misionales, igual los paramilitares ahora reconocen sus errores y limitaciones. El Estado debe justificarse como factor que fortalece la unidad nacional, no en el sentido unitario, ordenador y centralista, sino como intérprete fiel de las realidades y proyectos colectivos de las regiones. La justicia social y la equidad regional no deben ser bandera política de algunos pocos, sino hacer parte de un proyecto reformador de carácter nacional. La lucha contra la corrupción es un deber nacional y no solo función de los organismos de control.

Siendo así el nivel de complejidad del país y la aceptación de la incapacidad de los proyectos políticos propios e intolerantes para llegar a su cometido, el país requiere la reforma política que ha sido aplazada por décadas y la construcción de un nuevo proyecto nacional. Desde este punto de vista es necesario desatascar el ordenamiento territorial, plantear y desarrollar una reforma fiscal que potencie, genere nuevos ingresos y redistribuya competencias y recursos. El proyecto de unidad nacional deberá tener el pleno respaldo de las naciones del mundo, pues algunas raíces subsisten en el escenario mundial. La lucha contra el narcotráfico debe ser una lucha mundial que ataque los puntos críticos y también responda por las raíces sociales del problema.

Existe un plan de gobierno propuesto como plan de Estado para cumplir unas metas en el 2019. El plan enfatiza en el equilibrio macroeconómico, en la lucha contra la pobreza según un enfoque asistencialista, preocupado más por las coberturas en servicios básicos. Tiene valor histórico pero le falta base social. Los grandes problemas del país son mucho más complejos y las soluciones deben nacer de otro tipo de proceso. La misión contra la pobreza y la visión centralista y unitaria del DNP no son suficientes para hacer de este propósito un proyecto nacional. El cambio requiere una reforma que sobrepase el nivel puramente técnico para trascender en lo cultural, que toque fundamentalmente el punto álgido de la concentración del poder económico y político y además sea tan sólido que logre generar confianza y esperanza de cambio real.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Alguien decía que la democracia es un sistema imperfecto, pero indudablemente es lo mejor que tenemos. Si evaluamos en términos de derechos, posibilidades de consenso y manifestación de tolerancia, la democracia, en algunos casos, es un sistema que valida los intereses de la mayoría y los pone por encima de los intereses de la minoría. En los procesos electorales prevalecen los intereses de las mayorías, aunque estos no siempre sean los más justos o equitativos. Sin embargo, para bien de todos, hay mecanismos para generar consenso y legitimidad de la acción pública dentro de los cánones de la democracia. La oposición política y la libre prensa son elementos necesarios para garantizar la expresión libre de las diferencias y permitir el diálogo constructivo para definir lo justo dentro de lo democrático. Un mecanismo idóneo para tener una democracia más justa, es rescatar el sentido de lo público. Ahora que las tendencias mundiales presionan una reconfiguración de lo público y privado, es imprescindible generar sentido de pertenencia e identificación con lo significa “lo público” como aquello que es de todos, para todos, del Estado y está finalmente concebido para atender los intereses colectivos.

Construir la convivencia en una sociedad más justa y tolerante es uno de los problemas fundamentales que los hombres y mujeres de hoy debemos afrontar. Hoy es urgente la formación de ciudadanos competentes para vivir en una sociedad plural en las formas de pensar y vivir. En la medida que existan ciudadanos competentes es posible cerrar el paso a los grandes males de la administración pública. La corrupción, el clientelismo, el abuso de la autoridad, la coacción, la iniquidad social, la intolerancia política y la incompetencia para gobernar, tendrán menos espacio cuando realmente exista un buen sentido de lo público. Las competencias ciudadanas deben trascender el discurso moral valorativo que condena, pero que soslayadamente acepta e inclusive premia las conductas malévolas que atentan contra lo público. Saber elegir es un hecho de suma responsabilidad con nuestros congéneres y con nosotros mismos. El voto debe nacer de un juicio ético de la más firme muestra de civilidad y grandeza para con la patria. Ahora púes, el mismo Estado tiene la responsabilidad y la obligación de construir justicia social y formar ciudadanos competentes. Destruir la doble moral que premia a los malévolos, será imposible si la educación cívica continúa olvidada en las aulas. La educación debe ser entendida como tarea y como proyecto que no acaba en la sola transformación del individuo, sino que implica necesariamente un compromiso de cambio y transformación de la propia sociedad. Como lo describe el profesor Tourinán: “Toda acción educativa es inseparable de una proyección política y social; es una participación en la tarea y el compromiso de construcción de una sociedad desde parámetros de justicia y equidad”.
Si la educación es ética y política, la participación democrática en la construcción de una sociedad justa es un componente inseparable. El sentido de lo social y el rescate de lo público emergen como un determinante en nuestros días cuando la soberanía es precaria frente a las acciones globales. Mientras una sociedad tenga ciudadanos más responsables y competentes tendrá un país más libre y soberano. De esta manera se materializa el verdadero espíritu de la Carta Magna: “La soberanía está en el pueblo”.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional.

Cuando se tomó la intención de llamar “Norte” al ejercicio por el cual se formuló el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, tal vez la intención era permitir que este instrumento de planeación se constituyera precisamente en un documento de referencia obligada para las administraciones locales. Sin embargo, hoy este instrumento no deja de ser un simple manual despedazado y rearmado, descuartizado y disfrazado, sujeto a la descarada manipulación en torno a los intereses de los grupos de poder de turno. Villavicencio no cuenta con una imagen objetivo que plantee como va ser su desarrollo con relación a las tendencias futuras. No existe un planteamiento claro y coherente respecto al espacio público y ciudadanía, y cómo la ciudad podría articularse con el escenario nacional e mundial. Las dinámicas sociales y económicas requieren de un substrato para desarrollarse y en algunos casos ese “espacio” se convierte en un obstáculo cuando no merece la debida atención de los encargados de intervenir y orientar las políticas locales. Por ejemplo, la falta de un plan vial y la ausencia de un política tendiente a orientar el desarrollo del espacio público, permite el atascamiento de la ciudad y el abandono de los parques y caños de la ciudad. De paso se priorizan millonarias inversiones sin la debida planeación, como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que nadie sabe cuanto va a costar y cuando va a terminarse. De otra parte, se advierte la ejecución de proyectos simultáneos sin un análisis sobre su complementariedad y desarrollo armónico. Aparecen iniciativas de la gobernación del Meta y de la Alcaldía sin que se defina una priorización y se contemplen medidas integrales. Por ejemplo: ¿Qué armonización existe entre la construcción de ciclo-rutas y alamedas, la construcción de vivienda de interés social, las obras viales en los barrios y los proyectos de construcción de los nuevos centros comerciales?. La orientación del flujo de transporte presenta serias deficiencias. No se advierte que se tomen acciones de contingencia frente a las obras en ejecución, para que estas no sean un factor más de desorden urbano. El crecimiento residencial en el anillo vial, simultáneamente con la localización de una nueva universidad en el eje Villavicencio- Puerto López y el traslado de la Plaza de Mercado, son ejemplos claros de desarmonización y poca capacidad de respuesta. ¿Acaso tiene Villavicencio un Plan de Transporte Público Masivo?, como ya lo tienen varias ciudades intermedias, ¿acaso tiene un planteamiento claro respecto al desarrollo de la industria turística y tratamiento del paisaje urbano?, o ¿existe un documento serio que armonice los proyectos que muestran el papel articulador de la ciudad en el contexto regional?. Estos interrogantes y muchos más deben ser resueltos por el bienestar de los ciudadanos. Medidas como la ubicación de los vendedores ambulantes y el control al desmedido aumento del parque de motocicletas de la ciudad requieren de un enfoque integral que asuma la problemática del sector informal y las deficiencias del transporte público en toda su dimensión.

Villavicencio tiene un cuarto de hora que puede marcar la diferencia en el futuro. De las decisiones que se tomen hoy en día, se podrá construir un camino confiable para la ciudad. Se tiene la esperanza de un futuro mejor y éste debe ser el principal motivo para mostrar una actitud diferente cuando pensemos en elegir a quienes deben gobernarnos.

Los textos de cada uno de estos articulos pueden ser copiados y reproducidos libremente con la correspondiente cita del autor.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Parece ser que el presente periodo de gobierno de alcaldes y gobernadores de la Orinoquia está caracterizado por los constantes problemas de gobernabilidad. La población que manifestó en las urnas su querer popular se siente ahora defraudada frente a la avalancha de suspensiones, procesos, destituciones y escándalos a los que nos hemos visto habituados en los últimos meses. Entre los más importantes casos tenemos: los problemas legales de los gobernadores de Vichada y Guainía, y la destitución de los gobernadores de Casanare y Meta, por no dejar de mencionar los escándalos en las Alcaldías de Villavicencio y Cumaribo. Lo que realmente debe importarnos es la poca gobernabilidad y la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas de la región, que han cambiado las ideas y propuestas por las estrategias de confrontación y competencia por el poder, en donde los instrumentos son de todo tipo, desde el chisme común, las promesas manipuladoras, las demandas infundadas y la coerción violenta. La política está plagada por un clientelismo aberrante, el cual se esta constituyendo como el único medio para que el ciudadano común acceda a los beneficios del Estado. El voto está condicionado para lograr un puesto, un contratito, tener una casita, participar en una rifa o simplemente disfrutar de un almuerzo o un buen concierto. Otro aspecto preocupante es el abanico de partidos y movimientos sin norte definido o ideología clara, la complejidad del sistema electoral y la poca información que se brinda a la ciudadanía para hacer uso del derecho a elegir libremente. La población se ve sujeta a lo que les digan los políticos y se ve simplemente abocada a obedecer las instrucciones de los mal llamados “líderes” por simple desconocimiento o promesas vagas. Es necesario que los ciudadanos tengan una mejor y mayor información, que se realicen foros y debates sobre las ideas y propuestas de cada partido o candidato. También, es hora de hacer un alto y fortalecer la cultura política desde la educación y la formación de valores en el seno familiar. Los ciudadanos deben tener la decisión lúcida y deliberada de definir su futuro.