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La muerte de los niños indígenas en el Carmen del Darién (Chocó), sorprendió al país y fue tomada como un hecho extraordinario por parte de los medios televisivos.  La verdad es que esta situación viene de mucho tiempo atrás y no afecta solamente al departamento del Chocó.     Con desproporcionada reacción el Ministro de la Protección Social expresa su hondo pesar y le echa solo la culpa a los políticos y a la falta de control de la contraloría y procuraduría. No puede más que llamarse desfachatez y cinismo gubernamental el hecho de no aceptar que en Colombia el sistema de salud hace tiempo colapsó y que no es posible seguir invirtiendo tan altos presupuestos en salud engordando intereses privados.  El sistema de salud en Colombia funciona con base en la demanda, en donde el Estado reconoce a ciertas empresas privadas un monto por persona afiliada para que se le preste salud dentro de planes de salud previamente acordados.  En un escenario de aparente libre competencia y libre elección, estas empresas atienden a la población que lo solicite, no sin antes realizar los trámites y cumpir los requisitos que contempla la ley.    El sistema opera según las reglas del mercado, en donde cada persona tiene acceso en un ciento por ciento a los planes de salud una vez se afilie.  Se asume que el mercado regula la oferta y la demanda y que todos los afiliados viven cubiertos y asegurados.  Con toda seguridad es un precepto que no se cumple en la atencion de poblaciones con características culturales diferentes o en territorios en donde el acceso es dificil y especialmente en donde no existen mecanismos de información y atención inmediata.  Los altos costos de prestación de la salud a estos grupos de población y en las condiciones geográficas tan complicadas hace que las empresas desestimen prestar un buen servicio.  Logicamente el interés de las empresas es atender lo menos posible y así poder hacer mucho más rentable el negocio de la salud.    El gobierno se ha dedicado a manejar la calculadora y hacer estimaciones del monto que debe reconocer por cada persona, autorizando en estos departamentos de dificil acceso, un mayor monto por la prestación de cada afiliado. También se dedica a calcular cuanto tiene que dar por un niño o un adulto o cuanto por un anciano, lo cual difiere si este es del régimen subsidiado o contributivo. Lo peor es que existen fuertes indicios de intereses malsanos en el congreso y en el gobierno para permitir modificaciones al sistema de salud. La salud se ha convertido en un negocio en el que más del 40% de lo que el Estado reconoce por cada afiliado va a parar en costos administrativos para las empresas.   De esta manera no es dificil calcular que de los 50.000 millones que el gobierno ha girado al Chocó para atención en salud 20.000 millones se quedan en las empresas de salud y el resto se utiliza para atender la gente que vive más cerca de la capital y claro.. queda un remanente para los bolsillos sucios de la corrupción.  Que pesar que la calculadora del ministro no funcione para sacar estas operaciones.     http://javierfierro.blogspot.com

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