Archivos de la categoría ‘Desarrollo Regional’

No hubo ganadores ni perdedores. Perdió el país, pues lo que se demostró es que no existe la Nación como unidad, se desquebrajó la unidad nacional y territorial. Si se aprecian bien los resultados medio país territorial en zonas de periferia apoyó mayoritariamente el SI. Otra parte del país apoyó el NO. No hay una tendencia preponderante en el territorio nacional. Por esta razón es preocupante que se tomen decisiones con base en la mayoría. Hay que garantizar la inclusión o simplemente nunca podrá haber paz.

No es un asunto de partidos ni de poderes políticos. Hay que resolver las disparidades regionales. Las zonas marginadas y afectadas históricamente por el conflicto avalaron una agenda que debe ser respetada. Es hora de pensar en políticas regionales diferenciadas. El país no aguanta más desigualdades en los territorios. ¿Que pasará con los campesinos en las zonas rurales que han apostado todo por la agenda de paz?. Estas regiones tendrán que tener una representación política equitativa. La sumatoria de votos en un país concentrado en la zona andina no es prenda de garantía para la unidad nacional. Aquí NO se requiere un acuerdo de PARTIDOS, se requiere es un ACUERDO DE REGIONES PARA LA UNIDAD NACIONAL. Los partidos alimentan EGOS personales y ansias de poder que no aportan al debate sobre las regiones y sus diferencias. No cometamos otro error, tras error. La prioridad no es pensar quien sería el próximo presidente. La prioridad es resolver el problema de las disparidades regionales. Líderes políticos de la Orinoquia ustedes representan a estas regiones. No veo espacio para celebrar. Se debería convocar a un PACTO REGIONAL, incluyendo a sectores del SI y del NO de la REGIÓN. En el Meta sucedió algo similar, las regiones marginadas vs las regiones concentradas en población que someten e imponen decisiones a todo el territorio. departamental. 

No hay que asombrarse, existen en la fauna humana. Las hienas son individuos muy sociables, hipócritas y bien hablados. Mantienen una máscara que los hace parecer cual perro fiel, pero guardan en su interior perversidad y capacidad para hacer el mal. Están al tanto de los éxitos ajenos, los envidian y anhelan suprimir toda muestra de felicidad. Les duele la alegría del colega, del compañero de trabajo y con total amargura empiezan a tramar su ataque. Al menor descuido roban y se nutren del trabajo ajeno, crean un ambiente malsano para la víctima, rodean su entorno y borran las evidencias de logros, con triquiñuelas e intrigan cambian cualquier asomo de resultado positivo, manipulan el entorno social, hasta adueñarse de los progresos y triunfos de sus víctimas. Tienen una debilidad. Sur ser social los envuelve hasta que empiezan a mostrar el cobre. Las adulaciones los enternecen y empiezan a creerse de su posición, muchas veces ganada con trampa, con manipulación y mentira. Entonces el entorno empieza a exigirles tareas que no pueden cumplir, se desesperan, no saben qué hacer, llaman a su manada, pero nada les resulta. El final de la hiena es triste. Un aislamiento que equivale al destierro de la manada, algo que carcome el alma para los que siempre anhelan la aprobación y el éxito. No buscan el éxito propio porque les parece desgastante y engorroso, prefieren robar como la hiena.hiena

FORO VICHADA A2014 099

El Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia “ICAOC” de la Universidad de los Llanos realizó en los cuatro departamentos llaneros un evento de reflexión colectiva con actores sociales para la construcción de la visión de desarrollo sostenible de la región.  Este ejercicio participativo se realiza en el marco del convenio que suscribió Unillanos con Ecopetrol y en el cual se contempla la formación de 35 profesionales de estos departamentos en el programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible.  Los eventos iniciaron en Villavicencio, el 18 de junio, continuó luego en Yopal el 25 de junio, siguiendo en Puerto Carreño el día 28 junio y terminando en Arauca el 3 de julio del presente año.  Dentro de estos talleres se realizó un análisis de los factores de cambio en el territorio en el pasado – presente y futuro logrando un consenso entre los actores en cuanto a los aspectos más relevantes que afectan la realidad en el territorio.

Este trabajo que realiza Unillanos pretende hacer una lectura y comprensión de las dinámicas regionales, dar a conocer las diferentes visiones que existen sobre la región, visibilizar a los actores locales, que en la mayoría de los casos son excluidos de las decisiones que se toman sobre la Orinoquia y contribuir a la génesis de un nuevo discurso regional mucho más proactivo y que nazca del análisis que los actores locales hagan de la realidad, tanto en sus causas como en los efectos. En estos talleres participaron la academia, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, agremiaciones y líderes de la región.

La dinámica ofreció un panorama algo desalentador respecto al presente. Los actores locales perciben que en el pasado todo era mejor, existían valores, una cultura del respeto y tolerancia que favorecía la vida en paz y armonía, “se vivía y se trabajaba con alegría”.  La historia se parte en dos con la aparición de los fenómenos del narcotráfico, la explotación petrolera y la colonización territorial. De alguna manera la realidad se volvió más compleja y conflictiva, aunque con nuevas oportunidades de crecimiento económico, pero con una tendencia a privilegiar la exclusión social, el acaparamiento, la expoliación de los recursos naturales y la competencia social y empresarial desmedida. Existe una gran preocupación por el deterioro ambiental y la afectación acelerada que ha tenido el recurso hídrico. La sensación es de abandono estatal y una percepción negativa sobre todo lo que aumente el centralismo.

Algo que preocupa en gran medida es la poca participación de la población local en los beneficios que trae la dinámica económica, principalmente en lo relacionado con la explotación petrolera y el boom agroindustrial en la altillanura.   En asuntos delicados como la frontera nacional existe poca presencia y descuido del Estado, la situación de zozobra y tensa calma que se vive en los territorios fronterizos, especialmente en Arauca, que ha sido un territorio especialmente golpeado por el conflicto armado, donde rige la ley del miedo y el terror. Pese a todo esto la región ha crecido demográfica y económicamente, además muestra nuevas perspectivas económicas como el comercio de grandes superficies,  la piscicultura, el turismo, la biotecnología y la agroindustria, un avance importante del capital humano y un proceso de organización social interesante.

El ICAOC de la Universidad de los Llanos continuará con esta serie de ejercicios durante el mes de julio, llegando a las subregiones de cada uno de los departamentos a través de reuniones, encuentros, talleres y conversatorios con actores locales que realizarán los estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible. De esta manera se espera identificar algunas  variables estratégicas que permitan priorizar alternativas de desarrollo sostenible para la región.  Cabe anotar que los actores locales han recibido con gran aceptación y aprecio esta iniciativa de la Universidad de los Llanos, pues consideran que existen muchos actores foráneos y entidades privadas que literalmente como lo mencionan los moradores “llegan con discursos culebreros a hipnotizar con mentiras y propuestas descontextualizadas.

Durante el segundo semestre continuará este proyecto en cada uno de los departamentos, generando conciencia en la perspectiva de consolidar liderazgos regionales que tengan incidencia en las políticas públicas que afectan el territorio.

Sector de Carimagua

Sector de Carimagua

La altillanura colombiana es hoy por hoy una de las regiones más estratégicas para el país. En este territorio ocurren dos prioridades económicas planteadas desde la política del gobierno central: La producción de hidrocarburos y la bonanza agroindustrial.  La apertura del pozo de caño limón en Arauca en el año 1986 inició en el país la verdadera locomotora petrolera, que luego pasó a Casanare con el hallazgo de Cusiana – Cupiagua y ahora en el Meta en la zona de Puerto Gaitán. De otra parte, el boom agroindustrial tiene su avance más decidido en el gobierno Uribe con el macroproyecto del “Renacimiento de la Alta Orinoquia” continuando en el gobierno Santos a través de las políticas públicas con una serie de incentivos que ratifican el potencial productivo de la región y promueven a la altillanura como la nueva frontera económica.

 

Lo cierto es que esta zona oriental de Colombia de aproximadamente seis millones de hectáreas se ha convertido en un corto tiempo en el territorio de dinámicas económicas jalonadas por la demanda mundial de energía y alimentos. Tal potencial económico agroindustrial ha sido advertido por grupos económicos nacionales y extranjeros, los cuales están dispuestos a invertir cerca de mil millones de dólares en una primera etapa. Igualmente, la producción de petróleo en la altillanura ha convertido al Meta en primer productor de petróleo desde el año 2006 llegando hoy a más de medio millón de barriles diarios.

 

Lo que pasa desapercibido es que tal “boom” arrasador tiene sus efectos nocivos y lamentablemente nuestra sociedad tiende a minimizarlos. La producción petrolera y el “boom” agroindustrial están generando impactos negativos en el territorio y aunque en el corto plazo parecen mínimos, a largo plazo pueden significar el mayor fracaso ambiental de la historia colombiana. Esta afirmación no nace de un posición opositora a la inversión nacional o extranjera o a una declaración ideológicamente opuesta al capital, sino de una cierta y ponderada hipótesis que hoy expresan muchos académicos y científicos del país.

 

Analizando estos impactos existen cinco asuntos claves que deben tener espacio urgente en la agenda del gobierno:

 

  • La necesidad de generar incentivos a la producción limpia y también sanciones cuando los impactos sean seriamente significativos.
  • La intervención inmediata a la veloz dinámica migratoria y el control al establecimiento de campamentos temporales donde actualmente pueden convivir más de 15.000 personas.
  • La necesidad de promover una política del buen uso y manejo sostenible del recurso hídrico.
  • Proteger a las comunidades indígenas garantizando su pervivencia y seguridad jurídica de sus territorios.
  • Promover la inclusión de la población local en los beneficios generados

 

La agricultura comercial de grandes superficies, responsables de la producción de arroz, maíz, soya, caña de azúcar entre otros cultivos de la altillanura causa un impacto nunca antes medido en ecosistemas frágiles que no tienen la capacidad de recuperarse de manera rápida, pues se han mantenido intactos por milenios.  La cantidad de agroquímicos, plaguicidas y la modificación del suelo traen serios problemas que afectan la bioquímica del suelo y además provoca la contaminación de las fuentes de agua. Los moradores de la región reportan muertes de peces y cambios en las condiciones del agua que la hacen imposible de consumir.

 

Igualmente, no se advierte un compromiso ambiental de las empresas responsables de la exploración y explotación de petróleo. Las tecnologías utilizadas tienen reparos por diversos círculos ambientalistas, solo por mencionar el “fracking” y la tecnología “Star” que privilegian la extracción en masa sin tener un estudio detallado de los impactos negativos en el ciclo hídrico y la estructura geológica general. Lo ideal sería que esta importante posibilidad de recursos de inversión no se convierta en una mala experiencia para el país. Hay que revisar con detalle experiencias internacionales en minería sostenible y controlar los impactos generados.

 

De otra parte, la dinámica migratoria es arrasadora. La migración nace en una oportunidad y genera otras oportunidades, pero el impacto ambiental no se ha dimensionado a futuro. En menos de cinco años la región ha tenido que soportar un aumento de más de 20.000 habitantes que en su mayoría se instalan en campamentos temporales que no tienen un planeamiento adecuado sobre la utilización de agua, energía y otros recursos. Igualmente, su presencia es una presión notable para los ecosistemas por la búsqueda de agua potable, la disposición de residuos sólidos y aguas servidas.

 

Como se puede apreciar el recurso hídrico es el más afectado, aunque los estudios mencionan las  hectáreas susceptibles de ser intervenidas, no existe una política directa que atienda los impactos sobre este recurso. La simple propuesta de más estudios y aplicación de mecanismos de ordenamiento y planeación ambiental que traza el Conpes de la Altillanura no es suficiente. Es necesario tomar medidas urgentes que además promuevan acciones directas y una campaña pública de prevención de impactos, uso y manejo adecuado del recurso hídrico.

 

Aunque el país puede pasar de manera desapercibida afirmaciones donde vehementemente se afirma que los resguardos indígenas son un obstáculo a la inversión, es claro que estos territorios tienen una función especial que debe ser reconocida y garantizada. Los pueblos indígenas son originarios de estos territorios. En tiempo memoriales, se trasladaban libremente por las tierras de la Orinoquia, antes de ser diezmados y culturizados por la dinámica conquistadora y colonizadora. Hoy han sido confinados en estos territorios, lo mínimo que puede hacer la nación es garantizar el estado jurídico de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como lo contempla nuestro ordenamiento legal.  Además de su lengua y cultura tienen un conocimiento ancestral que empieza a ser importante para el mundo actual. 

 

Las organizaciones indígenas ven como una grave amenaza para su pervivencia lo ocurrencia de estas intervenciones económicas a un ritmo acelerado. Existe mucha inquietud por la simplicidad y ligereza como se asumen los proyectos sociales, contemplando solo soluciones parciales y cortoplacistas sin asumir el compromiso de atacar las raíces de la problemática.  El problema no está relacionado muchas veces por la escasez de recursos sino por la descontextualización y aplicación inadecuada de las propuestas que obedecen a modelos de atención poco pertinentes con relación a su cultura y cosmovisión.

 

Otro asunto y que es sumamente preocupante es la condición de enclave que está demostrando esta intervención económica. La economía de enclave se caracteriza por sacar y extraer los beneficios del territorio sin impactar positivamente a sus habitantes. La queja de los habitantes es continua y persistente como para no ser escuchada.  El tema no tiene que ver solamente con las regalías las cuales fueron redireccionadas para el resto del país sin considerar los impactos sociales, económicos y ambientales que esta actividad petrolera origina, sino que también apunta a la problemática en la selección de trabajadores y la disminución de mano de obra para actividades tradicionales como la ganadería y los cultivos de pancoger, actividades de gran tradición y muy importantes para la supervivencia de la población local. No se trata de una situación pasajera y manejable como se ha pensado. Requiere de una política nacional de intervención social que propicie los beneficios económicos nacionales que promete, pero que no deje de lado el tema social y la respuesta adecuada a las demandas de los moradores. La altillanura es una gran oportunidad para el país. Se puede decir que hoy es la responsable de la viabilidad de la economía colombiana, pero hay que pensar en los impactos y en la necesidad de escuchar a la población local que se ve excluida y afectada por la velocidad e intensidad de los cambios mencionados.

 

El gobierno nacional tiene la palabra en convertir esta zona en una experiencia replicable en términos de desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, poblamiento planificado y sensibilidad social o en dejar que se generé la gran catástrofe que sería un hecho por el cual nuestro país sería negativamente reconocido en el ámbito mundial.

Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

Image

Hace unos años mencioné en una columna la necesidad de superar el “complejo mesiánico”, el cual consiste en la estúpida condición de algunos nativos de un territorio en considerar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo propio, en atención a la sumisa posición de creer que por su origen en la periferia, todas las cosas son de menor valor, inclusive el conocimiento propio llega a ser desvalorizado frente al foráneo, que por sólo ser externo, tiene la apariencia de ser más moderno y distinguido.  La idea de concebir que siempre vendrá alguien iluminado con las soluciones a nuestros problemas.  Esta condición colonial desdibuja las capacidades locales e inclusive deprime la evolución positiva en la construcción de conocimiento regional que en muchos casos puede llegar a reconceptualizar ciertos términos, innovar y aportar nuevos enfoques y puntos de vista.  Vemos que este maligno complejo renace, pero esta vez se fortalece como mito y con mayor energía.  La malignidad de este complejo radica ahora en que los foráneos aprovechan esta condición con sus acartonados títulos para pontificar y conceptualizar sobre lo propio. Se escudan en certificados y estadísticas creyendo que toda aquella persona que sea de tal cofradía, de tal nobleza, recibe una envestidura y automáticamente el conocimiento pertinente les es transferido y además aseguran enfáticamente que es un conocimiento absoluto, muy superior a todo lo creado. Lo anterior tiene su aplicación en el sistema de la educación superior. La región de la Orinoquia ha tenido históricamente una baja cobertura de educación superior, sin embargo, la historia ha venido cambiando. La Universidad de los Llanos, Unimeta, Unitrópico y otras universidades con subsedes en el territorio, como la Universidad Nacional, la U. Cooperativa, la U. Antonio Nariño, la U. Santo Tomás, la ESAP, la UNAD, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad San Martín, entre otras, han venido aportando con sus programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en un proceso creciente de cualificación del capital humano.  La acumulación creciente de capital humano es hoy por hoy, uno de los principales ingredientes para el desarrollo y la innovación territorial.   La región cuenta con más de 15 programas académicos a nivel de maestría y el próximo año la Universidad de los Llanos lanzará el primer doctorado regional.  Por lo tanto, aunque las cifras son aún bajas frente a lo que necesita la región, por lo menos existe un importante y creciente acervo de conocimiento que tiene como objeto la lectura territorial de las principales dinámicas locales y regionales.

Dada la creciente importancia de la región, en razón al boom agroindustrial y minero energético, sobretodo en el área de la altillanura. Aparecen expertos foráneos en foros locales pontificando y señalando verdades absolutas por doquier. Llegan universidades externas, con ánimo de participar en la búsqueda de soluciones, pues de plano están plenamente seguras que aquí no hay capacidades locales, y lo peor es que lo ratifican con tal desfachatez en revistas como la Revista Semana en su edición “Tierra a la Vista”. Todo deja entrever que aquí existe una agenda oculta, no se sabe cuáles serán las verdaderas intenciones. Pero lo más triste es que hay empresarios, líderes políticos locales y gobiernos seccionales que actúan como patrocinadores de esta desaprobable conducta. Lo que llama la atención es que cuando la nación empieza a ver en esta región el área más estratégica para el desarrollo del país, llegan expertos de universidades externas a conceptuar sobre la realidad local y crean institutos de investigación y centros de estudios que parecería que están más orientados a canalizar recursos de proyectos de regalías, fondos de ciencia y tecnología, presupuestos para consultorías especializadas que supuestamente son obligatorias para diseñar el desarrollo local y regional.  También levanta sospecha que son universidades que nunca han tenido programas académicos en la región y ni siquiera cuentan con una sede local.  Lo que molesta no es la incorporación de nuevos conocimientos o la posibilidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología local con la incursión de nuevas universidades. Lo que molesta es la aptitud socarrona y la absurda suficiencia de creer que se está en un territorio virgen y que aquí no existe nada para construir desde lo propio.  Molesta que crean que el solo nombre de una universidad ranqueada en los estándares de calidad, le enviste automáticamente de un conocimiento pertinente sobre la realidad local; de esta manera desconocen y subvaloran las capacidades creadas en el territorio y desprecian la construcción autóctona de conocimiento. Una universidad que actúa así además de molestia genera gran desconfianza. Y no es una desconfianza nacida en posiciones ideológicas que intentan satanizar a una universidad como centralista, o señalarla como el brazo académico de las élites económicas. El asunto va más allá, tiene que ver con la acumulación de capital humano y la necesidad de construir desde lo local procesos de largo plazo.

Para la muestra vale mencionar, según lo anunciado por el DNP, la ejecución del Conpes de la Altillanura va a requerir estudios de ordenamiento territorial, planeación ambiental y construcción de proyectos en la región, como antesala a nuevas inversiones para apalancar el desarrollo de esta importante zona del país.  Este proceso va a ofertar mayores recursos en el campo de la producción agroindustrial, infraestructura productiva y minero energética y por esto está en la mira de centros de consultoría y universidades foráneas que cuentan con conexiones dentro del gobierno.  La idea muy seguramente puede ser un afán de posicionarse localmente y apoyar la construcción de este territorio estratégico desconociendo la historia y el conocimiento creado en la región, creando soluciones amañadas, con intereses particulares y de paso hacer buenos negocios.  La región cuenta con recurso humano muy capacitado y expertos locales para desarrollar tal tarea con total suficiencia y calidad. La calidad basada exclusivamente en los estándares es relativa, pues este simple hecho no garantiza que se conozcan las dinámicas locales y las particularidades de una región tan compleja como la Orinoquia. Ya en la región hemos tenido experiencias de universidades foráneas que muestran mucha codicia por la contratación estatal, establecen nexos locales que les ayudan a anclarse para succionar recursos de regalías y presupuestos públicos. También hemos sufrido en algunos casos por la mala calidad de los trabajos que realizan estas universidades, pues el interés no es dejar un proceso, es aprovechar un cuarto de hora, por lo tanto terciarizan los trabajos y subcontratan gente poco capacitada. De esta manera, es muy difícil que una actuación así deje algo bueno para la región. Pues los resultados no se comparten con la academia local, se llevan al centro del país y allá engrosan la lista ya numerosa de investigaciones que nunca vuelven a la región.  La vinculación de capital humano local es poca o nula, por lo tanto no existe algún nivel de trasferencia o la posibilidad de establecer un aprendizaje de doble vía. Una universidad foránea que actúa así frena la cualificación del recurso humano local, evita la acumulación de capital humano  y actúa como un enclave de conocimiento que succiona recursos y oportunidades, igual como una empresa petrolera succiona el petróleo y deja muy poco para la región.

La invitación es para la clase política, a los gobiernos seccionales y al gobierno nacional a que crean en las capacidades locales y en la calidad que brinda el conocimiento pertinente y la lectura adecuada del contexto que puede hacer la academia local. Existe un grupo calificado de personas en la región que puede construir soluciones y además liderar procesos con una total idoneidad.  Eso permitirá construir sobre bases sólidas una estrategia de desarrollo regional basada en la identidad y el cocimiento propio.

Como ejemplo se puede mostrar un proceso académico que adelanta la Universidad de los Llanos y que es apoyado por Ecopetrol. Un grupo de 35 estudiantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada están cursando estudios de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible en una cohorte especial que tiene la misión de construir la Visión Regional Sostenible de la Orinoquia para el año 2032.  En este proceso ya adelantaron su primer semestre, con unos productos muy interesantes e inéditos en la lectura local del territorio, pues la maestría se desarrolla de manera itinerante, con talleres en Arauca, Yopal, Puerto Carreño y Villavicencio.  Muy seguramente será un proyecto que dejará un capital humano valioso y con buena capacidad de liderazgo.  Instancias como el Comité Universidad – Empresa – Estado del Meta, la Mesa Rectoral Universitaria, la reciente Red de Bibliotecas, el trabajo conjunto en iniciativas como la Primera Rueda Regional de Innovación del Orinoquia, entre otras propuestas, el Centro de Desarrollo tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos, los aportes de conocimiento a la gestión ambiental y la piscicultura, además de la calidad de los foros que se están desarrollando en Villavicencio y otras capitales, demuestran que la academia local está en un buen momento y tiene la capacidad de ser un actor fundamental del desarrollo de la Orinoquia.

DCIM100MEDIA

Luego de participar en la feria agropecuaria y agroindustrial AGROBRASILIA en el Distrito Federal de Brasilia entre el 14 y el 18 de mayo de 2013, la delegación de la Universidad de los Llanos está convencida de la oportunidad de lograr
acuerdos de cooperación con las universidades del área del cerrado brasilero,
una región con condiciones de suelo similares a las encontradas en la
altillanura colombiana.   La razón principal no es copiar el modelo, se trata de tomar elementos tecnológicos, institucionales y organizativos que pueden ser útiles para adaptar en nuestra región.

Conocer la historia del desarrollo del cerrado brasilero es muy importante para Colombia, ya que esta experiencia de desarrollo agrario ha sido tomada como referente principal por el Gobierno y grandes empresarios colombianos. Se trata de un modelo de agricultura comercial a gran escala, con un alto ingrediente tecnológico, alta inversión de capital, grandes extensiones de tierra, con una eficiente maximización de recursos suelo, agua, planta; orientado principalmente a la exportación de materias primas, soya, maíz y sus subproductos.  La validez de contemplar este modelo radica en la probada capacidad de llevar a este país suramericano a ser la una potencia agrícola mundial en pocos años.  No obstante, las magníficas cifras de producción, expertos de este país concluyen que el éxito del modelo ha tenido algunos efectos ambientales y sociales poco deseados, pues en palabras de Eliseo Alves, uno de los arquitectos de este milagro productivo, la sostenibilidad económica es más fácil de lograr, que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Estos dos últimos aspectos son foco de atención científica de Brasil en este momento, para tratar mantener las altas tasas de producción y garantizar en el tiempo, el posicionamiento global alcanzado.

Vale la pena mencionar que este proceso agrario se nutre de una secuencia de antecedentes, principalmente, decisiones de Estado que comenzaron por la misma creación de Brasilia, una capital totalmente planificada y hecha para ser una maravilla mundial, por su concepción urbanística.  Pero lo más importante fue la decisión de fortalecer el capital humano. El secreto de la evolución brasilera en el campo agrícola desde la década de los 60, fue la formación de alto nivel de más de 3.500 científicos de Embrapa, la empresa brasilera de investigación agropecuaria,  los cuales fueron enviados a las mejores universidades del mundo, para luego regresar y enfocarse en solucionar los problemas locales. En ese momento Brasil estaba sufriendo una grave crisis económica debido a la agobiante deuda externa y el desabastecimiento de alimentos. 

Cabe anotar que el modelo de educación superior de Brasil es diferente al colombiano, actualmente, la educación pública en Brasil tiene un papel primordial y un decidido apoyo financiero del Estado. Unido a este desarrollo educativo, Brasil invirtió una gran cantidad de recursos en infraestructura de transporte, infraestructura productiva, riego, desarrollo urbano, crédito de fomento productivo e estímulos financieros para producción, almacenaje,  comercialización y exportación. Además de lograr construir socialmente un modelo cooperativo de producción y comercialización. 

Estas decisiones permitieron la transferencia tecnológica en el sector agropecuario y aumentó considerablemente la producción científica brasilera, especialmente la orientada al manejo del suelo, sistemas de riego, maquinaria agrícola, obtención de variedades, biotecnología y procesos industriales avanzados, lo cual trascendió a  otros sectores sociales y económicos.

Una de las gratas sorpresas con las que se encontró la visita de la delegación de la Universidad de los Llanos fue la importancia que ha cobrado en Brasil, el tema de la agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, los sistemas de trazabilidad, la agricultura ecológica y la organización cooperativa de pequeños y medianos productores.  Sin duda son los asuntos que llaman la atención de la Universidad de los Llanos, pues en nuestro país, por estar en los estados iniciales del boom agroindustrial no se han tomado muy en serio estas líneas de investigación.

Para la delegación de la Universidad de los Llanos resultó muy interesante conocer estos temas y puede decirse que es una razón más para aprender de la experiencia brasilera.  Contrario a lo que pasa en nuestro país, las universidades brasileras, por decisión gubernamental son incluidas dentro del modelo de desarrollo agrario y cuentan con convenios que garantizan la trasferencia interna de los resultados de Empraba y las demás instituciones de investigación.  Por esta razón, establecer convenios de cooperación es un primer paso para desarrollar una agenda conjunta de investigación e intercambio académico.  Un ingrediente necesario radica en mejorar y aumentar  el intercambio de conocimiento entre Embrapa – Corpoica – Unillanos.  Ya que Corpoica cuenta actualmente con un convenio marco de cooperación que incluye recursos importantes de Colombia y Brasil.

El otro proceso simultáneo es que Unillanos adelante convenios con las universidades de Brasil, especialmente las localizadas en el área del cerrado brasilero. En esta oportunidad se logró un contacto especial con las Universidades de Sete Lagoas UNIFEMM y la Universidad de Brasilia.  Estos contactos fueron acompañados por la delegación de la Gobernación del Meta y por la Embajada de Colombia en Brasil. Los temas seleccionados por ahora son:

Con la Universidad de Sete Lagoas (universidad privada):

  • Modelos de Agricultura Familiar y Agricultura ecológica
  • Asociatividad  y cooperativismo en la organización de la producción y la comercialización agropecuaria
  • Estudios para introducción de nuevos programas académicos de áreas sociales, ingenierías y refuerzo de la investigación en economía rural y desarrollo local
  • Modelos de articulación pequeños- medianos – grandes empresarios en la producción de cultivos de gran escala.
  • Transferencia de tecnología en buenas prácticas de producción para un buen manejo ambiental
  • Cooperación en intercambio de estudiantes de pregrado y de profesores para reforzar programas posgrado en la Universidad de los Llanos.

 

Con la Universidad de Brasilia (Universidad Pública):

Profundizar el uso de tecnologías en el campo de la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

  • Mecanismos de extensión y transferencia de tecnología que se pueden implementar con pequeños y medianos productores
  • Funcionamiento mecanismos de trasferencia de resultados de investigación, gestión de centros de desarrollo tecnológico agroindustrial y los parques tecnológicos para la difusión y aplicación de nuevas de tecnologías
  • Cooperación en intercambio de estudiantes y profesores para reforzar programas de pregrado y posgrado.
  • Promover la participación en las convocatorias nacionales y binacionales que permiten la formación de estudiantes colombianos en pregrado, Maestrías y Doctorados.

 

La idea es que se priorice una agenda con metas en el corto, mediano y largo plazo y que esta tenga un acompañamiento y apoyo del gobierno nacional y especialmente de la Gobernación del Meta, que está muy interesada en este proceso. Es importante avanzar en convenios con otras universidades brasileras y establecer un fuerte nexo científico que garantice resultados concretos.  Es importante abordar contactos con las Universidades federales de: LAVRAS, VIÇOSA, MINAS GERAIS, GOIANIA y TOCANTINS que se concentran en el cerrado brasilero y que comparten en parte la misión de Unillanos en sus áreas de influencia.

Antes de avanzar y tomar la iniciativa es necesario resaltar que este proceso requiere de apoyo estatal y que no hay que olvidar que el pilar fundamental del desarrollo agrario brasilero fue el fortalecimiento a gran escala del capital humano nativo.   En este aspecto es importante aunar esfuerzos y que iniciativas gubernamentales como el Fondo de Educación Superior del Meta sean fortalecidos financieramente y garantizar que por lo menos 150 profesionales llaneros sean formados de manera inmediata a nivel de maestría y doctorados en las áreas estratégicas para nuestra región como son: producción agrícola especializada, agroindustria, agricultura orgánica y agricultura familiar, ganadería sostenible, manejo de suelos, sistemas de riego, gestión ambiental sostenible, biotecnología, nanotecnología, automatización agrícola, ingeniería química, ingeniería genética, procesos industriales, economía agraria, desarrollo regional, desarrollo rural y antropología. Es importante la articulación entre la investigación básica e investigación aplicada, la creación de empresas de base tecnológica y la gestión de sistemas de innovación.  La región tiene que aprovechar que el tema de ciencia y tecnología cuenta con posibilidades en la canalización de recursos de regalías y que además se cuenta con un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.   Los departamentos del Meta y Vichada pueden conjugar esfuerzos y desarrollar una estrategia conjunta.

La Universidad de los Llanos en un esfuerzo regional puede concretar acciones en el mediano plazo, pues los procesos de formación y de desarrollo tecnológico no maduran de la noche a la mañana. En este caso, es clave la voluntad gubernamental y la decisión de apostar a una visión de futuro colectiva que se construya bajo la premisa de la articulación de la academia, la empresa y el Estado.

Piedra angular de la visión neocolonialista de la Orinoquia. Ojo descubrieron la Orinoquia. Nuevo Colón.

tierra a la vista

En la actualidad, la Orinoquia despierta manifestaciones halagadoras de toda índole en medios nacionales e internacionales, algunas opiniones de personalidades nacionales, grupos económicos, periodistas y empresarios que hablan sobre su enorme potencial y oportunidades que brinda para el desarrollo del país.

En otros tiempos, la dirigencia local  velaba para que la región apareciera  si quiera en noticia o un comentario espontáneo de algún ministro o político nacional. Éramos una región olvidada que no llenaba una noticia, mucho menos un encabezado.  Pasamos de ser la dama modesta de la fiesta con la que nadie quiere bailar, a ser la princesa codiciada y la joya más admirada por los más encopetados visitantes; y eso se lo debemos en gran medida a la cantidad y diversidad de recursos naturales con que cuenta esta región del país.

De un momento a otro despierta tanta codicia que no se sabe en que va a parar descomunal interés de desarrollo, pero algo si es cierto:  Todo el mundo opina y se siente con suficiente autoridad para hablar sobre la importancia de sus recursos para el desarrollo del país, pero pocos se preguntan: ¿Qué se requiere para el desarrollo de sus gentes?, ¿Qué piensan y que manifiestan sus pobladores? y ¿Qué problemas se derivan de la ejecución de todos los proyectos que principalmente se ubican en mentes foráneas y miradas ajenas a la región?

La Revista Semana acaba de publicar un especial sobre la Orinoquia y la Amazonia, recogiendo opiniones y textos de empresarios, funcionarios públicos, investigadores extranjeros, directores de ONGs ambientales, periodistas, artistas y algunos académicos muy escogidos, configurando  de esta manera, un poco facilista por cierto, una visión muy parcializada, categórica y de poca profundidad sobre lo que se piensa sobre el desarrollo de esta zona del país.  Algunos textos plantean macroproyectos de grupos económicos de mucho bagaje nacional, otros escritos son anecdóticos, otros textos evocan ríos de leche y miel que brotarán de las sabanas, selvas, ríos y humedales de la región, pero pocos mencionan la complejidad que implica intervenir esta región del país sin tener claridad y certeza sobre los impactos en la vida económica, social, ambiental, política e institucional que se ciernen sobre los socio-ecosistemas.

Exceptuando la participación de algunos gobernadores y de la senadora Maritza Martínez, más del 90 por ciento de los colaboradores son personas que no cuentan con un conocimiento cercano y vivible de lo que es la realidad regional.  Algunos aunque son autoridad en su campo, describen con total desconocimiento, demostrando una solvencia falsa, sobrevalorando la experiencia de permanecer uno o dos días en la región, o de haber sobrevolado y observado el paisaje local, con total desfachatez pontifican, lanzando opiniones endebles sobre los problemas y soluciones de la región.

Es bueno que se visibilice la región, y que el país se haga una opinión sobre la dinámica acelerada que se observa en el oriente colombiano. También es claro que es necesario que la sociedad colombiana se entere y conozca de una vez por todas, cuál es la región que actualmente está soportando la economía nacional y en gran parte la viabilidad política de la Nación.  Pero, como ejercicio periodístico es esencial buscar el equilibrio informativo y sobre todo buscar el lado humano, el juicio idóneo de la academia regional, los gestores culturales e historiadores de la región, la expresión autóctona, la visión de la sociedad civil y la gente que vive la cotidianidad y que conoce como nadie la realidad.

La edición desconoce la existencia de una sociedad regional. No se visibiliza a la Universidad de los Llanos como principal ente regional de educación superior, no se consulta la experticia de sus investigadores en temas de recursos ambientales, los recursos hidrobiológicos, la gestión ambiental y el desarrollo agropecuario.  Unillanos oferta actualmente una Maestría en Gestión Ambiental Sostenible que cuenta con tres primeras cohortes,  es la Universidad colombiana con mayor conocimiento en acuicultura  de aguas continentales y lanza en el segundo semestre de 2013 un primer doctorado en Ciencias Agrarias.  En un corto período de vida institucional ha consolidado una masa crítica que se cuantifica con el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias, la mayor cantidad de magister y doctores que cualquier otra entidad pueda tener trabajando en la región, inclusive supera  a Corpoica y otras entidades nacionales que tienen sedes en la región.  Por otro lado, existe en región una creciente presencia de Universidades, Unitrópico en Casanare y la Universidad Nacional en Arauca, además de otras subsedes de universidades nacionales como la Universidad Santo Tomas, Uniminuto, ESAP y Universidad de la Salle principalmente en las ciudades del piedemonte llanero.

La región ha crecido en capital social. Actualmente existen en todos los departamentos, nuevas organizaciones sociales, asociaciones gremiales, movimientos cívicos y actores de la sociedad civil que tienen posiciones claras sobre la problemática actual, el uso sostenible de los recursos y las posibles soluciones. Cada una de estas expresiones y las de la academia han sido desconocidas por la publicación.

La revista Semana excluye de tajo la visión indígena. En los departamentos Amazónicos existen 156 resguardos, cuya superficie total es de 25.614.261 has, y representan el 24% del total de resguardos titulados en Colombia.  En la Orinoquía existen 52 resguardos, cuya superficie total es de 447.208 has.  La publicación no tiene en cuenta esta condición poblacional que data de épocas precolombinas y que más del 30 por ciento del territorio de la región está constituido bajo la figura de resguardo. La revista Semana desconoce que la violencia armada, la dinámica minero-energética y el boom agroindustrial están produciendo graves impactos para la población indígena.  Por esta razón, la Corte Constitucional emitió el auto No. 004 de 2009, donde se evidencia la extinción física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, entre estos el pueblo Sikuani que habita las llanuras de la Orinoquia, obligando a las instituciones nacionales y locales a tomar medidas para su preservación.  Los indígenas han venido analizando con detenimiento esta situación, tanto así que en este momento se está convocando una reunión de la macroorinoquia con la participación de las autoridades indígenas.  También sus líderes han intervenido sin ser escuchados en la construcción del documento Conpes para la Altillanura que adelanta el Departamento Nacional de Planeación.

La publicación de Semana enmarca una visión foránea y ajena a la región, representada en el afán desarrollista sin reparo en los impactos y la problemática que pueda afectar la capacidad y sostenibilidad de los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. Lamentablemente los colaboradores que aparecen en esta publicación se dedican a enunciar sus proyectos de interés,  sin analizar con detalle la crisis actual desde el punto de vista ambiental, social y económico que ha traído la explotación irracional de los recursos naturales.  Este pronunciamiento no intenta satanizar la inversión privada, ni la presencia de las grandes empresas, solamente hace un reclamo justo sobre la abierta exclusión de la opinión local sobre los acontecimientos que ocurren en la región y la necesidad de tener una noción clara sobre los impactos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la población de esta zona.

La región de la Orinoquia merece tener una visión construida desde lo local, con la participación de los actores regionales.  Solo de esta manera será posible garantizar que los esfuerzos nacionales, empresariales y propios sean realmente un factor de desarrollo humano sostenible para el territorio. En nombre de la sociedad regional solicitamos mayor responsabilidad, menos exclusión y mayor participación social.  Conocemos del profesionalismo y capacidad de la revista en desarrollar con mucha calidad y altura periodística otros temas de la realidad nacional, pero en este caso no entendemos cómo se lleva a cabo un proyecto de este tipo sin consultar las verdaderas fuentes directas de la realidad regional.

Vea aqui la publicación y haga su propio juicio

http://www.semana.com/EspecialOrinoquia/flash.html#/1/

Ejercicio de planificación donde participaron durante dos años más de 650 personas representativas del departamento del Meta.  Con técnicas de prospectiva estratégica, asesorada por Francisco Mojica del centro de pensamiento prospectivo, el acompañamiento del DNP y la conformación de un equipo netamente criollo, se plantearon hipótesis de futuro y se asumio una imagen de futuro.

Este documento es una guia fundamental para los gobiernos departamentales del presente y futuro. Ha sido desconocido por asesores y calumniado como ejercicio de planificación. Sin lugar a dudas es el proceso más serio y más técnico de los que se han realizado en el Meta.

Vea el documento.

Documento Vision Meta 2032 ultimo 131211

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Magister en Desarrollo Regional y Local

Documento Editado y Diagramado por el DNP

Imagen

Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria de la Orinoquia, es una iniciativa que promueve un conjunto de universidades de la región, con empresarios y sector gobierno, en una alianza de Universidad – Empresa – Estado. El objetivo es lograr a través de la ciencia, la tecnología e innovación, mediante una red colaborativa de los actores regionales las soluciones requeridas para la transformación de las materias primas que se producen en esta zona del país, generar valor agregado, empleo y oportunidades para los Orinocenses.

El proyecto Comprende la instalación de nodos regionales en Villavicencio, Yopal, San José del Guaviare, Inírida, Puerto Carreño y Mitú, en los cuales se dispondrá de un sistema de información que integra soluciones tecnológicas, la oferta de los grupos de investigación para la transformación de las materias primas de los sistemas ganadería, piscícultura, fruticultura, forestales, silvícola, balanceados, agroenergía y producción de alimentos, articulando una red de laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico que propiciarán en cada departamento un grado de especialización de acuerdo a su potencial.  Es decir, que los departamentos del Guainía y Vaupés podrán tener la infraestructura de investigación, los recursos humanos idóneos y el acceso a los paquetes tecnológicos  para aprovechar sosteniblemente y  transformar con  los productos que genera la selva.  Así cada departamento articulado a una red de trabajo colaborativo entre empresarios, grupos de investigadores y actores del gobierno podrán desarrollar el enorme potencial que tiene esta región.  Los departamentos del Meta, Casanare y Guaviare desarrollaran nuevos productos a partir de la ganadería y la producción agrícola de zonas tan promisorias como la región del Ariari y la Altillanura.  El departamento del Vichada podrá generar todo un proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento forestal.

El trabajo comprende tres etapas, las cuales pueden desarrollarse en un lapso de 6 años. La primera etapa comprende la creación y articulación de la red de actores regionales, laboratorios y centros de investigación de las universidades que participan del proyecto mediante la red de informática y comunicaciones; la construcción de una planta piloto agroindustrial para experimentación y desarrollo de nuevos productos,  la preparación del recurso humano gestor y la conformación de una unidad de gestión tecnológica avanzada, inteligencia de mercados y estructuración de proyectos.

En una segunda etapa se ampliaran las capacidades de los laboratorios en cada departamento, la formación y fortalecimiento del recurso humano regional mediante alianzas nacionales e internacionales con otros centros de desarrollo tecnológico que trabajen el mismo objetivo y el posicionamiento comercial de nuevos productos basados en la transformación de las materias primas de la región.

La última etapa comprende la generación de la infraestructura necesaria para consolidar procesos de desarrollo tecnológico en toda la región, la formación de maestrías y doctorados en áreas estratégicas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y generación de empresas de base tecnológica que  integren diferentes centros de investigación y laboratorios de toda la región, generando empleo y oportunidades para la gente de la región.  Otra preocupación del Centro será el posicionamiento internacional de los nuevos productos, la innovación social y la generación de alternativas de gestión organizacional, transporte y comercialización acordes al potencial regional.

De esta manera la región pretende propiciar que los beneficios de la transformación se queden en la región y permitir a los actores regionales ser protagonistas proactivos de su propio desarrollo.  No es algo descabellado. La región ha venido avanzando en el tema de la educación superior, la formación avanzada y ya cuenta con algunos grupos de investigación que pueden empezar a generar una dinámica productiva que beneficie a los productores y empresarios de la región. El proyecto se desarrolla por fases y se espera que en la medida que se consolide integre una mayor cantidad de empresarios, universidades e instituciones públicas.

Para mayor información se puede establecer comunicación mediante email a los correos: cdtorinoquia@gmail.com o cueemeta@unillanos.edu.co en los cuales se brindará la información necesaria para hacer parte de esta iniciativa. La propuesta está siendo gestionada por el Comité Intergremial del Meta, Asorinoquia, Bionergy, el Comité Universidad – Empresa – Estado, universidades como la Universidad de los Llanos, Unimeta, Uniminuto, la universidad Santo Tomás, la Universidad San Martin, la ESAP, la UNAD, la Universidad Antonio Nariño, CUN, CIDCA y la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otros actores regionales, como la Mesa Rectoral Universitaria que integra a instituciones de Educación Superior de Meta y Casanare.

Manuel Javier Fierro P.  CUEE Meta. Unillanos.

En la educación, la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación se sustenta la posibilidad de un desarrollo equitativo, democrático y sostenible de las regiones; y en esta combinación, la educación superior se convierte en el elemento principal para el desarrollo endógeno, pues es el camino que permite la cualificación de la fuerza creativa, empresarial y laboral que detona la transformación productiva y social del territorio.

Cada región debe construir su propia perspectiva de desarrollo, basada en las condiciones especiales del territorio; en la forma como se organizan los diferentes actores regionales y en las ventajas naturales y potencialidades, en las fortalezas institucionales y culturales, en la calidad de su recurso humano y la sinergia social existente.  No es conveniente cerrar las opciones y contemplar solo las recetas que sustentan el modelo de desarrollo, ahora sumamente desprestigiado por la crisis social, ambiental y económica.  Esta visión parcializada que se manifiesta en la política pública y es replicada ciegamente por asesores y copiada sin reparos por los entes gubernamentales y privados, lleva a aplicar supuestos que para la región no funcionan.  Todos estos supuestos unidireccionales y de visión macro solo han logrado centrar la estrategia en el crecimiento económico, desviando la atención hacia la inversión privada localizada, la inversión con fines rentísticos, los beneficios para el capital foráneo, la venta de activos públicos y la internacionalización de las materias primas.

En el campo de las estrategias regionales para el desarrollo, pueden plantearse diferentes escenarios. Bastaría analizar tres de ellos con la salvedad conceptual que permite la combinación de varias tendencias.  Primeramente se concibe un escenario basado en la fortaleza de la inversión, la incorporación tecnológica y el desarrollo de macroproyectos que tengan un impacto económico; en segundo lugar, otro escenario que se basa en la preparación articulada del capital humano, la gestión del conocimiento, la innovación local, la organización de la producción y un marco institucional coherente.  Un tercer escenario permitiría la unión de las dos anteriores opciones, tomando como paso inicial el énfasis en la inversión.

La región avanza lentamente en la materialización de la primera opción, con ventajas que merecen halagos respecto al crecimiento de la producción departamental, la inyección tecnológica foránea en aspectos específicos y orientados a la producción a gran escala. La producción a gran escala de biomasa para la producción de biocombustibles es parte de este modelo. Nadie puede refutar la importancia de estos procesos en el campo económico e impacto en la generación de nuevas oportunidades de inversión, sin embargo queda un sinsabor al analizar el destino de los rendimientos y la orientación del capital hacia sectores cada vez más cerrados para la población local. Igualmente, basta observar cómo se consolidan progresivamente economías de enclave similares a la del petróleo. No obstante, el Departamento del Meta se consolida económicamente en diversos sectores. Una importante dinámica del turismo, una significativa inversión productiva diversificada en la altillanura colombiana, una fuerza urbanística interesante y algo que seguramente tendrá alto impacto: la digitalización de los procesos educativos, en el campo de la salud y el mercadeo agropecuario.

Se entiende por una economía de enclave aquella que se localizan en una determinada región, explotando intensamente un solo recurso mientras dura la demanda del mercado, utilizando generalmente mano de obra poco cualificada y barata. Al finalizar la demanda deja poco o nulo provecho para la región en donde se desarrolla, pues no existe reinversión ni diversificación de la economía, ni genera un mercado regional o local de producción y consumo. Las ganancias contribuyen al crecimiento de las fortunas personales de los productores, mientras el Estado tiene escasa o ninguna intervención más allá de la captación de ingresos fiscales[1].  Es el tipo de economía que no merece la región teniendo en cuenta sus amplias potencialidades.

El tercer escenario combina los dos anteriores en el supuesto que de esta manera se superan las limitaciones de inversión y la transferencia científica-tecnológica. Pero más allá de las posibilidades de incrementar la producción departamental debe analizarse la oportunidad de generar procesos que lleven a una mayor equidad social y a distribuir territorialmente los beneficios del crecimiento económico.

La Universidad le apunta al segundo escenario. Esta postura requiere de ciertas condiciones y allí es donde se encuentran las dificultades que afectan su factibilidad. Este escenario requiere del trabajo conjunto de las instituciones, una alianza del sistema educativo con los empresarios y unos gobiernos locales que promueven el emprenderismo, posibilitan mecanismos financieros y favorecen la apropiación social y sistemática de la ciencia y la tecnología. Requiere de unas universidades concentradas en dar respuestas a las necesidades empresariales y tecnológicas del sector productivo existente, pero también una academia que se anticipa al futuro y construye la ruta científico-tecnológica para el aprovechamiento de todas las ventajas comparativas del territorio. También necesita unos gremios y empresarios dispuestos a renovar sus mentes, sus esquemas de gestión y comprometidos con una actitud proactiva en la búsqueda de nuevas opciones, nuevos mercados, nuevos productos que satisfagan nuevas demandas.

Con esta opción, los egresados del sistema educativo tienen oportunidades para desarrollar sus talentos, nacen nuevas empresas, se requieren nuevos puestos de trabajo, empleos más cualificados y con mejores condiciones laborales. Con este planteamiento se busca una mayor equidad y la inclusión de una nueva fuerza productiva con un alto componente local.  Lógicamente,  subsisten limitaciones que tienen que ver con las amplias necesidades de inversión y los altos requerimientos en la generación de nuevas tecnologías o aplicaciones basadas en la transferencia horizontal entre centros de investigación, agencias de investigación, desarrollo e innovación de varias universidades. En este escenario no hay espacio para los celos institucionales y se necesita de un marco de cooperación permanente entre todas las universidades, centros de investigación, investigadores, estudiantes, egresados, profesorado y gestores científicos-tecnológicos que hacen presencia en la región.  La agenda de la investigación tendrá que retomarse y construirse colectivamente basándose en las necesidades presentes y en las perspectivas futuras.  Igualmente, es pertinente incluir la cooperación científica internacional y la atracción de talentos foráneos que permitan una velocidad mayor de transferencia científica y tecnológica con autonomía local y regional.

Estar de cara a la sociedad significa enfrentar estos nuevos retos. Las condiciones especiales que rondan a la economía de la Orinoquia en el presente, requiere de un compromiso conjunto entre la universidad, las instituciones, gobiernos, gremios y empresarios. En este sentido la Unillanos busca nuevos horizontes de futuro que permita en la región el crecimiento económico, pero que no olvide el desarrollo equitativo, la inclusión social y el desarrollo humano integral.

 

Es una responsabilidad la creación de nuevos programas académicos, dentro de la reflexión de la pertinencia respecto a las necesidades del aparato productivo y las perspectivas del desarrollo humano.  Con esto se logra mayor inclusión social y favorecer la acumulación de capital humano para la transformación regional. También se persigue la consolidación de las funciones misionales de investigación y proyección social.  Para este propósito la Unillanos debe buscar nuevas fuentes de financiación, diferentes a la matrícula, capitalizar la cooperación institucional e invertir los recursos de estampilla con los  criterios que motivaron su creación.

De manera estratégica la universidad debe hacer una lectura propositiva sobre los procesos sociales, culturales y políticos que acontecen en la región y construir colaborativamente un nuevo marco de acción que oriente las políticas públicas, la vida democrática, la identidad regional, el papel del Estado y la aplicación de las funciones nacionales. La sociedad espera un referente que complemente las orientaciones de políticas o planes nacionales o sectoriales que tienen amplio impacto en el territorio orinoquence, referente que hasta ahora no ha existido. Para esto Unillanos, de acuerdo con sus proyecciones tiene previsto ampliar la oferta educativa en las ciencias sociales, las artes y las humanidades.

Para estar a la par de las dinámicas mundiales y permitir la inserción de los egresados en los ambientes globales deberá realizarse un esfuerzo en la utilización de nuevas tecnologías de la sociedad de la información.  Igualmente, actualizar los contenidos y estrategias pedagógicas para la inclusión de las áreas de conocimiento que moldearán las opciones de futuro en el siglo XXI.  Es urgente preparar y emprender la incorporación de saberes y competencias en que nos permita una evolución exitosa de la Universidad en el desarrollo y convergencia de la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la sociedad de la información, las ciencias cognoscitivas y el dominio de una segunda lengua.  No es ficción o una visión apocalíptica.  Es futuro atropella sin contemplaciones y lo único seguro es el cambio continuo y progresivo que traerán los avances tecnológicos y las revoluciones mentales del presente siglo.

 

Cuando las regiones se comprometen a realizar este gran salto cualitativo se enfrentan al desafío de humanizar la ciencia y la tecnología y hacerla parte de la vida diaria, disminuyendo la dependencia y vulnerabilidad científica y tecnológica frente a terceras regiones.  También se comprometen a mejorar sus sistemas democráticos a luchar por la igualdad en las oportunidades y a propiciar procesos de cambio y empoderamiento social.

 


[1] Basado en el concepto de Silvia Simois de Bayon respecto a las economías de enclave en la cuenca Amazónica y la región del Chaco: los ciclos del caucho y el tanino, de gran significancia histórica para la explicación.

Universidad de los Llanos

Universidad de los Llanos

La pretensión de un club de acomodados ciudadanos sobre unos terrenos entregados por el Municipio de Villavicencio a la Universidad de los Llanos, es una muestra más de las lamentables situaciones que en la región se presentan y que marca la ambición y el afán de enriquecerse a partir del patrimonio público. La Universidad de los Llanos es una institución educativa pública, es decir, sus activos y recursos tienen una función social marcada por su misma naturaleza. Su función tiene una invaluable importancia al permitir que estudiantes de bajos recursos, una vez convertidos en profesionales, aporten al desarrollo de la región, y al mismo tiempo puedan dar un salto en su nivel social y el de sus familias. Es un hecho económico y social sin precedentes, pues gracias a la educación se genera ruptura al ciclo vicioso de la pobreza en muchos hogares de la región.

El desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Según el BID, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante: en Latinoamérica, quien ha aprobado algún grado de secundaria tiene 24 por ciento más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien que sólo cuenta con primaria terminada. Para el caso de quien cuenta con algún grado de bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.

No basta con tener vergonzosos hechos como las obras inconclusas de la SECAB, los dineros perdidos en las fiducias, mandatarios presos, otros huyendo, todo un record de corrupción y despilfarro, sino ahora también una muestra de elitismo frente a la equidad. La Unillanos ha tenido graves problemas para aumentar su cobertura, uno de ellos es la ausencia de terrenos para su expansión y apertura de más programas, precisamente, en estos terrenos se tiene proyectado ampliar la oferta académica de la facultad de ciencias de la salud.

Señores del club de Villavicencio un llamado a la sensatez, en este caso prima el interés general, más aun donde se advierte un fin suntuoso y elitista frente a la oportunidad de equidad social que brinda la universidad pública. La figura de los clubes sociales, ya en decadencia, obedece al culto a la apariencia, a la fastuosidad y opulencia, lo que significaría en forma directa legalizar la exclusión y arbitrariedad frente a la problemática social que nos agobia. Sería un antecedente lamentable que un hecho de estas características ocurra en nuestra ya aporreada región y más triste si los estudiantes, profesores y la sociedad en general no hacen nada para defender sus derechos.

Manuel Javier Fierro Patiño.Magister en Desarrollo Local y Regional

Información no es Conocimiento

Información no es Conocimiento

Las crisis económicas pueden ser un contexto propicio para que los actores regionales presten atención a lo realmente estratégico. Generalmente, en situaciones comunes, donde supuestamente no existe un afán gerencial y aparentemente no hay preocupación por la escasez, existe la tendencia a despilfarrar, pensar menos y actuar improvisadamente. Pero, cuando la crisis llama el interés general y se demandan soluciones pertinentes y oportunas, se suele ser más cauto y pensar mucho más las cosas. Es una oportunidad para plantear propuestas responsables que apunten a maximizar recursos, generar alianzas y emprender acciones coherentes.

Lo cierto es que se requiere un marco para generar ingresos para la población, pero si las empresas y la economía en general están en recesión, es muy difícil que se pueda producir lo suficiente para generar empleo y activar la demanda. Es el momento para desarrollar un plan de emprenderismo y formalización empresarial a gran escala, que involucre recursos significativos, garantizando el tránsito de los emprendedores hacia la consolidación de empresas que generen valor agregado, ingresos y nuevos empleos. Se necesita un proceso intensivo que garantice que hagan empresas los emprendedores que realmente cuentan con los medios tecnológicos, financieros y el conocimiento para desarrollar planes de negocios factibles. Por esta razón, se requiere la participación articulada de la academia, los gremios, las empresas y el gobierno para construir una verdadera región del conocimiento. Ello implica la necesidad de darle vida a proyectos como las zonas francas, los parques tecnológicos y multiplicar los departamentos de investigación, desarrollo e innovación en las universidades, fortalecer las empresas existentes, desarrollar programas de emprenderismo y orientar los recursos de los entes territoriales hacia los sectores dinámicos.

Pero brindar resultados de manera inmediata requiere de un esfuerzo en recopilar y procesar la información de manera rápida. Datos sobre los mercados, inversiones tecnológicas y aplicación masiva de tecnologías de la sociedad del conocimiento, proveen del soporte adecuado para la toma de decisiones. Una región del conocimiento es una región “inteligente” que puede adaptarse y evolucionar de manera flexible, ofreciendo respuestas pertinentes en tiempo real. Es la región donde los recursos financieros se combinan con información de mercado, conocimiento y tecnología de última generación.

La Orinoquia tiene el capital humano, los recursos financieros y los medios para conseguir, adaptar y producir la tecnología para apuntalar un proceso de desarrollo en el corto y largo plazo. Solamente se requieren decisiones políticas con visión estratégica, que conviertan planes en hechos palpables.

Manuel Javier Fierro Patiño Magíster en Desarrollo Local y Regional

En la búsqueda de soluciones a la trajinada crisis mundial, emerge el fortalecimiento de los escenarios regionales y locales. Podrán desarrollarse todo tipo de políticas macro, en todos los sectores, pero estas no tendrán efecto si no se llega directamente a los agentes económicos primordiales: las empresas y los hogares. Precisamente en lo local y regional se construye la viabilidad de una verdadera competitividad territorial.

No basta mejorar la infraestructura, mejorar la conectividad y o el acceso a la información, si no se fortalecen los aspectos endógenos, de lo contrario solo se estaría mejorando el entorno y abriendo las puertas con un gran margen de maniobra a inversionistas externos que rápidamente pueden cambiar el paisaje económico para su beneficio, dejando en una clara posición de desventaja a los empresarios locales.

La intervención del Estado, además de promover y permitir la inversión foránea, debe ser la de fortalecer el capital humano y social de la región para que los habitantes participen abiertamente de los beneficios de la inversión.

Los empresarios locales a su vez, deben prepararse para grandes retos, modernizarse y buscar alianzas. Pero este proceso no es tan fácil como se piensa. Los empresarios, gremios, instituciones educativas, la academia y gobierno deben trabajar en el mismo sentido.

Por una parte, es fundamental construir una visión conjunta, como se pretende con el Plan Regional de competitividad, pero, simultáneamente hay que reorientar recursos y modificar la gestión pública y empresarial.

Ese norte estratégico se plasma en dos vías generales: Una, la de aumentar la productividad, es decir, seguir haciendo lo mismo, pero con mayor eficiencia. Y otra, mediante la transformación productiva, o sea, cambiando la forma de producir, generando valor agregado a la producción o generando nuevas alternativas productivas. Por ejemplo, producir cueros, lácteos, cárnicos, en vez de ganado en pie.

Los dos caminos requieren de personas competentes, tecnología, inversiones y una buena dosis de gestión y optimismo. De otra parte, hay que tener un conocimiento detallado del mercado y escoger con mucho cuidado nuestros clientes. No podemos pecar y producir lo mismo y de la misma manera que nuestros competidores (otras regiones y otros países), pues muy seguramente perderemos el impulso, pues ellos pueden tener más ventajas en infraestructura y cercanía a los mercados.

La región requiere dar un salto en la gestión de políticas, en lo empresarial y en lo tecnológico, que posibilite empresas con liderazgo, un entorno adecuado, políticas activas con acertada intervención de las alcaldías y gobernaciones, con una inyección tecnológica muy importante. No hay que actuar con improvisación, hay que pensar en el futuro.

El tema de la perspectiva económica de la Altillanura Colombiana se ha convertido en centro de debate académico y político sobre el aprovechamiento de su potencial. Existen diferentes propuestas, unas gubernamentales, otras del campo de la investigación agropecuaria, pero ninguna logra un lugar de consenso.

La siguiente propuesta fue lanzada en una charla de expertos de la Universidad de los Andes, CEGA, Universidad de los Llanos y Corpoica.  Nace después de una reflexión acerca de las tremendas equivocaciones que se originan en la aplicación de enfoques retrógrados,  matizados con intereses de todo tipo. Lamentablemente o afortunadamente la Altillanura es una presea del futuro.  Quien o quienes sepan desarrollar un proceso exítoso en este territorio, tiene a merced, una de las últimas planicies productivas del planeta.

Para leer la propuesta haga clik aqui

Sector de Carimagua

Sector de Carimagua

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables.

El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Lo confirma el presidente Uribe: “Un mecanismo financiero ilegal con el que han sido estafados miles de ahorradores atraídos por exorbitantes y rápidas ganancias, son parte de la “cultura mafiosa”. Lo más certero que se ha escuchado en las últimas declaraciones del primer mandatario. No porque los recursos estén totalmente conformados por dineros calientes, sino porque lo que mueve a estas pirámides es la cultura de la ganancia fácil, la misma cultura que moviliza al crimen organizado y la política corrupta; sin demeritar como causa, la falta de oportunidades sociales en un sistema financiero tan inequitativo y excluyente.

Ganar fácil supone evitar el trabajo, superar los conductos normales y corrientes para surgir por encima de cualquier prejuicio. Es un mecanismo cotidiano expresado con refranes y dichos populares: “El vivo vive del bobo”, “pa´las que sea”, “en la política y el amor todo se vale”. Algo enraizado que premia la creatividad, no para cosas buenas, sino para ascender como sea, sin acatar la ley.

Lo que más preocupa, es que ya es algo común en los altos funcionarios del ejecutivo y legislativo, e inclusive en las fuerzas del Estado. Es imposible que un país como Colombia, con tanto potencial, pueda surgir con tales problemas institucionales. Expertos como Salomón Kalmanovizt y Luis Jorge Garay lo han recalcado. Bernardo Pérez hace una mención a dos nuevos mandamientos de convivencia que evocan la facilidad de cosechar el fruto ajeno: el “décimoprimero” – no dar “papaya” –, y el “décimosegundo” – no dejar pasar la “papaya”. Es el mismo mecanismo que cultiva el estudiante que hace copia, el ciudadano que no hace cola o la persona que falsifica soportes de hoja de vida para superar con engaños lo que no ha logrado con esfuerzo propio.

En el lenguaje común y no solo en los sectores populares sino también en empresas, entidades y universidades, es normal hablar del “duro”, del “propio”, del “patrón”, de la necesidad de hacer un “cruce” o de “arreglar un torcido”. La noción de vida corta alimenta la violencia y destraba los miedos para morir tempranamente. Una cultura en dónde todo es transitorio y desechable y en dónde su mejor expresión se mide, según Garay, a través del derroche y disfrute inmediato. Peor aún el calificativo de “pendejo” al funcionario público que no aprovecha su cuarto de hora o el caso del político que es proporcionalmente admirado dependiendo del número de procesos legales que tenga y sepa sortear.

En palabras de Néstor Raúl Acosta, en el Comité Cívico de Villavicencio: “lo que hay que cambiar no son las leyes o las instituciones, lo que tiene que cambiar son las personas, para poder cambiar todo lo demás”. El país y sus ciudades tienen que abordar procesos que permitan espacios de diálogo y reflexión de la sociedad, con la participación especial de los estamentos educativos y los padres de familia. Surge la necesidad de un proyecto ético de reconstrucción social, que tiene que desarrollarse para la lograr una verdadera ciudad decente.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo.