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Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

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El tema del TLC con Estados Unidos ha permanecido relegado para la mayoría de los colombianos frente a otros asuntos de política interna, pero el impacto que seguramente tendrá sobre el futuro económico del país continúa más que vigente. Aunque el tratado aparece como finalizado, aun existen divergencias en cuanto a los textos definitivos en los temas de mayor sensibilidad. A cuenta gotas se han venido mostrando las cartas que hasta hace unas semanas permanecían bajo la mesa. Al nerviosismo de los agricultores se le suma ahora el desencanto de los ganaderos y la oposición de ambientalistas, al irse descubriendo poco a poco el texto del tratado. Respecto al tema ganadero, EEUU desea exportarnos carne de reses mayores de 30 meses y otros productos que ellos llaman “despojos” y que a juicio de los expertos norteamericanos viene a ser lo que más se consume en Colombia. El impacto sobre la ganadería del país puede ser grave al desplazar el mercado interno, pero lo más preocupante es el riesgo de presentación de problemas sanitarios, especialmente con la enfermedad de las vacas locas, que hace unos años quebró a ganaderos americanos y británicos. EEUU pretende imponer estos puntos con estrategias muy al estilo del gobierno Bush. En la última semana se han sentido presiones, que aunque no sean formales y se enuncian fuera del marco del TLC, si pueden tener efectos sobre la voluntad gubernamental. Las críticas declaraciones de algunos sectores de EEUU respecto a la Ley de Justicia y Paz, las dilaciones para presentar el texto del TLC al congreso norteamericano y la negativa a ampliar las preferencias del ATPDEA, ponen contra la pared al gobierno, al tener que evaluar el riesgo de perder apoyo militar y logístico de EEUU en la lucha antidrogas y las pérdidas que ocasionaría la terminación estas preferencias arancelarias a final de este año, tal como está previsto. Ya hemos visto como el presidente Uribe cambia de tono y conmina a los jefes de las autodefensas para se ajusten a lo acordado. La ofensiva en el tema de erradicación mediante la fumigación puede tener alguna conexión con esta situación. Igualmente, empiezan a escucharse declaraciones de algunos funcionarios a favor de la negociación finiquitada en el tema de cárnicos y lácteos. Estos antecedentes son señales de mal augurio, pues fue igual cuando el gobierno empezó a justificar las negociaciones en arroz, soya, algodón y terminó ofreciendo el programa “Agro: ingreso seguro”.

En el tema de biodiversidad, los textos no muestran con claridad la prohibición de patentar plantas y animales. El texto plantea un marco de transición para que Colombia se organice para competir en este sector. También deja claro que si los trámites internos en Colombia resultan lentos se podrán activar mecanismos bilaterales que permitirán avanzar en este fatal cometido. La negociación TLC Perú – EEUU con anterioridad al nuestro, dejó abierta la puerta y fue muy difícil apartarse del texto acordado con el Perú. Perú dejó por debajo las normas andinas y de alguna manera viabilizó el asalto a la biodiversidad. Esperamos que nuestros congresistas estén al tanto de estas discusiones, lean con detenimiento el texto final y defiendan con empeño los intereses de nuestra región.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Perdonaran ustedes la insistencia en este tema, pero no hay alternativa y sobre todo en la etapa final del proceso, cuando las dilataciones y el desgaste normal tras meses de discusión tiene un efecto adormecedor. Las declaraciones de nuestro Ministro de Agricultura en cuanto a la intervención con supuestos subsidios en sectores agrícolas que eventualmente salgan perjudicados con el desarrollo del TLC, es síntoma de que la intención es ceder ante las pretensiones norteamericanas respecto al arroz, sector avícola, maíz y soya, sectores que precisamente nos interesan en el nivel regional. Declaraciones de los grandes empresarios apoyando la firma del TLC y aceptando que en este tipo de negociaciones existirán ganadores y perdedores, confirma lo dicho por el Director Nacional de Planeación respecto a los resultados benéficos en términos generales, sin precisar que tan equitativos serán los supuestos beneficios. Aquí es donde debe preocuparnos los posibles efectos regionales y alejarnos del grupo de perdedores que eventualmente dejaría el TLC. Hace unos años el ICA y otros entes de investigación, lanzaron con bombos y platillos las variedades de arroz, soya y maíz que permitirían alcanzar mejores niveles de productividad en la extensa altillura, considerada por décadas improductiva. De inmediato las perspectivas agrícolas de la región cambiaron y sectores como el avícola mostraban excelentes resultados. Recientes investigaciones locales y experiencias logradas en Argentina, Brasil y Venezuela incentivaron la ejecución de proyectos en estos renglones, sin embargo, ahora se muestra un futuro no tan promisorio. El gobierno nacional promociona otras perspectivas como la palma, con discutibles efectos y hace un llamado a generar procesos de reconversión productiva y hacer apuestas, como si el asunto fuera de acertijos y aciertos. Las administraciones locales y algunos gremios regionales le están haciendo juego a esta estrategia y como resultado caminamos todos como la gallina ciega sin saber para donde coger. El asunto no es de ventajas comparativas o competitivas, es de manejo geopolítico y necesariamente se deben prender las alertas sobre la inequidad regional del proceso. Esto agudizaría los problemas de equidad social en las regiones supuestamente perdedoras. Hay que velar por mantener la diferenciación regional y hacer que se respete la producción nacional, que podría incluso sobrepasar los índices de rentabilidad de los productores americanos, si no se tienen en cuenta los subsidios a la producción y exportación que aplica el gobierno los Estados Unidos.

Manuel Javier Fierro Patiño.
MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Regional.

El raponazo desmembrador de Panamá podría ser un simple rasguño frente al tamaño del despojo de la biodiversidad que se avecina, una vez se suscriba el tratado de libre comercio “TLC” con Estados Unidos. Si los antecedentes se repiten, de acuerdo con los tratados suscritos con otros países (Chile y Centroamérica), empresas de EEUU estarían en plena libertad de explotar la biodiversidad, patentar plantas, animales, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos con tal facilidad, que no sería nada raro ver a una comunidad indígena o empresa nacional sancionada, multada y conminada a indemnizar a una multinacional farmacéutica dueña de la patente, por el uso de yopo, la pusana, el kararudú o el chundú, entre otras preparaciones mágico medicinales; patentadas por algún gringo avivato, fruto de la investigación foránea en alguna comunidad indígena de nuestra región. Las consecuencias solo se verán en el futuro y ante esto es conveniente llamar la atención. Según afirmaciones de la comisión negociadora colombiana, conocidas en los medios de comunicación, la posición es defender el conocimiento tradicional, sin embargo, se menciona que dicho conocimiento podría igualmente ser protegido a través del sistema de patentes y derechos de propiedad intelectual. Sendo error. El sistema mencionado funciona bajo la lógica occidental y requiere de un sistematizado procedimiento científico. El conocimiento tradicional de nuestras comunidades indígenas tiene otra lógica, su transmisión no es escrita, es oral y se construye a través del tiempo. Además, tiene características sagradas y solamente puede ser utilizado por quien está preparado para ello, el Chamán, Curaca o Payé, según cada pueblo indígena. Sería difícil ver a un médico indígena tramitando una patente, recibiendo un Nobel de medicina o citando un artículo científico en una revista médica. La protección de este conocimiento es natural, simplemente es diferente y no puede ser patentado. Ojo colombianos, una vez despertamos sin Panamá, un día de estos despertamos sin biodiversidad.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Mientras dormimos, el mundo avanza. Y no es sentido figurativo. La pauta actual en la economía mundial, es que las economías mantengan el equilibrio frente a los elevados precios del petróleo, cuenten con materias primas baratas y se orienten a aumentar su influencia hemisférica, respetando cada una sus “espacios”. Las naciones buscan posicionarse de manera ventajosa en la economía global, aumentar sus exportaciones y proteger su producción. En los países desarrollados la seguridad alimentaria no es negociable y ni siquiera se considera debatible en un tratado de libre comercio. La seguridad alimentaria es un determinante estratégico. Los países saben que deben estar preparados para cualquier eventualidad que perturbe el equilibrio mundial, por ejemplo, una guerra, una catástrofe natural y ante todo permanecer en una posición influyente en el escenario mundial. Para esto requiere hacer valer su independencia dentro de un ambiente supuestamente globalizado. Es una abierta contradicción al paradigma de la globalización, que los mismos países desarrollados promueven con firmeza. Los países fuertes prevalecen gracias a que saben salvaguardar sus bienes estratégicos, construyen una capacidad disuasiva manifiesta y están preparados para actuar autónomamente en situaciones de crisis y sin ningún otro objetivo sea más importante que el de proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad nacional. En esta contra-doctrina proteccionista se basa la realidad de las relaciones asimétricas que se asumen al negociar con una superpotencia como Estados Unidos. Nosotros estamos en una posición de clara desventaja. Tenemos una guerra interna que nos desangra humanamente y presupuestamente; no visualizamos razonablemente nuestro potencial y con estas limitaciones pretendemos hacer valer posiciones frente a un coloso que busca ampliar su mercado industrial y tecnológico, utilizarnos como dique político y económico, ante la avanzada anti-neocolonial de Suramérica, y además vendernos los excedentes de sus reservas estratégicas de alimentos. Pero, no hay que perder la esperanza, hay que negociar como grande frente a la dimensión de la contraparte y hacer valer nuestra posición con creces. La producción de arroz, el maíz, la soya, y otros alimentos, son igualmente fundamentales para nosotros. Tenemos una posición geoestratégica que hay que hacer valer. Ojala despertemos y aprendamos a generar soberanía con conocimiento, diversificar e innovar en lo que sabemos y con lo que tenemos, prepararnos para producir bienes tecnológicos, mayor valor agregado e ir acrecentando nuestra autonomía con audacia, sagacidad y mucha malicia indígena.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Dada su relevancia geoestratégica, dos procesos regionales afectan al Departamento del Meta. De un lado el lento proceso Orinocense, lleno de altibajos, dificultades, tradicionalmente aislado de los intereses nacionales y de otra parte el momentáneo, agresivo y ágil proceso de integración de la región central. Se puede decir que ambos tienen merecida importancia, pero la naturaleza y sus características difieren substancialmente. La Orinoquia ha estado presente en la cotidianidad de los metenses, fruto de más de diez años de experiencia Corpes, que en sus últimos tuvo su sede en Villavicencio. Más allá de juzgar si fue o no una buena experiencia institucional, si vale la pena considerar que fue instancia que fortaleció los nexos culturales y la comunión de potencialidades y dificultades, recopiladas y analizadas en dos planes de desarrollo regional. Una vez terminado, el Corpes Orinoquia, en el año 2.000, los departamentos originarios intentaron conformar una región, pero se encontraron siempre con la oposición y desconocimiento del gobierno nacional de la época. Conformaron entonces, la Asociación de Departamentos de la Orinoquia, que poco a poco fue ganando espacio y reconocimiento, especialmente ahora en el gobierno Uribe, cuando se ha alcanzado una visión de macroregión, con la Amazonia. La experiencia Orinocense se basa en un proceso de construcción social y unidad tanto en las en las dificultades como en las potencialidades del desarrollo, es completamente válido y legítimo. Ahora, con una fuerza descomunal y la promoción agresiva del Senado de la República, Bogotá, Cundinamarca y el Departamento Nacional de Planeación, aparece un gigante político que muestra un camino regional para el Meta, cercano a Bogotá, Tolima, Cundimarca y Boyacá y alejado del proceso Orinocense. Llegará el momento de las definiciones y el Departamento del Meta deberá ponderar muy bien cuales son sus expectativas y sin despreciar los posibles beneficios de una integración funcional con el centro del país, tales como un mejor posicionamiento político y la difusión de las dinámicas económicas del mayor centro industrial y poblacional de Colombia, deberá contemplar también la historia, la cultura, la posible autonomía, la dinámica fronteriza y la necesidad de preservar y aprovechar el territorio y la biodiversidad, de por sí Orinocense. Habrá que analizar muy bien el trasfondo político y los intereses económicos que rodean estos dos procesos.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

La planeación del desarrollo territorial exige cantidad y calidad en la información. Precisamente, unos de los problemas más comunes en la región es la disponibilidad de información pertinente, precisa, veraz y oportuna. Generalmente las fuentes de información son de carácter nacional, preferiblemente gubernamental, los datos se recopilan de manera diversa con metodologías que buscan resultados aislados y el fin es consolidarlos para mostrar un panorama nacional, sin hacer énfasis en las características particulares del territorio. Recientemente en la región, el tema de los sistemas de información están de moda, por ejemplo, la secretaría de planeación y desarrollo del Meta anunció la creación de un Sistema de Información Departamental, el cual buscaría integrar los datos de varias fuentes de información sobre los diferentes sectores de la realidad departamental. La intencionalidad es buena, igualmente los beneficios que podría generar este propósito. Sin embargo, es recomendable tratar de diseñar un sistema de carácter autónomo que no dependa completamente de la información y las metodologías de las actuales fuentes existentes. La sumatoria de las cifras y su consolidación podría ser muy útil, pero ante todo es fundamental crear un valor agregado en la información y construir un modelo propio. Integrar un sistema de información territorial no es lo mismo que articular las existentes. Desde este punto de vista, la construcción del sistema debe apuntar a la entrega de información en tiempo real, con un sistema de indicadores propios, diseñados según la particularidad territorial y apuntando a los propósitos esenciales del desarrollo departamental. Es comprensible que ante la situación actual, cualquier esfuerzo es notable, pero hay que conducir a un objetivo claro, que es tener datos pertinentes y precisos que confronten la información y la forma de obtención que se hace actualmente. Además, es importante que el sistema sea transparente e independiente, pues a menudo la información disponible tiene la particular característica de mostrar lo bueno y esconder lo malo, apuntando más a la propaganda que al ejercicio crítico para superar las limitaciones del desarrollo.