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Cuando el Presidente Santos presentó el documentos Conpes 3797 como una POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA – FASE I, mencionó claramente unas metas: Convertir a esta región en un motor de desarrollo del país, llegar a 780.000 hectáreas de área productiva y generar no menos de 300.000 empleos directos.  En sí se plasma la visión de insertar una región del país a la economía nacional, con la aplicación de un modelo de producción agroindustrial de grandes superficies, basado en los preceptos del crecimiento económico.

En primera medida, no se advierte, es que esta región colombiana ya es el motor económico del país con el aporte que hace actualmente a la economía del país con la producción de hidrocarburos, pues se produce cerca del 80% del petróleo del país. Lo que se pretende a grandes rasgos es la ampliación de la frontera económica, la dotación mínima y el ordenamiento del territorio para permitir una mayor velocidad en este proceso de intervención. Lo que puede celebrarse es que por primera vez existe por lo menos un proceso orientado y materializado con la presencia del estado, sin entrar a detallar o criticar la naturaleza de este proceso de apropiación territorial. Se destaca la exclusión de Vaupés como departamento de la Orinoquia.

Como objetivo general la política busca crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región.

Tiene unos objetivos específicos en esta primera fase. Toma inicialmente el territorio de la Altillanura, con 8 municipios de los departamentos del Meta y Vichada, plantea la dotación de infraestructura y servicios sociales, el ordenamiento ambiental y económico del territorio, generar condiciones para la inversión privada y aumentar las capacidades institucionales en la región. Lo que llama la atención es la mención de hace de las palabras incluyente y sostenible, lo que precisamente marca una paradoja frente a la naturaleza misma del documento, pues no existe un tratamiento serio de las estadísticas sociales y lo ambiental se reduce al simple ordenamiento.  El tema de infraestructura es el objeto real y principal del documento Conpes pues resulta en más del 95% de los recursos asignados. Lo que deja un aire de dudas y cierto desconcierto es que los mecanismos de financiación son de orden privado y recuperado principalmente a cuenta de peajes mediante esquemas de concesión que ya estaban siendo planteados y algunos ya tienen asignación de vigencias futuras, así de nuevo poco tiene y es ante todo un refrito de decisiones ya tomadas hace más de dos años, sin asignar nuevos recursos.

El diagnóstico menciona claramente las terribles brechas existentes en la región, brechas que se encuentran en la educación, el empleo formal, acceso al agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.  Igualmente plantea una concentración de los servicios sociales en la zona del piedemonte y que el 80 por ciento de la población se encuentra en esta subregión.

Aunque el documento muestra la prepoderancia de asunto étnico, elude el tema y lo trata de manera tangencial, sin atender debidamente que el 33% del territorio de educación, vivienda, privilegiando el concepto tradicional de “pobreza” sin abordar en detalle las posibles causas de estos precarios indicadores. Llama la atención también el interés en minimizar la población indígena, trabajar con cifras desactualizadas y reduciendo su importancia como grupo poblacional.  Sin entrar a especular, pero es curioso que un departamento como Vaupés haya sido excluido y precisamente su inclusión en un Conpes de la Orinoquia elevaría aún más el tema indígena a otro nivel de atención.  Desde este punto de vista el documento es claramente segregacionista y excluye de manera descarada a un grupo de población muy importante en la región.

El tema ambiental es la otra debilidad del documento. Plantea un inicio de ordenamiento, priorizando los temas de ordenamiento ambiental, estructura ecológica, evolución regional del agua y los POMCAS, señala competencias a las Corporaciones ambientales, pero los recursos que se platean son muy escasos. No existe un planteamiento serio que busque incluir verdaderamente la variable ambiental en el proceso de desarrollo armónico y sostenible de la Orinoquia.

El documento dista mucho de ser incluyente pues no vincula a la sociedad civil y la academia de la región.  Todos conocemos las críticas iniciales y el recorrido un poco tortuoso que tuvo la elaboración de este documento. Evito concentraciones de personas, redujo la discusión solamente a los entes territoriales y las instituciones y realizó un trabajo principalmente de escritorio para el diseño de esta política. El primer ejercicio participativo amplio realizado en Puerto Gaitán, en el año 2012, fue la muestra de descontento regional que fue finalmente ignorada.

También tuvo el lunar vergonzoso que el propio José Lebovitz director del proceso por encargo del DNP, estaba involucrado en conflicto de intereses, queriendo ser terrateniente, aprovechando su posición y al mismo tiempo formulador de política incluyente y sostenible. Estos hechos dejan muchas dudas y desconfianza de la verdadera intención de este tipo de intervenciones.

El documento presenta graves deficiencias que corresponden a la forma en que fue formulado, sin la participación de los actores regionales representativos de la academia y la sociedad civil, pues se hizo citando a los secretarios de planeación, gobernadores, alcaldes, funcionarios y técnicos del DNP, algunos sin el conocimiento detallado de la dinámica regional.  Las cifras sociales centrales son del censo 2005 criticado por la forma como se hizo en la Orinoquia y la Amazonia, los indicadores sociales se enfocan en el concepto de pobreza, muy limitado y expresado solamente como carencia de servicios sociales o sin vivienda.

El documento es pobre en análisis de las causas de las brechas sociales existentes, también en los cambios de la propiedad de la tierra y en la proyección de cifras de incorporación económica.

Las causas de las brechas deben ser más analizadas.  Siendo población rural e indígena la que está asentada en estas zonas que presentan rezago en los indicadores es justo plantear que las acciones que actualmente se desarrollan, inclusive con recursos representativos, no están surtiendo resultados.  El tema no está la falta de programas de atención, porque históricamente ha existido inversión nacional, departamental y municipal con programas de asistencia social a la población rural. El asunto es la pertinencia de estos programas, si los recursos son realmente suficientes o si los modelos de atención social en salud y educación corresponden realmente a las condiciones sociales, culturales y ambientales de la población asentada.  El Conpes menciona en lo social más de lo mismo, más programas de atención social, más política institucionalmente y operativamente equivocada. Lo que realmente hay que cuestionar son los modelos educativos y los modelos de atención social en salud, la forma como se realiza el proceso y la inclusión de la variable étnica. Es importante ir más allá del simple enfoque diferencial y avanzar en realmente un rediseño institucional de la política social en salud y educación, involucrando aspectos culturales propios de la cosmovisión indígena que además involucra un concepto de territorio que el vital para su supervivencia[1].  Eso sí elevaría los indicadores sociales y cerraría realmente las brechas existentes.

El Conpes 3797 desconoce la existencia de un capital humano regional, de la experiencia en la región, la existencia de recurso humano que lleva más de 15 años trabajando el tema ambiental y que ya tiene en su haber más de 15 maestrías que están formando profesionales de la región y que en este año entrará a ofertarse el primer doctorado concebido en la región. Existen institutos de investigación que podrían perfectamente aportar en este proceso de desarrollo incluyente y sostenible. El Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de los Llanos es un ejemplo de ello. El Conpes invisibiliza la sociedad civil y a la academia como actores fundamentales del desarrollo regional. 

El tema de empleo se reduce a formar aprendices el SENA, el tema de ciencia y tecnología se menciona pero se elude la forma de actuar, solamente se plantea un laboratorio de innovación social que depende de entidades externas que tienen a plantear modelos de atención en una región que no conocen.

El documento plantea la necesidad de contar con estudios, con información, con más consultorías y más investigaciones externas de las entidades nacionales para poder afinar el foco y por lo menos entender un poco la situación que está pasando en esta región. Este paso se reduciría en gran medida si se incluye a la gente de la región, a la academia y la percepción de los actores locales, porque conocimiento e información sobre la región si existe, pero está dispersa y fragmentada en cada una de las visiones locales de desarrollo que existen sobre la Orinoquia.

Respecto a la formulación el Conpes tiene marcadas deficiencias, respecto a la pertinencia es claro que elude temas claves, la variable étnica, el conocimiento regional y a la sociedad civil organizada, plantea una noción limitada del tema ambiental y se reduce simplemente a una primera etapa de dotación de infraestructura principalmente vial.

De otra parte los vacíos en la estrategia y plan de acción muestran un enfoque tradicional y nada realmente nuevo en las políticas sociales que seguramente brindaran los mismos resultados nefastos que han dado hasta el momento.

En cuanto a la financiación es insuficiente frente a las brechas sociales planteadas y la destinación de recursos adicionales a los que siempre han sido asignados es una farsa. El estado plantea en este documento una sumatoria de presupuestos que ya se están ejecutando en programas de atención desde hace años y también incluye partidas que ya han sido asignadas y que inclusive ya cuentan con vigencias futuras. Es un afán de mostrar con mucho sofisma una nueva inversión nacional que por supuesto es inexistente y tacaña frente a los objetivos que realmente se propone. Claramente se enmascaran recursos ya asignados como si fueran nuevos, y además lo más triste es que corresponde a esquemas de inversión privada, tales como las alianzas público – privadas, regalías y los contratos plan, que finalmente son pagados con recursos de la misma región.

Es necesario profundizar mucho más en el concepto de Región de Planificación y Gestión que se propone y en la operación de una Agencia de Desarrollo Local que involucra a actores público y privados, hay que estar atentos a esta dinámica y solicitar la información al DNP y a las entidades responsables del proceso, porque sin duda debe ser un proceso ampliamente concertado y construido desde la región.

Este documento sin duda debe ser objeto de análisis por la academia, la sociedad civil regional y ser tomado como una oportunidad para tener un posicionamiento claro desde la región, en la formulación de nuevas propuestas y una construcción participativa y real de una política pública integral para la Orinoquia.

[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.


[1] Las organizaciones indígenas y autoridades han promovido la formulación de modelos de atención en salud y educación. El SEIP es el referente para la educación y el SISPI para la atención en salud. Son propuestas que ya tienen aplicaciones y pilotos en el territorio.

Piedra angular de la visión neocolonialista de la Orinoquia. Ojo descubrieron la Orinoquia. Nuevo Colón.

tierra a la vista

En la actualidad, la Orinoquia despierta manifestaciones halagadoras de toda índole en medios nacionales e internacionales, algunas opiniones de personalidades nacionales, grupos económicos, periodistas y empresarios que hablan sobre su enorme potencial y oportunidades que brinda para el desarrollo del país.

En otros tiempos, la dirigencia local  velaba para que la región apareciera  si quiera en noticia o un comentario espontáneo de algún ministro o político nacional. Éramos una región olvidada que no llenaba una noticia, mucho menos un encabezado.  Pasamos de ser la dama modesta de la fiesta con la que nadie quiere bailar, a ser la princesa codiciada y la joya más admirada por los más encopetados visitantes; y eso se lo debemos en gran medida a la cantidad y diversidad de recursos naturales con que cuenta esta región del país.

De un momento a otro despierta tanta codicia que no se sabe en que va a parar descomunal interés de desarrollo, pero algo si es cierto:  Todo el mundo opina y se siente con suficiente autoridad para hablar sobre la importancia de sus recursos para el desarrollo del país, pero pocos se preguntan: ¿Qué se requiere para el desarrollo de sus gentes?, ¿Qué piensan y que manifiestan sus pobladores? y ¿Qué problemas se derivan de la ejecución de todos los proyectos que principalmente se ubican en mentes foráneas y miradas ajenas a la región?

La Revista Semana acaba de publicar un especial sobre la Orinoquia y la Amazonia, recogiendo opiniones y textos de empresarios, funcionarios públicos, investigadores extranjeros, directores de ONGs ambientales, periodistas, artistas y algunos académicos muy escogidos, configurando  de esta manera, un poco facilista por cierto, una visión muy parcializada, categórica y de poca profundidad sobre lo que se piensa sobre el desarrollo de esta zona del país.  Algunos textos plantean macroproyectos de grupos económicos de mucho bagaje nacional, otros escritos son anecdóticos, otros textos evocan ríos de leche y miel que brotarán de las sabanas, selvas, ríos y humedales de la región, pero pocos mencionan la complejidad que implica intervenir esta región del país sin tener claridad y certeza sobre los impactos en la vida económica, social, ambiental, política e institucional que se ciernen sobre los socio-ecosistemas.

Exceptuando la participación de algunos gobernadores y de la senadora Maritza Martínez, más del 90 por ciento de los colaboradores son personas que no cuentan con un conocimiento cercano y vivible de lo que es la realidad regional.  Algunos aunque son autoridad en su campo, describen con total desconocimiento, demostrando una solvencia falsa, sobrevalorando la experiencia de permanecer uno o dos días en la región, o de haber sobrevolado y observado el paisaje local, con total desfachatez pontifican, lanzando opiniones endebles sobre los problemas y soluciones de la región.

Es bueno que se visibilice la región, y que el país se haga una opinión sobre la dinámica acelerada que se observa en el oriente colombiano. También es claro que es necesario que la sociedad colombiana se entere y conozca de una vez por todas, cuál es la región que actualmente está soportando la economía nacional y en gran parte la viabilidad política de la Nación.  Pero, como ejercicio periodístico es esencial buscar el equilibrio informativo y sobre todo buscar el lado humano, el juicio idóneo de la academia regional, los gestores culturales e historiadores de la región, la expresión autóctona, la visión de la sociedad civil y la gente que vive la cotidianidad y que conoce como nadie la realidad.

La edición desconoce la existencia de una sociedad regional. No se visibiliza a la Universidad de los Llanos como principal ente regional de educación superior, no se consulta la experticia de sus investigadores en temas de recursos ambientales, los recursos hidrobiológicos, la gestión ambiental y el desarrollo agropecuario.  Unillanos oferta actualmente una Maestría en Gestión Ambiental Sostenible que cuenta con tres primeras cohortes,  es la Universidad colombiana con mayor conocimiento en acuicultura  de aguas continentales y lanza en el segundo semestre de 2013 un primer doctorado en Ciencias Agrarias.  En un corto período de vida institucional ha consolidado una masa crítica que se cuantifica con el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias, la mayor cantidad de magister y doctores que cualquier otra entidad pueda tener trabajando en la región, inclusive supera  a Corpoica y otras entidades nacionales que tienen sedes en la región.  Por otro lado, existe en región una creciente presencia de Universidades, Unitrópico en Casanare y la Universidad Nacional en Arauca, además de otras subsedes de universidades nacionales como la Universidad Santo Tomas, Uniminuto, ESAP y Universidad de la Salle principalmente en las ciudades del piedemonte llanero.

La región ha crecido en capital social. Actualmente existen en todos los departamentos, nuevas organizaciones sociales, asociaciones gremiales, movimientos cívicos y actores de la sociedad civil que tienen posiciones claras sobre la problemática actual, el uso sostenible de los recursos y las posibles soluciones. Cada una de estas expresiones y las de la academia han sido desconocidas por la publicación.

La revista Semana excluye de tajo la visión indígena. En los departamentos Amazónicos existen 156 resguardos, cuya superficie total es de 25.614.261 has, y representan el 24% del total de resguardos titulados en Colombia.  En la Orinoquía existen 52 resguardos, cuya superficie total es de 447.208 has.  La publicación no tiene en cuenta esta condición poblacional que data de épocas precolombinas y que más del 30 por ciento del territorio de la región está constituido bajo la figura de resguardo. La revista Semana desconoce que la violencia armada, la dinámica minero-energética y el boom agroindustrial están produciendo graves impactos para la población indígena.  Por esta razón, la Corte Constitucional emitió el auto No. 004 de 2009, donde se evidencia la extinción física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, entre estos el pueblo Sikuani que habita las llanuras de la Orinoquia, obligando a las instituciones nacionales y locales a tomar medidas para su preservación.  Los indígenas han venido analizando con detenimiento esta situación, tanto así que en este momento se está convocando una reunión de la macroorinoquia con la participación de las autoridades indígenas.  También sus líderes han intervenido sin ser escuchados en la construcción del documento Conpes para la Altillanura que adelanta el Departamento Nacional de Planeación.

La publicación de Semana enmarca una visión foránea y ajena a la región, representada en el afán desarrollista sin reparo en los impactos y la problemática que pueda afectar la capacidad y sostenibilidad de los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. Lamentablemente los colaboradores que aparecen en esta publicación se dedican a enunciar sus proyectos de interés,  sin analizar con detalle la crisis actual desde el punto de vista ambiental, social y económico que ha traído la explotación irracional de los recursos naturales.  Este pronunciamiento no intenta satanizar la inversión privada, ni la presencia de las grandes empresas, solamente hace un reclamo justo sobre la abierta exclusión de la opinión local sobre los acontecimientos que ocurren en la región y la necesidad de tener una noción clara sobre los impactos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la población de esta zona.

La región de la Orinoquia merece tener una visión construida desde lo local, con la participación de los actores regionales.  Solo de esta manera será posible garantizar que los esfuerzos nacionales, empresariales y propios sean realmente un factor de desarrollo humano sostenible para el territorio. En nombre de la sociedad regional solicitamos mayor responsabilidad, menos exclusión y mayor participación social.  Conocemos del profesionalismo y capacidad de la revista en desarrollar con mucha calidad y altura periodística otros temas de la realidad nacional, pero en este caso no entendemos cómo se lleva a cabo un proyecto de este tipo sin consultar las verdaderas fuentes directas de la realidad regional.

Vea aqui la publicación y haga su propio juicio

http://www.semana.com/EspecialOrinoquia/flash.html#/1/

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Recientes debates entre columnistas e indigenistas en cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa con las comunidades indígenas han generado un clima de incertidumbre y temor en los territorios indígenas. Los columnistas, como Felipe Zuleta, María Isabel Rueda y Daniel Valero, han lanzado críticas a la corte por el populismo jurisprudencial, al gobierno por no generar un ágil marco de actuación y a los pueblos indígenas por lo que ellos llaman una especie de insensatez frente al “desarrollo” del país. El desconocimiento del tema y la miopía etnocentrista hace que se lancen improvisados juicios, poco soportados y guiados por malsanos intereses empresariales y gubernamentales.

La normatividad existente en Colombia no es una invención nacional o capricho indigenista como lo han querido mostrar estos columnistas.  Los compromisos internacionales relacionados con la consulta vienen del convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y que entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991. Además la corte constitucional en sus jurisprudencias obliga la Consulta no solo frente a aquellos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sino incluso frente a los proyectos que prometen beneficios a los grupos étnicos.

La locomotora minero energética y el boom agroindustrial de la Altillanura ponen en grave riesgo a los pueblos indígenas. Por esta razón, además de los problemas de violencia y desplazamiento, la corte constitucional emitió el auto 004 en 2009, mediante el que se evidencia el riego de extinción física y cultural de varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Sikuani que habita en las llanuras de la Orinoquia.

Lo más grave es que los territorios indígenas del país albergan riquezas naturales y por esta razón los resguardos están en la mira de la ambición desarrollista que nada le importa la sostenibilidad ambiental, la cultura, los conocimientos ancestrales y las más de 60 lenguas indígenas que aún conservan los 87 pueblos indígenas que subsisten en el país. Los colombianos tenemos una deuda histórica con nuestros ancestros. Mantener estas formas diferentes de interpretar el mundo y todo lo que se deriva de una supervivencia de más de 600 años, se debe considerar un patrimonio invaluable, que incluso actualmente es más valorizado por organismos multilaterales.

Los pueblos indígenas están en grave riesgo, no solamente por la vulnerabilidad social actual sino porque la locomotora minero-energética y la ambición por nuevas tierras están en una celeridad irracional. Lo menos grave son la consultas previas, que algunas se han logrado a punta de sobornos y estrategias divisorias dentro de las mismas comunidades. Lo más grave es la afectación cultural, la pérdida de identidad y la vulnerabilidad de sus formas básicas de supervivencia, la alimentación autóctona, el autocuidado cultural, la medicina tradicional y la perdida de la lengua, lo que elimina progresivamente al “ser” indígena. Una vez declarada la eliminación del “ser” indígena, quedaría abierta la puerta para terminar con las figuras de resguardo y ceder irremediablemente a la codicia que caracteriza a la economía actual.

Los territorios de los pueblos indígenas son vitales y sagrados para su supervivencia. La irracionalidad etnocentrista y la predominancia cultural no nos facultan para acabar con cualquier forma de pensamiento diferente, es más, puede llevarnos a la pérdida de identidad como nación.

La Orinoquia está herida de muerte. Los cambios ambientales, económicos y sociales que ha provocado la codicia mediática puede materializarse en un descalabro territorial que nuestros hijos y nietos sabrán juzgar. Es por esto que existe una gran responsabilidad de los nativos de la región en saber orientar y proponer alternativas que ayuden a reorientar el curso histórico.

Altillanura Colombiana

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

 

El taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación, orientado por la Universidad de los Andes, el día 1 de junio de 2012, en Puerto Gaitán, tenía como objetivo la construcción de propuestas colectivas para implementar la política de desarrollo de la altillanura.  La expectativa de la mayoría de los asistentes era poder aportar desde su grupo de interés, propuestas y elementos de análisis para el documento CONPES de la Altillanura, promesa del gobierno Santos para esta región colombiana.

No obstante, lo informado en la convocatoria, la dinámica del taller tomo un giro diferente y debido a la metodología utilizada se transformó en un evento de validación de un “documento” sin terminar y que aun genera muchas dudas.  Esto molestó a los asistentes, pues la metodología utilizada era excluyente, simplista, reduccionista, poco objetiva y poco concluyente.  Este hecho se presenta casi siempre que se escogen facilitadores que poco conocen de las características sociales y económicas de la región.  Es el beneficio de la duda que se brinda, pues sería nefasto pensar que fuera realmente algo realmente deliberado y que lo que se pretendía era pasar de agache y hacer un gran tremendo saludo a la bandera.

Excluyente, porque no permitía la generación de propuestas por grupo poblacional o gremio productivo específico. Todos conocemos que el debate central sobre el desarrollo de la altillanura tiene diferentes posiciones, la mayoría de estas encontradas, sobre lo que debería hacerse en materia de desarrollo en la altillanura. Los indígenas, los empresarios, los campesinos, no encontraron garantías para poder expresar claramente sus puntos de vista.

Simplista, porque en lenguaje algo folklórico pretendía quitarle importancia al tema, evadiendo los aspectos claves del proceso.  Reduccionista, porque basándose en unas líneas generales pretendía sintetizar una problemática y dar lineamientos generales en una realidad muy compleja, que requiere de un análisis integral, pero sin perder de vista las diferentes aristas conceptuales e inclusive políticas en la construcción de un documento de política nacional en la región más estratégica del país, responsable de la estabilidad económica del país.

Poco objetiva y poco concluyente, porque evadía en todo momento la posibilidad de construir y hacer sugerencias a la propuesta presentada, dando apariencia de que las ideas expuestas inicialmente son inamovibles y centradas en aspectos muy generales, vistas con un sesgo centralista.  No se presentó un documento, solamente se hizo una presentación general que trató lo concerniente a la legalidad de la tierra, ordenamiento territorial, planes estratégicos orientados por un nuevo ente “La Corporación para el Desarrollo de la Orinoquia Colombiana” donde tendrán asiento en el consejo directivo tres ministerios, un gobernador y un alcalde; excluyendo a la región, quedando por fuera a la academia, los gremios y los indígenas.

Según la presentación del DNP se mostró la necesidad de hacer nuevos diagnósticos, recopilar más información, ejecutar proyectos piloto, en fin, nada concluyente y definitivo.  Ni siquiera garantiza la terminación de la vía Puerto Gaitán – Puerto Carreño o la ejecución total del proyecto para la navegabilidad del río Meta, mucho menos la construcción de vías férreas o aeropuertos de categoría para la región.

No se vislumbra una estrategia para la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, minimizando la importancia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Tal parece que para el Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnología no hay necesidades y que el camino para el futuro ya está resuelto, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, la región tiene un déficit de conocimiento científico y de soluciones tecnológicas para aprovechar sosteniblemente todo el potencial que brinda la oferta natural.  Se prioriza el conocimiento técnico, las capacidades y competencias de baja complejidad, sin definir procesos de generación de valor agregado, centrando toda la estrategia en un centro de formación del SENA, sin querer decir que no sea algo necesario profundizar también en estas actividades laborales. Se excluye el papel que puede cumplir la academia y sobre todo de la Universidad de los Llanos, como principal ente público de educación superior de la región.

La propuesta presentada por Leibovich no profundiza en temas sociales, reduce lo indígena a un tema de tierras, lo campesino a los aspectos labores, lo ambiental a simple ordenamiento, lo político e institucional a la mera acción e interés del gobierno central.   En este aspecto fiscal tiene una cautela desmesurada, tal vez, por no comprometerse en recursos y por esta razón, es un planteamiento exageradamente conservador, nada en comparación con los documentos trabajados, por ejemplo, para la Costa Caribe.

En el tema indígena no desarrollan temas como la seguridad alimentaria, la etnoeducación, el gobierno propio o la etnosalud. No se puede desconocer que las comunidades indígenas son las grandes perdedoras en toda esta dinámica creciente en el campo agrícola y petrolero, por esta razón,  el documento CONPES debe incluir acciones concretas para su protección y desarrollo integral.

Otro tema ausente es el tema de poblamiento y una política de asentamientos.  No hay regulaciones u orientaciones de política para organizar los procesos migratorios y de estabilización sostenible de más de 50.000 personas que esperan ingresar a la zona buscando nuevas oportunidades.   Es un aspecto clave que debe garantizar el uso apropiado de la energía, el agua y la disposición de residuos y aguas servidas, así como evitar replicar errores del pasado que lleven a la extinción de los frágiles ecosistemas de la altillanura.  Debería plantear un Plan de Asentamientos y un Laboratorio de Habitat que permita desarrollar propuestas innovadoras en materia de viviendas auto-sostenibles y planes de urbanización a manera de sistemas aldeas-red.

La población de la región no puede ser subestimada en su capacidad de propuesta y desligar de un tajo el derecho legítimo de participar de las decisiones que afectan su propio futuro. Esperamos, como lo solicitaron algunos asistentes, que el DNP reflexione y que retome un proceso con la profundidad y complejidad que se merece.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local.

Las dinámicas territoriales del Meta avanzan a la consolidación de 2 componentes territoriales económicamente definidos. Por una parte los desarrollos agroindustriales de gran escala en la zona de la altillanura, unidos a un creciente auge de exploración y explotación petrolera, avanzan a la preponderancia de una economía con características de enclave.

Las economías de enclave suelen ser más o menos prósperas que la economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o perjudicial. En nuestro caso, es claro el efecto de desplazamiento, especialmente en el mercado laboral. Esto perjudica al resto de la economía, porque los enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima, encareciéndose estos elementos para el resto de la economía.

Los resultados pueden ser positivos en la medida que estas grandes empresas generen espacios para la integración de pequeñas y medianas empresas de la región, permitiendo procesos de transferencia de conocimiento, para romper la brecha tecnológica. La articulación social no ha sido exitosa, debido a la afectación grave de la población indígena, las nuevas demandas empresariales de recurso humano calificado y a la poca oferta regional.  Igualmente, no existe un marco regulatorio efectivo o acuerdo político que garantice mayor equidad y fortalecimiento del capital humano regional.

La zona occidental del Meta, jalonada por la dinámica de la región del Ariari, tiene unas connotaciones diferentes.  Existe una buena diversificación productiva, articulando sectores agropecuario y turístico, no obstante, la incorporación de nuevo conocimiento para la productividad y la transformación productiva ha sido lenta. Actualmente convergen la cooperación internacional, la consolidación territorial y de recuperación territorial por parte del Estado, acciones de desarrollo local y algunos esfuerzos por reconstruir el tejido social.

El potencial es inmenso dada la fuerza productiva y el impacto social que generaría la incorporación productiva de toda la zona. Se requiere un proceso de ordenamiento ambiental – productivo de largo plazo y políticas que permitan una apropiación de la ciencia y tecnología con participación activa de productores, mejoramiento vial y fortalecimiento del espíritu asociativo y emprendedor.

La propuesta de constituir un distrito agroalimentario es pertinente para las condiciones actuales. No obstante, debe darse una política de ordenamiento territorial desde lo departamental que brinde las condiciones institucionales para la sinergia de los diferentes proyectos que se desarrollan en la región.  Lo principal es una estrategia de inclusión que permita el empoderamiento de los actores, la generación de confianza y la superación de las trampas al desarrollo, donde lamentablemente el mismo Estado ha sido responsable. Esas trampas están ancladas en el pasado violento, en las falsas promesas gubernamentales y el aislamiento político de la subregión.

Villavicencio funge como eje articulador de esta dicotomía, centro nervioso comercial y área de moldeamiento y transformación de procesos territoriales.

Recibo con agrado y complacencia un aporte del profesor Wilsón Ladino Orjuela de la Escuela Superior de la Administración Pública. ESAP.  Es un texto para leer con detenimiento, en el cual se hace una crítica al escesivo centralismo y exclusión que ha sucedido por décadas en Colombia.  Por favor leánlo y haganlo circular…No olviden sus comentarios.  

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Profesor Universidad de los Llanos

 

 Mutisia: Un Nuevo Estado -Nación

 

Wilson Ladino Orjuela**

 

Ante el estruendoso fracaso del Estado colombiano, manifiesto en el centralismo asfixiante, la pobreza generalizada, la guerra interna, el desplazamiento forzado de miles de personas, la discriminación política y social y la reducción permanente de los recursos públicos; fracaso para ofrecer un futuro mejor a los habitantes del territorio del sur (Orinoquia, Amazonia, Huila, Cauca, Nariño y Sur del Chocó), la decisión soberana inmediata de sus ciudadanos deberá ser la de conformar un nuevo Estado de bienestar, con un modelo federal y régimen parlamentario que ofrezca y garantice los beneficios del mundo contemporáneo a sus hombres y mujeres.

 

Una declaración sencilla, contundente y soberana deberá hacerse ante el mundo para conseguir que otros países y organismos internacionales expresen su reconocimiento al nuevo Estado nación federal, Mutisia, dando origen al número 192 de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

 

Con más de 3 millones de personas indígenas, afro descendientes y mestizos, y aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados de territorio continental y mar Pacífico, con petróleo, minerales, bancos de agua dulce, biodiversidad de flora y fauna, órbita geoestacionaria, ubicación geográfica en el continente, un PIB apreciable y un régimen fiscal atractivo, inversionistas demócratas del mundo llegarán en el inmediato futuro para desarrollar al nuevo país.

 

Hay en el mundo de hoy más de 50 micro Estados nación con menos de 5 millones de habitantes y menos de 200 mil kilómetros cuadrados y menores recursos y sus habitantes cuentan con mejores condiciones de vida y mayores perspectivas de futuro. En los últimos 15 años han aparecido varios nuevos Estados nación en el concierto internacional y fueron reconocidos por otros Estados y organismos internacionales.

 

Una Asamblea de Delegados reunida en cualesquiera de las ciudades de este territorio de la nueva Mutisia puede estudiar y aprobar, en el plazo de 7 meses, la Constitución Política del nuevo Estado federado del los territorios del sur entre los que se incluirían la actual Orinoquia, Amazonia, Huila, Cauca, Nariño y el sur de Chocó.

 

El nuevo poder soberano nacional deberá organizar un Estado federado con régimen parlamentario, pluripartidista, ágil y capaz de aprovechar las enormes riquezas de su población y territorio y, promoverlas en el contexto internacional presente.

 

Con una carta efectiva de derechos fundamentales, con autoridades eficientes y eficaces, aplicado el principio moderno de la división del poder público, un banco central, organismos públicos de control, un nuevo gentilicio, un nuevo documento de identidad, un nuevo pasaporte, deberán ser diseñados en el corto plazo, así como los símbolos que lo identifiquen ante el mundo: escudo, bandera e himno.

 

A 200 años de la declaración de independencia, este nuevo gesto de soberanía es la mejor de las celebraciones que se puedan hacer y el mayor orgullo para los fundadores de 1810.

 

*Mutisia: Se toma del sabio pre-independentista José Celestino Mutis

 

**Profesor ESAP Territorial Once


La muerte de los niños indígenas en el Carmen del Darién (Chocó), sorprendió al país y fue tomada como un hecho extraordinario por parte de los medios televisivos.  La verdad es que esta situación viene de mucho tiempo atrás y no afecta solamente al departamento del Chocó.     Con desproporcionada reacción el Ministro de la Protección Social expresa su hondo pesar y le echa solo la culpa a los políticos y a la falta de control de la contraloría y procuraduría. No puede más que llamarse desfachatez y cinismo gubernamental el hecho de no aceptar que en Colombia el sistema de salud hace tiempo colapsó y que no es posible seguir invirtiendo tan altos presupuestos en salud engordando intereses privados.  El sistema de salud en Colombia funciona con base en la demanda, en donde el Estado reconoce a ciertas empresas privadas un monto por persona afiliada para que se le preste salud dentro de planes de salud previamente acordados.  En un escenario de aparente libre competencia y libre elección, estas empresas atienden a la población que lo solicite, no sin antes realizar los trámites y cumpir los requisitos que contempla la ley.    El sistema opera según las reglas del mercado, en donde cada persona tiene acceso en un ciento por ciento a los planes de salud una vez se afilie.  Se asume que el mercado regula la oferta y la demanda y que todos los afiliados viven cubiertos y asegurados.  Con toda seguridad es un precepto que no se cumple en la atencion de poblaciones con características culturales diferentes o en territorios en donde el acceso es dificil y especialmente en donde no existen mecanismos de información y atención inmediata.  Los altos costos de prestación de la salud a estos grupos de población y en las condiciones geográficas tan complicadas hace que las empresas desestimen prestar un buen servicio.  Logicamente el interés de las empresas es atender lo menos posible y así poder hacer mucho más rentable el negocio de la salud.    El gobierno se ha dedicado a manejar la calculadora y hacer estimaciones del monto que debe reconocer por cada persona, autorizando en estos departamentos de dificil acceso, un mayor monto por la prestación de cada afiliado. También se dedica a calcular cuanto tiene que dar por un niño o un adulto o cuanto por un anciano, lo cual difiere si este es del régimen subsidiado o contributivo. Lo peor es que existen fuertes indicios de intereses malsanos en el congreso y en el gobierno para permitir modificaciones al sistema de salud. La salud se ha convertido en un negocio en el que más del 40% de lo que el Estado reconoce por cada afiliado va a parar en costos administrativos para las empresas.   De esta manera no es dificil calcular que de los 50.000 millones que el gobierno ha girado al Chocó para atención en salud 20.000 millones se quedan en las empresas de salud y el resto se utiliza para atender la gente que vive más cerca de la capital y claro.. queda un remanente para los bolsillos sucios de la corrupción.  Que pesar que la calculadora del ministro no funcione para sacar estas operaciones.     http://javierfierro.blogspot.com