Archivos para febrero, 2006

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Perdonaran ustedes la insistencia en este tema, pero no hay alternativa y sobre todo en la etapa final del proceso, cuando las dilataciones y el desgaste normal tras meses de discusión tiene un efecto adormecedor. Las declaraciones de nuestro Ministro de Agricultura en cuanto a la intervención con supuestos subsidios en sectores agrícolas que eventualmente salgan perjudicados con el desarrollo del TLC, es síntoma de que la intención es ceder ante las pretensiones norteamericanas respecto al arroz, sector avícola, maíz y soya, sectores que precisamente nos interesan en el nivel regional. Declaraciones de los grandes empresarios apoyando la firma del TLC y aceptando que en este tipo de negociaciones existirán ganadores y perdedores, confirma lo dicho por el Director Nacional de Planeación respecto a los resultados benéficos en términos generales, sin precisar que tan equitativos serán los supuestos beneficios. Aquí es donde debe preocuparnos los posibles efectos regionales y alejarnos del grupo de perdedores que eventualmente dejaría el TLC. Hace unos años el ICA y otros entes de investigación, lanzaron con bombos y platillos las variedades de arroz, soya y maíz que permitirían alcanzar mejores niveles de productividad en la extensa altillura, considerada por décadas improductiva. De inmediato las perspectivas agrícolas de la región cambiaron y sectores como el avícola mostraban excelentes resultados. Recientes investigaciones locales y experiencias logradas en Argentina, Brasil y Venezuela incentivaron la ejecución de proyectos en estos renglones, sin embargo, ahora se muestra un futuro no tan promisorio. El gobierno nacional promociona otras perspectivas como la palma, con discutibles efectos y hace un llamado a generar procesos de reconversión productiva y hacer apuestas, como si el asunto fuera de acertijos y aciertos. Las administraciones locales y algunos gremios regionales le están haciendo juego a esta estrategia y como resultado caminamos todos como la gallina ciega sin saber para donde coger. El asunto no es de ventajas comparativas o competitivas, es de manejo geopolítico y necesariamente se deben prender las alertas sobre la inequidad regional del proceso. Esto agudizaría los problemas de equidad social en las regiones supuestamente perdedoras. Hay que velar por mantener la diferenciación regional y hacer que se respete la producción nacional, que podría incluso sobrepasar los índices de rentabilidad de los productores americanos, si no se tienen en cuenta los subsidios a la producción y exportación que aplica el gobierno los Estados Unidos.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional. Magister en Desarrollo Local y Regional, UPB.

En la política se entiende por gobernabilidad la capacidad del Estado y de sus entidades para atender y tramitar las demandas ciudadanas con eficiencia, transparencia y legitimidad. La capacidad de gobierno no es sólo técnica, aunque naturalmente se requiere de solvencia conceptual e instrumental para saber cómo hacer aquello que se considera conveniente, la capacidad es principalmente política, porque se basa en la opción de concertar intereses diversos, aún encontrados, en torno a un proyecto común. En una Universidad, es claro que el proceso de gobierno es sumamente complejo, pues se requiere la búsqueda de una unidad utópica de los diferentes grupos que configuran la estructura de poder de una Universidad Pública. La Constitución Colombiana y la Ley 30 de 1992 trazaron los lineamientos sobre los cuales la autonomía universitaria debe materializarse. Al igual que en otras universidades o en cualquier organización, en una universidad subsisten diferentes grupos de poder, fieles a una conjunción de intereses de grupo, necesarios para el ejercicio normal de las funciones de la organización, y con el derecho legítimo de tener cada uno de ellos una participación en las decisiones. En teoría el modelo funciona. Los grupos de poder utilizan los canales de participación diseñados para permitir la expresión, la discusión y la búsqueda de consensos. El Consejo Superior Universitario es una autoridad colegiada que precisa los lineamientos generales y las políticas, sobre la cual la universidad responde la demanda social de formar profesionales, construir conocimiento y proyectar el conocimiento materializado en soluciones acordes a los problemas sentidos de la sociedad regional. En el Consejo Superior de Unillanos confluyen: los estudiantes, los profesores, los ex-rectores, el sector productivo, los egresados, las autoridades académicas, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, cada uno con un representante. Independientemente de entrar en detalles respecto a las características de cada representación, es pertinente señalar que una universidad requiere de cierto equilibrio político para lograr avanzar cualitativamente y cuantitativamente en el cumplimiento de los objetivos esenciales. La rectoría es una institución ejecutora que vela por la eficiente administración de los recursos y la correcta combinación de factores institucionales y administrativos bajo los cuales se manifiesta cierta gobernabilidad para materializar un proyecto trazado e identificado plasmado en un plan de gobierno. El problema de la gobernabilidad es que ante la confluencia de actores e intereses no hay otra opción que optar por construir un proceso de gobernabilidad a partir del dialogo sincero y productivo, haciendo a un lado los intereses personales. Existen aspectos de aceptación colectiva relacionados con el funcionamiento inherente al papel de la universidad en el cumplimiento de sus funciones misionales, lo cual debe ser el punto de partida. El problema es saber interpretar la voluntad colectiva en un ambiente altamente diverso en opiniones, corrientes ideológicas e intereses de grupo. Es este aspecto, ejercer la gobernabilidad universitaria requiere tener capacidad de mediar y conciliar bajo un determinante programático claramente definido y reconocido por todos los grupos de poder. Es aquí en donde el proceso de planificación universitaria adquiere una dimensión importante. Cuanto más esté identificado este norte en la acción institucional y cuanto más sea una expresión legítima compartida por los diferentes estamentos y grupos de poder, más posibilidad tiene la universidad de encontrar un devenir institucional sin tropiezos y lograr un desarrollo armónico. Por el contrario, si no existe un acuerdo sobre el futuro institucional de la universidad y un proyecto definido en el corto y largo plazo, es posible que ese equilibrio se pierda y se trate de imponer un norte inconsulto y favorable a los intereses de un grupo de poder. En una universidad, por la multiplicidad de actores se observan todo tipo de posiciones. No faltan las expresiones anárquicas y el antagonismo porque sí, solamente para boicotear un simple ejercicio participativo o las posiciones románticas dignas de un llanero solitario que quiere reinvindicar las masas incomprendidas, como también las voces coherentes y conciliadoras de diversos actores, muchas veces ignoradas. En este proceso de confrontación improductiva surgen las estrategias poco ortodoxas, fruto de la radicalización de las posiciones, en donde la oposición recibe una respuesta calibradamente represiva de los grupos que ostentan el poder. Lamentablemente este juego ha caracterizado parte de la historia de la universidad pública. Los grupos de poder se rotan y trabajan bajo su propio norte, muchas veces de una manera arbitraria frente a los demás y devolviendo atenciones en un afán de desquite que utiliza las estructuras administrativas y académicas de la universidad. Este escenario indeseable lleva a la división interna de los estamentos, la fragmentación de voluntades y la pérdida del sentido y esencia misma de la universidad. Se entiende que la universidad por su misma naturaleza no admite posiciones radicales múltiples y en abierta confrontación, puesto que su estructura de poder es fragmentada y disonante. Este tipo de posiciones lleva a conflictos insalvables que afectan de manera peligrosa su estabilidad y funcionamiento normal. Cabe anotar que este tipo de problemáticas no afectan únicamente a Unillanos, en algún momento ha estado presente en la historia de todas las universidades públicas. Podemos ver como ejemplos hoy en día los afanes reformistas en la Universidad Nacional o el proceso de reestructuración y reconstrucción institucional que tuvo que asumir la Universidad del Valle después de su crisis institucional agudizada por los problemas financieros.

Existen condiciones mínimas que apuntan al mejoramiento de las funciones misionales que necesariamente deben ser acogidas por todos los estamentos. De alguna manera el proceso de aseguramiento de la calidad, tutelado en parte por el gobierno nacional ha permitido blindar algunos procesos académicos, los cuales han adquirido cierta independencia frente a los juegos de poder. Es un hecho positivo contar con resultados palpables en el campo académico, demostrando que es posible desarrollar procesos con el apoyo de todos los estamentos. La idea no es acabar con la bondad del principio dialéctico y descartar de plano la confrontación ideológica, sino aceptar y permitir que la universidad se alimente del mismo debate constructivo en el marco de unas condiciones elementales que deben ser acordadas y reconocidas. La pugna del poder puede dar origen a la construcción colectiva si se respetan los canales legítimos y se trabaja de manera proactiva en la búsqueda de soluciones. Todos los actores de la realidad universitaria tienen la obligación de responder al reto que demanda su papel. Los que eligen sus representantes, los que representan a cada estamento y los que tienen la oportunidad de administrar.

Manuel Javier Fierro Patiño.
MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Regional.

El raponazo desmembrador de Panamá podría ser un simple rasguño frente al tamaño del despojo de la biodiversidad que se avecina, una vez se suscriba el tratado de libre comercio “TLC” con Estados Unidos. Si los antecedentes se repiten, de acuerdo con los tratados suscritos con otros países (Chile y Centroamérica), empresas de EEUU estarían en plena libertad de explotar la biodiversidad, patentar plantas, animales, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos con tal facilidad, que no sería nada raro ver a una comunidad indígena o empresa nacional sancionada, multada y conminada a indemnizar a una multinacional farmacéutica dueña de la patente, por el uso de yopo, la pusana, el kararudú o el chundú, entre otras preparaciones mágico medicinales; patentadas por algún gringo avivato, fruto de la investigación foránea en alguna comunidad indígena de nuestra región. Las consecuencias solo se verán en el futuro y ante esto es conveniente llamar la atención. Según afirmaciones de la comisión negociadora colombiana, conocidas en los medios de comunicación, la posición es defender el conocimiento tradicional, sin embargo, se menciona que dicho conocimiento podría igualmente ser protegido a través del sistema de patentes y derechos de propiedad intelectual. Sendo error. El sistema mencionado funciona bajo la lógica occidental y requiere de un sistematizado procedimiento científico. El conocimiento tradicional de nuestras comunidades indígenas tiene otra lógica, su transmisión no es escrita, es oral y se construye a través del tiempo. Además, tiene características sagradas y solamente puede ser utilizado por quien está preparado para ello, el Chamán, Curaca o Payé, según cada pueblo indígena. Sería difícil ver a un médico indígena tramitando una patente, recibiendo un Nobel de medicina o citando un artículo científico en una revista médica. La protección de este conocimiento es natural, simplemente es diferente y no puede ser patentado. Ojo colombianos, una vez despertamos sin Panamá, un día de estos despertamos sin biodiversidad.

Panorámica de Orocue

Publicado: febrero 2, 2006 en Uncategorized

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Parece ser que el presente periodo de gobierno de alcaldes y gobernadores de la Orinoquia está caracterizado por los constantes problemas de gobernabilidad. La población que manifestó en las urnas su querer popular se siente ahora defraudada frente a la avalancha de suspensiones, procesos, destituciones y escándalos a los que nos hemos visto habituados en los últimos meses. Entre los más importantes casos tenemos: los problemas legales de los gobernadores de Vichada y Guainía, y la destitución de los gobernadores de Casanare y Meta, por no dejar de mencionar los escándalos en las Alcaldías de Villavicencio y Cumaribo. Lo que realmente debe importarnos es la poca gobernabilidad y la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas de la región, que han cambiado las ideas y propuestas por las estrategias de confrontación y competencia por el poder, en donde los instrumentos son de todo tipo, desde el chisme común, las promesas manipuladoras, las demandas infundadas y la coerción violenta. La política está plagada por un clientelismo aberrante, el cual se esta constituyendo como el único medio para que el ciudadano común acceda a los beneficios del Estado. El voto está condicionado para lograr un puesto, un contratito, tener una casita, participar en una rifa o simplemente disfrutar de un almuerzo o un buen concierto. Otro aspecto preocupante es el abanico de partidos y movimientos sin norte definido o ideología clara, la complejidad del sistema electoral y la poca información que se brinda a la ciudadanía para hacer uso del derecho a elegir libremente. La población se ve sujeta a lo que les digan los políticos y se ve simplemente abocada a obedecer las instrucciones de los mal llamados “líderes” por simple desconocimiento o promesas vagas. Es necesario que los ciudadanos tengan una mejor y mayor información, que se realicen foros y debates sobre las ideas y propuestas de cada partido o candidato. También, es hora de hacer un alto y fortalecer la cultura política desde la educación y la formación de valores en el seno familiar. Los ciudadanos deben tener la decisión lúcida y deliberada de definir su futuro.