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La noticia sobre la disminución de la inversión en actividades de ciencia y tecnología e innovación “ACTI”, específicamente en la reducción de 125.000 millones de Colciencias, es un síntoma más del creciente desinterés histórico que afecta considerar a la ciencia, tecnología e innovación como pilar de desarrollo nacional.  Las tasas anuales de inversión en este sector han sido históricamente bajas en Colombia, según el informe nacional de competitividad del Consejo Privado de Competitividad la inversión en ACTI pasó de 0,35% en 2003 a 0,45% en 2012, mientras en América Latina creció a una tasa casi tres veces mayor. Entre tanto, la inversión en I+D pasó de 0,14% a 0,17% en el mismo periodo. Si esta cifra se compara con la inversión que hacen países como Corea, EEUU, Suecia, Finlandia, que superan el 2% del PIB en inversión ACTI, pues las conclusiones aparecen a primera vista.

La conclusión más evidente es que la ciencia y tecnología no es una prioridad en un país que privilegia un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas, con mínima transformación de materias primas y con una estructura industrial que lucha por subsistir en medio de un clima poco amigable.  Debería ser lo contrario, puesto que los recursos naturales no son infinitos y la posibilidad de subsistir después de las bonanzas tiene que ver mucho con la capacidad instalada en ciencia tecnología e innovación “CT+i”, el conocimiento científico pertinente y el talento humano que se cuente cuando la época de vacas gordas termine.

La reforma del régimen de regalías trajo una esperanza, cuando se dijo que el 10% de estos recursos se destinaban al sector. Pero la historia ha sido otra, los recursos no se ven y su impacto se diluye en sistemas de ejecución centralizada y burocrática, donde los más indicados y los que tienen el conocimiento sobre las prioridades no participan. Los recursos aparecen orientados por las gobernaciones, con muy poca participación de los centros de investigación y las Universidades.  Para el gobierno poner la locomotora de la innovación se reduce a fortalecer el SENA, reemplazar recursos del nivel central con recursos de regalías y aumentar las trabas para la inversión de los recursos.

Lo que se esperaba es que los recursos de regalías serían adicionales a la inversión ínfima que tradicionalmente realizaba Colciencias, pero ahora se advierte la verdadera intención. Los recursos se le quitan a las regiones para invertir en el centro del país.  La centralización del sistema nacional de ciencia y tecnología es abrumador. Aproximadamente el 90% de las ACTI se realizan en cuatro centros, Bogotá, Medellín, Cali y Eje cafetero-Santander.  El recorte de los recursos de Colciencias se sustenta, según el DNP en la nueva inversión que surge de la reforma de regalías.

En el informe de Políticas de I+D en Asia, realizado por la casa Asia (Japón, India, China y Corea del Sur) concluye que los avances en ACTI de estos países se deben a una estrategia de descentralización, creación de capacidades en las regiones, priorización de áreas estratégicas y la introducción de procedimientos de gestión eficiencia y evaluación de resultados.  Cabe anotar que gran parte del éxito radica también en una cultura de la disciplina y compromiso colectivo. Como podemos ver, la perspectiva que nos queda no es nada halagadora.

Colombia se caracteriza hoy en día por su modelo extractivo, la centralización de las ACTI, la ausencia de prioridades y una torpe y anquilosada red burocrática en la ejecución de los pocos recursos de ciencia tecnología e innovación.

Si la intención fuese poner a funcionar la relegada locomotora de innovación la voluntad política seria evidente. Mientras tanto, las universidades sufren por recursos para investigación, los centros de investigación y desarrollo tecnológico disminuyen, el talento humano emigra donde se ofrecen verdaderas oportunidades y las empresas navegan en un contexto incierto donde tienen que competir con la economía que enfatiza las actividades minero- energéticas que de por si provocan cambios en el mercado laboral y  elevan los precios deprimiendo las demás actividades.

La alternativa sería la implementación de una política de consolidación de capacidades de CT+i en las regiones, la ampliación y creación de nuevas capacidades a partir de la formación avanzada, el mejoramiento de la infraestructura investigativa en las universidades, la vinculación de una estrategia de emprendimiento de base tecnológica que nazca desde los niveles básicos del sistema educativo, se desarrolle en la formación técnica y se profundice y potencie en el sistema de educación superior.  Igualmente, crear instrumentos e incentivos apropiados y operativos para la innovación empresarial, promover actividades de transformación de materias primas e identificar y potenciar decididamente áreas estratégicas de alto valor.

Lamentablemente, estas posibilidades desaparecen si subsiste el andamiaje burocrático que lentifica y entorpece cualquier programa o proyecto. En Colombia, los recursos de CT+i los define el DNP, los ajusta el congreso, lo ejecuta Colciencias y las gobernaciones y los añoran y miran pasar las universidades y los investigadores, que más puede esperarse.

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Luego de participar en la feria agropecuaria y agroindustrial AGROBRASILIA en el Distrito Federal de Brasilia entre el 14 y el 18 de mayo de 2013, la delegación de la Universidad de los Llanos está convencida de la oportunidad de lograr
acuerdos de cooperación con las universidades del área del cerrado brasilero,
una región con condiciones de suelo similares a las encontradas en la
altillanura colombiana.   La razón principal no es copiar el modelo, se trata de tomar elementos tecnológicos, institucionales y organizativos que pueden ser útiles para adaptar en nuestra región.

Conocer la historia del desarrollo del cerrado brasilero es muy importante para Colombia, ya que esta experiencia de desarrollo agrario ha sido tomada como referente principal por el Gobierno y grandes empresarios colombianos. Se trata de un modelo de agricultura comercial a gran escala, con un alto ingrediente tecnológico, alta inversión de capital, grandes extensiones de tierra, con una eficiente maximización de recursos suelo, agua, planta; orientado principalmente a la exportación de materias primas, soya, maíz y sus subproductos.  La validez de contemplar este modelo radica en la probada capacidad de llevar a este país suramericano a ser la una potencia agrícola mundial en pocos años.  No obstante, las magníficas cifras de producción, expertos de este país concluyen que el éxito del modelo ha tenido algunos efectos ambientales y sociales poco deseados, pues en palabras de Eliseo Alves, uno de los arquitectos de este milagro productivo, la sostenibilidad económica es más fácil de lograr, que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Estos dos últimos aspectos son foco de atención científica de Brasil en este momento, para tratar mantener las altas tasas de producción y garantizar en el tiempo, el posicionamiento global alcanzado.

Vale la pena mencionar que este proceso agrario se nutre de una secuencia de antecedentes, principalmente, decisiones de Estado que comenzaron por la misma creación de Brasilia, una capital totalmente planificada y hecha para ser una maravilla mundial, por su concepción urbanística.  Pero lo más importante fue la decisión de fortalecer el capital humano. El secreto de la evolución brasilera en el campo agrícola desde la década de los 60, fue la formación de alto nivel de más de 3.500 científicos de Embrapa, la empresa brasilera de investigación agropecuaria,  los cuales fueron enviados a las mejores universidades del mundo, para luego regresar y enfocarse en solucionar los problemas locales. En ese momento Brasil estaba sufriendo una grave crisis económica debido a la agobiante deuda externa y el desabastecimiento de alimentos. 

Cabe anotar que el modelo de educación superior de Brasil es diferente al colombiano, actualmente, la educación pública en Brasil tiene un papel primordial y un decidido apoyo financiero del Estado. Unido a este desarrollo educativo, Brasil invirtió una gran cantidad de recursos en infraestructura de transporte, infraestructura productiva, riego, desarrollo urbano, crédito de fomento productivo e estímulos financieros para producción, almacenaje,  comercialización y exportación. Además de lograr construir socialmente un modelo cooperativo de producción y comercialización. 

Estas decisiones permitieron la transferencia tecnológica en el sector agropecuario y aumentó considerablemente la producción científica brasilera, especialmente la orientada al manejo del suelo, sistemas de riego, maquinaria agrícola, obtención de variedades, biotecnología y procesos industriales avanzados, lo cual trascendió a  otros sectores sociales y económicos.

Una de las gratas sorpresas con las que se encontró la visita de la delegación de la Universidad de los Llanos fue la importancia que ha cobrado en Brasil, el tema de la agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, los sistemas de trazabilidad, la agricultura ecológica y la organización cooperativa de pequeños y medianos productores.  Sin duda son los asuntos que llaman la atención de la Universidad de los Llanos, pues en nuestro país, por estar en los estados iniciales del boom agroindustrial no se han tomado muy en serio estas líneas de investigación.

Para la delegación de la Universidad de los Llanos resultó muy interesante conocer estos temas y puede decirse que es una razón más para aprender de la experiencia brasilera.  Contrario a lo que pasa en nuestro país, las universidades brasileras, por decisión gubernamental son incluidas dentro del modelo de desarrollo agrario y cuentan con convenios que garantizan la trasferencia interna de los resultados de Empraba y las demás instituciones de investigación.  Por esta razón, establecer convenios de cooperación es un primer paso para desarrollar una agenda conjunta de investigación e intercambio académico.  Un ingrediente necesario radica en mejorar y aumentar  el intercambio de conocimiento entre Embrapa – Corpoica – Unillanos.  Ya que Corpoica cuenta actualmente con un convenio marco de cooperación que incluye recursos importantes de Colombia y Brasil.

El otro proceso simultáneo es que Unillanos adelante convenios con las universidades de Brasil, especialmente las localizadas en el área del cerrado brasilero. En esta oportunidad se logró un contacto especial con las Universidades de Sete Lagoas UNIFEMM y la Universidad de Brasilia.  Estos contactos fueron acompañados por la delegación de la Gobernación del Meta y por la Embajada de Colombia en Brasil. Los temas seleccionados por ahora son:

Con la Universidad de Sete Lagoas (universidad privada):

  • Modelos de Agricultura Familiar y Agricultura ecológica
  • Asociatividad  y cooperativismo en la organización de la producción y la comercialización agropecuaria
  • Estudios para introducción de nuevos programas académicos de áreas sociales, ingenierías y refuerzo de la investigación en economía rural y desarrollo local
  • Modelos de articulación pequeños- medianos – grandes empresarios en la producción de cultivos de gran escala.
  • Transferencia de tecnología en buenas prácticas de producción para un buen manejo ambiental
  • Cooperación en intercambio de estudiantes de pregrado y de profesores para reforzar programas posgrado en la Universidad de los Llanos.

 

Con la Universidad de Brasilia (Universidad Pública):

Profundizar el uso de tecnologías en el campo de la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

  • Mecanismos de extensión y transferencia de tecnología que se pueden implementar con pequeños y medianos productores
  • Funcionamiento mecanismos de trasferencia de resultados de investigación, gestión de centros de desarrollo tecnológico agroindustrial y los parques tecnológicos para la difusión y aplicación de nuevas de tecnologías
  • Cooperación en intercambio de estudiantes y profesores para reforzar programas de pregrado y posgrado.
  • Promover la participación en las convocatorias nacionales y binacionales que permiten la formación de estudiantes colombianos en pregrado, Maestrías y Doctorados.

 

La idea es que se priorice una agenda con metas en el corto, mediano y largo plazo y que esta tenga un acompañamiento y apoyo del gobierno nacional y especialmente de la Gobernación del Meta, que está muy interesada en este proceso. Es importante avanzar en convenios con otras universidades brasileras y establecer un fuerte nexo científico que garantice resultados concretos.  Es importante abordar contactos con las Universidades federales de: LAVRAS, VIÇOSA, MINAS GERAIS, GOIANIA y TOCANTINS que se concentran en el cerrado brasilero y que comparten en parte la misión de Unillanos en sus áreas de influencia.

Antes de avanzar y tomar la iniciativa es necesario resaltar que este proceso requiere de apoyo estatal y que no hay que olvidar que el pilar fundamental del desarrollo agrario brasilero fue el fortalecimiento a gran escala del capital humano nativo.   En este aspecto es importante aunar esfuerzos y que iniciativas gubernamentales como el Fondo de Educación Superior del Meta sean fortalecidos financieramente y garantizar que por lo menos 150 profesionales llaneros sean formados de manera inmediata a nivel de maestría y doctorados en las áreas estratégicas para nuestra región como son: producción agrícola especializada, agroindustria, agricultura orgánica y agricultura familiar, ganadería sostenible, manejo de suelos, sistemas de riego, gestión ambiental sostenible, biotecnología, nanotecnología, automatización agrícola, ingeniería química, ingeniería genética, procesos industriales, economía agraria, desarrollo regional, desarrollo rural y antropología. Es importante la articulación entre la investigación básica e investigación aplicada, la creación de empresas de base tecnológica y la gestión de sistemas de innovación.  La región tiene que aprovechar que el tema de ciencia y tecnología cuenta con posibilidades en la canalización de recursos de regalías y que además se cuenta con un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.   Los departamentos del Meta y Vichada pueden conjugar esfuerzos y desarrollar una estrategia conjunta.

La Universidad de los Llanos en un esfuerzo regional puede concretar acciones en el mediano plazo, pues los procesos de formación y de desarrollo tecnológico no maduran de la noche a la mañana. En este caso, es clave la voluntad gubernamental y la decisión de apostar a una visión de futuro colectiva que se construya bajo la premisa de la articulación de la academia, la empresa y el Estado.

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables.

El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Manuel Javier Fierro PatiñoMVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

https://javierfierro.wordpress.com 

Lo primero que cualquier persona conoce de la región del Ariari en el Departamento del Meta, es que es una zona de enormes perspectivas económicas gracias a sus buenas tierras. Pero además, que es un territorio caracterizado por su particular geografía social y económica, con zonas consolidadas de economía campesina, asentamientos dispersos, poca presencia del Estado y un especial sentido de colectividad que marca procesos de asociación y desarrollo comunitario. No es gratuito que en la zona nazcan procesos tan importantes como el de la Asociación de Municipios del Alto Ariari y que sea actualmente foco de intervención de la Unión Europea mediante el III Laboratorio de Paz.  

Es un área de producción agropecuaria, en especial de hortalizas, frutas, ganadería y cultivos de peces. La actividad ganadera es de doble propósito, pero también es común la ganadería extensiva en sabanas. También se presenta la explotación de recursos maderables.  Las vegas son importantes para cultivos de arroz, soya, sorgo, yuca y plátano.  Granada se destaca como eje comercial y de servicios de la subregión del suroccidente metense. Es una ciudad marcadamente agropecuaria. La impresión se confirma con la vista de camiones llenos de alimentos, abonos, maquinaria y camperos dispuestos a recorrer las trochas y caminos veredales.  Lamentablemente, también es la zona del Meta en donde se han registrado históricamente los mayores problemas de orden público y nutrida presencia de cultivos ilícitos.

La colonización masiva del río Ariari comenzó desde la década del 50, con el asentamiento de colonos andinos, que buscaban nuevas oportunidades y resguardarse de la violencia política. También hubo intentos de colonización dirigida por parte de la antigua Caja Agraria. Posteriormente, en 1964, intervino el desmontado Incora. Luego avanzaron los colonos con producción de maíz, cacao, yuca, plátano, arroz, sorgo, algodón y pastos para programas ganaderos.  Es una tierra que atrae y brinda oportunidades.  El territorio que engloba la cuenca de Ariari surte de alimentos a Villavicencio y Bogotá, convirtiéndose en el principal circuito agroalimentario del oriente colombiano. La característica principal es la preponderancia de pequeños productores que canalizan un 95% de la mano de obra empleada en la zona rural y son responsables del 84% de los ingresos producidos en la región. 

De acuerdo con la Central de Abastos de Bogotá, desde hace unos tres años se viene dando un descenso en la oferta de alimentos del Llano, pues del 11%, a finales de la década del 90, ahora se oferta el 5%. Es así como, un reporte de la Secretaría de Agricultura del Meta señala que 12.000 hectáreas de arroz fueron reemplazadas por cultivos de palma o caucho, la enfermedad del moco mermó unas 6.000 hectáreas de plátano en el Ariari y, los precios internacionales de la soya la están afectando. Además, el auge de la agroenergía que está utilizando cultivos de maíz, yuca y caña para producir biocombustibles, ha generado que se priorice la producción con fines industriales, descuidando la oferta de alimentos[1].  Estos cambios en la estructura productiva del sector rural del Meta pueden ocasionar efectos sociales y económicos que influyen directamente en el empleo e ingresos de la población. Igualmente, pueden ocasionar mayor concentración de la tierra y exportación bruta de capital. Hablando en términos castizos, los grandes cultivos comerciales pueden generar empleo y dinámicas económicas interesantes que podrían ser aprovechadas por la población local, pero es muy posible que las utilidades y el empleo no reemplacen (en calidad) al generado actualmente en la región, con el agravante de la relación directa que existe entre las unidades campesinas actuales, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de Villavicencio y Bogotá.  Además, el empleo generado por la agroenergía se canaliza principalmente hacia actividades culturales y recolectoras que resultan en baja remuneración, sin activar encadenamientos industriales en la zona.   Dentro del modelo productivo de gran escala, las unidades campesinas resultan ineficientes y poco competitivas. El modelo actual promovido desde las instancias gubernamentales encamina al Meta hacia la desaparición de su papel proveedor de alimentos y fortalece su rol como territorio productor de energía y enclave productor de materias primas para procesamiento industrial, realizado principalmente fuera de la región. 

Una salida estratégica consiste en hacer de la zona del Ariari un Distrito Agroalimentario que garantice la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la red de ciudades del piedemonte, Villavicencio y Bogotá.  Con seguridad es una iniciativa que puede generar mayor impacto económico, utilizando estrategias de asociatividad, que bien han funcionado en la zona y utilizando capital humano regional.  La idea no es cerrar el paso a iniciativas comerciales de gran escala, es tratar de humanizar el campo y generar oportunidades para toda la población, sin dejar de ser competitivos. Inclusive, simultáneamente se podrían desarrollar proyectos exitosos de producción social a gran escala con cultivos de palma y caucho, tal como se ha demostrado en otras regiones del país.  El Meta no puede echar la borda el mercado capitalino y mucho menos propiciar el desabastecimiento alimenticio, lo cual traería como consecuencia un alza en el precio de los alimentos que afecta principalmente  a la población de menores ingresos. El distrito agroalimentario sería administrado por una central de control que organizaría una red de productores integrados en clústeres[2] que optimizarían cada uno  de los eslabones de la cadena, permitiendo generación de valor y disminución de costos. Se trata de constituir una eficiencia colectiva que genere desarrollo y equidad social y garantice la sostenibilidad de la economía metense en el largo plazo.  En este sistema, con apoyo público-privado, se integrarán grandes y pequeños productores, propiciando aprendizaje y flujo constante de conocimiento pertinente para desarrollar procesos de desarrollo tecnológico e innovación que posicionen nuestra producción de alimentos en el nivel nacional e internacional.


[1] Banco de la República. Boletín Económico Regional. Región Suroriente.2007.

[2] Agrupamietos de productores que desarrollan actividades relacionadas dentro de un mismo sector. Por ejemplo, los productores de concentrados, con los ganaderos, los comercializadores de carne, lácteos y subproductos como el cuero. La idea es aprovechar todo el ciclo productivo y generar valor agregado en la región. Igual se aplica para la cadena hortofrutícola y piscicultura.

El Comité Universidad – Empresa – Estado se conformó de manera autónoma y espontánea, sin decreto ni lanzamiento gubernamental, como una instancia propia y un espacio amplio de discusión, reflexión y propuesta, respecto a la articulación de los actores mencionados. Valieron discusiones internas dentro del Consejo Regional de Empleo y el PNUD con el programa Redes, para que el día 11 de septiembre de 2006, en la sala de juntas del Consejo Superior Universitario de Unillanos se gestara el primer grupo dinamizador conformado por profesores, directivos, investigadores de las Universidades Uniminuto, Unimeta, U. Cooperativa, UNAD, ESAP, UAN y Unillanos. Igualmente, participaron funcionarios de la Gobernación del Meta, Cámara de Comercio, ONGs, empresarios y miembros de AGAMETA, AVIMETA y el Comité Intergremial del Meta. Luego de unas 5 reuniones, se fue consolidando el Comité UEE, se vincularon otros miembros y se empezaron a plantear algunas propuestas.

La discusión de fondo siempre fue dilucidar el papel de los actores de la triada, en la materialización de una estrategia de desarrollo regional que recogiera los ejercicios anteriores de planificación, reorientara un proceso social de apropiación de la ciencia y tecnología, y que ofreciera resultados palpables a través de alianzas que llevaran a procesos locales de innovación y competitividad.  En el transcurso de la discusión y la rotación de los sitios de reunión en cada una de las universidades miembros, se llegó a un punto de acuerdo sobre la primera iniciativa jalonada desde el Comité UEE. El requerimiento de contar con información precisa sobre el conocimiento generado y propagado en la región y el análisis detallado de las necesidades de los sectores productivo y social, fue el detonante que dio origen al primer proyecto. Se necesita como primera medida, para generar un proceso serio y coherente, sentar las bases para la articulación; pues es claro, si los actores no conocen la oferta y demanda actual de conocimiento, no podrán encontrar puntos de confluencia y trabajo conjunto.  Por esta razón, nace el “Mapa de Conocimiento” como insumo necesario para identificar proyectos y alianzas entre Universidades, Empresas y Estado. 

Gracias al apoyo económico de la Universidad de los Llanos y la Gobernación del Meta.  Se hizo una aproximación seria sobre la oferta de conocimiento de Unillanos (tesis, investigaciones, ponencias, libros) en los últimos 10 años y se analizó la demanda global de conocimiento del tejido empresarial y organizaciones del Meta.  Es un proyecto que demandó el esfuerzo intenso de un equipo base conformado con apenas 4 profesionales, con pocos recursos, pero apoyado por cerca de 10 profesores de las diferentes universidades, 35 estudiantes de Unillanos y un grupo selecto de expertos.  Hoy se tiene una idea clara de las posibilidades de articulación y esperamos con gran expectativa la continuación del apoyo y la vinculación de nuevos aportantes para desarrollar una segunda fase que resulte en la concreción de múltiples alianzas Universidad-Empresa.

Procesos de este tipo deben ser apoyados por los gobiernos locales, universidades, los gremios y empresarios, pues permiten evolucionar con pie firme hacia el real aprovechamiento de nuestras potencialidades.

Se advierte un quiebre en las tendencias que plantea la geopolítica en el planeta.  El cambio que lleva a las mayorías demócratas al poder en Estados Unidos, incide directamente en la vida de los países que se encuentran dentro de su órbita.  Al gobierno Bush le llega la época gris de confrontar sus metas y sus logros en un escenario poco amigable. Más aun cuando ha sido un mandato cuestionado y polémico, en razón a sus políticas de intervención, una doctrina de seguridad que da vía libre a ataques preventivos y la torpeza en las decisiones, incluso en atención de desastres y política doméstica.

La agudización de los conflictos globales, el incremento de la amenaza terrorista, la radicalización de la violencia étnica –religiosa puede atribuírsele en parte a la impericia del gobierno Bush y su Secretaria de Estado. Es posible que en los próximos años se desarrolle un cambio en las políticas globales. Este cambio llevaría a privilegiar estrategias disuasivas y conciliadoras frente a los conflictos, mayor inteligencia y coordinación mundial para la amenaza terrorista y un cambio de actitud respecto al problema climático. Lo más seguro es que el próximo presidente de EEUU sea una demócrata y esto ayude agilizar los cambios en la agenda del país del norte.

En Colombia se empiezan a sentir los efectos de este cambio de dirección. Los demócratas, tradicionalmente exigentes con el cumplimiento de los derechos humanos y promulgadores de un papel protagónico del país del norte como promotor de la paz mundial, miran con recelo el Plan Colombia, las asimetrías del TLC en asuntos laborales y ambientales y sobretodo la violencia, vista desde el exterior, durante el gobierno Uribe; violencia que no se puede esconder y que se relaciona vivamente con el poder alcanzado por los grupos al margen de la ley al permear las estructuras del Estado; los abusos de la fuerza pública, los asesinatos de sindicalistas, los falsos positivos, los casos de corrupción en el seno del gobierno, la interceptación de comunicaciones a los miembros de la oposición, periodistas y desmovilizados; la reciente propuesta de excarcelación de para-políticos y la confusión que ronda luego de la excarcelación de guerrilleros; hechos que en Colombia apenas levantan ampolla, pero que en el resto del mundo son considerados actos gravísimos que solo pasan en regímenes en donde los valores democráticos están heridos de muerte. 

 Todos estos síntomas son leídos por los países extranjeros y marcan una tendencia a la internacionalización del conflicto colombiano. Las gestiones del presidente de Francia, la declaración del G8, las inquietudes de los países latinoamericanos y la necesidad de diversificar las relaciones internacionales y buscar nuevos socios en el mundo, llevarían a un mayor compromiso internacional, lo que a la larga puede ser un arma de doble filo. Podría ser un hecho que abra las puertas a una solución definitiva o un ingrediente más para dilatar el proceso que lleve a la paz soñada. No único claro, es que esta crisis institucional nos llevará a nuevas reflexiones y posiblemente a un cambio de actitud del ciudadano común frente al conflicto colombiano.  No hay mal que por bien no venga.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional. Cónsultor independiente, profesor universitario. Universidad de los Llanos

El Departamento del Meta avanza en una dinámica económica de amplias perspectivas. No obstante, es necesario evaluar con prudencia los efectos económicos y sociales que se avecinan. Por ejemplo, los proyectos para la producción de etanol con cultivos de yuca y caña de azúcar. Petrotesting adelanta un proyecto de alcohol carburante a base de yuca, con 400 hectáreas sembradas para producir inicialmente 20 mil litros diarios de alcohol. Bioenergy, empezará a producir 250 mil litros de etanol en una planta destiladora de US$50 millones, teniendo como base mínimo 120.000 hectáreas de caña de azúcar.  Respecto a la palma, existen 95.000 hectáreas en los llanos, listas para la producción de biodiesel. El maíz es otro cultivo que está en su agosto por la demanda en el mercado mundial, principalmente por su utilización en la producción de etanol en EEUU.  A esto sumémosle, la bonanza petrolera, con el aumento de la producción de crudos pesados y los buenos precios internacionales, lo que pronto nos llevará al primer lugar en Colombia. Esto significa un aumento de las regalías y por consiguiente recursos disponibles para inversión social. Además, el consumo de los hogares está por el cielo. El turismo, las colocaciones y la cartera de los bancos han crecido a un ritmo abrumador. Pero ahí no paran las noticias. Hay planes para la construcción aproximadamente de 20.000 viviendas, entre casas y apartamentos que se construirán en un lapso de 3 años. La inversión, especialmente en vivienda de estratos altos, podría estar cerca de los 800 mil millones de pesos. 

                            

Todo esto marca un panorama alentador, pero también un reto importante para las políticas públicas.  Es clave responder con inversiones estratégicas, rigurosamente planificadas para lograr enrumbar la economía de manera sostenible. Así mismo, es relevante estar al tanto de los desequilibrios sociales y el rezago de la infraestructura rural y urbana.  Hay que ponerle freno al alza de los alimentos, especialmente la carne, los lácteos, la harina de maíz y la panela, precios que se han afectado por el aumento de la demanda nacional e internacional.  Las bonanzas causan desequilibrios que afectan a los hogares más pobres, hecho que debe contar con la debida atención de los gobiernos nacionales, regionales y locales.  

Es muy importante la inversión en infraestructura física, pero, la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales en los campos que requiere el sector productivo no da espera. La inversión en ciencia y tecnología debe ser muy superior a las tasas observadas hasta el momento. Si no tenemos conocimiento y capital humano, simplemente ciencia, empresas y recurso humano llegarán de otras partes. Los pequeños productores y comerciantes tendrán que hacer un gran esfuerzo en asociarse, capacitarse y trabajar en equipo.  Todo apunta a que el apoyo público debe ser protagonista para generar equidad social y permitir que las utilidades generadas por las bonanzas toquen efectivamente a la gente de la región.  Esto requiere de un trabajo mancomunado entre los gobiernos, instituciones educativas, la academia y el esfuerzo propio de los afectados.  Igualmente, vale la pena insistir, que si no contamos con gobernantes competentes y honestos, podemos echar por la borda este momento crucial en la historia regional. 

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional