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La noticia sobre la disminución de la inversión en actividades de ciencia y tecnología e innovación “ACTI”, específicamente en la reducción de 125.000 millones de Colciencias, es un síntoma más del creciente desinterés histórico que afecta considerar a la ciencia, tecnología e innovación como pilar de desarrollo nacional.  Las tasas anuales de inversión en este sector han sido históricamente bajas en Colombia, según el informe nacional de competitividad del Consejo Privado de Competitividad la inversión en ACTI pasó de 0,35% en 2003 a 0,45% en 2012, mientras en América Latina creció a una tasa casi tres veces mayor. Entre tanto, la inversión en I+D pasó de 0,14% a 0,17% en el mismo periodo. Si esta cifra se compara con la inversión que hacen países como Corea, EEUU, Suecia, Finlandia, que superan el 2% del PIB en inversión ACTI, pues las conclusiones aparecen a primera vista.

La conclusión más evidente es que la ciencia y tecnología no es una prioridad en un país que privilegia un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas, con mínima transformación de materias primas y con una estructura industrial que lucha por subsistir en medio de un clima poco amigable.  Debería ser lo contrario, puesto que los recursos naturales no son infinitos y la posibilidad de subsistir después de las bonanzas tiene que ver mucho con la capacidad instalada en ciencia tecnología e innovación “CT+i”, el conocimiento científico pertinente y el talento humano que se cuente cuando la época de vacas gordas termine.

La reforma del régimen de regalías trajo una esperanza, cuando se dijo que el 10% de estos recursos se destinaban al sector. Pero la historia ha sido otra, los recursos no se ven y su impacto se diluye en sistemas de ejecución centralizada y burocrática, donde los más indicados y los que tienen el conocimiento sobre las prioridades no participan. Los recursos aparecen orientados por las gobernaciones, con muy poca participación de los centros de investigación y las Universidades.  Para el gobierno poner la locomotora de la innovación se reduce a fortalecer el SENA, reemplazar recursos del nivel central con recursos de regalías y aumentar las trabas para la inversión de los recursos.

Lo que se esperaba es que los recursos de regalías serían adicionales a la inversión ínfima que tradicionalmente realizaba Colciencias, pero ahora se advierte la verdadera intención. Los recursos se le quitan a las regiones para invertir en el centro del país.  La centralización del sistema nacional de ciencia y tecnología es abrumador. Aproximadamente el 90% de las ACTI se realizan en cuatro centros, Bogotá, Medellín, Cali y Eje cafetero-Santander.  El recorte de los recursos de Colciencias se sustenta, según el DNP en la nueva inversión que surge de la reforma de regalías.

En el informe de Políticas de I+D en Asia, realizado por la casa Asia (Japón, India, China y Corea del Sur) concluye que los avances en ACTI de estos países se deben a una estrategia de descentralización, creación de capacidades en las regiones, priorización de áreas estratégicas y la introducción de procedimientos de gestión eficiencia y evaluación de resultados.  Cabe anotar que gran parte del éxito radica también en una cultura de la disciplina y compromiso colectivo. Como podemos ver, la perspectiva que nos queda no es nada halagadora.

Colombia se caracteriza hoy en día por su modelo extractivo, la centralización de las ACTI, la ausencia de prioridades y una torpe y anquilosada red burocrática en la ejecución de los pocos recursos de ciencia tecnología e innovación.

Si la intención fuese poner a funcionar la relegada locomotora de innovación la voluntad política seria evidente. Mientras tanto, las universidades sufren por recursos para investigación, los centros de investigación y desarrollo tecnológico disminuyen, el talento humano emigra donde se ofrecen verdaderas oportunidades y las empresas navegan en un contexto incierto donde tienen que competir con la economía que enfatiza las actividades minero- energéticas que de por si provocan cambios en el mercado laboral y  elevan los precios deprimiendo las demás actividades.

La alternativa sería la implementación de una política de consolidación de capacidades de CT+i en las regiones, la ampliación y creación de nuevas capacidades a partir de la formación avanzada, el mejoramiento de la infraestructura investigativa en las universidades, la vinculación de una estrategia de emprendimiento de base tecnológica que nazca desde los niveles básicos del sistema educativo, se desarrolle en la formación técnica y se profundice y potencie en el sistema de educación superior.  Igualmente, crear instrumentos e incentivos apropiados y operativos para la innovación empresarial, promover actividades de transformación de materias primas e identificar y potenciar decididamente áreas estratégicas de alto valor.

Lamentablemente, estas posibilidades desaparecen si subsiste el andamiaje burocrático que lentifica y entorpece cualquier programa o proyecto. En Colombia, los recursos de CT+i los define el DNP, los ajusta el congreso, lo ejecuta Colciencias y las gobernaciones y los añoran y miran pasar las universidades y los investigadores, que más puede esperarse.

DCIM100MEDIA

Luego de participar en la feria agropecuaria y agroindustrial AGROBRASILIA en el Distrito Federal de Brasilia entre el 14 y el 18 de mayo de 2013, la delegación de la Universidad de los Llanos está convencida de la oportunidad de lograr
acuerdos de cooperación con las universidades del área del cerrado brasilero,
una región con condiciones de suelo similares a las encontradas en la
altillanura colombiana.   La razón principal no es copiar el modelo, se trata de tomar elementos tecnológicos, institucionales y organizativos que pueden ser útiles para adaptar en nuestra región.

Conocer la historia del desarrollo del cerrado brasilero es muy importante para Colombia, ya que esta experiencia de desarrollo agrario ha sido tomada como referente principal por el Gobierno y grandes empresarios colombianos. Se trata de un modelo de agricultura comercial a gran escala, con un alto ingrediente tecnológico, alta inversión de capital, grandes extensiones de tierra, con una eficiente maximización de recursos suelo, agua, planta; orientado principalmente a la exportación de materias primas, soya, maíz y sus subproductos.  La validez de contemplar este modelo radica en la probada capacidad de llevar a este país suramericano a ser la una potencia agrícola mundial en pocos años.  No obstante, las magníficas cifras de producción, expertos de este país concluyen que el éxito del modelo ha tenido algunos efectos ambientales y sociales poco deseados, pues en palabras de Eliseo Alves, uno de los arquitectos de este milagro productivo, la sostenibilidad económica es más fácil de lograr, que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Estos dos últimos aspectos son foco de atención científica de Brasil en este momento, para tratar mantener las altas tasas de producción y garantizar en el tiempo, el posicionamiento global alcanzado.

Vale la pena mencionar que este proceso agrario se nutre de una secuencia de antecedentes, principalmente, decisiones de Estado que comenzaron por la misma creación de Brasilia, una capital totalmente planificada y hecha para ser una maravilla mundial, por su concepción urbanística.  Pero lo más importante fue la decisión de fortalecer el capital humano. El secreto de la evolución brasilera en el campo agrícola desde la década de los 60, fue la formación de alto nivel de más de 3.500 científicos de Embrapa, la empresa brasilera de investigación agropecuaria,  los cuales fueron enviados a las mejores universidades del mundo, para luego regresar y enfocarse en solucionar los problemas locales. En ese momento Brasil estaba sufriendo una grave crisis económica debido a la agobiante deuda externa y el desabastecimiento de alimentos. 

Cabe anotar que el modelo de educación superior de Brasil es diferente al colombiano, actualmente, la educación pública en Brasil tiene un papel primordial y un decidido apoyo financiero del Estado. Unido a este desarrollo educativo, Brasil invirtió una gran cantidad de recursos en infraestructura de transporte, infraestructura productiva, riego, desarrollo urbano, crédito de fomento productivo e estímulos financieros para producción, almacenaje,  comercialización y exportación. Además de lograr construir socialmente un modelo cooperativo de producción y comercialización. 

Estas decisiones permitieron la transferencia tecnológica en el sector agropecuario y aumentó considerablemente la producción científica brasilera, especialmente la orientada al manejo del suelo, sistemas de riego, maquinaria agrícola, obtención de variedades, biotecnología y procesos industriales avanzados, lo cual trascendió a  otros sectores sociales y económicos.

Una de las gratas sorpresas con las que se encontró la visita de la delegación de la Universidad de los Llanos fue la importancia que ha cobrado en Brasil, el tema de la agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, los sistemas de trazabilidad, la agricultura ecológica y la organización cooperativa de pequeños y medianos productores.  Sin duda son los asuntos que llaman la atención de la Universidad de los Llanos, pues en nuestro país, por estar en los estados iniciales del boom agroindustrial no se han tomado muy en serio estas líneas de investigación.

Para la delegación de la Universidad de los Llanos resultó muy interesante conocer estos temas y puede decirse que es una razón más para aprender de la experiencia brasilera.  Contrario a lo que pasa en nuestro país, las universidades brasileras, por decisión gubernamental son incluidas dentro del modelo de desarrollo agrario y cuentan con convenios que garantizan la trasferencia interna de los resultados de Empraba y las demás instituciones de investigación.  Por esta razón, establecer convenios de cooperación es un primer paso para desarrollar una agenda conjunta de investigación e intercambio académico.  Un ingrediente necesario radica en mejorar y aumentar  el intercambio de conocimiento entre Embrapa – Corpoica – Unillanos.  Ya que Corpoica cuenta actualmente con un convenio marco de cooperación que incluye recursos importantes de Colombia y Brasil.

El otro proceso simultáneo es que Unillanos adelante convenios con las universidades de Brasil, especialmente las localizadas en el área del cerrado brasilero. En esta oportunidad se logró un contacto especial con las Universidades de Sete Lagoas UNIFEMM y la Universidad de Brasilia.  Estos contactos fueron acompañados por la delegación de la Gobernación del Meta y por la Embajada de Colombia en Brasil. Los temas seleccionados por ahora son:

Con la Universidad de Sete Lagoas (universidad privada):

  • Modelos de Agricultura Familiar y Agricultura ecológica
  • Asociatividad  y cooperativismo en la organización de la producción y la comercialización agropecuaria
  • Estudios para introducción de nuevos programas académicos de áreas sociales, ingenierías y refuerzo de la investigación en economía rural y desarrollo local
  • Modelos de articulación pequeños- medianos – grandes empresarios en la producción de cultivos de gran escala.
  • Transferencia de tecnología en buenas prácticas de producción para un buen manejo ambiental
  • Cooperación en intercambio de estudiantes de pregrado y de profesores para reforzar programas posgrado en la Universidad de los Llanos.

 

Con la Universidad de Brasilia (Universidad Pública):

Profundizar el uso de tecnologías en el campo de la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

  • Mecanismos de extensión y transferencia de tecnología que se pueden implementar con pequeños y medianos productores
  • Funcionamiento mecanismos de trasferencia de resultados de investigación, gestión de centros de desarrollo tecnológico agroindustrial y los parques tecnológicos para la difusión y aplicación de nuevas de tecnologías
  • Cooperación en intercambio de estudiantes y profesores para reforzar programas de pregrado y posgrado.
  • Promover la participación en las convocatorias nacionales y binacionales que permiten la formación de estudiantes colombianos en pregrado, Maestrías y Doctorados.

 

La idea es que se priorice una agenda con metas en el corto, mediano y largo plazo y que esta tenga un acompañamiento y apoyo del gobierno nacional y especialmente de la Gobernación del Meta, que está muy interesada en este proceso. Es importante avanzar en convenios con otras universidades brasileras y establecer un fuerte nexo científico que garantice resultados concretos.  Es importante abordar contactos con las Universidades federales de: LAVRAS, VIÇOSA, MINAS GERAIS, GOIANIA y TOCANTINS que se concentran en el cerrado brasilero y que comparten en parte la misión de Unillanos en sus áreas de influencia.

Antes de avanzar y tomar la iniciativa es necesario resaltar que este proceso requiere de apoyo estatal y que no hay que olvidar que el pilar fundamental del desarrollo agrario brasilero fue el fortalecimiento a gran escala del capital humano nativo.   En este aspecto es importante aunar esfuerzos y que iniciativas gubernamentales como el Fondo de Educación Superior del Meta sean fortalecidos financieramente y garantizar que por lo menos 150 profesionales llaneros sean formados de manera inmediata a nivel de maestría y doctorados en las áreas estratégicas para nuestra región como son: producción agrícola especializada, agroindustria, agricultura orgánica y agricultura familiar, ganadería sostenible, manejo de suelos, sistemas de riego, gestión ambiental sostenible, biotecnología, nanotecnología, automatización agrícola, ingeniería química, ingeniería genética, procesos industriales, economía agraria, desarrollo regional, desarrollo rural y antropología. Es importante la articulación entre la investigación básica e investigación aplicada, la creación de empresas de base tecnológica y la gestión de sistemas de innovación.  La región tiene que aprovechar que el tema de ciencia y tecnología cuenta con posibilidades en la canalización de recursos de regalías y que además se cuenta con un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.   Los departamentos del Meta y Vichada pueden conjugar esfuerzos y desarrollar una estrategia conjunta.

La Universidad de los Llanos en un esfuerzo regional puede concretar acciones en el mediano plazo, pues los procesos de formación y de desarrollo tecnológico no maduran de la noche a la mañana. En este caso, es clave la voluntad gubernamental y la decisión de apostar a una visión de futuro colectiva que se construya bajo la premisa de la articulación de la academia, la empresa y el Estado.

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables.

El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Manuel Javier Fierro PatiñoMVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

https://javierfierro.wordpress.com 

Lo primero que cualquier persona conoce de la región del Ariari en el Departamento del Meta, es que es una zona de enormes perspectivas económicas gracias a sus buenas tierras. Pero además, que es un territorio caracterizado por su particular geografía social y económica, con zonas consolidadas de economía campesina, asentamientos dispersos, poca presencia del Estado y un especial sentido de colectividad que marca procesos de asociación y desarrollo comunitario. No es gratuito que en la zona nazcan procesos tan importantes como el de la Asociación de Municipios del Alto Ariari y que sea actualmente foco de intervención de la Unión Europea mediante el III Laboratorio de Paz.  

Es un área de producción agropecuaria, en especial de hortalizas, frutas, ganadería y cultivos de peces. La actividad ganadera es de doble propósito, pero también es común la ganadería extensiva en sabanas. También se presenta la explotación de recursos maderables.  Las vegas son importantes para cultivos de arroz, soya, sorgo, yuca y plátano.  Granada se destaca como eje comercial y de servicios de la subregión del suroccidente metense. Es una ciudad marcadamente agropecuaria. La impresión se confirma con la vista de camiones llenos de alimentos, abonos, maquinaria y camperos dispuestos a recorrer las trochas y caminos veredales.  Lamentablemente, también es la zona del Meta en donde se han registrado históricamente los mayores problemas de orden público y nutrida presencia de cultivos ilícitos.

La colonización masiva del río Ariari comenzó desde la década del 50, con el asentamiento de colonos andinos, que buscaban nuevas oportunidades y resguardarse de la violencia política. También hubo intentos de colonización dirigida por parte de la antigua Caja Agraria. Posteriormente, en 1964, intervino el desmontado Incora. Luego avanzaron los colonos con producción de maíz, cacao, yuca, plátano, arroz, sorgo, algodón y pastos para programas ganaderos.  Es una tierra que atrae y brinda oportunidades.  El territorio que engloba la cuenca de Ariari surte de alimentos a Villavicencio y Bogotá, convirtiéndose en el principal circuito agroalimentario del oriente colombiano. La característica principal es la preponderancia de pequeños productores que canalizan un 95% de la mano de obra empleada en la zona rural y son responsables del 84% de los ingresos producidos en la región. 

De acuerdo con la Central de Abastos de Bogotá, desde hace unos tres años se viene dando un descenso en la oferta de alimentos del Llano, pues del 11%, a finales de la década del 90, ahora se oferta el 5%. Es así como, un reporte de la Secretaría de Agricultura del Meta señala que 12.000 hectáreas de arroz fueron reemplazadas por cultivos de palma o caucho, la enfermedad del moco mermó unas 6.000 hectáreas de plátano en el Ariari y, los precios internacionales de la soya la están afectando. Además, el auge de la agroenergía que está utilizando cultivos de maíz, yuca y caña para producir biocombustibles, ha generado que se priorice la producción con fines industriales, descuidando la oferta de alimentos[1].  Estos cambios en la estructura productiva del sector rural del Meta pueden ocasionar efectos sociales y económicos que influyen directamente en el empleo e ingresos de la población. Igualmente, pueden ocasionar mayor concentración de la tierra y exportación bruta de capital. Hablando en términos castizos, los grandes cultivos comerciales pueden generar empleo y dinámicas económicas interesantes que podrían ser aprovechadas por la población local, pero es muy posible que las utilidades y el empleo no reemplacen (en calidad) al generado actualmente en la región, con el agravante de la relación directa que existe entre las unidades campesinas actuales, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de Villavicencio y Bogotá.  Además, el empleo generado por la agroenergía se canaliza principalmente hacia actividades culturales y recolectoras que resultan en baja remuneración, sin activar encadenamientos industriales en la zona.   Dentro del modelo productivo de gran escala, las unidades campesinas resultan ineficientes y poco competitivas. El modelo actual promovido desde las instancias gubernamentales encamina al Meta hacia la desaparición de su papel proveedor de alimentos y fortalece su rol como territorio productor de energía y enclave productor de materias primas para procesamiento industrial, realizado principalmente fuera de la región. 

Una salida estratégica consiste en hacer de la zona del Ariari un Distrito Agroalimentario que garantice la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la red de ciudades del piedemonte, Villavicencio y Bogotá.  Con seguridad es una iniciativa que puede generar mayor impacto económico, utilizando estrategias de asociatividad, que bien han funcionado en la zona y utilizando capital humano regional.  La idea no es cerrar el paso a iniciativas comerciales de gran escala, es tratar de humanizar el campo y generar oportunidades para toda la población, sin dejar de ser competitivos. Inclusive, simultáneamente se podrían desarrollar proyectos exitosos de producción social a gran escala con cultivos de palma y caucho, tal como se ha demostrado en otras regiones del país.  El Meta no puede echar la borda el mercado capitalino y mucho menos propiciar el desabastecimiento alimenticio, lo cual traería como consecuencia un alza en el precio de los alimentos que afecta principalmente  a la población de menores ingresos. El distrito agroalimentario sería administrado por una central de control que organizaría una red de productores integrados en clústeres[2] que optimizarían cada uno  de los eslabones de la cadena, permitiendo generación de valor y disminución de costos. Se trata de constituir una eficiencia colectiva que genere desarrollo y equidad social y garantice la sostenibilidad de la economía metense en el largo plazo.  En este sistema, con apoyo público-privado, se integrarán grandes y pequeños productores, propiciando aprendizaje y flujo constante de conocimiento pertinente para desarrollar procesos de desarrollo tecnológico e innovación que posicionen nuestra producción de alimentos en el nivel nacional e internacional.


[1] Banco de la República. Boletín Económico Regional. Región Suroriente.2007.

[2] Agrupamietos de productores que desarrollan actividades relacionadas dentro de un mismo sector. Por ejemplo, los productores de concentrados, con los ganaderos, los comercializadores de carne, lácteos y subproductos como el cuero. La idea es aprovechar todo el ciclo productivo y generar valor agregado en la región. Igual se aplica para la cadena hortofrutícola y piscicultura.

El Comité Universidad – Empresa – Estado se conformó de manera autónoma y espontánea, sin decreto ni lanzamiento gubernamental, como una instancia propia y un espacio amplio de discusión, reflexión y propuesta, respecto a la articulación de los actores mencionados. Valieron discusiones internas dentro del Consejo Regional de Empleo y el PNUD con el programa Redes, para que el día 11 de septiembre de 2006, en la sala de juntas del Consejo Superior Universitario de Unillanos se gestara el primer grupo dinamizador conformado por profesores, directivos, investigadores de las Universidades Uniminuto, Unimeta, U. Cooperativa, UNAD, ESAP, UAN y Unillanos. Igualmente, participaron funcionarios de la Gobernación del Meta, Cámara de Comercio, ONGs, empresarios y miembros de AGAMETA, AVIMETA y el Comité Intergremial del Meta. Luego de unas 5 reuniones, se fue consolidando el Comité UEE, se vincularon otros miembros y se empezaron a plantear algunas propuestas.

La discusión de fondo siempre fue dilucidar el papel de los actores de la triada, en la materialización de una estrategia de desarrollo regional que recogiera los ejercicios anteriores de planificación, reorientara un proceso social de apropiación de la ciencia y tecnología, y que ofreciera resultados palpables a través de alianzas que llevaran a procesos locales de innovación y competitividad.  En el transcurso de la discusión y la rotación de los sitios de reunión en cada una de las universidades miembros, se llegó a un punto de acuerdo sobre la primera iniciativa jalonada desde el Comité UEE. El requerimiento de contar con información precisa sobre el conocimiento generado y propagado en la región y el análisis detallado de las necesidades de los sectores productivo y social, fue el detonante que dio origen al primer proyecto. Se necesita como primera medida, para generar un proceso serio y coherente, sentar las bases para la articulación; pues es claro, si los actores no conocen la oferta y demanda actual de conocimiento, no podrán encontrar puntos de confluencia y trabajo conjunto.  Por esta razón, nace el “Mapa de Conocimiento” como insumo necesario para identificar proyectos y alianzas entre Universidades, Empresas y Estado. 

Gracias al apoyo económico de la Universidad de los Llanos y la Gobernación del Meta.  Se hizo una aproximación seria sobre la oferta de conocimiento de Unillanos (tesis, investigaciones, ponencias, libros) en los últimos 10 años y se analizó la demanda global de conocimiento del tejido empresarial y organizaciones del Meta.  Es un proyecto que demandó el esfuerzo intenso de un equipo base conformado con apenas 4 profesionales, con pocos recursos, pero apoyado por cerca de 10 profesores de las diferentes universidades, 35 estudiantes de Unillanos y un grupo selecto de expertos.  Hoy se tiene una idea clara de las posibilidades de articulación y esperamos con gran expectativa la continuación del apoyo y la vinculación de nuevos aportantes para desarrollar una segunda fase que resulte en la concreción de múltiples alianzas Universidad-Empresa.

Procesos de este tipo deben ser apoyados por los gobiernos locales, universidades, los gremios y empresarios, pues permiten evolucionar con pie firme hacia el real aprovechamiento de nuestras potencialidades.

Se advierte un quiebre en las tendencias que plantea la geopolítica en el planeta.  El cambio que lleva a las mayorías demócratas al poder en Estados Unidos, incide directamente en la vida de los países que se encuentran dentro de su órbita.  Al gobierno Bush le llega la época gris de confrontar sus metas y sus logros en un escenario poco amigable. Más aun cuando ha sido un mandato cuestionado y polémico, en razón a sus políticas de intervención, una doctrina de seguridad que da vía libre a ataques preventivos y la torpeza en las decisiones, incluso en atención de desastres y política doméstica.

La agudización de los conflictos globales, el incremento de la amenaza terrorista, la radicalización de la violencia étnica –religiosa puede atribuírsele en parte a la impericia del gobierno Bush y su Secretaria de Estado. Es posible que en los próximos años se desarrolle un cambio en las políticas globales. Este cambio llevaría a privilegiar estrategias disuasivas y conciliadoras frente a los conflictos, mayor inteligencia y coordinación mundial para la amenaza terrorista y un cambio de actitud respecto al problema climático. Lo más seguro es que el próximo presidente de EEUU sea una demócrata y esto ayude agilizar los cambios en la agenda del país del norte.

En Colombia se empiezan a sentir los efectos de este cambio de dirección. Los demócratas, tradicionalmente exigentes con el cumplimiento de los derechos humanos y promulgadores de un papel protagónico del país del norte como promotor de la paz mundial, miran con recelo el Plan Colombia, las asimetrías del TLC en asuntos laborales y ambientales y sobretodo la violencia, vista desde el exterior, durante el gobierno Uribe; violencia que no se puede esconder y que se relaciona vivamente con el poder alcanzado por los grupos al margen de la ley al permear las estructuras del Estado; los abusos de la fuerza pública, los asesinatos de sindicalistas, los falsos positivos, los casos de corrupción en el seno del gobierno, la interceptación de comunicaciones a los miembros de la oposición, periodistas y desmovilizados; la reciente propuesta de excarcelación de para-políticos y la confusión que ronda luego de la excarcelación de guerrilleros; hechos que en Colombia apenas levantan ampolla, pero que en el resto del mundo son considerados actos gravísimos que solo pasan en regímenes en donde los valores democráticos están heridos de muerte. 

 Todos estos síntomas son leídos por los países extranjeros y marcan una tendencia a la internacionalización del conflicto colombiano. Las gestiones del presidente de Francia, la declaración del G8, las inquietudes de los países latinoamericanos y la necesidad de diversificar las relaciones internacionales y buscar nuevos socios en el mundo, llevarían a un mayor compromiso internacional, lo que a la larga puede ser un arma de doble filo. Podría ser un hecho que abra las puertas a una solución definitiva o un ingrediente más para dilatar el proceso que lleve a la paz soñada. No único claro, es que esta crisis institucional nos llevará a nuevas reflexiones y posiblemente a un cambio de actitud del ciudadano común frente al conflicto colombiano.  No hay mal que por bien no venga.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional. Cónsultor independiente, profesor universitario. Universidad de los Llanos

El Departamento del Meta avanza en una dinámica económica de amplias perspectivas. No obstante, es necesario evaluar con prudencia los efectos económicos y sociales que se avecinan. Por ejemplo, los proyectos para la producción de etanol con cultivos de yuca y caña de azúcar. Petrotesting adelanta un proyecto de alcohol carburante a base de yuca, con 400 hectáreas sembradas para producir inicialmente 20 mil litros diarios de alcohol. Bioenergy, empezará a producir 250 mil litros de etanol en una planta destiladora de US$50 millones, teniendo como base mínimo 120.000 hectáreas de caña de azúcar.  Respecto a la palma, existen 95.000 hectáreas en los llanos, listas para la producción de biodiesel. El maíz es otro cultivo que está en su agosto por la demanda en el mercado mundial, principalmente por su utilización en la producción de etanol en EEUU.  A esto sumémosle, la bonanza petrolera, con el aumento de la producción de crudos pesados y los buenos precios internacionales, lo que pronto nos llevará al primer lugar en Colombia. Esto significa un aumento de las regalías y por consiguiente recursos disponibles para inversión social. Además, el consumo de los hogares está por el cielo. El turismo, las colocaciones y la cartera de los bancos han crecido a un ritmo abrumador. Pero ahí no paran las noticias. Hay planes para la construcción aproximadamente de 20.000 viviendas, entre casas y apartamentos que se construirán en un lapso de 3 años. La inversión, especialmente en vivienda de estratos altos, podría estar cerca de los 800 mil millones de pesos. 

                            

Todo esto marca un panorama alentador, pero también un reto importante para las políticas públicas.  Es clave responder con inversiones estratégicas, rigurosamente planificadas para lograr enrumbar la economía de manera sostenible. Así mismo, es relevante estar al tanto de los desequilibrios sociales y el rezago de la infraestructura rural y urbana.  Hay que ponerle freno al alza de los alimentos, especialmente la carne, los lácteos, la harina de maíz y la panela, precios que se han afectado por el aumento de la demanda nacional e internacional.  Las bonanzas causan desequilibrios que afectan a los hogares más pobres, hecho que debe contar con la debida atención de los gobiernos nacionales, regionales y locales.  

Es muy importante la inversión en infraestructura física, pero, la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales en los campos que requiere el sector productivo no da espera. La inversión en ciencia y tecnología debe ser muy superior a las tasas observadas hasta el momento. Si no tenemos conocimiento y capital humano, simplemente ciencia, empresas y recurso humano llegarán de otras partes. Los pequeños productores y comerciantes tendrán que hacer un gran esfuerzo en asociarse, capacitarse y trabajar en equipo.  Todo apunta a que el apoyo público debe ser protagonista para generar equidad social y permitir que las utilidades generadas por las bonanzas toquen efectivamente a la gente de la región.  Esto requiere de un trabajo mancomunado entre los gobiernos, instituciones educativas, la academia y el esfuerzo propio de los afectados.  Igualmente, vale la pena insistir, que si no contamos con gobernantes competentes y honestos, podemos echar por la borda este momento crucial en la historia regional. 

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

El nuevo siglo plantea un reordenamiento de los asuntos estratégicos para todos los países del planeta. La geopolítica estará mediada por factores que determinarán el poder de influencia mundial y la supervivencia misma de algunos Estados –Nación. Se empieza a mostrar la puja por el dominio de los recursos naturales estratégicos, especialmente los energéticos. El que posea control sobre estos tendrá el poder de regular el crecimiento económico del mundo. Participan en esta contienda EEUU, Europa Occidental y Asia Central. ¿En que proceso anda Colombia y la Orinoquia?

Aunque queda claro que el principal factor de desarrollo en los próximos años seguirán siendo los hidrocarburos, se está presentando un auge inusitado por las nuevas fuentes energéticas, especialmente los biocombustibles, la fisión y la fusión nuclear. La agenda estratégica de los países que buscan liderar y subsistir en el escenario planetario se enfoca en garantizar el acceso sostenible y progresivo a nuevas fuentes energéticas. Surgen relaciones comerciales y estratégicas entre países proveedores y consumidores, también conflictos salvables y algunos lamentablemente, derivarán en guerras. Las potencias globales no renunciarán a su posición con facilidad y la contienda por ahora regulada en las bolsas y tratados internacionales, amenaza con pasar a otros planos. El actual conflicto en el medio oriente matizado además con fundamentalismos religiosos, es muestra clara de las intenciones y la agenda futura en la geopolítica mundial. El dominio de otros factores estratégicos como el agua, tierra cultivable, el manejo de la presión demográfica, el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad fiscal, nuevos materiales y la disponibilidad de alimentos, son elementos claves para la supremacía mundial. Colombia y la Orinoquia surgen como espacio realizable para garantizar la sostenibilidad futura. Además de las probadas perspectivas en combustibles fósiles tenemos incalculables posibilidades para el futuro.

El gobierno nacional no puede ir feriando nuestras potencialidades al mejor postor, antes en Japón, como área forestal de conservación ambiental y ahora ante EEUU como territorio de 6 millones de hectáreas para la producción de biocombustibles, sin contar con una agenda que reconozca nuestro real “valor estratégico”. La confluencia de factores estratégicos en esta región colombiana requiere de un planteamiento prudente y juicioso que involucre asuntos tan delicados como la seguridad alimentaria y la soberanía nacional. Ante realidades palpables como actual crisis ambiental, antes que convertirnos en proveedores “brutos” de recursos para el comercio internacional, tenemos que garantizar concienzudamente la viabilidad de esta región en el presente siglo. Este asunto requiere abandonar las banalidades tecnócratas, intereses mediáticos y el afán de protagonismo cursi de la Agenda Regional de Competitividad de la Amazorinoquia y abordar un proceso prospectivo serio en el que participen las entidades territoriales, científicos criollos, personalidades regionales, la academia y demás representaciones sociales relacionadas con el futuro regional.

http://javierfierro.blogspot.com

“Es necesaria una explosión sentimental de cada colombiano contra el terrorismo y la corrupción”

URIBE PIDE ALBOROTO COLECTIVO CONTRA LA CORRUPCIÓN

Villavicencio (Meta), 23 jul. (SNE).- “No hay más camino que un alboroto colectivo de los colombianos contra la corrupción”, dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez al hacer un llamado a todo el país para combatir este flagelo.

El Mandatario aseguró que todo lo hecho para derrotar el terrorismo y la corrupción es bueno pero no suficiente porque se necesita un agregado que es “una explosión sentimental de energía, de bulla, de alharaca contra la corrupción, a todas horas y en todo momento”.

Al intervenir en el Consejo Comunal 104 que se desarrolló en la capital del departamento del Meta, Uribe Vélez, motivó para que cada colombiano reclame con energía, con fuerza, con gana y sin frialdad, la eliminación la corrupción.

“El Director Nacional del Sena me dijo ‘Presidente estoy preocupado porque usted va mañana para Villavicencio y el Sena, que ha sido modelo en este Gobierno, allá ha tenido unos problemas. Hubo que meter a la cárcel dos directores de centro y un funcionario muy alto del Sena por corrupción’.

Le dije eso no es problema eso es solución”, recordó Uribe Vélez

Para el Jefe del Estado es claro que este tipo de episodios no hay que ocultarlos sino por el contrario presentarlos de cara al país porque el Gobierno tiene claro que el camino del país es que el corrupto va a la cárcel.

“Este país tiene que acabar con el terrorismo y con la corrupción. No hay más camino”, puntualizó enfáticamente el Mandatario.   

Palacio de Nariño. Oficina de Prensa

¿SI POR EL SENA SE PIDE ALBOROTO, QUE PEDIRA EL PRESIDENTE POR TODO LO DEMAS?

Por: Libardo Sarmiento Anzola

Históricamente la corrupción es de carácter «consustancial» a la sociedad colombiana1. Este vicio es un mal endémico y sistémico. Ocupamos el séptimo lugar de corrupción en el mundo. El 67% de los contratistas asevera que paga sobornos. Por cuenta de la corrupción los colombianos debemos pagar un promedio de 32% de sobrecostos en el proceso de contrataciones2. De los $29 billones que el Estado Colombiano compra al año en bienes y servicios, por corrupción se pierden más de $9 billones, esto es, una cifra similar al gasto público en educación y salud; en consecuencia, si no fuera por esta patología institucional se podrían duplicar las cifras de cobertura o mejorar la calidad de estos servicios.

De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD- la corrupción constituye un grave problema y una significativa amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, en la medida en que socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete seriamente el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, además de erosionar la moral de las sociedades y distorsionar las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. En el caso colombiano, esta patología3 presenta elementos similares a la situación italiana. Los fenómenos de clientelismo, corrupción, criminalidad organizada y negocios privados, si bien se trata de cuestiones diferentes, se encuentran relacionados y tienen un alcance sistémico, complejo, dinámico y evolutivo. Dinero, poder y violencia fluyen rítmicamente por todos los circuitos   hacia un Estado y una economía mafiosas. El estudio adelantado por Caciagli, sobresaliente representante de la academia politológica italiana, nos aporta elementos para la comprensión de la situación colombiana4. Según Caciagli, la corrupción ha resultado ser otra relación de intercambio como el clientelismo y ambas representan una «privatización» de la política claramente contraria a los principios y a las reglas de la democracia. El politólogo italiano recuerda que mientras el vínculo del clientelismo es vertical (patrono/cliente en posición jerárquica), el de la corrupción es horizontal ya que la relación entre corruptos y corruptores es igualitaria; en el primero predomina el poder y en el segundo el dinero. De otra parte, el crimen organizado tiene una dimensión política por los vínculos entre las mafias y determinados partidos e instituciones públicas.

Las mafias controlan un submundo social semi-periférico apreciable y, por tanto, tienen influencia política (votos, cargos, finanzas). Por tanto, mientras la mafia ofrezca trabajo, distribuya dineros y proporcione carreras será imbatible, a menos que el estado sea más eficaz en esos ámbitos y no tolere ser suplantado. Además, la represión policial y judicial ha revelado ser notoriamente insuficiente, tanto por las «infiltraciones» mafiosas en el aparato del Estado como por la notable base social «cómplice» de cosa nostra dada la persistencia de una cultura popular que desconfía de los poderes públicos. Por tanto, ni una parte del Estado ni otra de la sociedad están a la altura de las circunstancias, de ahí que el combate estrictamente penal contra la criminalidad organizada fracase de modo reiterado. Caciagli señala con acierto que entre la criminalidad, el clientelismo y la corrupción existen intricadas y complejas relaciones, de ahí que acaben confluyendo conjuntamente en el vaciamiento de la democracia. El clientelismo y la criminalidad pertenecen a una cultura política alternativa a la democrática («manera de ser»), mientras que la corrupción es un medio («manera de actuar»); dicho de otro modo, los dos primeros fenómenos son fisiología (afectan al funcionamiento del sistema), mientras que la corrupción es una patología (una «enfermedad»). Concluye el investigador italiano afirmando que sólo profundos cambios estructurales en las bases económico- sociales, culturales, políticas y subjetivas de la sociedad podrían reducir de modo significativo la terrible influencia condicionante y recíproca entre mafias, corruptos y clientelistas.

Para el caso colombiano, Gabriel Misas asimila la corrupción a un triángulo de hierro conformado por la alta administración pública, las empresas electorales y una parte del mundo de los negocios. “Triángulo de hierro en cuyos vértices están los administradores de la cosa pública, políticos y empresarios que se coaligan para llevar a cabo negocios que les permitan a los últimos obtener contratos, eliminar la competencia, reducir costos, tener tratamientos favorables en materia tributaria y recibir subsidios a través de leyes diseñadas para tal efecto; a cambio de lo cual los primeros reciben sobornos y a los segundos se les financia las campañas políticas”5.

En la concentración de tierras y en la acumulación de capital se han utilizado a lo largo de la historia colombiana prácticas fraudolentas y la violencia, concluyendo con el maridaje entre los poderes político y económico, la captura del Estado por parte de las elites y la exclusión de tres cuartas partes de la población de los beneficios del desarrollo. De igual manera, Rensslaer W. Lee y Francisco Thoumi lograron demostrar en detalle el estrecho vínculo entre las organizaciones criminales, el régimen político y la economía legal en Colombia. Afirman que en situaciones de recesión económica, algunos empresarios locales han apelado a la industria de las drogas ilícitas para obtener inyecciones de capital, inclusive algunos de ellos se volvieron narcotraficantes6. Estas relaciones corruptas se ven beneficiadas por el amparo y protección de la clase política y la tecnocracia de alto nivel del Estado. Todo ello ha conducido a definir la actual fase del capitalismo colombiano como mafioso. De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación “Caracterización de la elite intelectual de las reformas estructurales en Colombia”7, al finalizar la década de 1980 las transformaciones capitalistas habían producido un cambio en el balance de poder en Colombia. La formación capitalista se orienta hacia un capitalismo más especulativo que consolida, igualmente, estructuras mafiosas. La prosperidad capitalista tiene como uno de sus soportes la incorporación de capitales del narcotráfico a los circuitos legales de la acumulación; es indiscutible la alianza con el latifundio, sectores del capital industrial, construcción, hotelería, turismo y de los mismos sectores financieros y comercio de importación. Es notorio, agrega Jairo Estrada, director del estudio, el surgimiento de nuevos «polos regionales de acumulación» basados en los capitales del narcotráfico. Las estructuras mafiosas han permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerzas armadas, los partidos políticos y la iglesia. En consecuencia, la producción política de reformas para la desregulación económica y financiera para alentar el mercado de capitales, como base del crecimiento y el desarrollo, según los presupuestos neoclásicos, fue al mismo tiempo un factor decisivo para la consolidación de las estructuras mafiosas del capitalismo colombiano y, en ese sentido, se constituye igualmente en factor explicativo de las configuraciones actuales del régimen político. Reforma del Estado y participación ciudadana El afianzamiento de la democracia y la ineficacia de la estrategia en procura de una buena administración pública (relacionada principalmente con la ley, una supervisión cerrada y una auditoría acertada) vienen conduciendo a los países a encarar nuevos procesos de reforma a la gestión estatal. Los cambios que comienzan a producirse en la década de 1980 se orientan en dirección de la descentralización y la adopción de nuevos mecanismos de responsabilidad como la gestión por objetivos, la competencia administrada y un mayor control social. Para los países latinoamericanos el desafío es doble: la democratización de la burocracia obliga a concebir la reforma administrativa como una reforma política en la cual la ciudadanía actúe como un actor político clave.

En consecuencia, la pregunta ha resolver es la siguiente ¿Cómo lograr el control de la sociedad civil sobre el servicio público?8. La respuesta lleva implícita la necesidad de fortalecer la sociedad y recuperar la noción de lo público, lo que implica la reforma institucional y la democratización de la sociedad política y de la administración pública. La participación ciudadana se constituye en la estrategia fundamental para propender a transmutar las asimetrías en la representación e intermediación política a través de formas de representación social que no impliquen la delegación de mandatos y soberanía y que puedan, a su vez, contribuir a la presión por la democratización de los mecanismos tradicionales a través de los cuales la esfera pública-social puede operar como una instancia de crítica y control sobre el aparato del Estado.

En consecuencia, la representación y la participación social adquieren una importancia central en la reforma administrativa y la superación del patrón corporativo y los enfoques mercantilistas actualmente dominantes9. Pero este fortalecimiento de la esferas pública y la democracia implica vencer las resistencias que oponen las mafias, los clientelistas, los corruptos y los tecnócratas a la participación ciudadana. La oferta participativa en Colombia, además de ser restrictiva y atomizada, tiene un claro perfil: a la población se le asignan principalmente funciones de iniciativa y fiscalización y en menor medida de consulta, concertación, decisión y gestión. Por ello, las instancias oficiales que promueven el control ciudadano contra la corrupción son limitadas y reducidas a la casuística individual de poca monta frente a los alcances, complejidad y sofisticación del problema en Colombia: atención de denuncias sobre malversación de los recursos del Estado, auditorias articuladas con organizaciones de la sociedad civil, organización de comités de vigilancia ciudadana, audiencias públicas y foros deliberativos. La falta de voluntad de las instancias oficiales para impulsar la participación ciudadana y democratizar la esfera pública queda al descubierto al observar que después de diez años de creada la «Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción», en el marco de la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción, ésta no ha sido implementada. Su materialización, por lo menos, sería un inicio del control social más formal a la vez que el gobierno demostraría su interés real en que los ciudadanos participen en el control a la gestión pública. Queda una pregunta, ¿está la sociedad y el Estado a la altura para enfrentar este contubernio entre mafias, clientelistas, corruptos, empresarios y élites que han capturado al Estado?

Libardo Sarmiento Anzola es economista, filósofo y master en teoría económica. Investigador, escritor y consultor independiente.

1 El trabajo de Gabriel Misas, (2004), “La corrupción y la lucha anticorrupción en Colombia” presenta de manera detallada como este “ha sido un componente permanente de nuestra historia”; Proyecto Holanda – CGR-PNUD, Bogotá.  

2 Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, CGR, Foros de Interés Ciudadano: Lucho Contra
la Corrupción. Manual Guía para la deliberación, p. 9. 
 

3 Corrupción es acción y acto de corromper. Según el diccionario de La Real Academia Española, corromper es “hechar a perder, depravar, dañar, pudrir”. En las organizaciones, especialmente en las públicas, la corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.  

4 Caciagli, M, Clientelismo, (1996), corrupción y criminalidad organizada. Evidencias empíricas y propuestas teóricas a partir de casos italianos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,.  

5 Misas, Gabriel, Op. Cit. p. 12  

6 Lee, Rensselaer y Thoumo, Francisco, (1998), “El nexo entra las organizaciones criminales y la política en Colombia”, en: Ensayo y Error, Revista de pensamiento crítico contemporáneo, Año 3, Nº 4, abril, Bogotá.  

7 Estudio adelantado por el Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de  la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo financiero de Colciencias (policopiado, 2005).  

8 Bresser, Luis Carlos, et alt. (2004), La reforma de la administración pública, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.  

9 Cunill, Nuria, (1997), Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión pública y representación social, Clad, Venezuela.

Existe un debate actual entre lo que se considera competencia del Estado y lo que se considera competencia del sector privado. Las generalidades de los modelos económicos no permiten establecer niveles de intervención que obedezcan a las características particulares del territorio. Es muy común que los límites entre lo que debe hacer el Estado y lo que debe hacer el sector privado estén más determinados por las escuelas de economía o en el peor de los casos por intereses nocivos.  La discusión se plantea teniendo en cuenta la avalancha de procesos de privatización, especialmente en los sectores, salud, educación, transporte y servicios públicos. Nuevas tendencias señalan la importancia de establecer relaciones diferenciadas entre lo público, lo meramente estatal y lo privado según las necesidades y recursos territoriales.  De esta manera el debate sobre el modelo económico deja de ser relevante, mientras que las necesidades de la población y conformación de alianzas territoriales se convierten en lo esencial.   Debe contarse con unas reglas claras, plasmadas en un acuerdo fundamental, que delimite competencias básicas entre lo estatal, lo público y privado.  Los colombianos contamos un una Constitución maravillosa que hace énfasis en el Estado Social de Derecho, sin embargo, existen algunas contradicciones en el modelo económico asumido por los diferentes gobiernos, por lo que algunos derechos son vulnerados.

 

Las regiones difieren en grado de desarrollo, cultura, cantidad y calidad de recursos territoriales.  Existen regiones en donde el rol del Estado es fundamental. En donde los problemas de corrupción, ineficiencia y clientelismo hacen necesaria la interdependencia entre lo público y lo privado. De plano hay que derrumbar los mitos que consideran al Estado un administrador ineficiente, pues así como existen ejemplos de ineficiencia, también existen buenos ejemplos. También hay que derrumbar el mito que muestra al sector privado como eficiente, organizado y pertinente, pues existen igualmente ejemplos buenos y malos. 

Se puede decir que en nuestra región, especialmente en Villavicencio, el sector privado ha mostrado buenos resultados en algunos sectores como los servicios públicos a excepción de acueducto y  alcantarillado.  En cuanto a la salud y la educación los resultados son nefastos sobretodo en zonas apartadas en donde el capital privado le preocupa más acumular que prestar un buen servicio. El solo hecho de estar afiliado automáticamente no significa que exista el acceso digno a la salud. Existen contradicciones entre el interés de lucro de los privados y las necesidades de los ciudadanos. El caso de la contratación de la educación solo se justifica si la demanda sobrepasa la oferta pública existente. En cuanto a las concesiones viales, estas resultan costosas frente al buen servicio prestado. El Departamento del Meta tiene los peajes más caros de Colombia, no obstante, la movilidad sigue aumentando. Lo justo sería  una rebaja de los mismos. 

Todo apunta a una mayor autonomía de las regiones para definir los límites entre lo público y privado. Unos límites que obedezcan a las necesidades particulares y que premie a los buenos administradores, no importa a cual de los dos sectores pertenece.   http://javierfierro.blogspot.com

Pasada la primera mitad del año, algunos organismos internacionales empiezan a marcar las tendencias de la economía del próximo año. Según el FMI Se prevé un mayor crecimiento económico de Latinoamérica, auge sostenido en China, India, Japón, normalidad en la Unión Europea y problemas para EEUU. Existe el riesgo de una desaceleración provocada por la caída del mercado inmobiliario y un repunte de la inflación en EEUU, lo cual presiona desde ahora una subida de las tasas de interés. La Unión Europea y Japón empiezan a controlar las tasas de interés, lo que significa que aquí en Colombia la bonanza de bajas tasas puede terminar y los bancos empiecen a restringir sus créditos al final del año. Simplemente el mercado financiero internacional es sensible a las políticas monetarias de las grandes economías. Vale la pena analizar si EEUU puede ser un buen socio para el país.

De alguna manera nuestro país se ha convertido en la muestra latinoamericana de trabajo conjunto con el país del norte. El apoyo a la nueva doctrina sobre seguridad y terrorismo por parte de Colombia ante los No Alineados, así lo demuestra. Ello significa inversiones americanas de todo tipo, pero sobretodo en el campo que impacta directamente la geopolítica. El Plan Colombia y el apoyo logístico militar han sido cruciales para consolidar la política de seguridad del gobierno Colombiano. Si Colombia aplica como aliado estratégico de EEUU en Latinoamérica, seria de esperar un mejor tratamiento en el campo económico, pero los americanos son buenos negociantes ante todo y como dice el conocido dicho “Business or Business”. Las perspectivas económicas poco claras pueden endurecer las posiciones conservadoras y proteccionistas en EEUU y poner en peligro las “pocas ventajas” que dejan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Las regiones colombianas y el gobierno central deben replantear algunos puntos de prospectiva, pues la cuestión política en el próximo año y la imagen internacional no es la mejor para EEUU. Mirar otros horizontes es definitivamente necesario. Colombia debe huir al reciente populismo latinoamericano, pero no debe desechar el estrechamiento de las relaciones con sus vecinos. Igualmente, las economías asiáticas y la Unión europea pueden ser aliados importantes. El mandato constitucional de buscar la unidad Latinoamericana y del Caribe debe materializarse.

Parece ser que el gobierno nacional ha entendido la situación y ha buscado mejorar las relaciones políticas y económicas, pero el modelo heredado continúa afectando los intereses de los colombianos de menos ingresos. Cambiar las perspectivas en las relaciones implica también contemplar un cambio en el modelo económico. No es posible continuar con los preceptos acartonados del Consenso de Washington cuando han demostrado su ineficacia y en cambio han agudizado la pobreza y desigualdad. La política económica puede ser más creativa y menos dependiente de la escuela de la Universidad de los Andes. Privatizar ECOPETROL, liquidar el Seguro Social, continuar con las reformas tributarias regresivas, ponerle el ojo a las transferencias territoriales y a las regalías no pueden ser el punto de lanza de la política social. El país necesita nuevos rumbos, mayor emprenderismo y capital social.

Los textos de cada uno de estos articulos pueden ser copiados y reproducidos libremente con la correspondiente cita del autor.

“Los cambios en el entorno se aceleran y los valores y paradigmas que ayer fueron válidos, hoy ya no lo son”- Con esta frase terminó la exposición del Ingeniero Jorge Jaramillo, Director de gestión tecnológica de la Universidad de Antioquia, en el pasado Foro Universidad – Empresa – Estado, realizado el 30 de agosto, en la Cámara de Comercio y Unillanos. La experiencia de los antioqueños recalca en algunos aspectos.

Definitivamente, el proceso de integración entre la universidad y el sector productivo no es posible si no se asume un cambio de actitud, al reconocer la necesidad de trabajar unificadamente. Pero ante todo, el foro mostró algo sin precedentes. La capacidad de una sociedad para seguir responsablemente una orientación estratégica de largo plazo, materializada en un proceso de planeación serio y participativo. Parte de esto es la convicción colectiva para saber elegir gobernantes con capacidad y compromiso frente al futuro del departamento y el país. Sin buenos gobiernos es prácticamente imposible poder materializar una alianza efectiva para la competitividad territorial. La experiencia antioqueña así lo demuestra.

El proceso de integración comenzó como una iniciativa de las universidades en cabeza de la Universidad de Antioquia. Los empresarios fueron sumándose al proceso y finalmente la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, quienes habían trazado el norte estratégico, convirtieron el discurso en hechos contundentes. Reconocer a la universidad como socio estratégico es primordial para avanzar en la concreción de las metas propuestas. Los estudios que soportan los planes fueron apoyados y acompañados por universidades. El conocimiento pertinente fue el factor que permitió dar resultados en el corto plazo. Los hechos hablan por sí solos. Una nueva concepción de emprenderismo social genera equidad con formulas criollas ajustadas a las características sociales y económicas del territorio

Otro aspecto interesante es el aporte que puede hacer la economía informal al desarrollo local. Miles de incipientes empresarios pueden dar un salto cualitativo con programas de formación empresarial desde los mismos barrios y comunas. Las comunas de Medellín fueron asignadas a diferentes universidades y con el apoyo de la Alcaldía se lograron canalizar 11.745 microcréditos por 26.370 millones y mejorar la calidad de vida de 9.566 familias en un período de 3 años. No de otra manera podría ser posible la pacificación del sector nororiental de la ciudad. Otro frente que se está programando, se encargará de la generar oportunidades para los jóvenes bachilleres y profesionales, lo cual se piensa realizar con empresas padrino y universidades, que conformarán unidades de emprendimiento que prepararán 250 jóvenes cada una, para completar una meta de 5.000 jóvenes. Guardadas las proporciones, la experiencia antioqueña puede ser útil como ejemplo de trabajo imaginativo y mancomunado.

Ojala los planes de desarrollo de nuestros gobernantes cambien el discurso trajinado y generen propuestas creativas para solucionar nuestros problemas. Los funcionarios son responsables por sus actos y deben ser evaluados según metas medibles y cuantificables.

No existe una receta que sea infalible y que sirva a todas las sociedades para alcanzar un nivel de calidad de vida deseable, pero lo que si resulta cierto y la historia lo ha mostrado es que las sociedades exitosas son las que han logrado incorporar el conocimiento científico tecnológico. La inversión en educación, ciencia y tecnología es crucial para lograr construir sociedades desarrolladas y equitativas. Sin embargo este propósito requiere de una articulación efectiva de tres actores, quienes se han caracterizado por su protagonismo, pero no han conseguido trabajar en conjunto.

La universidad, el sector productivo y el Estado deben trabajar armónicamente para propiciar el desarrollo local y regional. La universidad requiere ajustarse administrativa y académicamente para responder de manera pertinente a las demandas de la sociedad y el sector productivo. El modelo tradicional de la universidad dueña del conocimiento, estática y aislada como centro de pensamiento ha quedado revaluado frente al impulso de las tecnologías de la información y la comunicación en la instauración de una sociedad mundial del conocimiento. La función de la universidad es importante en la medida que sus procesos académicos sean pertinentes y contribuyan a solucionar los problemas de la región. Las universidades deben formar en los futuros profesionales una actitud emprendedora, porque los egresados están cada vez más llamados a generar empleo y no a buscarlo.

El sector productivo descubre poco a poco las bondades de modernizar y aplicar nuevas tecnologías para una mayor productividad y competitividad. La innovación es la clave para lograr romper la dependencia y emprender la búsqueda de nuevos mercados. Invertir en investigación es la clave de los emprendedores y en nuestra región existen ejemplos a seguir como la elaboración de aceite para motores a partir del aceite de palma o el trabajo en microorganismos para el control biológico en los cultivos y la fertilización sin agroquímicos. Estas son muestras de la capacidad de algunos empresarios para romper esquemas y seleccionar el camino del éxito.

Pero todo esto quedaría en mero discurso si las entidades gubernamentales no toman conciencia de la importancia de la investigación en una estrategia de competitividad territorial. Nada vale tener los medios para producir igual que siempre si se está compitiendo con otras regiones y países. No basta con tener recursos abundantes o pregonar un potencial estático. Es necesario ampliar las fronteras de la producción y esto se logra con la aplicación de conocimiento pertinente para lograr una producción diferenciada y competitiva. Es necesario contribuir a la formación de tejido social y empresarial para la competitividad en la región, fomentando la cultura de la innovación, el emprendimiento y la asociatividad. Los recursos para investigación no pueden seguir concentrados en las grandes ciudades u orientados hacia sectores poco dinámicos. El Estado nacional y regional tiene la misión de propiciar canales de diálogo, entendimiento y pertinencia entre la Universidad y el sector productivo. Es el momento para iniciar un proceso para la integración efectiva de la Universidad, la Empresa y el Estado para viabilizar los planes y programas planteados y que hasta el momento han permanecido en remojo.

En el diseño de políticas públicas, formulación de planes y proyectos es muy frecuente la tendencia equivocada de plantear las soluciones de manera intuitiva, sin pensar mucho y teniendo como principal insumo la limitada e individual percepción humana. De manera automática se fabrica una solución y se da por hecho que la decisión tomada es la única y mejor opción. Se hace culto al facilismo e inmediatismo, cuando lo mejor es tratar de acopiar información, comparar diferentes puntos de vista, plantear y evaluar alternativas, hasta disminuir la incertidumbre al mínimo aceptado. Aún, en un mundo cambiante en donde las condiciones imponen retos de adaptación, respuestas rápidas e imaginativas, no puede desecharse el análisis y la reflexión.

También existe la perezosa disposición a copiar soluciones traídas de otros contextos, evitar la creatividad y considerar la abstracción como un ejercicio eternizado y aburrido. Existe un miedo profundo a afrontar nuevos enfoques, pues más vale seguir igual que intentar crecer. Las decisiones cuanto más individuales más desacertadas tienden a ser, pues existe la manía a simplificar la realidad según la disciplina o conocimiento explícito de cada persona. La percepción de la realidad es un activo propio de cada ser humano, sin embargo, las acciones humanas pueden desencadenar efectos en otras personas. Forzosamente, la percepción de una persona que toma decisiones debe incluir un juicio ético que lo obliga alejarse del ejercicio irresponsable e improvisado. Se puede decir que cuanto más responsable es la acción humana, más razonable llega a ser.

Los planes tienen la intención de intervenir el presente para construir un futuro. El gobernante, el técnico, el asesor, el asistente o ciudadano común, tienen la posibilidad de seleccionar razonablemente un escenario y propender por el mejor entorno e intorno para que los hechos se desencadenen de manera tal que se produzcan los efectos esperados. Una opción equivocada es elegir hacer apuestas. El apostador sabe lo que busca, pero no hace nada para lograrlo. Sin pensarlo dos veces, deja los resultados finales a los designios arbitrarios de la suerte. Planear es decidir un futuro posible y buscar los medios para realizarlo. El que hace apuestas se acostumbra a un mundo en donde los problemas tienen soluciones enmarcadas y correspondientes, como en un juego de lotería infantil. Nada le asombra, todo parece simple y predecible. Los modelos se aplican como juegos de mesa, sin cuestionar su efectividad, pues las instrucciones están dadas y la realidad se circunscribe de manera rígida. La realidad llega a ser muy compleja y como dice Edgar Morín: “Cuanto más complejos resultan los problemas más complejas devienen las soluciones”.

La realidad humana resulta ser un producto social diferencial, multivariable, multidimensional, que puede intervenirse o dejar que simplemente que se desarrolle en si misma bajo la influencia del caos. La planeación y el arte de gobernar son acciones responsables que requiere de cierta rigurosidad, flexibilidad y capacidad de imaginación. Es el momento de evaluar los procesos de planeación y verificar qué se ha cumplido de lo programado. Una región como la nuestra requiere procesos de planeación responsables, coherentes, sustentados y ciertamente efectivos.  

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Desarrollar la agricultura comercial y la agroindustria con miras a exportación requiere de ciertas condiciones especiales. De una parte se requiere un contexto interno y externo que promueva la actividad productiva y de otra parte enfatizar en la capacidad del productor. Este involucra la geografía, la infraestructura, comunicaciones, tecnología, disponibilidad de capital, las instituciones, las políticas públicas y las normas. Igualmente, la capacidad del productor depende de su nivel educativo, espíritu empresarial y posibilidad para aprender e innovar. En la región tenemos cordilleras y otras restricciones geográficas que se constituyen en barreras naturales para los mercados externos e internos. Si nuestro objetivo es el mercado mundial, tenemos que competir frente a las regiones costeras de Colombia y con los demás países que tengan acceso a nuestro comprador final. El modelo de desarrollo adoptado nos ciñe a cumplir con estas decisiones y buscar opciones menos costosas. Es así como nos llevan a plantear la doble calzada Bogotá – Villavicencio, el aeropuerto alterno, la navegabilidad del río Meta y la vía Uribe-Colombia, con el fin de mejorar el acceso a los mercados. Igualmente nos obliga a pensar en incorporar nuevas áreas mediante los distritos de riego. También es cierto que sin agroindustria transferimos al exterior la mayor parte de la generación del ingreso y del empleo del sector agrícola. Por lo tanto, la clave estaría en la producción y exportación de productos con valor agregado, lo que depende básicamente de tres factores: 1) de la adquisición y posterior desarrollo de una base científico-tecnológica; 2) del factor “aprendizaje” de nuestra sociedad, esto es, una mezcla simultánea de educación con experiencia en un determinado nivel tecnológico, que posibilite la asimilación y posterior desarrollo del conocimiento nuevo (por ej. biotecnología, bioingeniería, etc.) y 3) de los estímulos institucionales, que van desde el acceso al crédito, infraestructura y educación, hasta la formulación de una política consensual para la explotación y utilización racional de los recursos naturales del país.

La pregunta es: ¿Estamos preparados tecnológicamente, tenemos los estudios completos y la inversión requerida para afrontar con éxito este proceso de internacionalización promovido desde el nivel nacional? O simplemente ¿Tenemos que buscar un mayor énfasis en el mercado interno, favorecer iniciativas productivas de mediana escala con algunas apuestas dentro del modelo competitivo?.

Se requiere adoptar una visión diferente que privilegie el desarrollo y no simplemente el crecimiento económico, que haga énfasis en la utilización de tecnología simple y apropiada, el rescate con identidad del conocimiento tradicional, la economía campesina y aprovechamiento sosteniblemente los recursos de biodiversidad; que contemple una visión de largo plazo con la articulación armónica del sistema educativo y las instituciones, para prepararnos con fortaleza en lo endógeno; que priorice las inversiones en la medida de las posibilidades, con un criterio acertado e incorrupto tendiente a desarrollar alternativas productivas con garantía de éxito, gracias a la bioprospección y desarrollo tecnológico

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

Colombia ha adaptado para sí las diferentes doctrinas acerca de la intervención del Estado en un modo de producción capitalista. En los años 60 prevaleció el Estado intervencionista y asistencialista que servia de soporte al modelo de sustitución de exportaciones. Las entidades del Estado se multiplicaron, las inversiones públicas se dirigieron a mejorar las condiciones para el desarrollo de la industria y favorecer la modernización en todos los aspectos. Crecieron los sectores industriales ayudados por el Gobierno y se configuró el espacio colombiano, orientando los procesos industriales en el centro de las montañas, privilegiando el transporte terrestre, centralizando las actividades del país en las principales capitales, lo que facilitó la consolidación desigual del modelo. Simultáneamente las regiones se especializaron como resultado de la política pública y de las posibilidades de establecimiento de actividades productivas. Áreas como el Llano, las fronteras surorientales y la costa Pacífica se marginalizaron en virtud de las decisiones del Estado. Prevaleció la idea de los territorios nacionales, vistos como reserva y substrato inhóspito de posibles riquezas. Llano renació para el país cuando se encontró el petróleo en su territorio. Empieza a brotar “oro negro” que sostiene la economía nacional. Las regalías en vez de generar progreso, en algunos casos agudizan las falencias o se despilfarran. Los territorios orientales se autoformaron en ausencia del Estado. En algunas áreas el Estado fue reemplazado por fuerzas alternas bajo el imperio de la violencia. Se construyó un país a espaldas de otro, a punta del sudor del colono, el empuje de la raza mestiza, la depredación del bosque, la sangre de los despojados, las balas de los violentos y la plata mal habida de la marihuana y la coca. La actividad agrícola se da en función del conocimiento precario del productor y no en razón a una estrategia basada en la vocación de la tierra. Aun así, en el Llano con todos los problemas consolida un desarrollo agropecuario, basado en enclaves de economía campesina y algunos rasgos de modernización. Las pequeñas ciudades se hicieron grandes y no asimilaron los cambios de la modernización, mientras tanto la tierra se organizó de manera desigual y soslayadamente. La educación y la tecnología, pese a las estrategias nacionales no llegan a las mismas velocidades y presenta dificultades de acceso. La aparición de un nuevo modelo a finales de los 80, sataniza al Estado benefactor y busca la eficiencia productiva partir del “equilibrio” que genera el libre mercado. Aparecen las ideas salvadoras sobre la competitividad y mejoramiento de la productividad. Desaparecen las entidades estatales de los pueblos y dan paso a los programas de desarrollo rural llenos de requisitos y con miras al sector exportador. Las estructuras políticas permanecen apegadas a esquemas feudales, las instituciones sin puntería en sus políticas y la población sin respuestas. No obstante, persiste el modelo de Estado generador de iniquidades regionales. El mundo cambia incesantemente y la región dormita con indiferencia. Llegó el momento de sentarse a pensar. Los actores regionales no pueden tragar entero el credo competitivo sin masticar sus esquemas.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional.

La humanidad se ha preguntado por la incesante manifestación de tendencias y contratendencias. Desde los planteamientos del materialismo dialéctico en la teoría marxista, las explicaciones de Gramsci en la economía política; los recientes aportes de Castell a las ciencias sociales, o las posiciones muy acertadas de Soros, J. Stiglitz, Krugman, Rodrik y Sachs sobre la crisis del capitalismo y la necesidad buscar alternativas para reorientar o pensar nuevamente el modelo de desarrollo de las naciones, siempre lo alternativo aparece frente a lo preceptuado. Un gran obstáculo a esta posibilidad, son las posiciones dogmáticas que encasillan y catalogan a los seres humanos. Bien lo dice Krugman “yo creo que los únicos obstáculos estructurales a la prosperidad del mundo, son las doctrinas obsoletas que abarrotan las mentes de los hombres”. Otro ejemplo de superación de este dogmatismo, es el caso de J. Stiglitz, que hasta el año 2000 era neoliberal y ahora es un reconocido neokeynesiano, o el caso de China que rompe el esquema socialista a ultranza y adopta una posición pragmática respecto al capitalismo.

Afloran los fundamentalismos y las luchas por la identidad de los pueblos, en un mundo que promueve la uniformidad y la homogenización cultural. En parte la configuración política de la actual de América Latina, es el resultado de una contratendencia frente a las medidas planteadas por el neoliberalismo desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La globalización muestra ahora la aparición del neoproteccionismo de los países que antes promovían la apertura sin límites. Francia limita libertades, EEUU prohíbe la concesión de sus puertos y Europa promueve los subsidios a sus productores. Un premio Nobel de economía promueve la legalización del consumo de la droga como estrategia para combatir el narcotráfico y el Banco Mundial dice que la pobreza es un limitante al crecimiento económico y no algo que se pueda superar con el mismo. Mientras tanto Colombia mejora en competitividad, mantiene su recuperación macroeconómica después de la crisis de 1998, aumenta sus exportaciones, recupera seguridad, pero simultáneamente aumenta el subempleo, crece la pobreza y la desigualdad. En una reunión de expertos, el DNP decide realizar la Agenda Interna Nacional. 28 departamentos del país priorizan el turismo en sus ejercicios, se realiza un filtro a la Agenda Interna y se prioriza bajo el lente centralista. Los técnicos dicen que no hay plata y que el sector privado debe financiar el 40% del valor de los proyectos. Las regiones desarrolladas sacan mejor partida y los poderes del congreso mueven sus influencias.
La región, advierte las amenazas actuales, adopta una Agenda Interna en un ejercicio desde afuera y desde arriba, toma decisiones coyunturales, enfatiza el corto plazo, olvida los desplazados, revalida el clientelismo, olvida las fronteras, desestima el conocimiento indígena, es indiferente frente a la influencia de los tratados sobre la biodiversidad; y se alista, gracias a nuevas normas, a la privatización del agua y la explotación irracional de los bosques. ¿Dónde está la respuesta endógena a la problemática regional?. ¿Carecemos de imaginación o padecemos de inercia intelectual?.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

El tema de la pobreza en Colombia está nuevamente en debate. Además de los estudios conocidos recientemente de diversas fuentes, el Gobierno Nacional lo ha elevado a término de política de largo plazo con la publicación del Documento Conpes “Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015”, publicado en marzo de este año. El enfoque adoptado es el promover el Desarrollo Humano, el cual incluye tres dimensiones que cualquier persona podría considerar como deseables: Un ingreso suficiente para tener acceso y disfrutar tanto de la propiedad como de los bienes básicos, una vida larga y saludable y un nivel educativo que le permita a la persona aumentar la capacidad de dirigir su propio destino. En este sentido el Gobierno Nacional, con el apoyo del PNUD Naciones Unidas, DANE y la CEPAL, identificó unas metas para cumplir al año 2015. Llama la atención que el documento define a la superación de las inequidades como el mayor reto del Estado Colombiano, principalmente se refiere a la inequidad entre lo urbano y lo rural, entre los departamentos y regiones, y cuya principal causa, sabemos que es la poca presencia estatal en todo sentido. No obstante, las estrategias generales que se contemplan son de alcance global y nacional y no llegan al detalle de lo local, lo que multiplica el esquema de política pública generalizada y homogenizante, culpable de la actual inequidad. El gran reto del Estado es regionalizar la política pública, con enfoques adecuados a las características particulares e integrales del territorio y llegar a plantear programas de efecto estructural y no mediático. Las metas planteadas pueden promover la interpretación gubernamental de ofrecer planes diarios de alimentación, comedores escolares, uniformes, morrales y útiles escolares, pan y panela, como la solución más común y capitalizable políticamente; abandonando el verdadero fin, que es brindar oportunidades de autorrealización de las potencialidades colectivas e individuales. Los programas sociales que buscan la atención y asistencia inmediata de la población pobre y vulnerable son muy necesarios, pero deben tener una temporalidad programada, diferenciación regional y un enfoque integral, con la realización simultánea de proyectos que generen propuestas de sostenibilidad y autogestión en misma comunidad.

El apoyo actual del Gobierno a la universidad pública de la región es lamentable. Permitir que estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a este nivel de educación y por consiguiente mejorar sus ingresos y jalonar la economía regional, produce un impacto que no ha sido merecidamente evaluado. Sorprendentemente, estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la UNESCO, confluyen en valorar a la educación superior como motor de equidad social y crecimiento económico. Áreas como la investigación básica y experimental son priorizadas. Sin embargo, la política de equidad que plantea el gobierno nacional puede ir por la vía equivocada. La idea del Gobierno es mejorar el acceso a través del crédito educativo y el montaje de los Centros Comunitarios de Educación Superior “CCES”, sin tener en cuenta las particularidades y la demanda relativa de las diferentes regiones del país. Los departamentos de nuestra región no cuentan con buena oferta pública en educación superior, solamente el Meta, y a nivel igualmente precario Arauca y Casanare, cuentan con una oferta muy pobre. Los créditos asignados por el ICETEX, además de insuficientes, son de trámite engorroso y tienden a subsidiar la educación privada. Igualmente, los CCES requieren de la financiación de los entes territoriales y de las nuevas tecnologías como soporte para la enseñanza, situación que al compararla con las menguadas finanzas de la mayoría de departamentos y la débil infraestructura de las comunicaciones, parece ser una estrategia poco viable para los departamentos de la región, a excepción de Meta, Casanare y Arauca, que podrían asignar recursos para este propósito. La propuesta adecuada a las condiciones de la Orinoquia debe contemplar definitivamente el apoyo a la universidad pública vía incremento de los presupuestos, con el fin de ampliar la cobertura y calidad con un plan de expansión regional bien evaluado y efectuando el debido seguimiento

Manuel Javier Fierro Patiño.