Derecho a las oportunidades

Universidad de los Llanos

La pretensión de un club de acomodados ciudadanos sobre unos terrenos entregados por el Municipio de Villavicencio a la Universidad de los Llanos, es una muestra más de las lamentables situaciones que en la región se presentan y que marca la ambición y el afán de enriquecerse a partir del patrimonio público. La Universidad de los Llanos es una institución educativa pública, es decir, sus activos y recursos tienen una función social marcada por su misma naturaleza. Su función tiene una invaluable importancia al permitir que estudiantes de bajos recursos, una vez convertidos en profesionales, aporten al desarrollo de la región, y al mismo tiempo puedan dar un salto en su nivel social y el de sus familias. Es un hecho económico y social sin precedentes, pues gracias a la educación se genera ruptura al ciclo vicioso de la pobreza en muchos hogares de la región.

El desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Según el BID, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante: en Latinoamérica, quien ha aprobado algún grado de secundaria tiene 24 por ciento más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien que sólo cuenta con primaria terminada. Para el caso de quien cuenta con algún grado de bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.

No basta con tener vergonzosos hechos como las obras inconclusas de la SECAB, los dineros perdidos en las fiducias, mandatarios presos, otros huyendo, todo un record de corrupción y despilfarro, sino ahora también una muestra de elitismo frente a la equidad. La Unillanos ha tenido graves problemas para aumentar su cobertura, uno de ellos es la ausencia de terrenos para su expansión y apertura de más programas, precisamente, en estos terrenos se tiene proyectado ampliar la oferta académica de la facultad de ciencias de la salud.

Señores del club de Villavicencio un llamado a la sensatez, en este caso prima el interés general, más aun donde se advierte un fin suntuoso y elitista frente a la oportunidad de equidad social que brinda la universidad pública. La figura de los clubes sociales, ya en decadencia, obedece al culto a la apariencia, a la fastuosidad y opulencia, lo que significaría en forma directa legalizar la exclusión y arbitrariedad frente a la problemática social que nos agobia. Sería un antecedente lamentable que un hecho de estas características ocurra en nuestra ya aporreada región y más triste si los estudiantes, profesores y la sociedad en general no hacen nada para defender sus derechos.

Manuel Javier Fierro Patiño.Magister en Desarrollo Local y Regional

Distrito Agroalimentario del Ariari

Manuel Javier Fierro PatiñoMVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

https://javierfierro.wordpress.com 

Lo primero que cualquier persona conoce de la región del Ariari en el Departamento del Meta, es que es una zona de enormes perspectivas económicas gracias a sus buenas tierras. Pero además, que es un territorio caracterizado por su particular geografía social y económica, con zonas consolidadas de economía campesina, asentamientos dispersos, poca presencia del Estado y un especial sentido de colectividad que marca procesos de asociación y desarrollo comunitario. No es gratuito que en la zona nazcan procesos tan importantes como el de la Asociación de Municipios del Alto Ariari y que sea actualmente foco de intervención de la Unión Europea mediante el III Laboratorio de Paz.  

Es un área de producción agropecuaria, en especial de hortalizas, frutas, ganadería y cultivos de peces. La actividad ganadera es de doble propósito, pero también es común la ganadería extensiva en sabanas. También se presenta la explotación de recursos maderables.  Las vegas son importantes para cultivos de arroz, soya, sorgo, yuca y plátano.  Granada se destaca como eje comercial y de servicios de la subregión del suroccidente metense. Es una ciudad marcadamente agropecuaria. La impresión se confirma con la vista de camiones llenos de alimentos, abonos, maquinaria y camperos dispuestos a recorrer las trochas y caminos veredales.  Lamentablemente, también es la zona del Meta en donde se han registrado históricamente los mayores problemas de orden público y nutrida presencia de cultivos ilícitos.

La colonización masiva del río Ariari comenzó desde la década del 50, con el asentamiento de colonos andinos, que buscaban nuevas oportunidades y resguardarse de la violencia política. También hubo intentos de colonización dirigida por parte de la antigua Caja Agraria. Posteriormente, en 1964, intervino el desmontado Incora. Luego avanzaron los colonos con producción de maíz, cacao, yuca, plátano, arroz, sorgo, algodón y pastos para programas ganaderos.  Es una tierra que atrae y brinda oportunidades.  El territorio que engloba la cuenca de Ariari surte de alimentos a Villavicencio y Bogotá, convirtiéndose en el principal circuito agroalimentario del oriente colombiano. La característica principal es la preponderancia de pequeños productores que canalizan un 95% de la mano de obra empleada en la zona rural y son responsables del 84% de los ingresos producidos en la región. 

De acuerdo con la Central de Abastos de Bogotá, desde hace unos tres años se viene dando un descenso en la oferta de alimentos del Llano, pues del 11%, a finales de la década del 90, ahora se oferta el 5%. Es así como, un reporte de la Secretaría de Agricultura del Meta señala que 12.000 hectáreas de arroz fueron reemplazadas por cultivos de palma o caucho, la enfermedad del moco mermó unas 6.000 hectáreas de plátano en el Ariari y, los precios internacionales de la soya la están afectando. Además, el auge de la agroenergía que está utilizando cultivos de maíz, yuca y caña para producir biocombustibles, ha generado que se priorice la producción con fines industriales, descuidando la oferta de alimentos[1].  Estos cambios en la estructura productiva del sector rural del Meta pueden ocasionar efectos sociales y económicos que influyen directamente en el empleo e ingresos de la población. Igualmente, pueden ocasionar mayor concentración de la tierra y exportación bruta de capital. Hablando en términos castizos, los grandes cultivos comerciales pueden generar empleo y dinámicas económicas interesantes que podrían ser aprovechadas por la población local, pero es muy posible que las utilidades y el empleo no reemplacen (en calidad) al generado actualmente en la región, con el agravante de la relación directa que existe entre las unidades campesinas actuales, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de Villavicencio y Bogotá.  Además, el empleo generado por la agroenergía se canaliza principalmente hacia actividades culturales y recolectoras que resultan en baja remuneración, sin activar encadenamientos industriales en la zona.   Dentro del modelo productivo de gran escala, las unidades campesinas resultan ineficientes y poco competitivas. El modelo actual promovido desde las instancias gubernamentales encamina al Meta hacia la desaparición de su papel proveedor de alimentos y fortalece su rol como territorio productor de energía y enclave productor de materias primas para procesamiento industrial, realizado principalmente fuera de la región. 

Una salida estratégica consiste en hacer de la zona del Ariari un Distrito Agroalimentario que garantice la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la red de ciudades del piedemonte, Villavicencio y Bogotá.  Con seguridad es una iniciativa que puede generar mayor impacto económico, utilizando estrategias de asociatividad, que bien han funcionado en la zona y utilizando capital humano regional.  La idea no es cerrar el paso a iniciativas comerciales de gran escala, es tratar de humanizar el campo y generar oportunidades para toda la población, sin dejar de ser competitivos. Inclusive, simultáneamente se podrían desarrollar proyectos exitosos de producción social a gran escala con cultivos de palma y caucho, tal como se ha demostrado en otras regiones del país.  El Meta no puede echar la borda el mercado capitalino y mucho menos propiciar el desabastecimiento alimenticio, lo cual traería como consecuencia un alza en el precio de los alimentos que afecta principalmente  a la población de menores ingresos. El distrito agroalimentario sería administrado por una central de control que organizaría una red de productores integrados en clústeres[2] que optimizarían cada uno  de los eslabones de la cadena, permitiendo generación de valor y disminución de costos. Se trata de constituir una eficiencia colectiva que genere desarrollo y equidad social y garantice la sostenibilidad de la economía metense en el largo plazo.  En este sistema, con apoyo público-privado, se integrarán grandes y pequeños productores, propiciando aprendizaje y flujo constante de conocimiento pertinente para desarrollar procesos de desarrollo tecnológico e innovación que posicionen nuestra producción de alimentos en el nivel nacional e internacional.

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[1] Banco de la República. Boletín Económico Regional. Región Suroriente.2007.

[2] Agrupamietos de productores que desarrollan actividades relacionadas dentro de un mismo sector. Por ejemplo, los productores de concentrados, con los ganaderos, los comercializadores de carne, lácteos y subproductos como el cuero. La idea es aprovechar todo el ciclo productivo y generar valor agregado en la región. Igual se aplica para la cadena hortofrutícola y piscicultura.

La Universidad Pública y la Equidad Social

El apoyo actual del Gobierno a la universidad pública de la región es lamentable. Permitir que estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a este nivel de educación y por consiguiente mejorar sus ingresos y jalonar la economía regional, produce un impacto que no ha sido merecidamente evaluado. Sorprendentemente, estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la UNESCO, confluyen en valorar a la educación superior como motor de equidad social y crecimiento económico. Áreas como la investigación básica y experimental son priorizadas. Sin embargo, la política de equidad que plantea el gobierno nacional puede ir por la vía equivocada. La idea del Gobierno es mejorar el acceso a través del crédito educativo y el montaje de los Centros Comunitarios de Educación Superior “CCES”, sin tener en cuenta las particularidades y la demanda relativa de las diferentes regiones del país. Los departamentos de nuestra región no cuentan con buena oferta pública en educación superior, solamente el Meta, y a nivel igualmente precario Arauca y Casanare, cuentan con una oferta muy pobre. Los créditos asignados por el ICETEX, además de insuficientes, son de trámite engorroso y tienden a subsidiar la educación privada. Igualmente, los CCES requieren de la financiación de los entes territoriales y de las nuevas tecnologías como soporte para la enseñanza, situación que al compararla con las menguadas finanzas de la mayoría de departamentos y la débil infraestructura de las comunicaciones, parece ser una estrategia poco viable para los departamentos de la región, a excepción de Meta, Casanare y Arauca, que podrían asignar recursos para este propósito. La propuesta adecuada a las condiciones de la Orinoquia debe contemplar definitivamente el apoyo a la universidad pública vía incremento de los presupuestos, con el fin de ampliar la cobertura y calidad con un plan de expansión regional bien evaluado y efectuando el debido seguimiento

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