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La noticia sobre la disminución de la inversión en actividades de ciencia y tecnología e innovación “ACTI”, específicamente en la reducción de 125.000 millones de Colciencias, es un síntoma más del creciente desinterés histórico que afecta considerar a la ciencia, tecnología e innovación como pilar de desarrollo nacional.  Las tasas anuales de inversión en este sector han sido históricamente bajas en Colombia, según el informe nacional de competitividad del Consejo Privado de Competitividad la inversión en ACTI pasó de 0,35% en 2003 a 0,45% en 2012, mientras en América Latina creció a una tasa casi tres veces mayor. Entre tanto, la inversión en I+D pasó de 0,14% a 0,17% en el mismo periodo. Si esta cifra se compara con la inversión que hacen países como Corea, EEUU, Suecia, Finlandia, que superan el 2% del PIB en inversión ACTI, pues las conclusiones aparecen a primera vista.

La conclusión más evidente es que la ciencia y tecnología no es una prioridad en un país que privilegia un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas, con mínima transformación de materias primas y con una estructura industrial que lucha por subsistir en medio de un clima poco amigable.  Debería ser lo contrario, puesto que los recursos naturales no son infinitos y la posibilidad de subsistir después de las bonanzas tiene que ver mucho con la capacidad instalada en ciencia tecnología e innovación “CT+i”, el conocimiento científico pertinente y el talento humano que se cuente cuando la época de vacas gordas termine.

La reforma del régimen de regalías trajo una esperanza, cuando se dijo que el 10% de estos recursos se destinaban al sector. Pero la historia ha sido otra, los recursos no se ven y su impacto se diluye en sistemas de ejecución centralizada y burocrática, donde los más indicados y los que tienen el conocimiento sobre las prioridades no participan. Los recursos aparecen orientados por las gobernaciones, con muy poca participación de los centros de investigación y las Universidades.  Para el gobierno poner la locomotora de la innovación se reduce a fortalecer el SENA, reemplazar recursos del nivel central con recursos de regalías y aumentar las trabas para la inversión de los recursos.

Lo que se esperaba es que los recursos de regalías serían adicionales a la inversión ínfima que tradicionalmente realizaba Colciencias, pero ahora se advierte la verdadera intención. Los recursos se le quitan a las regiones para invertir en el centro del país.  La centralización del sistema nacional de ciencia y tecnología es abrumador. Aproximadamente el 90% de las ACTI se realizan en cuatro centros, Bogotá, Medellín, Cali y Eje cafetero-Santander.  El recorte de los recursos de Colciencias se sustenta, según el DNP en la nueva inversión que surge de la reforma de regalías.

En el informe de Políticas de I+D en Asia, realizado por la casa Asia (Japón, India, China y Corea del Sur) concluye que los avances en ACTI de estos países se deben a una estrategia de descentralización, creación de capacidades en las regiones, priorización de áreas estratégicas y la introducción de procedimientos de gestión eficiencia y evaluación de resultados.  Cabe anotar que gran parte del éxito radica también en una cultura de la disciplina y compromiso colectivo. Como podemos ver, la perspectiva que nos queda no es nada halagadora.

Colombia se caracteriza hoy en día por su modelo extractivo, la centralización de las ACTI, la ausencia de prioridades y una torpe y anquilosada red burocrática en la ejecución de los pocos recursos de ciencia tecnología e innovación.

Si la intención fuese poner a funcionar la relegada locomotora de innovación la voluntad política seria evidente. Mientras tanto, las universidades sufren por recursos para investigación, los centros de investigación y desarrollo tecnológico disminuyen, el talento humano emigra donde se ofrecen verdaderas oportunidades y las empresas navegan en un contexto incierto donde tienen que competir con la economía que enfatiza las actividades minero- energéticas que de por si provocan cambios en el mercado laboral y  elevan los precios deprimiendo las demás actividades.

La alternativa sería la implementación de una política de consolidación de capacidades de CT+i en las regiones, la ampliación y creación de nuevas capacidades a partir de la formación avanzada, el mejoramiento de la infraestructura investigativa en las universidades, la vinculación de una estrategia de emprendimiento de base tecnológica que nazca desde los niveles básicos del sistema educativo, se desarrolle en la formación técnica y se profundice y potencie en el sistema de educación superior.  Igualmente, crear instrumentos e incentivos apropiados y operativos para la innovación empresarial, promover actividades de transformación de materias primas e identificar y potenciar decididamente áreas estratégicas de alto valor.

Lamentablemente, estas posibilidades desaparecen si subsiste el andamiaje burocrático que lentifica y entorpece cualquier programa o proyecto. En Colombia, los recursos de CT+i los define el DNP, los ajusta el congreso, lo ejecuta Colciencias y las gobernaciones y los añoran y miran pasar las universidades y los investigadores, que más puede esperarse.

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