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La dirigencia política del Meta, gremios, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidad en general se han unido en una proclama general para exigir un mejor trato del gobierno nacional y la culminación de la obra “Doble Calzada” Villavicencio-Bogotá.

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El Meta unido por una causa justa.

Posteado por Javier Fierro P.

Orinoquia

Orinoquia

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables. El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. GEPUR.ESAP. Magister en Desarrollo Local y Regional

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La meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la educación y a la competencia. Países como Finlandia y Suecia tienen sus aparatos burocráticos basados en este principio y como resultado de ello, el Estado puede mostrar niveles de eficiencia y eficacia comparables o superiores al del sector privado.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la meritocracia tiene como propósito fundamental vincular en las entidades del Estado a los mejores funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos públicos. No obstante, las promesas e intenciones, la convocatoria No. 001 de 2005 ha sido una gran falacia. Es la idea que ronda en la cabeza de aproximadamente 620.000 personas que se presentaron a las pruebas realizadas en diciembre de 2006.

De inmediato empezaron las triquiñuelas y demandas de los que veían afectados el interés personal de continuar en un cargo público. El argumento de los funcionarios, apoyados por algunos sindicatos y fuerzas políticas de diferentes vertientes, se basa en que no es culpa de ellos que el Gobierno no los haya convocado a concursos para ingresar a la carrera administrativa y que por esta razón ya cuentan con el derecho a la estabilidad laboral.  El argumento no se basa en la calificación para ocupar el cargo o en la calidad de su desempeño, lo cual seria admisible. Es justo garantizar el empleo a las personas que lo necesitan, pero este criterio amañado es cuna de ineficiencia y causa principal del pobre desempeño de las empresas públicas; en contradicción con el sistema basado en el mérito, donde las personas más capaces tienen la oportunidad de demostrar sus competencias. Pero en Colombia, un país mediado por el clientelismo y la corrupción es casi imposible creer en tal propósito. 

Hoy casi después de tres años, no se ha provisto el primer cargo. De los 65.000 empleos seguros que prometía la convocatoria, con las maniobras y la gestión de grupos de poder, solamente quedan unos 10.000 y muy seguramente, al final no se oferten todos, pues algunas entidades públicas han sido renuentes a enviar el listado de cargos al DAFP.

El Congreso aprobó un proyecto de Ley que declara que los funcionarios con nombramientos en provisionalidad que trabajaran para el Estado desde el año 2004 podrían seguir en sus cargos sin presentarse a concurso. El proyecto de Ley fue devuelto al congreso, después de que la procuraduría solicitara al presidente no sancionarlo por inconstitucional.  Lo que buscan los partidos, sin importar su ideología, es mantener sus cuotas burocráticas y los cargos que con componendas han logrado conseguir para sus clientelas. Es la base de una democracia enferma que nos lleva a niveles inaceptables de desigualdad. Si se quiere avanzar en competitividad es necesario ponerse al nivel de las reformas que actualmente están haciendo curso en el mundo. Lo público puede ser eficiente si se ataca el clientelismo y las formas medievales de negociación de puestos y contratos.

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Decir que la producción de biocombustibles no afecta la producción de alimentos en Colombia es tan equivocado como decir que las exportaciones nacionales no se ven afectadas por la baja del dólar. 

El aumento considerable del área sembrada de cultivos para producción de combustibles en un país como Colombia, donde existe una alta concentración de la propiedad de la tierra, es resultado de una agresiva campaña gubernamental jalonada por sectores poderosos de la economía que ven en este negocio la oportunidad de sus vidas.  Ante el alza del precio del petróleo, es mucho más rentable producir combustibles que producir alimentos.

Es claro, que el aumento de la demanda en economías emergentes, jalona el alza de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles. Países en crecimiento, como China, India y Rusia demandan más y el mundo debe producir más.  Ante esto, EEUU promovió masivamente la producción de etanol. No obstante, esta estrategia de producir biocombustibles no cumple con su objetivo inmediato, no influencia los precios ni satisface la demanda. Mientras tanto, en el mundo avanzan planes de expansión nuclear, investigación en nuevas fuentes y auge de nuevos cultivos tendientes a producir energía en el corto plazo.

Desde el año 2006, organizaciones no gubernamentales y ahora organismos como la OCDE, la FAO y el Banco Mundial advierten sobre el aumento de la producción de Biocombustibles y su efecto negativo en la producción de alimentos.  No obstante, gobiernos latinoamericanos desmienten efectos negativos, aduciendo garantía de la seguridad alimentaria y la existencia de tierras disponibles para siembra conjunta de alimentos y biomasa para biocombustibles.  Sin embargo, recientemente aparecen en Brasil reclamos frente a la afectación de la selva amazónica por la incorporación de nuevas áreas a la producción de etanol.  

En Colombia, es cierto que existen tierras que pueden ser destinadas a producción de biocombustibles, pero la presión sobre áreas de economía campesina aumenta y el marco de estímulos crediticios e incentivos crecientes a la producción de biocombustibles amenaza la producción de alimentos, que hasta ahora se está reponiendo de la dura política agraria de corte neoliberal.  Recordemos, que hace pocos años se promovieron nuevos sectores agrícolas con el supuesto de la puesta en operación de tratados de libre comercio que no se han materializado. Con este argumento se desestimuló la producción de trigo, arroz, cebada, soya y maíz, teniendo en cuenta la cobertura futura con oferta externa.  No obstante, el escenario mundial cambió y ahora escasean los alimentos y producirlos es muy rentable. Ante esta situación, es urgente fortalecer la producción de alimentos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.  De esta manera, se lograría subsanar los efectos de la alocada improvisación gubernamental movida por el afán de favorecer grandes intereses privados. Los que promueven estas iniciativas energéticas tienen sus propios intereses, pero el gobierno debe garantizar ante todo la seguridad alimentaria, para frenar el alza desmedida en el precio de los alimentos, que afecta principalmente a los sectores más marginados de la sociedad colombiana.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo. Consultor.

La utilización de nuevas tecnologías ha cambiado considerablemente las condiciones sociales y económicas de la sociedad. Bastaría con mencionar como ejemplos, el uso masivo de tecnologías ligadas a la red Internet o las inmensas posibilidades que muestran los avances en biotecnología y microelectrónica. Hoy, algunos sectores de la sociedad disponen de herramientas y conocimientos avanzados para conducir cambios que logren un mayor bienestar social, no obstante, estos recursos deben ser ampliamente difundidos y distribuidos, en una acción en la que confluyen tanto intereses públicos como privados.

En esta época de cambios acelerados, las empresas, las organizaciones sociales y los gobiernos buscan posicionarse globalmente, aprovechando las ventajas que brinda el entorno y combinando los recursos necesarios para anticiparse a los grandes cambios. Esto no se logra si no existe una base sólida de conocimientos y aplicaciones que generen mayor productividad y simultáneamente propicien una mayor equidad social.  Este es un asunto que concierne tanto a las universidades, como al gobierno y lógicamente, también a las empresas. 

Se hace necesario que las fuerzas sociales, políticas y productivas del territorio, unidas en un plan estratégico, identifiquen las tecnologías claves para su desarrollo y dimensionen qué variables pueden incidir sobre las mismas; al mismo tiempo, se busca determinar cómo podrían afectar a la sociedad y cuáles pueden ser los factores que las impulsen en un sentido o en otro. Este es el campo de la prospectiva tecnológica, algo que se constituye actualmente, en el pilar que sostiene procesos de innovación y competitividad territorial en el mundo. 

En este propósito, es necesario apartarse un poco de la idea tecnócrata que pone a la prospectiva en un pedestal inalcanzable, manejada arbitrariamente por técnicos y funcionarios que además intentan manipular y orientar los resultados. Un ejercicio de prospectiva realmente válido requiere de una alta dosis de participación, responsabilidad y compromiso con la sociedad.  En primera medida, por ser una herramienta para la toma de decisiones, hay que garantizar que los involucrados, tanto direccionadores, como ejecutores o activadores e inclusive, los opositores, participen activamente del proceso.  De otra forma, el método pierde potencia y se convierte en una falacia que causa más desilusiones que logros. En segunda medida, es un recurso técnico que fortalece y consolida la gestión, la hace más pertinente y eficiente, buscando construir un futuro de acuerdo con los deseos y también con las posibilidades. Por esta razón, debe desmitificarse su uso y hacerla más alcanzable para las empresas y organizaciones.

La prospectiva tecnológica es solo el comienzo de una cadena de procesos de mejoramiento que conduce cada vez a operaciones más complejas, pero más efectivas.   La utilización de la vigilancia tecnológica, el balance tecnológico, la minería de datos, los sistemas de inteligencia competitiva, los clúster de información y los análisis de redes sociales proactivas, son un campo abierto de posibilidades para incorporar la gestión del conocimiento a los procesos productivos y administrativos.   

El Comité Universidad-Empresa-Estado del Meta propuso la primera fase del proyecto “Mapa de Conocimiento”, una iniciativa que busca precisamente realizar un estado del arte del conocimiento generado y disponible para mejorar la productividad, propiciar nuevas oportunidades, preparar el terreno fértil para que surja la innovación, para que finalmente se puedan ampliar fuentes de empleo e ingresos para la población de la región.  En una primera fase con el apoyo del gobierno departamental y el liderazgo de Unillanos, se ha logrado analizar una parte de la oferta de conocimiento pertinente que ha generado la Universidad de los Llanos, como también se logró tener una imagen de la demanda global de conocimiento por parte de las empresas y organizaciones. 

La Universidad de los Llanos inicia una segunda fase con el análisis de otras formas de conocimiento que ha generado la universidad y convoca a la reflexión participativa para la construcción de una propuesta que origine una mayor pertinencia de las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social.  Igualmente, con la participación de otras universidades, con el apoyo del gobierno seccional, de las entidades nacionales y la incorporación de recursos de cooperación, lograr avanzar en estudios de oferta global de conocimiento, análisis de cadena de valor y prospectiva tecnológica de los sectores  productivos del Meta.  El objetivo es constituir alianzas sólidas y autogestionadas que detonen el aumento de la calidad de la producción, propuestas sociales innovativas y nuevas alternativas productivas. Este tipo de alianzas Universidad-Empresa o Universidad-organización, se sostienen por si solas porque nacen de un proceso en donde las ofertas y las demandas de conocimiento confluyen íntimamente, logrando mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos que eslabonan de la cadena productiva, avanzando con paso firme al concepto de clúster de la producción y también conformando una caja de herramientas para atención de la problemática social y económica de la región.

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

Docente catedrático Universidad de los Llanos

Departamento del Meta

La propuesta presentada a la Comisión Regional de Competitividad, a través de una consultoría de Confecámaras, consiste en un llamado a las administraciones municipales y a la administración seccional a unificar procesos de planeación de las ciudades satelitales (Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Restrepo, Cumaral, Puerto López y Puerto Gaitán) conformando una espacialidad subregional en donde se organicen las actividades productivas, se definan relaciones urbano-funcionales, se definan proyectos de inversión social, infraestructura urbana, servicios públicos, inversión en TIC´s y dotación logística con una proyección a 50 años.

La dinámica actual de inversión, el crecimiento desordenado de las ciudades y los conflictos urbano-rurales, constituyen un reto para la planificación regional en la asignación de recursos a proyectos que buscan la solución a problemas comunes. De la misma manera en que la articulación de los eslabones de la cadena productiva genera beneficios y una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, la articulación espacial de las ciudades mediante un marco de planificación común genera enormes dividendos en la gestión territorial y permite desarrollar proyectos con una escala mayor y la posibilita un mayor impacto en la inversión pública. Este proceso subregional facilita la articulación y un mejor posicionamiento respecto a otros procesos similares, como la conformación de la Bogotá ciudad región y la dinámica subregional del antiplano cundiboyacense y el eje Bogotá-Girardot. Será mucho más fácil promover proyectos como el ferrocarril subregional de Villavicencio, la zona franca especial y daría más fuerza a nuevas espacialidades en el Meta, concretamente, el Distrito Agroalimentario del Ariari y la Zona Agroindustrial de la Altillanura.

Esta zona noroccidental del departamento concentra los servicios educativos, de salud, comercio, infraestructura productiva y en un futuro favorecería la desconcentración de Villavicencio y la difusión de impactos sociales y económicos positivos en toda la espacialidad. Es muy posible que el Meta pueda incluso avanzar en una nueva red de asentamientos que integre el territorio amplio de la altillanura, en un proceso de poblamiento futuro que puede ser modelo para el país.

El proceso inicia por un acuerdo de voluntades y la conformación de una unidad técnica que empiece a visionar los programas y proyectos a desarrollar en el presente siglo. Se analiza el estudio conjunto de los planes de ordenamiento territorial y el diseño y operación de subcomités de planificación en las áreas consideradas estratégicas. Puede iniciarse un proyecto piloto de región digital con la masificación de las TIC´s y estudios de prestación de servicios públicos, obras de infraestructura que sirvan de soporte a los clústeres definidos, obras de desarrollo vial que permitan una mayor movilidad y articulación espacial del territorio. En un futuro próximo, no sería raro que las personas puedan movilizarse a una gran velocidad entre estas ciudades, dinamizando y reorganizando las actividades económicas, incorporando nuevas realidades y promoviendo una mayor participación social.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

Para Hernán Rincón, el vicepresidente de Microsoft para América Latina, el bajo índice de competitividad de América Latina sólo se puede superar si los gobiernos ponen más atención en el ámbito educativo y la inversión en tecnología. Se asume cada vez con mayor frecuencia que la educación debe estar ligada a las necesidades de la sociedad y vinculada a un proyecto político de desarrollo regional. El fin consiste en reorientar el sistema educativo del Meta hacia la formación de competencias empresariales, con énfasis en gestión y liderazgo, integrando a los diferentes actores en un pacto colectivo para la competitividad, que involucre a todos los niveles de la educación. Deberán participar autoridades gubernamentales, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia, sindicatos; todos comprometidos en el objetivo común de mejorar la calidad y pertinencia del sistema educativo. Solo así la región podrá ser un territorio triunfador en esta alocada carrera que impone la globalización.

Las metas incluyen la necesidad de lograr el mejoramiento de un 15% en los promedios en las pruebas SABER y el ICFES durante los próximos cinco años, mejorar en bilingüismo, con 500 estudiantes certificados por año e incorporar masivamente las tecnologías informáticas al proceso educativo.

Pese a que las Instituciones de Educación Superior y el SENA hacen análisis de demanda o análisis de contexto para ajustar su oferta educativa, no se ven resultados notables en cuanto a la incorporación efectiva de los promovidos y egresados al mercado laboral. Esto se debe en parte a que la formación de habilidades empresariales no empieza en estos niveles, empieza desde la misma educación familiar y preescolar. Igualmente, es urgente abandonar el enfoque educativo que solo produce egresados buscadores de empleo. La estrategia de transformación productiva y generación de valor agregado a la producción departamental, requiere de un contingente de capital humano suficiente, que solo puede ser producido por un sistema educativo pertinente, que ofrezca servicios de acuerdo a la demanda actual y futura, procesos que deben ser apoyados por las secretarias de educación.

Es necesario que el sistema promueva y refuerce valores y habilidades como la confianza, la perseverancia, la autoestima, el liderazgo, la creatividad y el gusto por el ahorro y la planeación. La propuesta involucra la formación en la básica primaria y secundaria con la adquisición de disciplina, mayores habilidades para la gestión y la toma de decisiones. Busca en la formación media y técnica, las competencias para desarrollar actividades productivas según la vocación económica departamental. Forma al profesional de cualquier disciplina para gerenciar su propia empresa, administrar procesos de gestión de conocimiento, investigación e innovación; y además, refuerza la formación ciudadana, promoviendo la cooperación, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magíster en Desarrollo. https://javierfierro.wordpress.com

El país debe asumir un proceso de descentralización en los Sistemas de Ciencia y Tecnología e Innovación. La producción intelectual y científica se concentra en las principales ciudades del país, en donde se ubica la mayoría de universidades y centros de investigación. Regiones del país con múltiples problemáticas y potencialidades carecen de la institucionalidad necesaria, capital humano y capital social requerido para generar conocimiento pertinente. Las políticas nacionales se orientan a fortalecer la ciencia y tecnología de acuerdo con la demanda, diseñando convocatorias que financian iniciativas de las regiones. Obviamente existe una mayor capacidad de gestión y sustentación en las regiones relativamente desarrolladas, logrando con ello la mayor parte de proyectos aprobados, concentrando nuevamente los resultados del sistema nacional. Este círculo vicioso profundiza las disparidades regionales en inversión y evita descubrir nuevos focos de inversión e investigación, por ejemplo, mayor estudio de la biodiversidad, desarrollo de las ciencias del mar, manejo y uso del agua y la utilización de otros recursos naturales inexplorados. Sin advertirlo, el país puede haber dado la espalda a múltiples alternativas productivas y no productivas, que en algún momento podrían ser estratégicas para la Nación.

La descentralización debe ser en los niveles institucional, político y fiscal, de tal manera que realmente ofrezca posibilidades de cambio real. La demanda actual debe unirse a la prospectiva tecnológica como componentes que justifican la inversión y líneas especiales de especial potencial para el país. La creación de un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, planteado en el proyecto de Ley de Ciencia y tecnología, debe incluir diferenciaciones regionales que permita condiciones equitativas para todas las regiones.

Es necesario que exista una adecuada coordinación de las entidades nacionales con las de específicamente orientan la estrategia de Ciencia y Tecnología. La coordinación deberá incluir políticas de financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación internacional. Las entidades nacionales deberán enfatizar en aquellos programas y proyectos que pueden aportar en la generación de una cultura de la ciencia y tecnología, estableciendo mecanismos e instrumentos multisectoriales que cobijen este propósito y que se ajusten a las diferencias regionales.

La inversión en ciencia y tecnología debe ser un indicador que requiere de un fino seguimiento, garantizando la eficiente ejecución de los recursos. Un 3 % del PIB durante un periodo de 10 años permitirá alcanzar un nivel aceptable en productividad y competitividad. Las regiones requieren el apoyo en la formación continua de investigadores y gestores tecnológicos. Investigadores que generen nuevo conocimiento deben ser estimulados y recompensados. Los gestores tecnológicos deben tener un marco institucional y posibilidades de financiación de alianzas productivas.

Al hablar de instituciones se incluyen también los aspectos relacionados con la cultura, las costumbres, imaginarios colectivos y parámetros de comportamiento que influyen en la ejecución de las políticas públicas y en las actitudes y aptitudes para la competitividad. No hay que menospreciar el papel tan importante de la educación y la familia en la construcción de procesos sociales que generen beneficios colectivos, o en necesidad de los agudos procesos de recontextualización que requiere el país. La educación debe ir más allá de la simple formación de habilidades, capacidades y competencias, debe fortalecer la esfera ética y política del ciudadano, forjando cualidades y virtudes que intenten solucionar los lamentables conflictos que se han hecho comunes de la colombianidad, precisamente sobre ética, cultura y moralidad[1]. Los hechos de corrupción, el clientelismo, la violencia política, el total irrespeto por la vida y las formas diferentes de pensar, pueden tener mucho más influencia en la competitividad de un país que lo que usualmente se piensa.

El país debe afrontar un profundo proceso de cambio social y modificación paulatina de mapas mentales que sean compatibles con los propósitos nacionales de desarrollo económico con equidad social. Este proceso debe estar enmarcado en una política de Estado. Ya otros países han emprendido campañas nacionales, por ejemplo, por la puntualidad, el valor de la palabra o lucha contra el chisme. Aunque pueda parecería inocuo y hasta risible, podrían sorprender los resultados en Colombia, si se asume un programa sistemáticamente con toda la voluntad política. En el caso del Meta, es una propuesta totalmente pertinente dado los sonados casos de corrupción y clientelismo.

La encuesta a 80 líderes del Meta, realizada en el trabajo de consultoría con Confecámaras muestra la importancia de fortalecer la formación de valores en los jóvenes. Un 62.5% de los encuestados considera que los valores relacionados con la capacidad de planeación, orientación del futuro u manejo del tiempo son más importantes. Igualmente se destacan la preparación, formación, franqueza, rectitud, honradez, rigor ético, juego limpio. En un tercer grado aparece la diligencia y perseverancia.

La identificación de los encuestados marca la necesidad de formar en valores éticos y en la visión de futuro, antes que en inculcar trabajar duramente. Puede ser un indicativo de la necesidad de atender la pérdida de rumbo y atacar los factores relacionados con la cultura de ganancia fácil, la tolerancia frente al clientelismo y la corrupción.


[1] Mockus Antanas. Anfibios Culturales y el divorcio entre Ley, Moral y Cultura. Revista Análisis Político. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Santafé de Bogotá, No. 21. 1994.

En reciente visita que realicé a Medellín, para asistir a un Foro Nacional sobre Universidad –Empresa – Estado, organizado por ASCUN, Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, presencié la extraordinaria exposición del profesor Solleiro de la UNAM de México, invitado especial a este importante evento. La disertación fue específicamente sobre las universidades y la redefinición de su papel en el contexto mundial; como también, sobre las crecientes experiencias exitosas de desarrollo endógeno que muestran la importancia del conocimiento pertinente en la búsqueda del bienestar colectivo. Resulta ineludible para las universidades asumir además otros papeles diferentes a las convencionales funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. Agrupadas en un nuevo foco, aparecen nuevas misiones: el apoyo a procesos de mejoramiento continuo de las empresas, la innovación y el emprenderismo. Como balance a la cruenta lucha que impone el paradigma de la competitividad, las universidades aparecen como prenda de garantía para la socialización y distribución del los beneficios del conocimiento, asumiendo su responsabilidad social.

Recorriendo la ciudad y escuchando la opinión de la gente del común, pude observar el especial papel que han tenido las IES en la reconstrucción social de Medellín, la recuperación de la confianza y el auge de nuevos emprenderismos en cada una de las comunas de la ciudad. Este fenómeno para nosotros, resulta algo evidente y normal en países europeos y asiáticos, en donde los gobiernos apoyan a las universidades, creen en ellas y les conceden la ejecución de los programas más estratégicos. En un contexto como el nuestro, el conocimiento es un obstáculo para los políticos poco comprometidos, porque descubre la trampa. Nuestras universidades con mucho esfuerzo y a su propio ritmo, han emprendido reformas para mejorar, pero la articulación con las empresas y el Estado no depende únicamente de las universidades. La participación de la ESAP en el mejoramiento de la administración pública, no seria marginal si las administraciones territoriales asumieran retos de gerencia pública competitiva, situación que volvería injustificables los procesos de privatización y la aparición de entidades como EDESA o las Unidades de Contratación.

Debe existir cierto nivel en las administraciones para reconocer en las universidades un socio importante. Veamos que en Medellín y Bogotá se dio un cambio porque académicos reemplazaron a los políticos. Personalidades como la de Sergio Fajardo se alejan de nuestro ejemplo, cuando el mecanismo social de selección de los cargos públicos es contrario al mérito basado en el conocimiento y/o experiencia. La mayoría de cargos importantes, se dan al más manzanillo de los corruptos, a los aportantes de campaña o a los socios clientelistas. No pueden esperarse buenos resultados, si este sistema irregular rompe el compromiso del funcionario con su pueblo y lo desvía a intereses de grupo o peor aún, hacia intereses individuales.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo

El Meta hace esfuerzos para subirse al tren de la competitividad, no obstante, deben existir condiciones de equidad regional que permitan al departamento estar al mismo nivel de las demás regiones del país. Tenemos los peajes más caros de Latinoamérica. Dos de los más caros se encuentran sobre la misma vía (Bogotá – Villavicencio). Los derechos de transito por kilómetro entre Bogotá y Villavicencio ($253 para autos, camperos, camionetas y microbuses), cuestan el triple de lo que se paga por conducir de Washington a Nueva York (El Tiempo.20/08/07). Eso hace que sea equivalente transportar una tonelada de carga de Cúcuta a Bogotá y de Villavicencio a Bogotá.

De otra parte, en el país se han venido conformando nuevas zonas francas, con estímulos tributarios para el asentamiento de empresas turísticas, agropecuarias y agroindustriales. En diciembre de 2007, se llegó a 9 zonas francas, donde Facatativa se convirtió en zona franca de Biocombustibles, jalonando la inversión hacia este sitio, complementando la zona franca de Tuta en Boyacá. A esto hay que sumarle la transformación de la Ley Páez en una zona franca especial, cubriendo a Tolima, Huila y parte del Cauca.

La Ley 1004 de 2005 es la ley marco de zonas francas. Definió las condiciones tributarias que regirán para las empresas que se establezcan en esas zonas. Para empezar, la tarifa del impuesto de renta será del 15 por ciento, y no la tarifa general que para el año gravable 2007 fue del 34 por ciento y para el año gravable 2008 es del 33 por ciento. Igualmente, para esas compañías no se causan ni pagan tributos aduaneros, es decir IVA ni arancel. También gozarán de exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de las zonas francas. Por el lado de exportaciones desde zonas francas a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.


Estamos rodeados de zonas francas que nos dejan en una posición poco ventajosa para la inversión. Con estos peajes y con las políticas agropecuarias agroexportadoras que imponen fuertes retos a los productores, la región podría entrar en una crisis económica si no se toman medidas. La idea es permitirle al Meta unas condiciones equitativas que favorezcan la inversión y la localización de industrias agroalimentarias y agroenergéticas. Solo así podría darse un contexto propicio para conformar encadenamientos productivos que generen empleo e ingresos a la población. No vale de nada tener el mercado bogotano tan cerca, si en la realidad económica estamos lejos. Una zona franca especial en estos sectores, inclusive contando con el sector turístico, podría crear un marco propicio para la inversión en la región. Queda entonces la tarea para la dirigencia regional y nuestros parlamentarios defiendan con esmero, nuestros golpeados intereses.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

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El emprendimiento es un tema relativamente nuevo en las políticas públicas. Generalmente, es considerado irrelevante y de poco impacto para el ejercicio de gobierno. Algunos asesores creen que le atañe solo al sector privado, las ONG´s y las instituciones educativas. No obstante, algunos casos en ciudades y regiones que han realizado programas exitosos de competitividad con equidad social, llaman la atención y son constantemente modelos de demostración. Inclusive en Colombia, se destacan programas de “Emprendimiento Social” en Medellín, “Bogotá Emprende” o la Red del Oriente Colombiano para el Emprendimiento” de Santander; programas realmente innovadores que tienen su pilar en la integración, promoción y financiamiento por parte del sector público. Los programas de emprendimiento social están ligados a créditos de bajo interés, con un acompañamiento continuo, con asesoría especializada, con metas y productos medibles. Se aparta de la concepción funcional que solo enfatiza en una opción. (o se da crédito o capacitación, se ayuda a hacer los planes de negocio pero no se financia, nunca se integran acciones y varias instituciones). Un programa innovador integra a Universidades, instituciones educativas, empresas, gobierno, entidades financieras, ONG´s, inclusive a entidades de Cooperación Internacional

La estrategia tiene que ser integral y con fines sociales, buscando la incorporación de estudiantes universitarios, desplazados, reinsertados, vendedores informales, campesinos y grupos vulnerables. La propuesta presentada en la Comisión Regional de Competitividad, es conformar un Sistema Departamental de Emprendimiento que se convierta en un instrumento contra la pobreza. Las personas necesitan oportunidades que potencien sus capacidades, no requieren limosnas o millonarios proyectos asistenciales que los sepultan en una dependencia perpetua.

Estudios recientes del BID resaltan el impacto de los programas de emprenderismo en países en desarrollo. El emprendimiento surge en donde confluyen diversas condiciones. Son importantes, la iniciativa propia, el sistema educativo, la formación para el trabajo, la educación y formación familiar, los valores que refuerza la sociedad, el entorno generador de oportunidades y unas instituciones que incentivan y premian las actitudes emprendedoras. En síntesis, debe haber una actitud emprendedora, unas capacidades emprendedoras y un contexto propicio para el afloramiento y consolidación de empresas exitosas.

El Meta requiere mínimo 4 Centros de Emprendimiento que presten servicios estratégicos, específicos y logísticos. Se asemeja a crear un Parque Tecnológico, pero involucra también a empresas que no sean de base tecnológica. Es decir, son sitios en donde un buen número de emprendedores, justamente seleccionados, se forman, reciben asesoría, tienen herramientas logísticas, comunicaciones, personal especializado, información disponible y apoyo económico, que les permiten sobrepasar la etapa inicial crítica. En este orden de ideas el Parque Agroindustrial del Meta sería una necesidad apremiante.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Local y Regional.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Magister en Desarrollo Local y Regional. UPB. Prof. Universidad de los Llanos. Investigador-consultor

La búsqueda de la competitividad regional obliga ejecutar urgentemente un programa departamental de formalización. La iniciativa propuesta por la Cámara de Comercio de Villavicencio y planteada en el seno de la Comisión Regional de Competitividad del Meta, pretende disminuir los índices de informalidad laboral y empresarial que actualmente rondan el 74% y el 46%, respectivamente. Para mal del Meta, quiere decir que la mayoría del empleo generado y el grueso de la productividad del Meta están sustentados en la economía informal. Por supuesto, esto tiene consecuencias funestas. El problema se relaciona con nuestra débil estructura productiva y empresarial y tiende a generar más pobreza, empleo de mala calidad y bajos ingresos. Lo importante es buscar soluciones urgentes, pero también simultáneamente atacar las causas estructurales.

El problema no se soluciona únicamente reubicando a los vendedores ambulantes o castigando a las empresas que no cumplan con los trámites e impuestos requeridos. Tampoco es de única responsabilidad de la Cámara de Comercio o de las Alcaldías. La necesidad de consenso y coordinación entre el sector privado, el sector público, la academia y las organizaciones sociales hace parte de este nuevo enfoque planteado para el Plan Regional de Competitividad que está construyendo el Meta. La meta es disminuir progresivamente la tasa de informalidad laboral y empresarial en un 30% en un periodo de tres años, propiciando una economía que genere múltiples oportunidades y una disminución del tiempo y número de trámites para crear y consolidar empresa. Procesos que deben tener un contexto que esté basado en la filosofía de la meritocracia y la construcción de una base empresarial soportada en la acumulación creciente del capital humano.

Una estrategia de formalización debe incluir una caracterización precisa de los informales, identificado las barreras específicas, ubicando a los oferentes institucionales que pueden participar en esta estrategia y desarrollar un plan de acción integral que ataque las causas de manera simultánea. No obstante, existen tareas que deben desarrollarse en instancias nacionales. La idea es apoyar iniciativas legislativas que de manera transitoria simplifiquen los trámites y requisitos para los informales y nuevas empresas que deseen ingresar al mercado normalizado, complementando el éxito que ha tenido el Centro de Atención Empresarial “CAE”. Es necesario constituir un sistema de información empresarial y desarrollar programas activos de formación y financiación de emprendedores para fortalecer la estructura productiva. Igualmente, un plan de seguimiento involucraría a los municipios y todas las oficinas que participan de la ruta para crear empresa. La ruta tiene que ser ágil y sistematizada llegando a un solo trámite para crear empresa, flexibilizando la carga impositiva en sus primeros tres años. Para generar un contexto propicio para la actividad empresarial formal, los gobiernos locales y gremios deberán gestionar de mano de los políticos, marcos normativos excepcionales para el Meta, similares o iguales a las zonas francas y especiales para la actividad agroalimentaria o turística que actualmente existen en otras regiones del país.

Sábado 14 de marzo de 2008 http://www.eltiempo.com/nacion/llano/2008-03-15/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY-4012385.html 

 Pese a los cambios en las administraciones y entidades involucradas, el departamento tiene muy adelantado el Plan Regional que deberá presentar antes del 30 de junio ante el Gobierno Nacional.  Así quedó claro después de la realización esta semana en Pereira (Risaralda) de un encuentro empresarial para socializar en esa región el estudio Doing Business y entregar pautas para avanzar en los Planes Regionales de Competitividad, y en el cual el Gobierno Nacional precisó que los departamentos tendrán plazo hasta el 30 de junio para entregarlos. Dentro del avance del proceso en el Meta, ya se tiene listo el documento que contiene diez propuestas productivas y de mejoramiento de la competitividad, elaborado por Confecámaras a través del consultor regional, Javier Fierro Patiño, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV).  Este documento se constituye en una propuesta sobre los lineamientos de la política de competitividad regional y plantea una estrategia conjunta para articular a los actores regionales y orientar el apoyo gubernamental hacia iniciativas de alto impacto.

Los diez proyectos productivos están enmarcados en cuatro ejes: económico, capital humano, entorno (infraestructura y medio ambiente) y lo social.   En lo económico se incluyen proyectos de emprendimiento y desarrollo de empresas, y la materialización de los cluster turístico y agroindustrial. Para el capital humano un sistema regional de innovación y otro educativo con pertinencia y calidad. Del entorno, se busca proyectar redes de ciudades en el Meta y de infraestructura física para una conectividad real con el país, un proyecto de gobierno transparente y con responsabilidad social, y otro de competitividad ambiental. En lo social se plantea crear distritos agroalimentarios subregionales.  La propuesta será ahora analizada por la Comisión Regional de Competitividad para concertar y formular políticas, comprometiendo a todos los actores en la ejecución de los planes de acción para materializar los proyectos, que también fueron entregados a los gobiernos entrantes del Meta y Villavicencio, para que fueran considerados en los planes de desarrollo.
Para la CCV, en la ejecución del Plan de Competitividad será clave la voluntad y decisión de los gobiernos y las instituciones para desarrollar acciones en tal sentido.

 Datos de la Comisión

La Comisión Regional de Competitividad fue creada el 22 de junio de 2007, hace parte del Sistema Nacional de Competitividad y será objeto de seguimiento y análisis a través de instrumentos como el Observatorio de Competitividad que se está gestando.  Dicha Comisión no tiene relación con el proceso de la región Amazorinoquia, como por error se publicó en la edición 1298 de Llano 7 días.

 

La Comisión Regional de Competitividad tiene actualmente 23 integrantes, tanto del sector público como del privado y es presidida por el Gobernador del Meta y no tiene relación con el proceso de la región Amazorinoquia.  PUBLICADO POR LLANO 7 DIAS. AUTOR. EL TIEMPO.

Presentación de la propuesta de Plan Regional de Competitividad como resultado de la consultoría realizada con Confecámaras. Apoyo de la secretaría técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Meta, Secretaría de Planeación y Desarrollo del Meta y la Cámara de Comercio de Villavicencio.

 Este documento pretende ser el principal instrumento de la sociedad del departamento del Meta para llevar a cabo un profundo proceso de transformación productiva. Por años hemos escuchado el discurso de nuestras potencialidades y las enormes ventajas que nos brindan nuestra biodiversidad, posición geográfica, nuestra riqueza petrolera, nuestra cultura y capital humano, pero, el discurso se torna vago si no se avanza hacia la realización concreta de nuestras metas.La propuesta nace y se nutre de una rigurosa revisión de los procesos de planificación desarrollados en el departamento en los últimos años, recogiendo los aportes que cada uno de ellos y también los resultados, recomendaciones y datos ofrecidos por estudios relevantes como Doing Business del Banco Mundial, el escalafón de competitividad de la CEPAL, aportes del BID en enfoques para el emprenderismo y el desarrollo empresarial, el estudio de Hausmann, los estudios de Araujo & Ibarra, la apuesta nacional exportadora, el observatorio de agrocadenas, entre otros.  Igualmente, se recopiló información consistente en encuestas a líderes sobre la percepción de competitividad, documentos producidos por las secretarías técnicas de las cadenas productivas, el estudio del tema de informalidad y la caracterización de nuestro tejido empresarial. Se trata de una propuesta soportada en un progresivo proceso de construcción conceptual para materializar la competitividad y en el acuerdo tácito que ha construido la sociedad del Meta en torno a unos proyectos estratégicos. Se adopta el concepto de competitividad sistémica, reconociendo su utilidad en contextos complejos como el nuestro; igualmente, se consultan e incorporan argumentos desarrollados por diferentes experiencias de países y regiones que han avanzado en desarrollo endógeno, activando con éxito sus capacidades locales.  

El principal reto consiste en reconocer que el futuro depende de nosotros y que necesariamente toda estrategia de competitividad debe basarse en nuestra contundente decisión de transitar de las palabras a los hechos y en la autoconfianza para realizar los cambios requeridos. 

Ver propuesta:

Solicitar documento y sugerencias al correo electrónico manueljavier@gmail.com

Manuel Javier Fierro PatiñoMVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

https://javierfierro.wordpress.com 

Lo primero que cualquier persona conoce de la región del Ariari en el Departamento del Meta, es que es una zona de enormes perspectivas económicas gracias a sus buenas tierras. Pero además, que es un territorio caracterizado por su particular geografía social y económica, con zonas consolidadas de economía campesina, asentamientos dispersos, poca presencia del Estado y un especial sentido de colectividad que marca procesos de asociación y desarrollo comunitario. No es gratuito que en la zona nazcan procesos tan importantes como el de la Asociación de Municipios del Alto Ariari y que sea actualmente foco de intervención de la Unión Europea mediante el III Laboratorio de Paz.  

Es un área de producción agropecuaria, en especial de hortalizas, frutas, ganadería y cultivos de peces. La actividad ganadera es de doble propósito, pero también es común la ganadería extensiva en sabanas. También se presenta la explotación de recursos maderables.  Las vegas son importantes para cultivos de arroz, soya, sorgo, yuca y plátano.  Granada se destaca como eje comercial y de servicios de la subregión del suroccidente metense. Es una ciudad marcadamente agropecuaria. La impresión se confirma con la vista de camiones llenos de alimentos, abonos, maquinaria y camperos dispuestos a recorrer las trochas y caminos veredales.  Lamentablemente, también es la zona del Meta en donde se han registrado históricamente los mayores problemas de orden público y nutrida presencia de cultivos ilícitos.

La colonización masiva del río Ariari comenzó desde la década del 50, con el asentamiento de colonos andinos, que buscaban nuevas oportunidades y resguardarse de la violencia política. También hubo intentos de colonización dirigida por parte de la antigua Caja Agraria. Posteriormente, en 1964, intervino el desmontado Incora. Luego avanzaron los colonos con producción de maíz, cacao, yuca, plátano, arroz, sorgo, algodón y pastos para programas ganaderos.  Es una tierra que atrae y brinda oportunidades.  El territorio que engloba la cuenca de Ariari surte de alimentos a Villavicencio y Bogotá, convirtiéndose en el principal circuito agroalimentario del oriente colombiano. La característica principal es la preponderancia de pequeños productores que canalizan un 95% de la mano de obra empleada en la zona rural y son responsables del 84% de los ingresos producidos en la región. 

De acuerdo con la Central de Abastos de Bogotá, desde hace unos tres años se viene dando un descenso en la oferta de alimentos del Llano, pues del 11%, a finales de la década del 90, ahora se oferta el 5%. Es así como, un reporte de la Secretaría de Agricultura del Meta señala que 12.000 hectáreas de arroz fueron reemplazadas por cultivos de palma o caucho, la enfermedad del moco mermó unas 6.000 hectáreas de plátano en el Ariari y, los precios internacionales de la soya la están afectando. Además, el auge de la agroenergía que está utilizando cultivos de maíz, yuca y caña para producir biocombustibles, ha generado que se priorice la producción con fines industriales, descuidando la oferta de alimentos[1].  Estos cambios en la estructura productiva del sector rural del Meta pueden ocasionar efectos sociales y económicos que influyen directamente en el empleo e ingresos de la población. Igualmente, pueden ocasionar mayor concentración de la tierra y exportación bruta de capital. Hablando en términos castizos, los grandes cultivos comerciales pueden generar empleo y dinámicas económicas interesantes que podrían ser aprovechadas por la población local, pero es muy posible que las utilidades y el empleo no reemplacen (en calidad) al generado actualmente en la región, con el agravante de la relación directa que existe entre las unidades campesinas actuales, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de Villavicencio y Bogotá.  Además, el empleo generado por la agroenergía se canaliza principalmente hacia actividades culturales y recolectoras que resultan en baja remuneración, sin activar encadenamientos industriales en la zona.   Dentro del modelo productivo de gran escala, las unidades campesinas resultan ineficientes y poco competitivas. El modelo actual promovido desde las instancias gubernamentales encamina al Meta hacia la desaparición de su papel proveedor de alimentos y fortalece su rol como territorio productor de energía y enclave productor de materias primas para procesamiento industrial, realizado principalmente fuera de la región. 

Una salida estratégica consiste en hacer de la zona del Ariari un Distrito Agroalimentario que garantice la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la red de ciudades del piedemonte, Villavicencio y Bogotá.  Con seguridad es una iniciativa que puede generar mayor impacto económico, utilizando estrategias de asociatividad, que bien han funcionado en la zona y utilizando capital humano regional.  La idea no es cerrar el paso a iniciativas comerciales de gran escala, es tratar de humanizar el campo y generar oportunidades para toda la población, sin dejar de ser competitivos. Inclusive, simultáneamente se podrían desarrollar proyectos exitosos de producción social a gran escala con cultivos de palma y caucho, tal como se ha demostrado en otras regiones del país.  El Meta no puede echar la borda el mercado capitalino y mucho menos propiciar el desabastecimiento alimenticio, lo cual traería como consecuencia un alza en el precio de los alimentos que afecta principalmente  a la población de menores ingresos. El distrito agroalimentario sería administrado por una central de control que organizaría una red de productores integrados en clústeres[2] que optimizarían cada uno  de los eslabones de la cadena, permitiendo generación de valor y disminución de costos. Se trata de constituir una eficiencia colectiva que genere desarrollo y equidad social y garantice la sostenibilidad de la economía metense en el largo plazo.  En este sistema, con apoyo público-privado, se integrarán grandes y pequeños productores, propiciando aprendizaje y flujo constante de conocimiento pertinente para desarrollar procesos de desarrollo tecnológico e innovación que posicionen nuestra producción de alimentos en el nivel nacional e internacional.


[1] Banco de la República. Boletín Económico Regional. Región Suroriente.2007.

[2] Agrupamietos de productores que desarrollan actividades relacionadas dentro de un mismo sector. Por ejemplo, los productores de concentrados, con los ganaderos, los comercializadores de carne, lácteos y subproductos como el cuero. La idea es aprovechar todo el ciclo productivo y generar valor agregado en la región. Igual se aplica para la cadena hortofrutícola y piscicultura.

pensar en mejorar

Tenemos el gran reto de enfocar el desarrollo regional creyendo en nosotros mismos. Lo cual no debería ser un reto sino una actitud inherente a nuestra capacidad de observar e imaginar el futuro del mundo.

¿Resulta tan dificil saber que somos capaces?

podemos hacerlo

 Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo. Profesor Unillanos.

Los procesos de innovación, constituyen una inaplazable oportunidad para que las regiones de los países emergentes puedan desarrollarse. Lamentablemente, persiste el desdén por la ciencia y la participación independiente y a veces contradictora de los actores en el contexto del desarrollo.

El escenario regional es el substrato con mayores posibilidades en el planteamiento de una estrategia que busque aglutinar acciones y forjar un interés común. La región demanda un modelo endógeno de desarrollo que contrarreste la clásica visión del crecimiento económico, propicie la conformación de alianzas y enfatice en la creación de condiciones para la inclusión social y el desarrollo humano. Unillanos se fortalece con paso firme en este propósito, liderando procesos de articulación con el sector privado y el gobierno, modernizando sus procesos y procedimientos, destacando la universidad investigativa y la proyección social, sin olvidar la importancia de la docencia en la formación de competencias. Se asume la universidad con visión regional, no como un agente que pueda ser instrumentalizado, sino un actor preponderante y proactivo que lidere conjuntamente con los gremios, empresarios, gobierno y organizaciones sociales, iniciativas que apunten al interés colectivo. La universidad debe ser un ente que se ocupe del desarrollo humano de manera integral, que vele por la seguridad alimentaria, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, propiciando proyectos que busquen el desarrollo económico con equidad social. Igualmente, para la universidad debe ser determinante aportar en la generación de ventajas competitivas y ayudar a posicionar las empresas e instituciones en un lugar de vanguardia, generando empleo e ingresos para el grueso de la población.

Estos nuevos retos traen consigo una reinvención de las relaciones interinstitucionales y del papel que cada uno de ellos realiza en un marco de articulación. El Estado debe ampliar su campo de acción. La inducción de competencias empresariales, la promoción real de la ciencia y la innovación, la constitución de alianzas socioempresariales y la financiación de procesos de emprenderismo social deben ser funciones inherentes. La generación de un contexto adecuado para la atracción de la inversión es importante, pero no suficiente para tener éxito en procesos de desarrollo regional. La experiencia en el mundo lo ha mostrado categóricamente. El éxito económico de las grandes economías emergentes, tales como India, China, Corea e Irlanda, ha estado soportado en un papel de un Estado inductor de procesos de acumulación de capital humano y capital social en regiones específicas. El talento humano es fundamental y este se aprovecha a partir de la aplicación de la ciencia y la tecnología.

En este orden de ideas proyectos como el “Mapa de conocimiento” son relevantes para saber donde nos encontramos y qué rumbo podemos tomar. El llamado es a que empresas, universidades y gobierno emprendamos un camino común. Un camino que nos lleve al Meta y Orinoquia a aprovechar nuestras potencialidades, pero ante todo, lleve a nuestra gente a niveles óptimos de autonomía y bienestar gracias a un trabajo mancomunado. Un sendero que solo el conocimiento pertinente y socialmente compartido puede construir.

Este estudio muestra los factores que inciden el proceso de creación y consolidación de empresas en Villavicencio. Se constituye en un documento muy util para trazar políticas de desarrollo empresarial en el nivel territorial. Se puede bajar de la siguiente dirección.

http://empresasvillavo.wordpress.com

El Comité Universidad – Empresa – Estado se conformó de manera autónoma y espontánea, sin decreto ni lanzamiento gubernamental, como una instancia propia y un espacio amplio de discusión, reflexión y propuesta, respecto a la articulación de los actores mencionados. Valieron discusiones internas dentro del Consejo Regional de Empleo y el PNUD con el programa Redes, para que el día 11 de septiembre de 2006, en la sala de juntas del Consejo Superior Universitario de Unillanos se gestara el primer grupo dinamizador conformado por profesores, directivos, investigadores de las Universidades Uniminuto, Unimeta, U. Cooperativa, UNAD, ESAP, UAN y Unillanos. Igualmente, participaron funcionarios de la Gobernación del Meta, Cámara de Comercio, ONGs, empresarios y miembros de AGAMETA, AVIMETA y el Comité Intergremial del Meta. Luego de unas 5 reuniones, se fue consolidando el Comité UEE, se vincularon otros miembros y se empezaron a plantear algunas propuestas.

La discusión de fondo siempre fue dilucidar el papel de los actores de la triada, en la materialización de una estrategia de desarrollo regional que recogiera los ejercicios anteriores de planificación, reorientara un proceso social de apropiación de la ciencia y tecnología, y que ofreciera resultados palpables a través de alianzas que llevaran a procesos locales de innovación y competitividad.  En el transcurso de la discusión y la rotación de los sitios de reunión en cada una de las universidades miembros, se llegó a un punto de acuerdo sobre la primera iniciativa jalonada desde el Comité UEE. El requerimiento de contar con información precisa sobre el conocimiento generado y propagado en la región y el análisis detallado de las necesidades de los sectores productivo y social, fue el detonante que dio origen al primer proyecto. Se necesita como primera medida, para generar un proceso serio y coherente, sentar las bases para la articulación; pues es claro, si los actores no conocen la oferta y demanda actual de conocimiento, no podrán encontrar puntos de confluencia y trabajo conjunto.  Por esta razón, nace el “Mapa de Conocimiento” como insumo necesario para identificar proyectos y alianzas entre Universidades, Empresas y Estado. 

Gracias al apoyo económico de la Universidad de los Llanos y la Gobernación del Meta.  Se hizo una aproximación seria sobre la oferta de conocimiento de Unillanos (tesis, investigaciones, ponencias, libros) en los últimos 10 años y se analizó la demanda global de conocimiento del tejido empresarial y organizaciones del Meta.  Es un proyecto que demandó el esfuerzo intenso de un equipo base conformado con apenas 4 profesionales, con pocos recursos, pero apoyado por cerca de 10 profesores de las diferentes universidades, 35 estudiantes de Unillanos y un grupo selecto de expertos.  Hoy se tiene una idea clara de las posibilidades de articulación y esperamos con gran expectativa la continuación del apoyo y la vinculación de nuevos aportantes para desarrollar una segunda fase que resulte en la concreción de múltiples alianzas Universidad-Empresa.

Procesos de este tipo deben ser apoyados por los gobiernos locales, universidades, los gremios y empresarios, pues permiten evolucionar con pie firme hacia el real aprovechamiento de nuestras potencialidades.