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El día 14 de noviembre el Meta retumbo en aparente fiesta. Los funcionarios del gobierno rechonchos de halagos recibieron la propuesta de la doble calzada Bogotá-Villavicencio por parte de Coviandes y prometieron estudiar la situación para dar un veredicto en enero de 2009. En sendos discursos, la obra fue catalogada de interés nacional por parte de los ministros de Transporte y Medio Ambiente y Vivienda.

Basta conocer la formalidad de la ejecución de las obras públicas para no estar tan tranquilo frente a los hechos presentados en Bogotá, en el Consejo temático organizado por el Senado de la República. Hay que recalcar que lo escrito es lo que vale y las palabras el viento se las lleva.

El documento CONPES 3536 del 18 de julio de 2008 priorizó la primera etapa de vías “Corredores de la competitividad” comprometiendo 2,5 billones de pesos de vigencias futuras hasta el año 2013. Este documento prioriza las vías Sisga-Machetá –El secreto y la Transversal del Cusiana con 180.000 millones. Igualmente, aparecen entre otras obras, dos dobles calzadas, Bucaramanga-Pamplona y Loboguerrero- Cisneros, con 690.000 millones en inversión del Estado, las cuales se presentan como proyectos estratégicos para el país. Simultáneamente, el mismo día se publica el documento CONPES 3535, el cual ofrece un concepto favorable para la prórroga y adición de los contratos de concesión vial, en donde se menciona la gestión de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. De esta manera disimulada, se escoge la exclusiva posibilidad de financiar un proyecto tan importante para la Orinoquia, que aunque está claramente mencionado Plan de Desarrollo Nacional, no se considera prioridad según los documentos mencionados.

El CONPES es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. Este órgano actúa bajo la dirección del Presidente de la República y lo componen varios ministros, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de la Mujer.

Recordemos que el CONPES 2654 de 1993, fue el que materializó la posibilidad de la carretera Bogotá- Villavicencio, que terminó con las obras que todos conocemos. La asignación de recursos tiene sus procedimientos, mejor aun cuando ya se han hecho pronunciamientos.

¡Ojo! la opción es lograr un nuevo documento CONPES, tal como realiza el gobierno con otras dobles calzadas que se han aprobado. Este documento deberá asignar recursos futuros del Estado, garantizar el inicio y continuidad de las obras en un marco de financiación justo para la región.

http://javierfierro.blogspot.com

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La dirigencia política del Meta, gremios, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidad en general se han unido en una proclama general para exigir un mejor trato del gobierno nacional y la culminación de la obra “Doble Calzada” Villavicencio-Bogotá.

Para ver el documento haga clik aquí:

carta-abierta-de-la-sociedad-civil-del-meta-al-presidente-de-la-republica

El Meta unido por una causa justa.

Posteado por Javier Fierro P.

Orinoquia

Orinoquia

Las mismas ansias regionales que exteriorizaba el presidente Uribe en su primer periodo, son las que ahora desde su posición centralista trata de limitar. Recordemos que dentro del manifiesto democrático se destacaba la regionalización como propuesta para la equidad en el desarrollo. No obstante, resultó voluntad de corto plazo, cuando su gobierno, supo de manera directa darle a Antioquia lo que a su parecer merece. Basta con observar cómo dentro del presupuesto nacional del año 2009, Antioquia representa cerca del 30% del presupuesto nacional y el Meta y la Orinoquia solo el 2% del total, algo confirmado incluso por los mismos parlamentarios del Meta. La región ha tenido que exportar desarrollo para otras regiones en detrimento de su propio proceso.

La Troncal del Llano se construyó en gran parte por la inversión derivada de las regalías del petróleo administradas a través del Corpes Orinoquia. Arauca construyó sus vías, electrificó el departamento y amplió la frontera agrícola gracias a los recursos de regalías, Casanare ha hecho lo mismo, igual el Meta, todos con algunas diferencias e infortunadamente, con hechos de corrupción y despilfarro que poco ayudan para la autonomía. La carretera Bogotá-Villavicencio se construyó con más de 500 muertos en Quebradablanca y los peajes más caros de América. Lamentablemente, esta región colombiana se ha convertido en la linda e ingenua millonaria que todos los gobiernos manosean, alaban, conquistan y utilizan, pero nunca se casan con ella.

El asunto de fondo es la poca capacidad de maniobra y decisión política que tiene la región. Por una parte, debido a un esquema centralista que debería ser objeto de una reforma política, dando mayor representatividad a departamentos con pocos votos. De otra parte, la dirigencia ha sido históricamente maleable y controlable por los gobiernos de turno, con muy pocas excepciones. Los dirigentes locales analizan si una lucha totalmente asimétrica vale la pena y por lo general declinan sus ideales.

En este reclamo territorial hay algo diferente. La sociedad civil regional está emergiendo con fuerza. El Comité Cívico de Villavicencio, la Asociación de Profesionales del Meta, la Mesa Regional del Agua, entre otras formas de organización, empiezan a jalonar procesos con firmeza. No es el mismo discurso vago por la falta de argumentos. Existen evidencias sólidas que deben ser nutridas por más estudios regionales, que permitan sustentar posiciones coherentes e irrefutables. El llamado es para que se organice una agenda, se prepare la argumentación técnica de los grandes macroproyectos y se defina una posición conjunta. No es hacer la misma asociación burócrata de los departamentos, que no ha dado resultados, es una asociación de la sociedad civil regional que acompaña y lidera procesos de reivindicación territorial. Hay que responder con altura en este momento histórico para la Orinoquia y pensar en el gobierno autónomo que la constitución avala y que hasta ahora ha sido tema muerto. Si continuamos con tal indiferencia como respuesta, pensar en un referendo no es asunto descabellado.

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. GEPUR.ESAP. Magister en Desarrollo Local y Regional

https://javierfierro.wordpress.com


La utilización de nuevas tecnologías ha cambiado considerablemente las condiciones sociales y económicas de la sociedad. Bastaría con mencionar como ejemplos, el uso masivo de tecnologías ligadas a la red Internet o las inmensas posibilidades que muestran los avances en biotecnología y microelectrónica. Hoy, algunos sectores de la sociedad disponen de herramientas y conocimientos avanzados para conducir cambios que logren un mayor bienestar social, no obstante, estos recursos deben ser ampliamente difundidos y distribuidos, en una acción en la que confluyen tanto intereses públicos como privados.

En esta época de cambios acelerados, las empresas, las organizaciones sociales y los gobiernos buscan posicionarse globalmente, aprovechando las ventajas que brinda el entorno y combinando los recursos necesarios para anticiparse a los grandes cambios. Esto no se logra si no existe una base sólida de conocimientos y aplicaciones que generen mayor productividad y simultáneamente propicien una mayor equidad social.  Este es un asunto que concierne tanto a las universidades, como al gobierno y lógicamente, también a las empresas. 

Se hace necesario que las fuerzas sociales, políticas y productivas del territorio, unidas en un plan estratégico, identifiquen las tecnologías claves para su desarrollo y dimensionen qué variables pueden incidir sobre las mismas; al mismo tiempo, se busca determinar cómo podrían afectar a la sociedad y cuáles pueden ser los factores que las impulsen en un sentido o en otro. Este es el campo de la prospectiva tecnológica, algo que se constituye actualmente, en el pilar que sostiene procesos de innovación y competitividad territorial en el mundo. 

En este propósito, es necesario apartarse un poco de la idea tecnócrata que pone a la prospectiva en un pedestal inalcanzable, manejada arbitrariamente por técnicos y funcionarios que además intentan manipular y orientar los resultados. Un ejercicio de prospectiva realmente válido requiere de una alta dosis de participación, responsabilidad y compromiso con la sociedad.  En primera medida, por ser una herramienta para la toma de decisiones, hay que garantizar que los involucrados, tanto direccionadores, como ejecutores o activadores e inclusive, los opositores, participen activamente del proceso.  De otra forma, el método pierde potencia y se convierte en una falacia que causa más desilusiones que logros. En segunda medida, es un recurso técnico que fortalece y consolida la gestión, la hace más pertinente y eficiente, buscando construir un futuro de acuerdo con los deseos y también con las posibilidades. Por esta razón, debe desmitificarse su uso y hacerla más alcanzable para las empresas y organizaciones.

La prospectiva tecnológica es solo el comienzo de una cadena de procesos de mejoramiento que conduce cada vez a operaciones más complejas, pero más efectivas.   La utilización de la vigilancia tecnológica, el balance tecnológico, la minería de datos, los sistemas de inteligencia competitiva, los clúster de información y los análisis de redes sociales proactivas, son un campo abierto de posibilidades para incorporar la gestión del conocimiento a los procesos productivos y administrativos.   

El Comité Universidad-Empresa-Estado del Meta propuso la primera fase del proyecto “Mapa de Conocimiento”, una iniciativa que busca precisamente realizar un estado del arte del conocimiento generado y disponible para mejorar la productividad, propiciar nuevas oportunidades, preparar el terreno fértil para que surja la innovación, para que finalmente se puedan ampliar fuentes de empleo e ingresos para la población de la región.  En una primera fase con el apoyo del gobierno departamental y el liderazgo de Unillanos, se ha logrado analizar una parte de la oferta de conocimiento pertinente que ha generado la Universidad de los Llanos, como también se logró tener una imagen de la demanda global de conocimiento por parte de las empresas y organizaciones. 

La Universidad de los Llanos inicia una segunda fase con el análisis de otras formas de conocimiento que ha generado la universidad y convoca a la reflexión participativa para la construcción de una propuesta que origine una mayor pertinencia de las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social.  Igualmente, con la participación de otras universidades, con el apoyo del gobierno seccional, de las entidades nacionales y la incorporación de recursos de cooperación, lograr avanzar en estudios de oferta global de conocimiento, análisis de cadena de valor y prospectiva tecnológica de los sectores  productivos del Meta.  El objetivo es constituir alianzas sólidas y autogestionadas que detonen el aumento de la calidad de la producción, propuestas sociales innovativas y nuevas alternativas productivas. Este tipo de alianzas Universidad-Empresa o Universidad-organización, se sostienen por si solas porque nacen de un proceso en donde las ofertas y las demandas de conocimiento confluyen íntimamente, logrando mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos que eslabonan de la cadena productiva, avanzando con paso firme al concepto de clúster de la producción y también conformando una caja de herramientas para atención de la problemática social y económica de la región.

 

Manuel Javier Fierro Patiño

MVZ. Magister en Desarrollo Regional y Local

Docente catedrático Universidad de los Llanos

Departamento del Meta

La propuesta presentada a la Comisión Regional de Competitividad, a través de una consultoría de Confecámaras, consiste en un llamado a las administraciones municipales y a la administración seccional a unificar procesos de planeación de las ciudades satelitales (Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Restrepo, Cumaral, Puerto López y Puerto Gaitán) conformando una espacialidad subregional en donde se organicen las actividades productivas, se definan relaciones urbano-funcionales, se definan proyectos de inversión social, infraestructura urbana, servicios públicos, inversión en TIC´s y dotación logística con una proyección a 50 años.

La dinámica actual de inversión, el crecimiento desordenado de las ciudades y los conflictos urbano-rurales, constituyen un reto para la planificación regional en la asignación de recursos a proyectos que buscan la solución a problemas comunes. De la misma manera en que la articulación de los eslabones de la cadena productiva genera beneficios y una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, la articulación espacial de las ciudades mediante un marco de planificación común genera enormes dividendos en la gestión territorial y permite desarrollar proyectos con una escala mayor y la posibilita un mayor impacto en la inversión pública. Este proceso subregional facilita la articulación y un mejor posicionamiento respecto a otros procesos similares, como la conformación de la Bogotá ciudad región y la dinámica subregional del antiplano cundiboyacense y el eje Bogotá-Girardot. Será mucho más fácil promover proyectos como el ferrocarril subregional de Villavicencio, la zona franca especial y daría más fuerza a nuevas espacialidades en el Meta, concretamente, el Distrito Agroalimentario del Ariari y la Zona Agroindustrial de la Altillanura.

Esta zona noroccidental del departamento concentra los servicios educativos, de salud, comercio, infraestructura productiva y en un futuro favorecería la desconcentración de Villavicencio y la difusión de impactos sociales y económicos positivos en toda la espacialidad. Es muy posible que el Meta pueda incluso avanzar en una nueva red de asentamientos que integre el territorio amplio de la altillanura, en un proceso de poblamiento futuro que puede ser modelo para el país.

El proceso inicia por un acuerdo de voluntades y la conformación de una unidad técnica que empiece a visionar los programas y proyectos a desarrollar en el presente siglo. Se analiza el estudio conjunto de los planes de ordenamiento territorial y el diseño y operación de subcomités de planificación en las áreas consideradas estratégicas. Puede iniciarse un proyecto piloto de región digital con la masificación de las TIC´s y estudios de prestación de servicios públicos, obras de infraestructura que sirvan de soporte a los clústeres definidos, obras de desarrollo vial que permitan una mayor movilidad y articulación espacial del territorio. En un futuro próximo, no sería raro que las personas puedan movilizarse a una gran velocidad entre estas ciudades, dinamizando y reorganizando las actividades económicas, incorporando nuevas realidades y promoviendo una mayor participación social.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magister en Desarrollo Regional y Local

Para Hernán Rincón, el vicepresidente de Microsoft para América Latina, el bajo índice de competitividad de América Latina sólo se puede superar si los gobiernos ponen más atención en el ámbito educativo y la inversión en tecnología. Se asume cada vez con mayor frecuencia que la educación debe estar ligada a las necesidades de la sociedad y vinculada a un proyecto político de desarrollo regional. El fin consiste en reorientar el sistema educativo del Meta hacia la formación de competencias empresariales, con énfasis en gestión y liderazgo, integrando a los diferentes actores en un pacto colectivo para la competitividad, que involucre a todos los niveles de la educación. Deberán participar autoridades gubernamentales, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia, sindicatos; todos comprometidos en el objetivo común de mejorar la calidad y pertinencia del sistema educativo. Solo así la región podrá ser un territorio triunfador en esta alocada carrera que impone la globalización.

Las metas incluyen la necesidad de lograr el mejoramiento de un 15% en los promedios en las pruebas SABER y el ICFES durante los próximos cinco años, mejorar en bilingüismo, con 500 estudiantes certificados por año e incorporar masivamente las tecnologías informáticas al proceso educativo.

Pese a que las Instituciones de Educación Superior y el SENA hacen análisis de demanda o análisis de contexto para ajustar su oferta educativa, no se ven resultados notables en cuanto a la incorporación efectiva de los promovidos y egresados al mercado laboral. Esto se debe en parte a que la formación de habilidades empresariales no empieza en estos niveles, empieza desde la misma educación familiar y preescolar. Igualmente, es urgente abandonar el enfoque educativo que solo produce egresados buscadores de empleo. La estrategia de transformación productiva y generación de valor agregado a la producción departamental, requiere de un contingente de capital humano suficiente, que solo puede ser producido por un sistema educativo pertinente, que ofrezca servicios de acuerdo a la demanda actual y futura, procesos que deben ser apoyados por las secretarias de educación.

Es necesario que el sistema promueva y refuerce valores y habilidades como la confianza, la perseverancia, la autoestima, el liderazgo, la creatividad y el gusto por el ahorro y la planeación. La propuesta involucra la formación en la básica primaria y secundaria con la adquisición de disciplina, mayores habilidades para la gestión y la toma de decisiones. Busca en la formación media y técnica, las competencias para desarrollar actividades productivas según la vocación económica departamental. Forma al profesional de cualquier disciplina para gerenciar su propia empresa, administrar procesos de gestión de conocimiento, investigación e innovación; y además, refuerza la formación ciudadana, promoviendo la cooperación, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia.

Manuel Javier Fierro Patiño. Magíster en Desarrollo. https://javierfierro.wordpress.com

El país debe asumir un proceso de descentralización en los Sistemas de Ciencia y Tecnología e Innovación. La producción intelectual y científica se concentra en las principales ciudades del país, en donde se ubica la mayoría de universidades y centros de investigación. Regiones del país con múltiples problemáticas y potencialidades carecen de la institucionalidad necesaria, capital humano y capital social requerido para generar conocimiento pertinente. Las políticas nacionales se orientan a fortalecer la ciencia y tecnología de acuerdo con la demanda, diseñando convocatorias que financian iniciativas de las regiones. Obviamente existe una mayor capacidad de gestión y sustentación en las regiones relativamente desarrolladas, logrando con ello la mayor parte de proyectos aprobados, concentrando nuevamente los resultados del sistema nacional. Este círculo vicioso profundiza las disparidades regionales en inversión y evita descubrir nuevos focos de inversión e investigación, por ejemplo, mayor estudio de la biodiversidad, desarrollo de las ciencias del mar, manejo y uso del agua y la utilización de otros recursos naturales inexplorados. Sin advertirlo, el país puede haber dado la espalda a múltiples alternativas productivas y no productivas, que en algún momento podrían ser estratégicas para la Nación.

La descentralización debe ser en los niveles institucional, político y fiscal, de tal manera que realmente ofrezca posibilidades de cambio real. La demanda actual debe unirse a la prospectiva tecnológica como componentes que justifican la inversión y líneas especiales de especial potencial para el país. La creación de un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, planteado en el proyecto de Ley de Ciencia y tecnología, debe incluir diferenciaciones regionales que permita condiciones equitativas para todas las regiones.

Es necesario que exista una adecuada coordinación de las entidades nacionales con las de específicamente orientan la estrategia de Ciencia y Tecnología. La coordinación deberá incluir políticas de financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación internacional. Las entidades nacionales deberán enfatizar en aquellos programas y proyectos que pueden aportar en la generación de una cultura de la ciencia y tecnología, estableciendo mecanismos e instrumentos multisectoriales que cobijen este propósito y que se ajusten a las diferencias regionales.

La inversión en ciencia y tecnología debe ser un indicador que requiere de un fino seguimiento, garantizando la eficiente ejecución de los recursos. Un 3 % del PIB durante un periodo de 10 años permitirá alcanzar un nivel aceptable en productividad y competitividad. Las regiones requieren el apoyo en la formación continua de investigadores y gestores tecnológicos. Investigadores que generen nuevo conocimiento deben ser estimulados y recompensados. Los gestores tecnológicos deben tener un marco institucional y posibilidades de financiación de alianzas productivas.